HABLEMOS  DE  #SEQUIA  AHORA  QUE  LLUEVE

Ahora que está empezando a llover en algunas zonas de España es el momento de hablar de la sequía. Al igual que se dice que los incendios forestales hay que comenzar a apagarlos en invierno (mediante medidas de prevención y limpieza de los montes), de los problemas de la escasez de agua se debería hablar cuando estemos en periodos de abundancia y no cuando nos asolen, como ahora, años de sequía.

El carácter cíclico del clima mediterráneo

En los países de clima mediterráneo, como España, los ciclos de abundancia de agua y de escasez son uno de sus rasgos característicos. El pasaje bíblico de los sueños del Faraón es un símbolo del carácter cíclico del clima en estos países. Como se recordará, el sueño de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas fue interpretado por el hebreo José anunciando que se avecinaba una alternancia de años de abundancia y años de sequía. En consecuencia, recomendaba al Faraón ser previsor y gestionar con prudencia los recursos disponibles en los graneros de Palacio.

Reconocer el carácter cíclico del clima mediterráneo no significa negar, como hacen algunos, los efectos del cambio climático, ya que este fenómeno se manifiesta, sobre todo, en el problema del calentamiento global o aumento de la temperatura media del planeta, provocando el deshielo de los casquetes polares o el desencadenamiento de catástrofes naturales en forma de grandes inundaciones en determinadas regiones. Ambos fenómenos (sequías cíclicas y calentamiento global) son diferentes, aunque complementarios, en tanto pueden retroalimentarse (un incremento de las temperaturas hace que aumente la evaporación, y, por tanto, que se acreciente la severidad de los efectos de la escasez de lluvia).

El carácter cíclico de las precipitaciones en un país como España (sequía meteorológica) se manifiesta en que, cada cuatro años, se produce una reducción de las lluvias hasta el 80% de la media anual, lo que afecta sobre todo a los cultivos de secano. No obstante, ese descenso de las precipitaciones significa, como señala Joan Corominas (uno de nuestros mejores expertos en temas de agua y regadíos), que si los años secos se repiten, como viene ocurriendo, “empiezan a descender los niveles de los acuíferos, se secan los manantiales y las reservas de los embalses se van agotando”. Se pasa entonces a lo que los especialistas llaman sequía hidrológica, que afecta, sobre todo, al regadío agrícola, y también a otros usos (industria, turismo y producción de energía hidroeléctrica), alcanzando en casos de sequía severa al consumo doméstico.

Todo ello debería obligar a los gobernantes, como el Faraón tras la interpretación de los sueños por José, a ser previsores en materia de agua y a llevar a cabo una adecuada política de gestión de los recursos hídricos sin esperar a que se desencadenen situaciones graves de sequía. Si no se hace así, como es el caso de ahora, sólo cabe poner en marcha planes de sequía, que aseguren el consumo doméstico, y compensar a los agricultores por las pérdidas que les ocasiona la escasez de agua.

La “cuestión hídrica”

Sea como fuere, la utilización de los recursos hídricos suele dar lugar a fuertes debates, y más en periodos de escasez de lluvias, como el actual, que acumula ya cuatro años seguidos de bajos niveles de precipitaciones. Esta situación está dejando nuestros pantanos en niveles de especial gravedad (por debajo del 30% de su capacidad), y, si no se producen lluvias abundantes en las próximas semanas, dará lugar a serias restricciones en determinados usos (sobre todo, en agricultura, pero también en el consumo en los hogares de algunas localidades), además de provocar una subida del precio de la energía eléctrica (al ser mucha de ella producida en los embalses).

La intensidad de esos debates es lo que explica que los especialistas hayan acuñado el término “cuestión hídrica” para referirse a este asunto.  En dichos  debates se confrontan dos formas de abordar el problema del uso y utilización de los recursos hídricos.

a)    Una forma es tratarlo como un problema de “oferta”. Los que lo perciben de este modo (las asociaciones agrarias y diversas organizaciones de regantes) proponen que aumente la oferta de agua mediante la construcción de más pantanos y embalses para acumular la mayor agua posible en tiempos de abundantes precipitaciones. Entienden que España todavía tiene margen para poder ampliar la capacidad de acumulación de agua en sus cuencas. También proponen una política de trasvases que permita trasladar agua de unas cuencas a otras, contribuyendo a una mejor cohesión de los territorios. Para esta posición, el agua es riqueza económica, sobre todo en el regadío agrícola. Por ello, opina que la oferta de agua es lo que tiene que aumentar, estando convencidos de que la solución tecnológica puede ayudar a resolver la “cuestión hídrica” (en forma de nuevos y más eficientes sistemas de regadío). Negar a los agricultores su “derecho al agua” es, desde este punto de vista, condenar a la pobreza a determinadas áreas rurales de nuestro país y renunciar al potencial de desarrollo que tiene la agricultura de regadío, reflexión que extienden a otros sectores como el turístico.

b)   Otra forma de ver este asunto es tratarlo como un problema de “demanda”. Los que piensan de este modo entienden que la oferta de agua es limitada (no puede llover más de lo que lo hace en países como el nuestro) y que ese problema no se resuelve construyendo más pantanos (que acaban vaciándose por el excesivo consumo) o más trasvases, sino reduciendo la demanda de agua por parte de los distintos sectores de usuarios. Esa es la posición de la Fundación “Nueva Cultura del Agua” (FNCA), para la que el agua es un patrimonio humano ambiental, cultural, paisajístico,… que, en sintonía con la Directiva europea sobre Agua, debe ser usado para el beneficio de toda la comunidad de manera sostenible. En esta línea de opinión, se denuncia el elevado consumo de agua en la agricultura por la irresponsable política de ampliación de la superficie de regadío y por la tendencia de los agricultores a la intensificación de los cultivos agrícolas (que ha absorbido el relevante ahorro que se ha venido produciendo en este sector gracias a la importante modernización de regadíos realizada en los últimos años).

Algunas reflexiones sobre la gestión de los recursos hídricos

Ambas posiciones fundamentan bien sus argumentos, y se apoyan en datos que los avalan. Sea como fuere, lo cierto es que España tiene un problema con la gestión de los recursos hídricos, que aún no ha abordado con seriedad y rigor y que exigiría tratarlo como un problema de Estado, dadas las múltiples dimensiones del agua como recurso fundamental para la vida, el desarrollo económico y la sostenibilidad medioambiental.

Las dificultades de hacer efectiva la aplicación del Plan Hidrológico Nacional (PHN), aprobado en 2001 y luego modificado en 2005, así como los problemas (políticos y económicos) de ejecución de los proyectos asociados al programa AGUA (incluido en el último PHN), reflejan que en España aún no nos hemos tomado en serio la gestión de los recursos hídricos como un gran asunto de Estado. Vayan algunas reflexiones.

1)   Es un hecho que se ha incrementado de modo exponencial el consumo de agua, tanto la que se consume en los hogares (pese a que en los últimos años se ha reducido de forma notable su consumo), como la que se consume en el sector agrario o en otros sectores de actividad (industria, servicios,…). A ello ha contribuido, sin duda, nuestro modelo de desarrollo y nuestro estilo de vida, basados en un consumo sin límite de los recursos hídricos y energéticos.

2)   También es una realidad que nuestra capacidad de regulación y almacenamiento de agua en embalses, ha aumentado de manera extraordinaria en los últimos sesenta años, gracias a las importantes obras hidráulicas que se han realizado, que permiten soportar mejor los periodos de sequía. Los expertos dicen que, con la actual capacidad de acumulación de agua, España tiene condiciones para soportar cuatro años seguidos de sequía, aunque también señalan que no lo suficiente, debido al elevado y creciente consumo que hacemos del agua almacenada (según estudios, extraemos de los embalses un 2% más de agua al año de la que reciben). Ello exigiría que, sin esperar a los momentos más graves de la sequía, los organismos de cuenca fueran previsores y redujeran gradualmente las dotaciones de riego cuando se inicien los periodos de escasez de precipitaciones.

3)    El consumo de agua ha alcanzado unas proporciones tales, que exige poner orden en ese aumento exponencial. Se sabe que más del 80% del agua disponible, se consume en el sector agrario (sobre todo, en los regadíos), y el resto en otros sectores de actividad (industria, turismo, servicios,…), además de en los hogares. Sin embargo, sólo es el consumo en la agricultura el que no revierte a los ríos, sino que se transforma en los productos agrícolas, por lo que en términos del ciclo del agua, es el sector agrario el principal consumidor de los recursos hídricos. El consumo de agua en los hogares es sin duda importante, pero, a diferencia del consumo en la agricultura, revierte a los caudales de los ríos, al igual que ocurre con el agua que se consume en el sector industrial o turístico. Por ello, las campañas de ahorro en los hogares y en estos sectores económicos hay que valorarlas por su doble efecto: real (mientras más se ahorre en ellos, menos extraemos agua de los centros de abastecimiento) y simbólico (no se puede seguir con una cultura del despilfarro).

4)    Por ello, sería necesario reducir el consumo de agua en el sector agrario, ya sea evitando que aumente de forma ilimitada la superficie de riego, ya sea continuando con la modernización de los regadíos (introduciendo tecnologías y sistemas de riego que reduzca el consumo de agua por explotación), ya sea neutralizando mediante campañas de sensibilización la irrefrenable tendencia de los agricultores a intensificar sus cultivos. No obstante, el efecto de la modernización de regadíos está llegando ya al límite en algunas regiones (en Andalucía, ya se han modernizado 350.000 has de riego, con un ahorro bruto del 25% del uso de agua) y poco se puede hacer más. Además, como consecuencia del conocido “efecto rebote”, modernizar los regadíos no siempre produce un ahorro neto de agua, ya que, paradójicamente, provoca tanto un aumento de la superficie regable, como una intensificación de cultivos, con el consiguiente incremento del consumo del recurso hídrico.

5)   Salvo la finalización de algunas obras hidráulicas ya iniciadas en algunas cuencas, no estamos en un contexto ni socioeconómico, ni político favorable a la construcción de nuevos embalses. Ni la UE va a autorizar invertir recursos de los fondos estructurales en la ampliación de nuestra capacidad de regulación, ni los programas políticos de los distintos partidos incluyen esta demanda, ni la sociedad en su conjunto tiene entre sus prioridades la construcción de nuevos pantanos.

6)   Sólo cabe por el lado de la oferta abordar una mejora de las actuales infraestructuras hidráulicas, reduciendo las pérdidas en las conducciones y aplicando las nuevas tecnologías para hacer más eficiente la gestión del recurso hídrico. Temas como la construcción de desaladoras no debieran descartarse por principio, pero sí ser bastante cautos a la hora de proponerlo y evitar que se reciba como una panacea cuando sólo es una solución muy concreta a casos puntuales, dado su elevado coste y sus efectos sobre el medio ambiente.

7)   El tema de los trasvases sólo cabe en los que ya están en funcionamiento, pero no en la construcción de otros nuevos, ya que su alto coste económico no lo justifica, ni tampoco su elevado coste político en un país tan poco vertebrado como el nuestro (con 17 centros políticos de decisión). La política de trasvases debe centrarse en hacer más eficiente el funcionamiento de los que ya existen, evitando pérdidas y programando adecuadamente la transferencia de agua de unas cuencas a otras, con plena justificación de las cuotas de trasvase y de los momentos de su realización.

8)   Sería pertinente regular mejor de lo que está ahora el uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas evitando los pozos ilegales y la extracción ilimitada del recurso hídrico de esos acuíferos. Asimismo, los poderes públicos deberían ser más eficaces a la hora de perseguir los vertidos contaminantes en ríos y mares, así como la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos u otros insumos usados en la actividad agrícola y ganadera. Y todo ello, en el marco de la aplicación de la citada Directiva europea sobre Agua, para devolver al buen estado ecológico nuestros ríos, acuíferos y aguas de transición costera, lo que exige incluir en el precio del agua (hoy bastante bajo en comparación con el coste de la energía eléctrica) la recuperación de los costes de las conducciones y los relativos a la depuración.

9)   Sería interesante explorar el tema de los “bancos de agua” con objeto de que el agua de unos determinados usuarios pueda ser utilizada por otros usuarios de la misma cuenca, pero con mayores productividades económicas, previa compensación a los donantes del recurso hídrico. Teniendo en cuenta que, a diferencia de los trasvases, la proximidad territorial facilita esos intercambios y los hace menos costosos, los "bancos de agua" es una opción interesante (ver sobre este tema el excelente artículo de Fernando Garrido, "Los mercados de agua y sus implicaciones sociales", publicado en el Anuario 2017 de la Fundación de Estudios Rurales).

10)  Se debe seguir avanzando en el proceso de instalación de depuradoras en los municipios para hacer posible que el agua que se vierte a los ríos tras su uso doméstico o industrial, esté en condiciones de buena calidad para evitar efectos perniciosos sobre los ecosistemas fluviales y pensando siempre en su utilización por otras comunidades de usuarios aguas abajo. El agua que circula por nuestros ríos no pertenece a ninguna comunidad concreta, sino que es un bien público de carácter universal, y por ello a proteger.

En definitiva, el problema de la sequía es un tema complejo y con muchas dimensiones. En este debate se reflejan aspectos no sólo relacionados con la escasez de las precipitaciones, sino también con sus efectos en la producción agrícola y en la generación de energía hidroeléctrica, y con la viabilidad del modelo de desarrollo económico, un modelo basado en el consumo ilimitado de los recursos naturales. No aplacemos el debate ahora que empieza a llover.

DIEZ APUNTES  TRAS  LA  APLICACIÓN  DEL  ART. 155

Ha transcurrido algo más de un mes desde el 1-O, pero han sido tantos los vaivenes de la situación política catalana, que parece haber pasado un largo periodo de tiempo.

Los hechos se han ido precipitando a un ritmo de vértigo por lo que no viene mal recordarlos: aprobación de las leyes de desconexión y transitoriedad por el Parlament el 7-8 de septiembre en flagrante violación del orden constitucional; intento de celebración del referéndum ilegal el 1-O con la consiguiente intervención policial; detención de los dirigentes de las organizaciones ANC y Omnium cultural; declaración unilateral de independencia por el Parlament el 21 de octubre (tras las dudas hamletianas del President) y aplicación inmediata del art. 155 por el gobierno de la nación; cese del Govern y convocatoria de elecciones catalanas para el día 21-D; salida a Bruselas de Puigdemont con una parte de sus antiguos consellers; comparecencia de otra parte del Govern ante la jueza Lamela de la Audiencia Nacional y su envío a prisión; comparecencia de los miembros de la mesa del Parlament ante el juez Llarena del Tribunal Supremo (debido a su condición de aforados)…

Para complicarlo todo aún más, nos encontramos con una situación en la que se mezcla la lógica política y la lógica judicial, con sus propios ritmos y calendarios, que hacen aún más cambiante el panorama, provocando cambios de estado de ánimo en la ciudadanía (de la euforia a la depresión), cuando no un hartazgo cada vez más insoportable. Es un escenario cargado de pasiones, impregnado de emotividad y salpicado de medias verdades e incluso de mentiras intencionadas.

En definitiva, un panorama enardecido y enrarecido, ante el que hay que detenerse y recapitular para poner orden en las complicadas piezas que lo componen. Con ese propósito comparto las siguientes reflexiones.

1)    Aunque en las redes sociales no dejan de aparecer comentarios jocosos sobre el tema catalán en un frívolo regodeo de los acontecimientos, la realidad es que estamos ante la más grave crisis de la democracia española desde el fallido golpe de estado del 23-F, ya que este tema no es sólo de Cataluña, sino que nos afecta a todos. Es una crisis que, de no encauzarse, podría tener, además, unas implicaciones económicas que harán empequeñecer la que venimos sufriendo desde 2007. El Banco de España ya ha estimado para el año próximo una pérdida de más de 30.000 millones de euros en términos del PIB si la inestabilidad continúa en Cataluña. No debemos olvidar que la economía catalana representa el 20% de la economía española, además del efecto indirecto que la crisis política pueda tener en el empleo y en las inversiones extranjeras en nuestro país.

2)    El procés ha tocado fondo al tropezar con el poder institucional del Estado. Por mucho que el bloque secesionista active estrategias de resistencia, el procés, tal como lo hemos conocido, no tiene ya más recorrido. Después del 21-D, nada será igual, ya que lo más probable es que cambien los interlocutores y sean distintas las estrategias, una vez que sus protagonistas valoren lo ocurrido hasta aquí. El independentismo seguirá, sin duda, presente en la sociedad catalana, y seguro que con una pujanza similar o superior incluso a la de ahora. Pero tras las elecciones autonómicas será distinto el escenario en Cataluña y continuará Rajoy al frente del gobierno de la nación, manteniéndose firme en la defensa del Estado de derecho.

3)    La aplicación del art. 155 se ha realizado dentro de la más escrupulosa legalidad y de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Paradójicamente, una cámara alta tan desprestigiada como el Senado, ha desempeñado un papel crucial en el procedimiento de intervención. Ha sido impecable el modo como se han desarrollado los debates en la comisión y en el pleno hasta conducir a la autorización al gobierno para que aplique las medidas que hagan efectiva la suspensión de las competencias políticas en Cataluña. El control de los Mossos se ha realizado con una sorprendente normalidad, al igual que el de las distintas consejerías de la Generalitat.

4)    El cese del President y de los miembros del Govern estaba dentro de las posibles medidas del art. 155, por lo que no ha causado sorpresa. Sin embargo, la convocatoria electoral para el 21-D ha sido sorprendente por su rapidez, habiendo dejado descolocadas a las fuerzas políticas catalanas y en especial al bloque secesionista. La virtud de una convocatoria electoral tan rápida es que reduce al mínimo el periodo de aplicación del art. 155, y con ello los riesgos que conlleva. Puede que, para los sectores más españolistas, deseosos de prolongar la suspensión de las competencias de la Generalitat en una especie de estrategia de tierra quemada, la medida de aplicar un art. 155 de corta duración les resulte decepcionante por entender que el trabajo de “cirugía” se quedará a medias. Pero Rajoy, con el apoyo de Cs y, sobre  todo, del PSOE, no ha querido arriesgarse a transitar por un camino lleno de incertidumbre y dificultades. No obstante, el mandato del Senado es de seis meses, por lo que la aplicación del art. 155 no acaba el 21-D, pudiendo, además, el Gobierno solicitar su ampliación según cómo se desarrollen los acontecimientos.

5)    La salida del ya expresidente Puigdemont y de parte de su gobierno hacia Bruselas, ha sido interpretada por muchos como una huida y una traición al resto de sus compañeros. Pero en mi opinión hay que entenderla en términos de una estrategia jurídica y política en coordinación con el resto de consellers, si bien una estrategia de alto riesgo. Con su salida, Puigdemont persigue, sin duda, eludir la justicia española (a la que acusa de estar politizada y de no ser independiente), pero también internacionalizar el conflicto, esperando que algún país de la UE ceda a la tentación de dudar de la credibilidad democrática española. Esperemos a cómo se desarrolla la aplicación de la orden europea de detención decretada por la Audiencia Nacional (AN) y ante la cual Puigdemont se ha presentado ante la fiscalía belga, que es la que debe decidir sobre el proceso judicial.

6)   La entrada en prisión sin fianza de los consellers que se han quedado en España, ordenada por la jueza Lamela de la AN, puede ayudarle a Puigdemont en su estrategia, esgrimiendo, aunque sea sin base jurídica alguna, el argumento de la existencia de “presos políticos”. Además, el diferente tratamiento que sobre la misma querella del fiscal ha hecho el juez Llarena del Tribunal Supremo (TS) respecto a los miembros de la mesa del Parlament (que ha rebajado el delito de rebelión y les ha dado un plazo de una semana a los miembros de la mesa del Parlament para que sus abogados tengan más tiempo en preparar sus defensas), da argumentos a la estrategia de Puigdemont de cuestionar el poder judicial español al mostrar que existen distintas varas de medir el mismo delito. Para los que quieran profundizar en la complejidad de este asunto, recomiendo dos excelentes artículos escritos desde posiciones distintas: uno, de Teresa Freixes, argumentando en favor del auto de la jueza Lamela (“Delito de rebelión para el Govern, ¿por qué?”, publicado el 3 de noviembre en la sección Ideas de la revista ED), y el otro, de Miguel Pasquau, cuestionando dicho auto (“Alzamiento, sedición y rebelión” publicado el 1 de noviembre en la revista digital ctxt.es).

7)    Sea como fuere, lo cierto es que la discrepancia entre la AN y el TS no ayuda a la imagen de equidad y profesionalidad de la justicia española, y da alas al victimismo de los secesionistas. Es, por tanto, una situación preocupante, que, si no se remedia en los próximos días unificando criterios entre ambos organismos judiciales, podrá influir en la opinión pública internacional, volátil por naturaleza, y aún más ante la debilidad crónica de la diplomacia española. Además, si continúa esa discrepancia entre el TS y la AN hay riesgo de que el tema acabe en el Tribunal de Derechos Humanos como ya ocurrió con el caso Bultó en los años 1980, lo que empeoraría la imagen de la democracia española.

8)    Por muy ajustado a derecho que esté el encarcelamiento de los dirigentes catalanes dada la gravedad de los delitos que se les imputa, es indudable su efecto político. Celebrar las elecciones del 21-D en unas circunstancias así no es el mejor escenario, ya que los comicios se verán condicionados por ello, tanto en lo que se refiere al ambiente político, como a las estrategias electorales y al desarrollo de la campaña. Serían elecciones celebradas en un escenario aún más polarizado y fracturado de lo que está ahora y fuertemente cargado de emotividad y victimismo, lo que no es lo más indicado para un proceso electoral. Además, la campaña se vería inevitablemente empañada por demandas de amnistía y libertad que, sustituyendo a los programas políticos con los que los partidos suelen presentarse a los comicios, se extenderían de forma transversal monopolizando el eje de los debates. Al favorecer una estrategia frentista, esas demandas, que apelan más al corazón que a la cabeza de los votantes, lograrían ocultar las profundas desavenencias hoy existentes dentro del bloque independentista, además de permitirles a los dirigentes secesionistas envolverse en el manto del victimismo evitando rendir cuentas ante el electorado por los errores cometidos durante el procés. Asimismo, la permanencia en la cárcel de los dirigentes políticos catalanes durante la campaña electoral serviría de acicate a la revitalización del bloque independentista, un bloque en horas bajas tras el fracaso del procés y tras el impacto de la gran movilización no secesionista activada días atrás por la SCC (Societat Civil Catalana). En este sentido, no debe olvidarse que un movimiento como éste de la SCC, logrado a base de mucho esfuerzo, necesita, para verse reflejado en forma de votos en las urnas, un escenario menos enardecido y más sosegado para que los votantes decidan su voto con cierta racionalidad y no con las emociones a flor de piel.

9)    Aún es pronto para hablar de posibles escenarios tras el 21-D, ya que quedan cincuenta días en una campaña que se prevé dura y complicada. Aún no se conocen las estrategias de los partidos soberanistas: si reproducir un frente común para convertir las elecciones de nuevo en plebiscitarias, o si presentar listas por separado para dar lugar a posteriores alianzas en función de los resultados. Parece que sólo el PDdeCat (antigua CiU) está interesado en reeditar el frente independentista, dado que, yendo por separado, corre el riesgo de sufrir una fuerte derrota en favor de ERC. Respecto a los Comunes de Ada Colau y de un sector de Podemos, ya han anunciado que presentarán una lista propia (encabezada por Xavi Doménech), aunque con un programa común lo suficientemente transversal como para dejar abierta posibles alianzas postelectorales con otras fuerzas soberanistas.

10)  Respecto a los partidos no soberanistas, ya se sabe que no habrá frente común a pesar de la insistencia de Cs. Además de las profundas diferencias programáticas entre el PSC y el PP, está en la memoria de ambos partidos la fracasada experiencia frentista de las elecciones vascas de 2001, cuando el frente PSOE-PP (liderado por Nicolás Redondo Terreros y Jaime Mayor Oreja) se vio derrotado por el PNV de Ibarretxe, y no quieren repetirla en Cataluña. Por eso, tanto PP, como PSC y Cs se presentarán por separado, con la esperanza de que el bloque secesionista no alcance la mayoría parlamentaria, algo que se antoja difícil a la luz de las últimas encuestas, que arrojan un escenario muy parecido al actual.

Todo está abierto, por tanto, y nos esperan varias semanas de vértigo hasta llegar a los comicios del 21-D, una fecha que marcará no el final, sino el inicio de un nuevo escenario que habrá que gestionar desde dentro de Cataluña y desde el conjunto del Estado.

Si se gestiona bien, la situación catalana podrá normalizarse encauzándola hacia un nuevo encaje de Cataluña en el Estado, algo que inevitablemente deberá pasar por algún tipo de consulta legal y pactada, tras la correspondiente reforma constitucional (con la que está de acuerdo más de la mitad de los españoles según las últimas encuestas).

Pero si fracasa el diálogo político, y el independentismo persiste en su desafío al Estado de derecho, se agravará aún más la inestabilidad en Cataluña. Ello tendrá graves efectos directos en el resto de España y efectos colaterales en la UE, llevándonos a un abismo al que, si bien algunos, en su delirio, puedan sentirse fascinados a precipitarse por él, muchos otros ciudadanos no están dispuestos a ello.