EDUARDO MOYANO ESTRADA

EL  DIA  DE  EUROPA

La  Unión  Europea  en  la  encrucijada

Hoy, “Día de Europa”, es una buena ocasión para reflexionar sobre el estado actual del proceso de integración europea, aunque no sean tiempos fáciles para analizarlo con objetividad. El tema de los refugiados, la amenaza del Brexit (salida del Reino Unido), el ascenso de los grupos ultranacionalistas en algunos países (Austria, Alemania,…) y los problemas económicos que siguen afectando a la zona euro de la UE, adquieren una importancia y una urgencia tales en la preocupación de la ciudadanía, que se superponen a todo lo demás. Todo ello está provocando una profunda desafección de los ciudadanos, haciendo caer a mínimos históricos la confianza en las instituciones comunitarias. 

Sin embargo, el convulso panorama internacional hace más necesario que nunca dar una respuesta europea a problemas que no pueden ser gestionados a escala de cada país. Nos encontramos, por tanto, ante una situación en la que se necesitan respuestas a nivel europeo, pero en la que las instituciones de la UE no parecen encontrar los procedimientos adecuados para aplicar las medidas con la celeridad que se precisa.

Todo ello genera confusión en la ciudadanía, a lo que contribuye también la diversidad de imágenes que recibimos de la UE, dispares y contradictorias. Por un lado, tenemos la imagen de una institución alejada de los ciudadanos, que toma decisiones que muchas veces no entendemos (por ejemplo, el reciente acuerdo con Turquía o la negociación del TTIP con los EE.UU.) o que se encarga de fustigarnos con el látigo de la austeridad y los recortes presupuestarios.

Pero, por otro lado, recibimos la imagen de una UE que concede importantes ayudas económicas (como las agrarias y pesqueras), que impulsa las inversiones en infraestructuras y equipamientos (como autovías, trenes de alta velocidad,…), que promueve programas de intercambio cultural y científico (programa ERASMUS), que impulsa programas de cooperación interregional (como INTERREG) o que incluso está sirviendo de garantía para defender los derechos sociales de los ciudadanos europeos (como ha ocurrido con algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, en relación al tema de los desahucios).

Ambas imágenes reflejan lo que es hoy la UE, un proceso marcado por dos rasgos: singularidad y complejidad. Es un proceso “singular” porque no tiene parangón en el derecho internacional, de tal modo que no es posible compararlo con otras experiencias de características similares, porque no existen. La UE se define más por lo que no es, que por lo que es: no es una estructura federal de Estados; no es una confederación, y tampoco un sistema de cooperación intergubernamental, aunque tiene un poco de todo ello. La UE es, además, un proceso “complejo”, ya que funciona a varias velocidades y con lógicas políticas que no afectan por igual a todos los Estados miembros. Por ejemplo, la UEM (zona euro) afecta sólo a 17 Estados, y el control fiscal y presupuestario sólo es ejercido sobre los gobiernos de los países que decidieron adoptar la moneda única. No hay política común ni en educación ni sanidad, ni tampoco en política exterior, sino sólo acuerdos de cooperación intergubernamental.

A esos dos rasgos, habría que añadir el de las limitaciones presupuestarias de la UE. Es importante señalar que el presupuesto económico común representa un insignificante 1% de la riqueza agregada de los 28 Estados miembros (pensemos que en los países desarrollados de nuestro entorno, el gasto público gira en torno al 40-50% de la riqueza de cada país). Esto significa que el bienestar de la población europea en general, y de la española en particular, sólo, en una pequeña medida, es responsabilidad directa de las políticas comunes de la UE.

Ni la calidad de los sistemas sanitarios o educativos nacionales, ni el nivel de prestación de los servicios sociales, ni el buen o mal funcionamiento de los servicios públicos, ni los problemas de desindustrialización que sufren algunas regiones europeas, ni las elevadas tasas de paro que asolan a algunos países (como España),… son responsabilidad de la UE, sino de los gobiernos nacionales o regionales. Es verdad que, dentro de la UEM (zona euro), los 19 gobiernos de los países de la moneda común están obligados a cumplir determinadas normas en materia de gasto público que, al final, tienen efectos sobre sus presupuestos nacionales. Pero al no ser todavía una política plenamente común, esas normas no son resultado de decisiones que toma la Comisión Europea, sino de los acuerdos que adoptan los gobiernos nacionales en el marco del Eurogrupo (ministros de Economía y Finanzas de la eurozona).

Asimismo, en el tema de la gestión del tema de los refugiados tampoco existe una política común de asilo, por lo que las medidas que propone la Comisión Europea tienen que ser refrendadas y aplicadas sobre el terreno por los gobiernos de cada país, que son los responsables de su gestión. 

En definitiva, la UE pone a disposición de los gobiernos nacionales recursos económicos (en forma de fondos) e instrumentos normativos (reglamentos y directivas) para acompañar en los correspondientes países la aplicación de las respectivas políticas públicas. Hay países en los que sus gobiernos saben aprovechar esas oportunidades mejor que otros, al tener el acierto de completar las políticas europeas con eficaces políticas propias en pro del bienestar de sus ciudadanos. Sin embargo, hay otros, en los que los ingentes recursos que llegan de Bruselas son oportunidades perdidas al no haber sabido utilizarlas sus gobiernos como palancas de desarrollo en los correspondientes territorios. 

Conviene no olvidar esto en este Día de Europa, cuando la UE se enfrenta a uno de los momentos más críticos en sus más de cincuenta años de historia.