EDUARDO MOYANO ESTRADA

TURQUIA   Y   LA   PARADOJA   DEMOCRÁTICA

El fallido intento de golpe de Estado en Turquía el pasado 15-16 de julio forma parte de la cadena de insurrecciones militares que ha caracterizado a este país desde la creación de la República en 1923, mostrando la fuerte presencia del ejército en la vida política turca.

Para comprender este hecho, hay que tener en cuenta que la República de Turquía se creó como resultado de un movimiento militar protagonizado por jóvenes oficiales del antiguo ejército otomano tras la derrota del Imperio en la Primera Guerra Mundial. Ello explica que, desde sus orígenes, el estamento castrense haya tenido funciones y poderes que superan los habituales en las democracias de corte occidental.

Rechazando las condiciones impuestas a Turquía en el Tratado de Sevrés (1920), el coronel del ejército otomano Mustafá Kemal (más tarde conocido como Ataturk, padre de la patria turca) emprendería, desde el interior de Anatolia y negando la autoridad del sultán Mehmed VI, una guerra de liberación nacional que le conduciría a la victoria en octubre de 1923, logrando que el Tratado de Lausanne reconociera la integridad territorial turca y sus actuales fronteras. Una vez abolido el Imperio y disuelta la dinastía otomana, la nueva República iniciaría un largo camino de modernización “desde arriba” en la que el ejército se convertirá en garante de las conquistas republicanas.

Convencido de la obsolescencia del viejo orden otomano y del retraso secular que significaba la presencia hegemónica de la religión musulmana en la sociedad turca, Ataturk vinculará la nueva República a la puesta en marcha de un gran proyecto modernizador. Para ello, declarará el laicismo como principio vertebrador, pondrá bajo control político la gestión de las mezquitas y tomará como referencia el sistema educativo occidental (sustituyendo el alfabeto árabe por el latino y creando una amplia red de escuelas públicas en todo el territorio). Además, reconocerá el derecho de voto a las mujeres y trasladará la capital de la República desde la histórica Estambul (centro neurálgico del imperio otomano) a Ankara (en el interior de Anatolia, símbolo de la guerra de liberación y de la independencia nacional).

Desde el punto de vista político, ese proyecto se basará en dos pilares: i) un sistema restringido de partidos, vertebrado en torno a una organización política hegemónica (el partido CHP, identificado con el proyecto reformador de la nueva República) y ii) un fuerte ejército, formado por los oficiales que, junto al coronel Mustafá Kemal, protagonizaron la guerra de independencia y que, más tarde, asumirían la misión de garantizar (y tutelar) el nuevo orden republicano.

El mencionado Partido Republicano del Pueblo (CHP), partido creado por el propio Kemal (Ataturk), será el instrumento encargado de llevar a cabo la modernización del país, siendo, además, la base de reclutamiento de los funcionarios que ocuparán los puestos de responsabilidad en las distintas escalas de la administración pública. Esto producirá una simbiosis entre el partido CHP, el ejército y la administración kemalista, dando lugar a un proceso de circulación de élites entre esas tres esferas del sistema institucional republicano. Este proceso permanecerá vigente durante veinte años, justo hasta la muerte de Kemal (Ataturk) en 1937 y el acceso a la presidencia de la República de su antiguo compañero de armas Mustafá Ismet (Inönu).

El cambio de escenario tras la victoria de las potencias democráticas en la Segunda Guerra Mundial en 1945, y la opción de Turquía por integrarse en el bloque occidental, dieron lugar a la definitiva adopción de un régimen pluralista de partidos. De hecho, la implantación de la democracia parlamentaria y el pluralismo político en Turquía fue, de algún modo, una imposición de las potencias occidentales como condición previa para integrar a este país en la OTAN.

Desde entonces, Turquía vivirá la paradoja democrática de contar con un régimen parlamentario (elecciones libres, división de poderes, libertades civiles y partidos políticos), pero sometido a la tutela del estamento militar como garante de la democracia y del legado laico y republicano kemalista.

No obstante, y debido al limitado alcance que tuvo el proyecto de secularización y modernización emprendido por el kemalismo, Turquía no logrará convertirse en un país cohesionado en torno a los valores laicos y republicanos. Por el contrario, acabará siendo una sociedad heterogénea en la que coexistirán, de un lado, sectores de la población formados en el laicismo y los valores de la cultura europea (localizados, sobre todo, en las ciudades del Egeo y también en algunas zonas del Kurdistán) y, de otro, amplias capas de la sociedad ancladas en la tradición y cohesionadas en torno a la religión islámica (situadas principalmente en la región de la Anatolia, pero extendidas al resto del país debido al éxodo rural).

Ello ha dado lugar a una democracia frágil, sometida a fuertes tensiones y con dificultades para satisfacer las demandas de una sociedad tan fragmentada como la turca, lo que explica que la República laica creada por el kemalismo haya tenido que apoyarse en el ejército como garante de su viabilidad. Asimismo, el papel del estamento militar se ha ido reforzando por la constante inestabilidad generada por la compleja situación geopolítica de Turquía, sometida a las tensiones entre Oriente y Occidente y a la vulnerabilidad de unas fronteras volcadas a países en conflictos constantes (Irak, Irán, Siria, antigua URSS,…). A ello habría que añadir la dificultad de gestionar un complejo problema de integridad territorial en una parte de su territorio (“cuestión kurda”), problema que, al ser tratado por la vía militar, constituye un elemento más para explicar el protagonismo del ejército en la vida política turca.

De hecho, hasta comienzos del siglo XXI, y en los cincuenta años de democracia, la hegemonía cada vez más debilitada del kemalismo se ha tenido que apoyar en el papel de cohesión autoritaria desempeñado por un ejército plenamente identificado con el legado de Ataturk y convertido en un auténtico poder dentro del Estado (no sólo militar, sino también económico, controlando importantes sectores del complejo industrial). De hecho, las sucesivas intervenciones militares en ese periodo han solido coincidir con situaciones en las que ese legado (y el poder del estamento castrense) se ponía en peligro.

Cabe agrupar esos levantamientos militares en tres tipos de situaciones contra las que el Ejército ha reaccionado: i) la amenaza representada por el acceso al gobierno de partidos políticos surgidos de disidencias internas dentro del CHP y no identificados ni con el kemalismo ni con el significativo papel del estamento militar; ii) el desorden e inestabilidad provocados por el enfrentamiento violento entre el extremismo de izquierda y de derecha, y iii) la emergencia y llegada al poder de partidos de corte islamista que amenazaban la continuidad del laicismo republicano.

Respecto a la primera situación (evitar la consolidación de gobiernos no kemalistas), el primer objetivo del golpe de estado de mayo de 1960 era expulsar del poder al Partido Demócrata (DP) (disidente del kemalista CHP), y eso a pesar de haber ganado tres elecciones consecutivas entre 1950 y 1957, condenando a muerte y ejecutando a su presidente Menderes. El segundo objetivo era facilitar el retorno del kemalismo al poder, promoviendo un gobierno presidido por el viejo dirigente Inönu y recuperando el papel central del Ejército. En lo que se refiere al levantamiento militar de marzo de 1971, aun siendo diferente en su ejecución al anterior, tiene en común el objetivo de poner fin a un gobierno no kemalista, como era el gobierno elegido democráticamente de Demirel y su Partido de la Justicia (AP) (heredero del anterior DP), por lo que cabe incluirlo en este primer tipo de insurrecciones castrenses.

Respecto a la segunda situación (reaccionar ante la inestabilidad provocada por los extremismos de diverso signo), el golpe de septiembre de 1980 constituye un ejemplo evidente. El objetivo de los altos mandos militares era reprimir las revueltas de los grupos extremos de izquierda y derecha, que, organizados en guerrillas urbanas, representaban una amenaza a la estabilidad política y ponían en riesgo la continuidad del régimen kemalista. El resultado de la intervención militar fue un duro proceso de represión, la aplicación de la ley marcial, la ilegalización de los partidos políticos y la elaboración de una nueva Constitución como paso previo a la restauración de la democracia en 1983.

En lo que se refiere a la tercera situación de las comentadas (impedir el acceso de los islamistas al poder), el levantamiento de febrero 1997 (que no fue una insurrección armada, sino un golpe de timón desde las altas instituciones del Ejército presionando a la Presidencia de la República) tenía por objetivo descabalgar del gobierno al islamista Partido del Bienestar (RP) de Erbakan ganador de las elecciones de 1995 (en el que ya figuraba Erdogan en su condición de alcalde de Estambul). El resultado fue que el Tribunal Constitucional declarara ilegal el citado partido islamista RP, y se formaran débiles gobiernos de coalición que, a duras penas, lograron mantenerse en el poder hasta la convocatoria electoral de noviembre de 2002.

La paulatina descomposición de la herencia política kemalista, sumida en una fuerte división interna y perdiendo a raudales legitimidad entre sus tradicionales bases de apoyo (por causa de la corrupción de sus dirigentes y de su incapacidad para gestionar la grave crisis económica de los años 1990), hizo que el régimen republicano perdiera su pilar político.

El vacío generado en las filas laicas y republicanas, y las dificultades de renovarse para integrar a las nuevas generaciones, además de la siempre presente “cuestión kurda”, romperían el equilibrio de los dos pilares en los que se había sostenido la República, quedando el Ejército en un terreno indefinido al descomponerse el pilar político que históricamente estaba destinado a proteger. 

Ese vacío abriría la puerta a un refundado partido islamista (con las siglas de Partido de la Justicia y el Desarrollo, AKP), dirigido ya por Erdogan. Tras asumir públicamente el legado kemalista republicano, sería tolerado por el Ejército permitiendo el acceso al poder del AKP tras su victoria electoral de 2002, repetida en cuatro ocasiones (la última con mayoría absoluta en noviembre del pasado año).

Desde entonces, el AKP se ha erigido en el partido mayoritario de Turquía, con unas bases sociales de clase media, fuertemente cohesionadas en torno a la identidad religiosa y a un programa económico de corte neoliberal. El AKP ha procurado combinar, de un lado, su compromiso con el régimen republicano, y de otro, la implementación de su propia agenda política, basada en un islamismo moderado y en el desmantelamiento progresivo del papel tutelar del ejército en el sistema político turco provocando la deriva corporativista del estamento castrense.

Y es ahí donde surgen los recelos respecto al AKP por parte de un sector del Ejército y de los grupos laicos y republicanos de la sociedad turca, unos grupos que se encuentran divididos en varias facciones, pero en el que aún destaca un refundado CHP que ha encontrado en la socialdemocracia la fuente de su renovación (obtuvo un 25% de los votos en las últimas elecciones, mientras que la izquierda no kemalista representada por la plataforma ecologista y prokurda del HDP obtuvo casi el 11%). La dispersa y dividida oposición al AKP ha venido observando, con cierta impotencia, la deriva autoritaria de Erdogan, que, desde hace años, viene aspirando, sin éxito todavía, a reformar la Constitución para fortalecer aún más el carácter presidencialista de la República y reducir el poder del estamento militar poniéndolo bajo control del poder político.

La novedad del frustrado golpe del pasado 15-16 de julio es que no tuvo por objetivo, como en ocasiones anteriores, garantizar el orden republicano y asegurar el legado kemalista, por lo que no cabe incluirlo en ninguna de las tres situaciones antes comentadas. Su motivación parece haber sido más prosaica y corporativista: un arreglo de cuentas entre el gobierno de Erdogan y sectores del ejército (vinculados a la poderosa cofradía islámica Hizmet del clérigo Gülen) por motivos relacionados con su política de nombramientos, lo que muestra los profundos cambios y divisiones que han tenido lugar en el segundo pilar (militar) del régimen republicano.

Carente de los dos pilares en los que se ha venido sustentando desde 1923 (el político del CHP y el militar del Ejército), la República turca se encuentra ante el difícil reto de vencer la paradoja de una democracia tutelada para avanzar hacia una democracia moderna, con plena separación de poderes, pluralismo, libertades civiles y respeto de los derechos humanos. La extremadamente dura reacción del AKP y del presidente Erdogan a la frustrada intentona militar, declarando el estado de excepción y ampliando la purga a los estamentos judicial y educativo y a los medios de comunicación, no parece que vaya en la buena dirección.

No obstante, el hecho de que todas las fuerzas políticas sin excepción, y amplios sectores de la cultura (entre ellos el Premio Nobel Orhan Pamuk, firme opositor de Erdogan), hayan mostrado su rechazo al golpe militar y apostado por la defensa de la democracia, es una buena señal de que la sociedad civil turca está empeñada en avanzar hacia un sistema democrático pleno.

El reto de la actual oposición política (laica, republicana y proeuropea) está ahora en lograr organizarse y plantar cara de forma coordinada a las pretensiones autoritarias de Erdogan, evitando que se produzca una involución en el proceso de democratización, algo que, de producirse, tendría graves efectos en sus relaciones con la UE y situaría a Turquía en un escenario geopolítico de imprevisibles consecuencias.