EDUARDO MOYANO ESTRADA

¿REFORMAR   LA  CONSTITUCIÓN?   

Desde hace varios años, se viene hablando de reformar nuestra Constitución para adaptarla a la realidad de una sociedad como la española que ha experimentado un fuerte proceso de cambio en las cuatro décadas transcurridas desde su aprobación en 1978. 

Es un debate que suele intensificarse en los actos conmemorativos anuales del 6 de diciembre, pero que está más presente en los dirigentes políticos, que en las preocupaciones de la ciudadanía, más interesada en cómo salir de la crisis económica y en afrontar las dificultades del día a día.

Todos los partidos políticos admiten que hay cuestiones pendientes que justificarían una reforma constitucional. Temas como el de la sucesión en la Corona (la actual Constitución proclama la prioridad del varón sobre la mujer), la integración de España en la Unión Europea (que no está recogida en el texto constitucional al haberse producido con posterioridad a 1978), la estructura territorial (regulada de forma poco eficiente en el Título VIII) o la protección de derechos sociales (como sanidad, educación y dependencia, que no están suficientemente garantizados), son algunos de los temas que se esgrimen para justificar la reforma de nuestra Constitución.

Obviamente, la carta constitucional es un texto que puede ser modificado (ya lo ha sido en dos ocasiones), y en su Título X se establece el procedimiento a seguir para reformarlo. Muchos países han reformado su Constitución, como los EE.UU., que, en sus más de doscientos años de vida, han introducido veintisiete enmiendas (la última en 1991); Alemania ha reformado la suya de 1949 en varias ocasiones (la última en 2006 para modificar el reparto de competencias entre el gobierno central y los gobiernos regionales de los Länder). No tiene, por tanto, nada de extraño que se plantee la reforma de la nuestra.

Sin embargo, en España, desde La Pepa de 1812, se tiene una larga (y trágica) historia constitucional, en la que han brillado más las derogaciones y cambios violentos de nuestras Constituciones, que las reformas consensuadas. La falta de amplios acuerdos políticos ha conducido a que nuestras cartas constitucionales hayan sido derogadas, antes que reformadas, propiciando con ello cambios de régimen político.

Es por eso que, en nuestro país, se trata con bastante cautela el tema de la reforma de una Constitución como la de 1978, que ha dado lugar a un largo periodo de cuarenta años de estabilidad política. Es tal esa cautela, que el citado título X establece un procedimiento bastante complicado para ello, exigiendo amplias y reforzadas mayorías tanto en el Congreso, como en el Senado. Exige también su aprobación por referéndum si la reforma afecta a determinadas partes del texto constitucional (por ejemplo, al Título Preliminar sobre Principios Fundamentales; al capítulo 2 del Título Primero sobre Derechos Fundamentales y Libertades Públicas; o a todo el Titulo Segundo, sobre la Corona).

Por ese motivo, se dice, y con razón, que para reformar la Constitución se necesita que exista un amplio consenso político, y que, si ese consenso no se da, es mejor no abordarla. El ejemplo reciente de Italia es significativo. Plantear, como ha hecho el ya exprimer ministro Matteo Renzi, una reforma constitucional y someterla a referéndum sin tener el apoyo suficiente, es un acto político del máximo riesgo. Por esta razón, se comprende que Rajoy, como presidente de gobierno, se niegue a abrir el tema de la reforma constitucional si no percibe que haya un gran acuerdo sobre lo que se quiere reformar.

No obstante, cabe preguntarse si existe en España el consenso suficiente para abordar la reforma de la actual Constitución. No lo parece. Todos los partidos coinciden en la conveniencia de modificarla, pero no hay coincidencia en lo que se quiere reformar.

El PP y Cs hablan de introducir mínimas reformas que no alteren el cuerpo central del texto constitucional y que no precisen de un referéndum de aprobación (reforma exprés). El PSOE plantea reformas parciales en algunos artículos, y la modificación del título VIII para sancionar un modelo federal de organización territorial. A la luz de esas posiciones, podría pensarse que habría posibilidad de un consenso entre esos tres partidos, pero la situación es más compleja de lo que parece.

Unidos Podemos no habla de reformar la Constitución, sino de derogarla para abrir un proceso constituyente que dé lugar a un texto completamente nuevo al aprobado en 1978. Si Unidos Podemos fuera un partido marginal en la escena política española, los demás partidos podrían plantear sin ningún riesgo una reforma constitucional de calado que atraiga un amplio apoyo político y social, similar al que obtuvo la actual Constitución.

Pero Unidos Podemos no es marginal, sino que tiene una presencia importante en la vida política (con más de cinco millones de votos en las pasadas elecciones) y una fuerte capacidad de movilización social. Además, con sus 71 diputados, puede exigir un referéndum para cualquier reforma por pequeña que sea. Recordemos que el art. 167.3 establece que todo proyecto de reforma, incluso aunque sólo afecte a una parte del texto constitucional que no requiera un referéndum de aprobación, tendría que ser sometido a refrendo popular si así lo solicita la décima parte de los miembros de cualquiera de las dos Cámaras, y Unidos Podemos disponen del número necesario de diputados en el Congreso para ejercer esa prerrogativa.

Por eso, al igual que se dice que, sin el PP, no es posible reformar la Constitución, dada su mayoría absoluta en el Senado, cabe decir también que, sin el apoyo de Podemos, habría un riesgo elevado de que la reforma fuera rechazada por la población en referéndum, lo que, si ocurriera, generaría una grave crisis política. Dadas las pretensiones de Unidos Podemos de abrir un proceso constituyente que ni PP, PSOE y Cs ven necesario, y dada su negativa a abordar reformas parciales, no parece que se den las condiciones para afrontar con garantía de éxito la modificación de nuestra Carta Magna.

Además, la reforma de la Constitución no es, hoy, algo perentorio. A diferencia de lo ocurrido en 1978, cuando era urgente disponer de un texto constitucional para llenar el vacío del proceso de reforma política y avanzar en el camino hacia la democracia, ahora esa urgencia no existe. Puede que sea necesario reformar la Constitución, pero lo que está claro es que no hay urgencia en hacerlo, y que se puede esperar a encontrar el momento adecuado y a lograr el amplio consenso que ello exige.

No parece que la actual legislatura (polarizada, sin mayorías claras, con algunos partidos sometidos a complicados procesos de reestructuración interna) y la persistencia de una grave crisis económica aún sin resolver, sean el momento propicio para abordar la reforma del texto constitucional.

Pero no reformar la Constitución no debe ser sinónimo de parálisis política. Los temas ya mencionados, y que, sin duda, justifican la reforma de nuestra Constitución pueden ser gestionados mientras tanto por la vía legislativa o por una acción eficaz del gobierno.

El tema territorial, por ejemplo, podría clarificarse utilizando el potencial que encierra el actual articulado de la Constitución (en concreto, del art. 149), y el tema catalán podría desatascarse con una reforma del modelo de financiación y con una política de gestos, de buen entendimiento y de cooperación, que quite presión y vaya minando la base de apoyo que tiene hoy la opción secesionista.

En lo que se refiere a los derechos sociales, no parece que se hayan visto socavados por no estar suficientemente protegidos en nuestra Constitución, sino más bien como consecuencia de los recortes ocasionados por la crisis económica que sufre nuestro país desde 2007. Por su parte, los temas europeos se han gestionado razonablemente bien desde 1986 sin necesidad de reformar la Constitución, y podría seguir siendo así. Finalmente, el tema del orden sucesorio en la Corona, puede esperar, dada la circunstancia de que el rey Felipe VI no tiene varón en su descendencia

En definitiva, reformar la Constitución es algo necesario, pero no es urgente. Si no se cuenta con un amplio consenso, y no parece que exista por ahora dada la polarización existente en nuestra vida política, sería mejor dejar la reforma para otro momento más propicio.

Mientras tanto, es necesario que el gobierno y los partidos de la oposición se esmeren en sacar adelante una complicada legislatura, construyendo puentes que permitan recuperar la cultura del consenso y el diálogo para asegurar la gobernabilidad de nuestro país. Sólo así se podrán crear las condiciones adecuadas para abordar la reforma de nuestra Constitución.