viernes, 15 de marzo de 2019


CAMBIO  CLIMÁTICO,  MOVILIZACIÓN   SOCIAL Y ACCIÓN POLÍTICA


Es indudable que el tema del cambio climático, y en general los problemas relacionados con el medio ambiente, forman ya parte de la agenda social y política.

A ello contribuye, sin duda, la cada vez mayor evidencia empírica, manifestada en estudios científicos solventes, como el último informe GEO-6 de Naciones Unidas presentado el pasado 13 de marzo en la IV Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente celebrada en Nairobi (Kenya).

Movilización social

Como es sabido, la preocupación por el deterioro del medio ambiente ha venido impulsando desde hace algún tiempo el activismo de importantes organizaciones ecologistas (Greenpeace, WWF...), que, en algunos casos, se han transformado incluso en partidos y/o movimientos políticos (Partido Verde en Alemania, EQUO en España,…).

Ahora, sin embargo, la movilización social sobre el cambio climático ha dado un giro importante, en la medida en que no se circunscribe a los grupos más conscientes e informados, sino que se extiende a amplias capas de la sociedad, especialmente a los estratos más jóvenes.

Desde hace unos meses, miles de jóvenes de distintas ciudades europeas se movilizan para protestar contra lo que entienden pasividad de las autoridades políticas ante este problema. Acusan a los gobiernos de no hacer todo lo necesario para afrontar un problema como éste, cuyas manifestaciones son ya evidentes (deshielo de los casquetes polares, calentamiento global, desertificación, sequías prolongadas, cambio de las precipitaciones pluviométricas…), pero cuyos efectos serán de extrema gravedad en un futuro no lejano si no se adoptan medidas para remediarlo.

Llama la atención la notoriedad alcanzada por la activista sueca Greta Thunberg, que con sólo 16 años lidera las amplias manifestaciones celebradas todos los viernes en varias ciudades (Fridays for Future). El eco de su activismo le ha llevado incluso a intervenir en grandes foros e instituciones de escala internacional, como el Comité Económico y Social de la UE, el Foro de Davos o la Cumbre del Clima celebrada en diciembre pasado en la ciudad polaca de Katowice.

Esta movilización juvenil es, además, un síntoma de cómo se está ampliando la base de la preocupación ciudadana sobre el problema del cambio climático, dando lugar a un proceso de concienciación que va en sentido inverso al tradicional (son ahora los más jóvenes los que conciencian a sus padres y abuelos).

En España ya están teniendo lugar las primeras movilizaciones cuyo impacto aún es pronto de prever, pero que, sin duda, serán objeto de creciente atención.

La transición energética

Se sabe que una de las razones principales del cambio climático es, junto a otros factores, la creciente emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero. Y se sabe también que ello es provocado por nuestro modelo de desarrollo económico, basado sobre todo  en el consumo masivo de energías fósiles.

De ahí que se hable de la necesidad de impulsar un proceso de transición energética que conduzca a una reducción de esas emisiones y que apueste por el uso de energías renovables en la mayor parte de los sectores de actividad. En los EE.UU. se plantea ya la necesidad de un "nuevo contrato social" sobre la base de la energía y el clima (Green New Deal, GND), tal como lo reivindica la joven congresista del partido demócrata Alejandra Ocasio-Cortez.

No obstante, son bien conocidas las dificultades de los gobiernos para llevar adelante estrategias de medio y largo plazo para impulsar la transición energética. Su complejidad (implica a muchos sectores económicos) y transversalidad (exige la convergencia de muchas áreas políticas), explica gran parte de esas dificultades.

Pero también las explica la lógica cortoplacista en que suelen moverse los partidos políticos, preocupados más por la inmediatez del horizonte electoral más próximo, que por definir politicas de largo alcance.

Las orientaciones de la UE en materia de cambio climático y de promoción de la economía circular y de modelos productivos hipocarbónicos, son un paso adelante en la buena dirección, reflejándose ya en las políticas comunes, como la agraria (PAC), y en los programas impulsados desde la DG de Acción por el Clima.

Limitaciones de la acción política

Sin embargo, estas iniciativas chocan en la práctica con la compleja realidad de los países miembros de la UE, ya que los gobiernos nacionales tienen que implementarlas en sus territorios debiendo conciliar no pocos intereses diversos y hacer frente a no pocas resistencias por parte de los grupos afectados por las nuevas políticas.

Pensemos, por ejemplo, en las grandes movilizaciones de los “chalecos amarillos” en Francia en protesta contra las medidas tomadas por el gobierno de Macron respecto a los carburantes. O pensemos también en las fuertes resistencias de las poblaciones locales de muchos países al cierre de las minas de carbón o a la reconversión de las centrales térmicas.

Además, son políticas que, para ser eficaces y duraderas, necesitan amplios consensos, que no son fáciles de alcanzar en sociedades tan fragmentadas políticamente como las actuales.

Por eso, los acuerdos internacionales sobre el clima (como el Acuerdo de Paris de hace cuatro años) suelen quedarse en el ámbito de los grandes compromisos, ya que, si bien se ven expresados en políticas y planes concretos de acción a escala nacional o regional, son evidentes las dificultades para aplicarlos.

Las inercias y los intereses afectados por cada medida que altere las bases del modelo económico dominante, limitan, por tanto, la acción política y paralizan las posibles actuaciones, con la consiguiente decepción, indignación e impotencia de la ciudadanía más concienciada.

En todo caso, resulta cada vez más evidente que, sin modificar nuestro modelo económico, basado en la extracción sin límite de los recursos naturales y en el consumo desaforado de servicios y bienes productivos (que exigen un elevado uso de energía y que emiten altos niveles de CO2), no es posible abordar con éxito la crisis ecológica, una crisis de la que el cambio climático es una de sus expresiones más llamativas.

Por eso, no basta con apelar al consumo responsable, al comportamiento cívico en materia de reciclaje de residuos o a los valores de respeto por el medio ambiente, si no se afronta un cambio en el modelo económico, cosa fácil de decir, pero difícil de ejecutar.

Implicación empresarial

Es por esto que, más allá de la buena voluntad de los gobiernos y del necesario empuje de las movilizaciones ciudadanas, resulta también fundamental para hacer efectivo el citado nuevo contrato social (GND) la implicación del sector empresarial en la lucha contra el cambio climático y a favor de la transición energética, dado su relevante protagonismo en el actual sistema económico.

No ya por un compromiso de responsabilidad social corporativa, que también, sino por un simple cálculo económico, los empresarios deberían ser los primeros interesados en abordar cambios en los modelos productivos de sus empresas, introduciendo criterios de eficiencia en el consumo energético y en la gestión de los residuos.

De hecho, ya hay interesantes iniciativas en este sentido, con innovaciones significativas en diversos sectores empresariales, como el automovilístico, el agroalimentario o el energético.

Lo "verde” no es sólo una cuestión de marketing, sino un tema de eficiencia, tanto en lo que respecta a los costes productivos, como en lo relativo a las nuevas demandas de unos consumidores cada vez más sensibles a los temas medioambientales.

Por eso, la acción política (para regular y equilibrar los costes sociales que de modo inevitable acompañarán a este proceso de cambio), la movilización ciudadana (para reivindicar acciones y movilizar conciencias) y la implicación empresarial (para innovar en el ámbito de los modelos productivos y de gestión) son tres elementos fundamentales para abordar el problema del cambio climático y avanzar en el camino hacia la transición energética.

Sin esos tres elementos difícilmente se podrá pasar de las palabras a los hechos en este complejo y delicado asunto, un asunto en el que no sólo nos jugamos el bienestar de las actuales y futuras generaciones, sino también la sostenibilidad de nuestro planeta.

jueves, 7 de febrero de 2019


INNOVACIONES  EN  EL  #COOPERATIVISMO  AGRARIO   


La creciente integración de las cooperativas en la economía de mercado, los efectos del proceso de globalización económica y financiera, los cambios en el uso de las tecnologías en los procesos productivos y comerciales,… han modificado el escenario en que se desenvuelve el cooperativismo.

Como consecuencia de ello, los modelos cooperativos también han ido cambiando para adaptarse a ese nuevo contexto.

Es en ese sentido en el que deben entenderse las reformas adoptadas en la legislación para regular las nuevas formas de cooperativismo, flexibilizando la aplicación de los principios cooperativos.

Por ejemplo, con la reforma del principio “un hombre, un voto” se pretende ponderar el poder de decisión del socio que utiliza todos los servicios de la cooperativa respecto al que los utiliza muy poco o incluso al que está ya jubilado.

El cooperativismo agrario

A diferencia de otros sectores cooperativos, como el de trabajo asociado, el cooperativismo agrario es, sobre todo, un cooperativismo de servicios.

Además, se caracteriza por la gran variedad de sus modelos cooperativos, debido a la singularidad de cada subsector agrario en términos socioeconómicos, pero también productivos y de comercialización.

Por ejemplo, son tan distintos los subsectores de cereales, vino, ganadería, hortofrutícola o aceite de oliva, que el cooperativismo ha tenido que hacer gala de una gran flexibilidad para poder integrar toda esa variedad de situaciones.

Por ello, debido a los cambios producidos en el sector agrario, el cooperativismo ha tenido que  adaptarse a este nuevo escenario modificando sus estrategias y formas de organización.

Como resultado de ello, muchas de las cooperativas agrarias de hoy poco tienen que ver en su funcionamiento y organización con las que ayer se extendían ampliamente por los territorios rurales.

En las cooperativas de antaño, se producía una identificación entre el socio y la cooperativa, basada en una relación no sólo económica, sino también afectiva, sentimental e incluso ideológica. Esta relación surgía de la necesidad de los agricultores (por lo general, titulares de pequeñas explotaciones agrarias) de asociarse para afrontar problemas que no podían resolver de modo satisfactorio individualmente.

Este  tipo  de relación identitaria poco tiene que ver con la más instrumental que hoy predomina en la mayoría de las cooperativas del sector agroalimentario, y que se basa sobre todo en la valoración que hacen los socios de los servicios que su cooperativa les presta.

Por eso, no debe sorprender que, en muchas cooperativas agrarias del siglo XXI, lo que más le interese a muchos socios no sea el beneficio económico directo que pueda proporcionarle el hecho de estar asociado (es decir, el “retorno cooperativo”, según el viejo lenguaje). Les interesa tanto o más que eso, los servicios que les pueda prestar la cooperativa en forma de suministro de insumos (piensos, pesticidas, semillas, fertilizantes,…), de asesoramiento técnico y jurídico, de garantía de cobro, de utilización en común de maquinaria o de uso, en beneficio propio, de las infraestructuras comunes de transformación.

Recuerdo una visita a una gran cooperativa cafetalera en la región brasileña de Minas Gerais, en la que cada socio tenía plena autonomía para determinar cómo comercializar su producción siguiendo sus propios intereses y sin someterse a la estrategia comercial de la cooperativa. Era el socio quien decidía cuándo, cuánto y a quién vender “su” producción almacenada en la cooperativa, siguiendo una estrategia en la que predomina el interés individual sobre el interés general.

Aquí, en España, y en diversos sectores, como el aceite de oliva, se vienen observando en algunas cooperativas casos de socios que actúan y deciden según su propia estrategia comercial. Entregan la producción de aceituna a su cooperativa, que es la que la moltura en sus instalaciones para transformarla en aceite, y la que luego lo almacena, pero es el socio quien decide cómo, cuándo, a quién y a cuánto vender su producción. Ni siquiera es la cooperativa la que se encarga de la comercialización, ya que es el socio el que elige al comprador y el canal comercial que más le interesa (en algunos casos a través de plataformas en internet).

En estas situaciones, la cooperativa ya no es, por tanto, el resultado de la acción colectiva de los socios, sino la suma de acciones y estrategias individuales, lo que supone una importante innovación.

Es verdad que esta situación no es aún mayoritaria en el sector del aceite de oliva, donde predomina todavía el discurso (y la práctica) de la integración y la concentración, que va precisamente en la dirección contraria a las citadas estrategias individuales de algunos socios. También es verdad que muchos agricultores integrados en cooperativas no tienen los recursos ni el empuje necesario para emprender estrategias propias de comercialización.

Pero es ésta una tendencia digna de ser estudiada, pues de extenderse cambiaría la idea de lo que es una cooperativa en los tiempos actuales.

Coexistencia entre modelos de cooperación

Estamos, no obstante, en una etapa de transición, en la que coexisten diversos modelos de cooperativismo.

En un extremo encontramos el modelo que he comentado anteriormente, y que está más cercano al modelo empresarial individual, siendo la cooperativa un instrumento al servicio del socio para que éste pueda desarrollar su propia estrategia como empresario.

En el otro extremo está el tradicional modelo mutualista, en el que se conserva el ideal de la cooperación y en el que el interés del socio se supedita al interés general de la cooperativa, beneficiándose de un retorno (beneficio) que espera sea superior al que obtendría si no estuviera asociado.

En medio encontramos modelos mixtos de cooperativismo (empresarial y mutualista) en los que se concilia el interés individual del socio (autorizándosele a decidir qué hacer con su producción) y el interés general de la cooperativa (poniendo unos límites a la cantidad que puede utilizar el socio en su estrategia de venta).

Todos estos cambios e innovaciones, que están transformando el escenario de la agricultura y que afectan a los modelos cooperativos, nos llevan a reflexionar sobre cuál es el modelo de cooperativismo vigente en el sector agroalimentario del siglo XXI.

Es cierto que los modelos aquí comentados, siguen siendo sociedades de personas y no de capitales, por lo que su naturaleza cooperativa es indudable desde el punto de vista jurídico. Pero también lo es que están cada vez más orientados por una lógica individualista en la que los antiguos principios de ayuda mutua, participación y solidaridad son cada vez menos utilizados por sus socios para afrontar los retos del mercado.

Es indudable que la misión de concentrar la oferta, que es algo que está en la esencia del cooperativismo agrario, sigue siendo importante de cara a los grandes operadores del mercado, pero hay factores que están contribuyendo a fragmentarla, dando lugar a modelos privados o pseudocooperativos que son bastante eficientes.

Entre esos factores destaca la mejora de la calidad en productos como el aceite de oliva, calidad que hoy no es algo exclusivo del cooperativismo y que está al alcance de modernas almazaras de carácter privado.

Otro factor es el fuerte desarrollo de las redes sociales (que permiten a productores y consumidores relacionarse directamente sin intermediarios) o las mejoras experimentadas en los aspectos logísticos (con plataformas de distribución, como Amazon).

Todos ellos son factores que, al abrir las opciones estratégicas de los productores, contribuyen a fragmentar la producción agregada de los socios de una cooperativa a la hora de comercializar el producto final en un mercado que es cada vez más abierto y diversificado, y que ofrece posibilidades muy variadas de acceder al mismo.

En ese contexto, cabe elogiar el dinamismo que muestra el cooperativismo para adaptarse a los cambios del entorno. Pero también cabe preguntarse si tiene sentido seguir calificando de cooperativos estos modelos de indudable éxito económico allí donde se aplican, o habría que llamarlos de otra forma.

miércoles, 23 de enero de 2019

#ALTERNANCIA  POLÍTICA  EN  #ANDALUCÍA   
(versión ampliada del texto publicado en el Diario Córdoba el 18/01/2019)

Es indudable que en democracia los gobiernos cambian cuando así lo decide el electorado. Por eso, no pierde legitimidad un gobierno salido de las urnas por el hecho de que un mismo partido lleve largo tiempo al frente del poder ejecutivo. Tenemos el caso de Baviera, la región europea con mayor tiempo de un partido (el democristiano CSU) al frente del gobierno regional (más de sesenta años).
Sin embargo, la alternancia en el poder suele ser un buen indicador para medir la salud democrática de un país, si bien hay otros, como la separación de poderes, la transparencia, la rendición de cuentas, la libertad de expresión, el respeto de las minorías,… 
En España, comunidades como el País Vasco o Cataluña, gobernadas durante varias décadas por partidos nacionalistas, ya experimentaron cambios de gobierno. Sólo quedaba Andalucía para cerrar el círculo de la alternancia política (con casi cuarenta años ininterrumpidos de gobiernos socialistas, si contamos la etapa de la preautonomía), y los resultados del 2-D la han hecho posible.
No obstante, es una alternancia atípica, presidida por un partido (el PP) que ha obtenido uno de los peores resultados de su historia. Sólo la debacle del PSOE y de Adelante-Andalucía (A-A), propiciada por la desmovilización de la izquierda y por su inexplicable paralización postelectoral, ha permitido la formación de un gobierno de centro-derecha PP-Cs, apoyado por el partido de ultraderecha Vox.
Desde un punto de vista formal, la alternancia es impecable, ya que esos tres partidos han sido capaces de formar una mayoría suficiente en el Parlamento andaluz, que es realmente lo que vale en un sistema parlamentario como el nuestro. Por eso, no tiene sentido en sistemas parlamentarios hablar de “lista más votada”, ya que gobierna quien logra armar una mayoría en el parlamento. La apelación de Susana Díaz a que el PSOE ha sido la lista más votada, es tan poco convincente, como la de Arenas (PP) cuando ganó las elecciones de 2012 y no consiguió la mayoría parlamentaria.
Ahora bien, la alternancia no siempre asegura la gobernabilidad, que es otra cosa. Por eso, hay dudas fundadas sobre si la nueva mayoría parlamentaria PP+Cs+Vox conducirá a una situación de gobernabilidad que permita al nuevo poder ejecutivo emprender su acción de gobierno con la estabilidad que toda democracia requiere.
De hecho, la escenificación del pacto tripartito no augura nada bueno. Los dirigentes de Cs no han querido saber nada de Vox, que, lo quieran o no, será su socio, haciéndose más que evidente la profunda desconfianza entre ambos partidos. Ni una foto ha sido posible entre los dirigentes de los tres partidos. Parece como si la comprensible alegría por haber logrado la alternancia en Andalucía, sea una alegría fragmentada, experimentándola cada partido a su manera y mirando de reojo al socio del tripartito, como si fuera un adversario.
Además de la desconfianza, hay otras razones que hacen dudar de la gobernabilidad en Andalucía. La primera es que la alternancia descansa en tres partidos (PP, Cs y Vox) que compiten por la misma base electoral. Ello generará inevitablemente tensiones entre ellos, teniendo en cuenta que en este año 2019 habrá diversos comicios (municipales, autonómicas, europeas y previsiblemente nacionales) y tendrán que hacer visibles sus diferencias.
La segunda razón estriba en el hecho de que el programa del nuevo gobierno ha sido acordado sólo entre dos partidos (PP y Cs) que no tienen la mayoría necesaria para sacar adelante los proyectos de ley en los que deben concretarse las reformas propuestas. En su discurso de investidura, Moreno Bonilla ha afirmado, consciente de su debilidad parlamentaria, de que el diálogo con todas las fuerzas políticas será el eje de su actuación. 
Pero la realidad es la que es, y el poder ejecutivo se verá obligado, mal que le pese a Cs, a contar con el apoyo de los doce diputados de Vox para llevar a cabo su acción de gobierno. Es el de Vox un apoyo que, al no estar comprometido por un programa previo, tendrá que ser negociado día a día, con el consiguiente desgaste que ello conlleva para los dos partidos de la coalición gobernante.
Y ahí estriba la tercera razón sobre el riesgo de inestabilidad, ya que muchas de las medidas acordadas entre PP y Cs, entran en colisión con el programa de Vox, por lo que no tienen asegurado el apoyo de este partido cuando el gobierno las presente en el Parlamento.
Por ejemplo, las medidas relativas al compromiso de asegurar el funcionamiento del modelo autonómico en temas como salud y educación, entran en conflicto con la posición de Vox respecto a las CC.AA., que ha hecho de la centralización y la recuperación por parte del gobierno central de esas competencias su principal banderín de enganche.
Lo mismo cabe decir del compromiso de PP y Cs de seguir avanzando en las políticas de lucha contra la violencia machista, cuya paralización y reforma es otro de los temas estrella de Vox. Algo similar puede decirse en relación con la aplicación en territorio andaluz de las políticas relativas a los temas de acogida de inmigrantes, sobre las que hay serias discrepancias entre los tres partidos.
La oposición, formada por PSOE y Adelante-Andalucía, estará al acecho, pendiente no sólo de si la gobernabilidad funciona, sino también ocupada de obstruir la acción de gobierno con las herramientas habituales en toda democracia: sesiones de control en el parlamento; presentación de mociones que muestren los flancos débiles del gobierno provocando divisiones en su precaria mayoría parlamentaria,… Está por ver si habrá cooperación entre PSOE y A-A (cuya desconfianza mutua es manifiesta) o si se embarcarán en una carrera por ver cuál de los dos partidos es más radical en su oposición al gobierno.
En definitiva, ha habido alternancia en Andalucía. Pero el hecho de que no esté asegurada la gobernabilidad es un mal augurio para una Comunidad como la andaluza que, para seguir avanzando, necesita una estabilidad política que hoy por hoy es incierta.

jueves, 3 de enero de 2019


#ALTERNANCIA  Y   #GOBERNABILIDAD
  EN   #BRASIL   

Desde el pasado 1 de enero, Jair Bolsonaro es el nuevo presidente de Brasil, tras su victoria en segunda vuelta en unas elecciones en las que participó casi el 80% de la población con derecho a voto. Obtuvo el 55,13% de los votos frente al 44,87% de Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores (PT).

La campaña electoral fue de una inusitada dureza, especialmente por parte de Bolsonaro, planteándose la disputa entre los dos candidatos como una confrontación dramática en la que se barajaron términos como barbarie frente a civilización, democracia frente a totalitarismo,...

Ello muestra el alto grado de polarización a que se ha llegado en la sociedad brasileña, superándose los niveles de confrontación que son habituales en sistemas electorales a doble vuelta, en los que se reduce la competición (pero también se intensifica) a los dos candidatos que pasan al segundo turno.

Polarización y exclusión

Con esos antecedentes de polarización, es comprensible la preocupación de una parte de la población brasileña por el discurso excluyente de Bolsonaro en su toma de posesión, con expresiones impropias de un acto de la máxima relevancia institucional como ése.

Por ejemplo, muchos brasileños se quedaron perplejos, cuando no indignados, al escucharle decir al nuevo Presidente, con la banda presidencial y la bandera nacional en la mano, que Brasil “nunca más será roja”, en clara alusión al PT de Lula y Haddad, un partido constitucional votado por casi la mitad de los brasileños y que aún tiene el mayor número de representantes (56) en la actual Cámara de Diputados.

Ha generado también preocupación la composición de su gobierno, que incluye a siete jefes militares en la reserva al frente de importantes carteras ministeriales. Pero también preocupa a muchos brasileños la supresión de ministerios y secretarías de gran relevancia social, como las relativas a igualdad, educación en la diversidad, inclusión o derechos humanos, en lo que se interpreta como un retroceso de las conquistas obtenidas en estas áreas durante los gobiernos del PT de Lula y Dilma Rousseff.

Asimismo, algunos de los primeros decretos de Bolsonaro son percibidos como un ataque en toda regla a derechos que se consideraban blindados. Uno de esos decretos es el que, en detrimento de la FUNAI (Fundación Nacional del Indígena), da plenos poderes al Ministerio de Agricultura para delimitar las tierras indígenas, satisfaciendo así las demandas de los intereses agrarios y eliminando las trabas a la explotación comercial de la Amazonía.

Junto a ello, existe un fundado temor al revanchismo que pueda producirse contra el personal más vulnerable de la administración pública (personal interino y contratado). Es un temor centrado sobre todo en el área de las entidades federales por cuanto que en los estados federados y en los municipios continúan gobernando partidos de distinto signo al de Bolsonaro (en algunos, el PT conserva todavía importantes parcelas de poder).

No obstante, más allá de esa comprensible preocupación de una parte de la sociedad brasileña, la realidad es que, a la vista de los resultados electorales, puede decirse que ha sido un proceso formalmente impecable de alternancia en el gobierno de la mayor democracia latinoamericana, como ha venido ocurriendo desde la recuperación de las libertades en 1985 tras veinte años de dictadura militar. Sólo el acceso a la presidencia del vicepresidente Michel Temer en agosto de 2016 tras el controvertido impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, rompió el ciclo normal de alternancia en Brasil.

Se  han escrito numerosos artículos sobre el giro a la derecha extrema que representa la victoria de Bolsonaro y que se percibe como una tendencia extendida por otros países y articulada en una red de nuevas alianzas internacionales entre sus dirigentes (Trump, Orban, Netanyahu,...) que preconiza el retorno a valores como el nacionalismo, la autoridad, la familia, la religión,...

Asimismo, se ha analizado con amplitud el importante apoyo que ha recibido de la iglesia evangélica, y mostrado con suficiente claridad la cultura militarista en la que se inspira el propio Bolsonaro (capitán del ejército en la reserva) y que guía muchas de sus actitudes autoritarias.

Pero no es mi objetivo abundar en estos asuntos, que son importantes, sin duda, mas ya analizados con profusión en los distintos medios de comunicación.

El problema de la gobernabilidad

Lo que me interesa tratar aquí es un tema al que se le ha prestado poca atención. Me refiero al problema de la gobernabilidad en países con sistemas presidencialistas. Es éste un tema relevante por cuanto está en la raíz de la inestabilidad que suele estar presente en estos países si no se le trata con sistemas electorales adecuados. Aportaré a continuación algunas reflexiones sobre este asunto, tomando como referencia el caso de Brasil.

Lo primero a tener en cuenta es que, en este tipo de sistemas políticos, la alternancia no es siempre sinónimo de gobernabilidad, y el caso brasileño lo confirma. Ha habido alternancia y cambio de gobierno, pero Brasil sigue teniendo un problema de gobernabilidad.

Este problema lo arrastra Brasil precisamente desde la aprobación de su Constitución en 1988 y la celebración del referéndum de 1993, que apostó por un sistema presidencialista y dio paso a la aprobación de una ley electoral que ha provocado la fragmentación de las dos cámaras parlamentarias en múltiples grupos políticos.

Como se sabe por el derecho político comparado, los sistemas presidencialistas aseguran la gobernabilidad de un país si van acompañados de leyes electorales que garanticen un cierto grado de concentración de la pluralidad política en los parlamentos.

El de los EE.UU. es un caso paradigmático, con dos partidos (el Republicano y el Demócrata) que concentran la representación en las dos cámaras (Congreso y Senado). México es también un sistema presidencialista en el que la Cámara de Diputados está formada por tres grandes grupos parlamentarios: uno, mayoritario, liderado por Morena, del presidente López Obrador; y dos en la oposición (el del PAN, y el del PRI).

Por el contrario, en países con sistemas presidencialistas que no van acompañados de una cierta concentración parlamentaria, suelen darse problemas de gobernabilidad. En esos casos, el Presidente de la República, que preside además el poder ejecutivo, suele tener serias dificultades para obtener el apoyo de una cámara legislativa fragmentada y, por tanto, para emprender su acción de gobierno de acuerdo con el programa con el que se presentó a las elecciones.

Eso es lo que ha venido ocurriendo en países como Brasil, cuyo problema de gobernabilidad tiene su raíz en la combinación de un sistema presidencialista y una legislación electoral que no propicia la concentración parlamentaria. Eso ha ido conduciendo elección tras elección a un parlamento extremadamente fragmentado, que hace muy difícil la constitución de gobiernos apoyados en mayorías estables y cohesionadas.

De hecho, el parlamento salido de las elecciones de octubre de 2018 está fragmentado en treinta formaciones políticas en la Cámara de Diputados y en veinte en el Senado. En la Cámara (513 escaños) el PSL del nuevo presidente Bolsonaro sólo tiene 53 diputados, y el PT del derrotado Haddad 56, distribuyéndose los más de 400 escaños restantes en una miríada de partidos, muchos de ellos plataformas personales creadas expresamente para las elecciones, y que sólo persiguen intereses particularistas.

En el Senado, de gran importancia en el sistema político brasileño, la fragmentación es aún mayor, ya que sus 81 senadores se distribuyen en veinte partidos, entre los cuales el PSL de Bolsonaro sólo cuenta con 4 senadores y el PT con 6.

Esto puede darnos una idea de las dificultades que tendrá el nuevo Presidente para desarrollar su acción de gobierno.  Al no disponer de mayoría parlamentaria, tendrá que buscar pactos sin fin con gran parte de los partidos presentes en las dos cámaras, ya que muchos de los decretos deberán ser refrendados en la Cámara de Diputados y en el Senado.

Esto no es una novedad, ya que ha sido la pauta en el sistema político brasileño de los últimos treinta años. Pero es un factor de inestabilidad que va en detrimento de la gobernabilidad del propio sistema y abre la puerta a la corrupción política generalizada.

Recordemos que incluso en la época dorada del PT, ni Lula ni Dilma lograron formar gobiernos exclusivamente “petistas”, debiendo incluir políticos de otros partidos y teniendo que pasar por un verdadero calvario para sacar adelante sus proyectos en unas cámaras parlamentarias tan fragmentadas. Ello les provocó un importante desgaste, contaminó de corrupción a parte de sus dirigentes y causó no poca decepción entre sus votantes al ver limitadas sus expectativas de cambio. Fue, por ello, uno de los factores (si bien no el único) que desencadenaron la crisis y caída del PT (ver mi artículo "La agonía de Dilma" publicado en este blog en marzo de 2016, y que puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://eduardomoyanoestrada.blogspot.com/2016/03/laagonia-de-dilma-la-situacion-politica.html

Puede que la red de intereses que lidera Bolsonaro le facilite alcanzar acuerdos clientelares con otros grupos afines. Pero en todo caso, su minoría parlamentaria le obligará a hacer concesiones más amplias en detrimento de sus propuestas iniciales, algunas de ellas necesitadas de leyes orgánicas o incluso de reformas constitucionales, para llevarlas a efecto. 

La paradoja es que sin una reforma del sistema electoral brasileño que evite la extrema fragmentación del Senado y la Cámara de Diputados, el problema de la gobernabilidad seguirá estando presente en Brasil, pero es esa misma fragmentación la que impide que se formen mayorías suficientes para abordar dicha reforma. Es un bucle del que le será difícil salir.

Por eso, los gobiernos brasileños seguirán estando sometidos a situaciones de inestabilidad, dificultando así que una de las mayores economías del mundo pueda desplegar todo el potencial que encierra.

jueves, 13 de diciembre de 2018


¿EXISTE   EL   VOTO   RURAL?
(Reflexiones a partir de las elecciones andaluzas del 2-D)


Creíamos superado el tradicional discurso ruralista que definía el mundo rural como un cuerpo social homogéneo, encerrado en sí mismo, y he aquí que de nuevo surge con ocasión de las elecciones andaluzas en forma, esta vez, de un supuesto “voto rural”.

Al igual que antes se hablaba, con bastante falta de rigor, del “voto cautivo” (por el PER y otros programas asistenciales) para explicar (y de paso deslegitimar) el voto socialista en las áreas rurales de Andalucía, ahora se anda a la búsqueda del “voto rural” por si ayuda a explicar los sorprendentes resultados que se han dado en dichas elecciones (como el ascenso de Vox). Algunos periodistas, incluso han ido sin ningún escrúpulo a descubrir el voto populista en los núcleos rurales.

Es lícito hacer análisis detallados de las elecciones y estudiar cómo ha sido el voto en determinados tipos de municipios, y realizar las pertinentes comparaciones. Eso es una cosa y otra bien distinta hablar del voto rural como si la población rural de hoy tuviera un perfil social uniforme, cuando es todo lo contrario.

En cada núcleo rural vive hoy una población muy heterogénea, no sólo en variables demográficas (edad, sexo, raza,..) y socio-culturales (religión, ideología, creencias,...), sino también socioeconómicas (nivel de renta, nivel de estudios, profesión, actividad,…), lo que hace que la realidad del mundo rural sea muy diversa y variada.

Además, el mundo rural de la España actual no es un mundo cerrado, sino abierto. Al igual que ocurre con la población urbana, la que vive en los núcleos rurales es también una sociedad abierta, que recibe multitud de información de muy variadas fuentes: canales de televisión, revistas especializadas, emisoras de radio, prensa digital,… además del boca a boca que, al igual que en cualquier bar de una ciudad, tiene lugar en los bares del pueblo.

Esto hace que el mundo rural sea muy plural, y que las personas que en él residen, y que son las que votan, expresen de forma muy variada su voto en cada convocatoria electoral. Porque no votan los territorios, sino las personas según sus preferencias, definidas, entre otras cosas, en función de su condición y situación socioeconómica, y del entorno social en que viven.

En el mundo rural, hay agricultores de muchos tipos (propietarios de pequeñas, medianas y grandes explotaciones, arrendatarios,…), pero también empresarios no agrícolas y profesionales de los más variados sectores, así como pensionistas de las más diversas categorías. Todo eso le da al mundo rural de hoy una diversidad, que es uno de sus grandes valores.

Por eso, hay que ser muy cautos a la hora de hablar de la existencia de un “voto rural”, como si el mundo rural fuera un cuerpo social uniforme y homogéneo.

En ese contexto abierto y plural, no tiene mucho sentido explicar la orientación del voto de las personas que residen en los núcleos rurales por el hecho de ser población rural. Habría que explicarla más bien por sus características socio-demográficas y culturales y por su situación social y económica, una situación que puede que no sea muy diferente de la que experimenta la población que vive en la barriada de una gran ciudad.

El descontento con la situación económica, la irritación por el tema independentista catalán, la indignación ante los casos de corrupción política, el malestar por los recortes en el sistema de bienestar, la escasez de servicios, el fenómeno migratorio,… son temas que lo mismo son percibidos por una persona que vive en un pueblo, que por otra que vive en un barrio urbano, siempre que el entorno social sea similar. Por eso, en entornos sociales semejantes, los factores sociodemográficos y los socioeconómicos explican mejor las posibles diferencias de voto, que los relacionados con el territorio.

Es verdad que en temas identitarios, como la caza, la pesca o los toros, o en el tema medioambiental, la población que reside en el medio rural puede ser especialmente sensible, dada su mayor interacción con la naturaleza, pero también es verdad que esos temas están influyendo también en el voto de determinados sectores urbanos.

De hecho, el análisis de Kiko Llaneras de los resultados electorales del 2-D nos dice, por ejemplo, que, en los pueblos con bajas densidades de población, el voto a Vox (que hace bandera de los temas identitarios) ha sido muy similar al del conjunto de Andalucía (en torno al 10%), habiendo sido mayor en los municipios (rurales o urbanos) de rentas más altas. Asimismo, en los 20 municipios andaluces más poblados, el voto a Vox ha alcanzado de media el 15%.

Respecto al tema de la inmigración (otro elemento fundamental del programa de Vox), las diferencias de voto no radican en el hecho de que los votantes vivan en un municipio rural o urbano, sino en las características del entorno social, incidiendo en ello el mayor o menor porcentaje de población inmigrante de fuera de la UE existente en el territorio.

Por ejemplo, en los 20 municipios andaluces con más población extranjera no comunitaria, el voto a Vox se ha doblado hasta alcanzar cifras por encima del 19%, muchos de ellos municipios del litoral almeriense y ciudades tan grandes como Algeciras.

En conclusión, creo que no se puede hablar con un mínimo de rigor de la existencia de un “voto rural” en el mundo tan diverso, variado y abierto como es el de la España rural de hoy.

La población que vive en los núcleos rurales se expresa con la misma pluralidad que la población urbana, y sus preferencias como electores varían en función de los mismos factores demográficos, culturales, socio-económicos y situacionales.