EDUARDO MOYANO ESTRADA

EL   "ACUERDO   DE   PARIS"  

SOBRE   CAMBIO   CLIMATICO

Hay problemas que, por su dimensión global, no pueden ser tratados a nivel de un solo país, ni siquiera de un grupo de países, por lo que sólo cabe hacerlo en instituciones internacionales como Naciones Unidas. Ese es el caso del cambio climático, reconocido ya como uno de los más graves problemas globales que afectan a nuestro planeta y que, por ello, trasciende el ámbito regional o nacional.

El “Acuerdo de París”, suscrito el pasado 12 de diciembre en la capital francesa y firmado solemnemente en Nueva York el 22 de abril de este año 2016 (con motivo del Día de la Tierra), es una buena muestra de la utilidad de algunas instituciones internacionales para tratar asuntos globales.

El contexto

Nuestro planeta ha experimentado, por razones naturales, variaciones en el clima a lo largo de su historia (las glaciaciones son un ejemplo). Sin embargo, cuando hablamos del problema del “cambio climático” nos estamos refiriendo a variaciones climáticas ocasionadas por la acción de los seres humanos, vinculada a nuestros sistemas de desarrollo económico.

Este  problema se manifiesta de varias maneras, siendo la más relevante la subida de la temperatura media del planeta (calentamiento global) y la alteración de las estaciones climáticas y de la intensidad pluviométrica. Asociados al fenómeno del cambio climático, están los problemas de disminución de especies naturales (pérdida de biodiversidad biológica) y de aumento de la superficie de zonas áridas (desertificación).

Respecto a sus causas más inmediatas, cada vez hay más evidencia científica de que, en relación al calentamiento global, una de esas causas es la elevada concentración en la atmósfera de los llamados “gases de efecto invernadero” (GEI) (sobre todo, CO₂ y metano), provocada por las emisiones que generan los modelos productivos basados en la masiva utilización de combustibles fósiles como fuente de energía.

Dado que, según el grado de desarrollo económico, los países emiten diferentes niveles de estos gases (GEI), ha habido serias divergencias sobre cómo abordar este problema, debido a las distintas repercusiones que su tratamiento podría tener en los sistemas económicos y sociales. Una reducción de las emisiones conllevaría inevitablemente un cambio en los modelos productivos, que no todos los países están en condiciones de afrontar. Además, los países menos desarrollados consideran, con razón, que no tienen la misma responsabilidad que los más desarrollados en la generación del problema del cambio climático al emitir menores cantidades de gases GEI a la atmósfera, aunque lo sufran de igual modo y con menos recursos para hacerle frente. Y consideran también que no se les puede limitar el desarrollo de sus economías, ya de por sí bastante atrasadas, con la excusa de que es necesario disminuir el uso de combustibles fósiles para combatir el cambio climático.

A pesar de esas divergencias, siempre ha existido un amplio consenso sobre la necesidad de la cooperación internacional para afrontar este problema, dada la imposibilidad de solucionarlo con medidas adoptadas de manera separada por cada gobierno nacional. De ahí que haya sido el marco de las Naciones Unidas el más apropiado para tratar los asuntos relacionados con el cambio climático, considerado ya como un problema “global” que forma parte de la agenda política internacional.

Los antecedentes

La primera vez que se habló a nivel internacional sobre el problema del cambio climático fue en la Conferencia Mundial sobre el Clima, celebrada en Ginebra en 1979 y organizada por la OMM (Organización Meteorológica Mundial), organismo especializado de la ONU.

A raíz de ello, Naciones Unidas aprobó el Programa Mundial sobre el Clima, y en 1988 creó un Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) encargado de elaborar informes científicos sobre la evolución de este problema. Consciente de la magnitud que iba tomando el problema del cambio climático y de la necesidad de la cooperación internacional para abordarlo, el IPCC propuso la redacción de un tratado internacional sobre este asunto.

Fue a raíz de la llamada “Cumbre de la Tierra” celebrada en Río de Janeiro (1992), que Naciones Unidas dio a conocer tres convenciones internacionales relacionadas con esta materia: una convención-marco sobre cambio climático (CMNUCC) y otras dos asociadas a aquélla (la CNUDB sobre biodiversidad y la CNULD sobre desertificación). Son convenciones a las que, desde su constitución, se han ido adhiriendo de forma voluntaria los distintos Estados miembros de la ONU (denominadas “partes contratantes”).

Al estar los tres temas interrelacionados, se ha creado incluso un “grupo común de enlace” para coordinar las acciones promovidas desde cada uno de esos tratados o convenciones, y para organizar las correspondientes conferencias anuales de las partes contratantes (COP). Desde que en 1994 entró en vigor la citada convención-marco sobre cambio climático (CMNUCC), se han celebrado 21 de esas conferencias internacionales, siendo la última la que tuvo lugar en París en los meses de noviembre-diciembre del pasado año.

La COP-21 celebrada en la capital francesa finalizó, como he señalado, con la firma del llamado “Acuerdo de París”, suscrito en esta primera fase por los representantes de los Estados allí presentes. Este Acuerdo sucede al “Protocolo de Kioto” (1997), y se pretende que entre en vigor a partir del año 2020, siempre que sea ratificado al máximo nivel político por un mínimo de 55 Estados que sean responsables de, al menos, el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

La importancia del Acuerdo

La importancia del “Acuerdo de París” ha sido reconocida desde diversos círculos de opinión (incluidos los vinculados a las organizaciones ecologistas) sobre la base de los siguientes aspectos.

En primer lugar, se destaca su alcance político, al haber sido firmado por los representantes de 195 países (la práctica totalidad de los Estados que forman parte de la CMNUCC). Para medir ese alcance, baste recordar que el “Protocolo de Kioto” sólo fue suscrito por 37 países, que representaban entonces un exiguo 11% del total de las emisiones de gases GEI, y no lo suscribieron países de la talla de EE.UU., China, Rusia, Canadá y Japón, ni tampoco la mayor parte de los países en desarrollo.

En segundo lugar, su importancia radica en que, por primera vez, se reconoce, al más alto nivel político y con un amplio acuerdo internacional, que el problema del cambio climático es un hecho evidente y que las elevadas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) son las principales responsables del aumento de la temperatura del planeta. Se admite también que esas emisiones no son naturales, sino provocadas por el alto consumo de combustibles fósiles en los modelos productivos imperantes. Se cierra así un largo periodo de discrepancias sobre la realidad del problema del “calentamiento global” y sus causas, al haberse alcanzado en París un amplio consenso en torno a la evidencia de que el problema existe y a la necesidad de abordarlo mediante la cooperación internacional.

En tercer lugar, la importancia del “Acuerdo de París” estriba en el status de tratado internacional que tiene. Eso significa que es legalmente vinculante, si bien es verdad que los mecanismos sancionadores para los países que lo incumplan se han dejado para un desarrollo posterior. No obstante, en el Acuerdo se establecen protocolos de supervisión y seguimiento para comprobar cada cinco años su grado de cumplimiento por parte de los Estados firmantes. En ausencia de sanciones, esto puede parecer un brindis al sol, pero no lo es, ya que los informes de seguimiento darán sólidos argumentos a las opiniones públicas nacionales e internacionales, y a los medios de comunicación, para señalar y criticar a los países que incumplan sus compromisos, además de su incidencia en las relaciones entre los Estados. Es una especie de sanción moral, con más efectividad de lo que pudiera pensarse, en estos tiempos en los que la opinión pública adquiere una influencia colosal en las sociedades democráticas.

En cuarto lugar, el Acuerdo fija objetivos concretos, como el de que no suba la temperatura media del planeta por encima de los 2ºC respecto a la que tenía en la época preindustrial (mediados del siglo XIX). Los informes de los expertos del IPCC indican que ya ha subido en torno a 1ºC y que si se continúa con el actual modelo productivo puede aumentar hasta 3ºC, lo que provocaría la subida del nivel del mar como consecuencia del deshielo polar, con resultados catastróficos para el conjunto del planeta. Conscientes de la gravedad del problema, los firmantes del “Acuerdo de París” han apostado de forma clara por impulsar modelos de producción menos dependientes de los combustibles fósiles, con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Pero también han apostado por frenar la deforestación e incluso impulsar una ampliación de la superficie forestal, dada la importancia de los bosques como sumideros en la fijación de CO₂ gracias a la función de fotosíntesis que realizan y que sirve para contrarrestar la excesiva concentración de estos gases en la atmósfera.

En quinto lugar, se reconoce en el Acuerdo que, si bien el problema del cambio climático afecta al conjunto del planeta, no todos los países tienen la misma responsabilidad en ello (al emitir distintas cantidades de gases GEI a la atmósfera), ni tampoco la misma capacidad para reorientar sus modelos productivos al ser diferentes sus niveles de desarrollo económico. Por eso, se plantea en el Acuerdo la necesidad de ayudar a los países pobres en la lucha contra el cambio climático, creándose para ello un fondo económico (fondo verde) dotado con recursos procedentes de los países más desarrollados. Se establece incluso el compromiso de dotar ese fondo con 100.000 millones de dólares anuales a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, con posibilidad de que pueda aumentarse y de que los países emergentes que lo deseen puedan contribuir también al mismo.

En sexto lugar, otra novedad significativa del “Acuerdo de París” es que afecta a la práctica totalidad de las fuentes causantes de las emisiones de gases GEI, incluyendo los modelos de agricultura intensiva de alto consumo de productos químicos (fertilizantes, pesticidas, herbicidas,…), aunque excluyendo, por ahora, a la aviación y el transporte marítimo (que sólo representan el 10% de las emisiones, pero que son los sectores en los que se ha producido un mayor crecimiento en las dos últimas décadas).

En séptimo lugar, cabe destacar el compromiso adquirido por los países firmantes del Acuerdo de presentar “planes nacionales de reducción de emisiones”, algo que ya hicieron 187 países en la conferencia de París, mostrando así su firme voluntad de contribuir a la lucha contra el cambio climático. Estos planes, que deberán ser revisados al alza en los próximos años, incluye compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), pero también de promover modelos agrícolas y forestales más extensivos y sostenibles por, como he señalado, las funciones positivas que realizan en la absorción y captura del carbono presente en la atmósfera.

Conclusiones

Por todo lo anteriormente expuesto, cabe señalar que el “Acuerdo de París” supone un importante paso adelante respecto al “Protocolo de Kioto” en la lucha contra el cambio climático, al plantear objetivos equilibrados para reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, con el horizonte puesto en el año 2050.

Como en todo acuerdo internacional, la valoración puede centrarse en lo acordado o en lo que queda excluido del acuerdo. Desde mi punto de vista son más los aspectos positivos de lo aprobado en París, que los que pueden ponerse en el platillo negativo de la balanza por no haberse ido más lejos en los compromisos contraídos, tal como critican algunas ONGs que trabajan sobre estos temas.

Pero hay que recordar que, en el ámbito de la política (y el “Acuerdo de París” se sitúa en ese ámbito al ser sus firmantes los gobiernos de los Estados), las decisiones se toman según la lógica de lo posible (no de lo deseable). Lo acordado en París es el mínimo común denominador que ha sido posible consensuar entre los representantes de casi doscientos gobiernos con realidades e intereses muy distintos en relación a las causas y efectos del cambio climático.

Dada la complejidad de las negociaciones, se entiende la satisfacción de Laurent Fabius, ministro francés de Asuntos Exteriores, anfitrión de la COP-21, cuando al final de la conferencia se felicitaba por haberse alcanzado un acuerdo tan amplio sobre tantas cosas, aunque reconocía que todavía quedan pendientes asuntos importantes.

Ahora es el turno de las responsabilidades de los gobiernos para cumplir los compromisos contraídos. La primera prueba será cuando toque ratificar el “Acuerdo de París” en los respectivos parlamentos nacionales, cosa que, en algunos casos, no será fácil de lograr como ya ocurrió cuando la ratificación del “Protocolo de Kioto”, en la que muchos de los países que inicialmente lo suscribieron no lo ratificaron después.

Esperemos que no ocurra lo mismo con el “Acuerdo de París”, y que pueda entrar en vigor en 2020. Necesitamos que sea así por el bien de nuestro planeta y de todos los que vivimos en él.