EDUARDO MOYANO ESTRADA

#CATALUÑA

Es innegable el fuerte sentimiento de identidad nacional que existe en Cataluña, y que ha ido aumentando en los últimos años hasta convertirse en una cuestión política de primera magnitud. La actitud de la Generalitat y el Parlamento catalán de seguir adelante con su proyecto de desconexión unilateral del Estado, corrobora la gravedad del problema y permite pronosticar una confrontación con el gobierno central.

Para entender la complejidad del problema catalán, conviene acudir, primero, a las raíces históricas del difícil encaje de Cataluña en el Reino de España, para, luego, reflexionar sobre la viabilidad de las posibles salidas que se ofrecen hoy en el debate político generado en torno a este asunto.

Sin embargo, con objeto de evitar que el lector se encuentre con un texto demasiado extenso para un medio de difusión como el blog, he optado por trasladar el apartado de “Apuntes históricos” a un anexo final, de tal forma que no sea necesario leerlo, salvo quien lo desee. Mi análisis comenzará, por tanto, con el modo como se abordó la "cuestión catalana" en la transición democrática.

La “cuestión catalana” en el marco de la Constitución de 1978

Con la restauración de la democracia, de nuevo surge la “cuestión catalana”, si bien esta vez como reivindicación de una autonomía política que se extendió rápidamente a prácticamente todas las regiones del Estado, junto a la demanda de libertad y amnistía.

Al igual que ocurriera en la II República, se le intentó dar solución a esta reivindicación mediante la concesión de un estatuto de autonomía. Así, la Constitución de 1978 reconoce el derecho al autogobierno de los territorios que así lo quisieran, estableciendo el procedimiento para ello (Titulo VIII). La Disposición Adicional Segunda da, sin nombrarlas, un trato especial a las comunidades de Cataluña, País Vasco y Galicia (“comunidades históricas”) para que pudieran acceder por la llamada “vía rápida” (art. 151) al correspondiente Estatuto de Autonomía. No obstante, en el Título Preliminar (art. 1) del texto constitucional se establece que la “soberanía nacional reside en el pueblo español…”, lo que implica que no se reconocerá el derecho de autodeterminación de ninguna comunidad autónoma, ni la posibilidad de que una de ellas pueda separarse unilateralmente del Estado.

La Constitución de 1978 fue votada en referéndum por todos los españoles, arrojando un 87,78% de votos favorables (porcentaje equivalente al 58,97% del censo electoral). En Cataluña, los resultados fueron incluso más favorables a la Constitución que en el resto de España, con más del 90% de votos en todas las provincias catalanas a favor del texto constitucional. Ello significaba que, en una gran mayoría, la sociedad catalana se manifestaba favorable al modo como la “cuestión catalana” era encajada en la Constitución de 1978.

No es éste el lugar para analizar las razones del porqué se ha intensificado el sentimiento independentista en Cataluña en los últimos años. Son razones de muy diversa índole: cuentas fiscales, financiación de las CC.AA., actitudes irresponsables de Maragall y Zapatero al no valorar las implicaciones de la reforma estatutaria catalana, actitudes obstruccionistas del PP, sentencia del TC, descomposición del pujolismo infestado de corrupción, ascenso de ERC, pérdida de la posición hegemónica del PSC (entre otras cosas, por la creciente desafección de amplios sectores de jóvenes hijos/nietos de padres/ abuelos no catalanes, pero nacidos ellos en Cataluña), crecimiento de partidos antisistema como la CUP,… sobre las que no cabe profundizar en este breve texto.

Lo cierto es que ese sentimiento ha llegado hoy a cotas muy elevadas, alcanzando a la mitad de la población catalana (según los resultados de las últimas elecciones catalanas). A eso ha contribuido, sin duda, el agravio sentido por una gran mayoría de la sociedad catalana por haber sido rechazado parcialmente el nuevo Estatuto catalán por el Tribunal Constitucional. Como establece la Constitución, el nuevo estatuto se aprobó, primero, en el Parlamento catalán; luego, fue aprobado como Ley orgánica en las Cortes Generales, y finalmente votado en referéndum por la población catalana. Sin embargo, el PP, en actitud de clara instrumentalización política del tema catalán, presentó un recurso contra una parte del nuevo Estatut (no haciendo lo mismo con otros estatutos de autonomía que tenían artículos similares al catalán), y el TC declaró inconstitucionales algunos de los artículos recurridos.

Se creó así un conflicto de legitimidades, que, aprovechado por los dirigentes de CDC (con Artur Mas a la cabeza) para tapar los flagrantes casos de corrupción en el seno de ese partido, provocaría una intensificación del victimismo nacionalista en Cataluña y, en consecuencia, un creciente apoyo a las tesis independentistas. Todo ello ha conducido al llamado “procés” (secesión unilateral), dada la creciente desconfianza del nacionalismo (históricamente pactista y ahora independentista) respecto al inmovilismo del gobierno central. Y es ahí donde se sitúa hoy el debate político en torno al problema catalán.

El debate político y las diversas salidas a la “cuestión catalana”

En el actual debate político se plantean varias salidas. Analicémoslas. La primera consiste en reformar la Constitución de 1978 (concretamente, el Título VIII) para clarificar las competencias de las CC.AA. y organizar el Estado en un modelo federal que pudiera reconocer la identidad nacional de algunos territorios federados (dando satisfacción a la reivindicación histórica del nacionalismo catalán y vasco). Esta salida está en sintonía con la propuesta del PSOE en la Declaración de Granada. No obstante, es una salida que podría tener aún mayor calado si reformando el Título Preliminar, pudiera incluso reconocer el derecho de cada territorio a separarse del Estado, fijándose previamente el correspondiente procedimiento (sería una salida similar a lo que hizo el Parlamento de Canadá con la llamada “Ley de Claridad” para resolver el conflicto de la provincia de Quebec). Una reforma como ésta, tanto en su versión más limitada, como en la de mayor calado, exigiría una mayoría de dos tercios en el Congreso de los Diputados y una mayoría absoluta en el Senado, y sería luego sometida a referéndum de todos los españoles. Sin embargo, no veo hoy factible esta solución, al no contar con el apoyo de PP y Cs, que suman suficiente número de escaños como para bloquear esa salida.

La segunda salida que se propone consiste en que, sin abordar reforma alguna de la Constitución, el gobierno catalán y el gobierno central pacten la realización de una consulta para medir la voluntad del pueblo catalán de continuar asociado al Estado español. Esa consulta es jurídicamente posible siempre que la convoque el Rey y se regule mediante Ley (art. 92), pero, con el actual marco constitucional, nunca podrá ser vinculante, si bien sus efectos políticos serían indudables. Por ello, tampoco creo que sea una salida factible a corto plazo, pues, al no ser vinculante, conduciría a un callejón sin salida en el caso (más que probable) de que triunfaran las posiciones soberanistas. El problema catalán seguiría entonces sin resolverse, y la demanda de una consulta pactada se extendería también a otras CC.AA. como el País Vasco, abriendo así una crisis política de difícil gestión. No veo, por tanto, al gobierno de Rajoy dispuesto a asumir ese riesgo, y menos en un momento en que empiezan a surgirle algunos problemas internos (con la vuelta de Aznar al redil político).

La tercera salida es la que promueven los partidos soberanistas apelando al “derecho a decidir” de los catalanes, y que consistiría en la independencia unilateral de Cataluña. De hecho, el gobierno de la Generalitat y el Parlamento catalán ya han decidido iniciar un proceso de “desconexión” del Estado que, en intención de sus promotores, debe llevar a la creación de una República Catalana. Para ello, consideran que el primer paso es convocar un referéndum donde sólo y exclusivamente el pueblo catalán (en uso de una soberanía que los nacionalistas entienden que radica en Cataluña) pueda manifestar su opinión sobre el proceso unilateral de independencia. Esta salida no parece tampoco viable, ya que significa una flagrante ilegalidad (en el marco de la actual Constitución, ninguna Comunidad Autónoma puede convocar un referéndum de autodeterminación), y, por ello, no tendría reconocimiento en la UE. Lo más probable, por tanto, es que el proceso unilateral de independencia sea bloqueado por el gobierno central aplicando las herramientas que pone a su disposición el ordenamiento jurídico (incluida la aplicación del art. 155 que implicaría la suspensión de las competencias de la autonomía catalana). Esto no significa que el “procés” se detenga, sino que los partidos soberanistas tendrán que reconducirlo (¿nuevas elecciones catalanas?) para seguir adelante con su aspiración de lograr la independencia de Cataluña. Con lo cual, la “cuestión catalana” seguirá presente entre nosotros y habrá que convivir con ella (como decía Ortega y Gasset, el “problema catalán no se puede resolver, sino sólo conllevar”).

A las tres salidas anteriores, cabría añadir la propugnada por Herrero de Miñón, consistente no en una reforma constitucional, sino en lo que él denomina una "mutación", mediante la incorporación de una disposición adicional que, al igual que se hace para tratar la singularidad de Navarra (disposición Cuarta) o la de los territorios forales (disposición Primera), podría contemplar el reconocimiento del "hecho catalán", blindando algunos tipos de competencias (lingüísticas, culturales, económicas,...). Esa "mutación" podría, en opinión de Herrero de Miñón, ser luego sometida a referéndum de los catalanes por la vía del art. 152 de la Constitución. No obstante, esta salida, a pesar de que lleva varios años defendiéndola el propio Herrero en diversos foros, no ha sido plenamente asumida por los grandes partidos políticos e incorporada en sus programas, por lo que, aun siendo interesante, no la veo probable a corto plazo. 

Son, por tanto, varias las salidas que se plantean en el actual debate político, pero, en mi opinión, ninguna es factible a corto plazo, dada, por un lado, la gran polarización existente en la sociedad catalana y, por otro, la falta de consenso político, tanto entre los partidos del llamado “bloque constitucionalista”, como entre los situados en posiciones cercanas al soberanismo.

Lo único que veo factible es que, sin abordarse por ahora la reforma de la Constitución, el gobierno de Rajoy, mediante un cambio en su política obstruccionista respecto a Cataluña, adopte medidas proactivas que, además de dar argumentos y apoyo al bloque constitucionalista (PP, Cs y PSC), permitan reconstruir las relaciones con un sector de las élites políticas catalanas, rompiendo así la cohesión del frente independentista y minando su actual base de apoyo (por ejemplo, una reforma del sistema de financiación de las CC.AA. que mejore el trato fiscal que recibe actualmente Cataluña; mayores inversiones en infraestructuras; retirada de algunos recursos de inconstitucionalidad; cesión de algunas competencias,…). Sólo así se podrá ir creando un escenario menos polarizado que el de ahora, en el que sea factible abordar, a medio plazo, la reforma constitucional que permita un nuevo encaje de Cataluña en el Estado español.

ANEXO

Apuntes históricos sobre la cuestión catalana

Al igual que otras identidades nacionales, la catalana se ha ido construyendo en el marco de un largo periodo histórico. Sus orígenes cabe situarlos a principios del segundo milenio (siglos X y XI), cuando, tras la desmembración del imperio carolingio, los territorios de la llamada Marca Hispánica se organizan de forma autónoma, siendo el Condado de Barcelona uno de esos territorios. Sin embargo, entre los siglos XII y XV, Cataluña, como resultado de uniones matrimoniales dinásticas, se integrará, como principado, en la corona de Aragón, y seguirá así hasta que se produce la unidad del Reino de España bajo los Reyes Católicos (segunda mitad del siglo XV). Fue ésta una frágil unión de las coronas de Castilla y Aragón, que se rompió temporalmente a la muerte de la reina Isabel, cuando el rey Fernando abandona Castilla y regresa a sus feudos aragoneses.

No obstante, la unión del reino de España sería consolidada años más tarde, cuando el emperador Carlos (primera mitad del siglo XVI) hereda de sus abuelos maternos las dos coronas españolas y recibe, por parte paterna, el reino de Flandes y el imperio alemán. Fue, sin embargo, una unidad más política que real, debido a las fuertes tensiones internas y externas a las que tuvo que hacer frente el emperador y que le desviarían del propósito de construir un Estado moderno y cohesionado  (revueltas de las “comunidades” y “germanías”, guerras de religión, conflictos dentro del imperio,…).

Algo similar le ocurriría a su hijo Felipe II, aunque en menor medida, al haber dividido el emperador Carlos sus dominios cediendo el imperio alemán a su hermano Fernando. Aun así, el rey Felipe II tuvo que gobernar unos vastísimos territorios (desde Flandes a las Américas y Filipinas) en los que “nunca se ponía el sol”, viéndose, además, ante la responsabilidad, como el más poderoso rey cristiano, de liderar la guerra contra la amenaza otomana. Esto hizo que, al igual que su padre, Felipe II tuviera poco tiempo para dedicarse a la necesaria consolidación de la unidad del reino de España. No obstante, y en un claro esfuerzo integrador, se serviría de las mejores cabezas de la nobleza catalana para organizar su gobierno (un ejemplo de ello es el del barcelonés Luis de Requesens, que, entre otros cargos, fue gobernador de Milán y de los Países Bajos, además de Gran Comendador de Castilla). Sin embargo, acontecimientos como el espinoso asunto de Antonio Pérez (secretario de Felipe II) y el asesinato de Escobedo, no ayudaron a cohesionar la unión entre Castilla y Aragón.

Sea como fuere, lo cierto es que la unidad de España se ha asentado históricamente sobre bases poco sólidas, arrastrando problemas de vertebración interna, entre ellos el problema catalán. Porque es una realidad que, desde entonces, el encaje de Cataluña en el conjunto del estado español no ha sido fácil, dando lugar a puntos álgidos de fricción en estos cuatro siglos. Ha sido un largo periodo histórico, marcado siempre por la estrategia de la oligarquía catalana de aprovechar los momentos de crisis política en el Reino de España para plantear sus reivindicaciones independentistas.

Uno de esos puntos de fricción ocurrió durante el reinado de Felipe IV (siglo XVII), cuando, en plena guerra franco-española, se produce la revuelta de los “segadores”, que da nombre al himno catalán y que desemboca en el llamado “Corpus de Sangre” (7 de junio de 1640). Por cierto, fue ésta una revuelta popular que no iba dirigida expresamente contra el gobierno de España, sino contra los abusos del ejército asentado en Cataluña y contra las élites políticas catalanas incapaces de evitarlos (de hecho, ocasionó el asesinato del entonces virrey de Cataluña, el noble catalán Conde de Santa Coloma). Al verse desbordada por la revuelta, la oligarquía catalana, ante la desconfianza que le inspiraban los gobernantes españoles (en especial, el valido Conde Duque de Olivares), pide la protección de Francia (entonces gobernada por el cardenal Richelieu) para que Cataluña pudiera separarse del Reino de España. Tras un intento (frustrado) de proclamarse estado independiente, Cataluña se pone, durante quince años, a las órdenes del rey francés Luis XIII (que es proclamado Conde de Barcelona por la oligarquía catalana). No obstante, volvería Cataluña a la corona española en 1652, una vez que Francia le retirara su protección. La firma en 1659 del Tratado de los Pirineos fijará de modo definitivo la frontera franco-española y delimitará geográficamente el actual territorio de Cataluña.

Otro punto álgido de fricción tuvo lugar sesenta años más tarde. Terminada la Guerra de Sucesión con la firma de los Tratados de Utrecht (1713) y Rastatt (1714), y ante la persistencia de la población catalana y de sus gobernantes (con Rafael Casanova a la cabeza) de seguir apoyando al pretendiente austriaco (el archiduque Carlos), el rey Felipe V ordenó al Duque de Berwick la invasión de Cataluña y la ocupación militar de Barcelona, finalizando el conflicto con la derrota catalana el 11 de septiembre de 1714 (fecha por la que se conmemora la Diada). El resultado de todo ello fue la abolición de los fueros catalanes, así como la suspensión de la Generalitat y su autonomía política (Decretos de Nueva Planta, 1716). Desde entonces, Cataluña, al igual que el resto de la corona de Aragón, dejaría de ser una entidad política autónoma, se regiría por las instituciones castellanas y se integraría de forma plena en el conjunto del Reino de España.

De todos esos acontecimientos surge la denominada “cuestión catalana”, un memorial de agravios respecto al Estado central, que emerge, con más o menos intensidad, en determinadas épocas, según la situación política y económica (en algunos casos, de forma sangrienta como ocurrió durante la “Semana Trágica” de julio de 1909, pero en otros buscando el pacto y el acuerdo como sucedió con la Lliga Regionalista de Prat de la Riba y Cambó, que incluso formó parte de los gobiernos de Alfonso XIII). La “cuestión catalana” se refiere también al problema del encaje jurídico-constitucional de Cataluña en el Estado español, y eso se ha planteado en diversas ocasiones.

Al proclamarse la II República, por ejemplo, la “cuestión catalana” era un tema que mucho preocupaba a políticos e intelectuales republicanos (políticos como Azaña tenían la esperanza de solucionarlo ofreciendo a Cataluña un estatuto de autonomía, mientras que intelectuales como Ortega eran más escépticos). A pesar del desaire inicial de Maciá (máximo dirigente de Ezquerra Republicana), declarando la República de Cataluña justo el día de proclamación de la II República española, las Cortes aprobaron en 1932 el Estatuto de Cataluña y comenzaron a funcionar las instituciones autónomas de la Generalitat. Sin embargo, Lluis Company (el nuevo Presidente de la Generalitat tras la muerte de Maciá) aprovecha una de las más graves crisis por las que pasó la II República (provocada por la revolución de Asturias) para, en un contexto de clara confrontación con el gobierno central (por asuntos como la Ley de Cultivos) y de involución política (bienio negro), proclamar el 6 de octubre de 1934, desde el balcón de la Generalitat, y en un acto de deslealtad hacia las instituciones republicanas, el “Estado catalán de la República Federal Española”, lo que significaba de hecho una declaración unilateral de independencia. Ello provocó que el gobierno de centroderecha de Lerroux suspendiera temporalmente el Estatuto catalán y las instituciones autónomas, si bien, más tarde, en marzo de 1936, el gobierno del Frente Popular se las devolvería restaurando las funciones de la Generalitat.

Durante la Guerra Civil (1936-1939), Cataluña fue escenario de una fratricida y encarnizada lucha armada entre los distintos grupos de izquierda (comunistas, trotskistas y anarquistas), que aterrorizó a la burguesía catalana. Eso explica que, en marzo de 1939, una gran mayoría de la burguesía catalana recibiera con vítores en las calles de Barcelona a las tropas franquistas mandadas por el general Yagüe.

Durante la dictadura de Franco, Cataluña se benefició de la mayor parte de las grandes inversiones en infraestructuras y de las políticas proteccionistas en favor de ciertos sectores estratégicos, al tiempo que las élites económicas y políticas catalanas mantuvieron una “entente cordiale” con el régimen franquista bajo el precio de aceptar determinadas imposiciones sobre aspectos importantes de la identidad catalana (como la prohibición del idioma catalán como lengua oficial). La “cuestión catalana” quedó así congelada, que no solucionada, durante varias décadas, hasta su emergencia en los últimos años del franquismo en el marco de las amplias movilizaciones en favor de la democracia, la restauración de las libertades y el reconocimiento de la identidad nacional en algunos territorios del Estado.