EDUARDO MOYANO ESTRADA

EL CONFLICTO DE LA #ESTIBA

La derrota del gobierno Rajoy en su intento de convalidar el Real Decreto-ley de reforma de la estiba portuaria tiene un importante significado político, ya que, desde 1979, ningún gobierno había visto rechazada una iniciativa parlamentaria de esta naturaleza.

Las acusaciones de irresponsabilidad contra los partidos que han votado en contra o se han abstenido (sobre todo, contra el PSOE y Cs) deben ser, al menos, compartidas por el Gobierno del PP. Alguna responsabilidad debe corresponderle también a la anterior Ministra de Fomento (Ana Pastor), que tuvo tres años para abordar la reforma de la estiba (el dictamen de la Comisión Europea llegó en octubre de 2012 tras varios apercibimientos previos) y no lo consiguió a pesar de haber contado con mayoría absoluta.

Bien es verdad que, en todo ese tiempo, hubo una dura negociación con la Comisión Europea, pero la realidad es que el Gobierno Rajoy no logró la reforma exigida por las instituciones comunitarias. Luego, la situación de inestabilidad, con todo el año 2016 sin gobierno, no ayudó a ello, encontrándonos a estas alturas frente a una sanción por incumplimiento, que es lo que explica que el gobierno haya acudido a la fórmula del Real Decreto-ley para, por vía de urgencia, reformar la legislación relativa al sector de la estiba.

Más allá de la lectura política que cabe hacer de este hecho, llama la atención la sesgada información que se está trasladando a la opinión pública sobre el tema de la estiba, criminalizando o ensalzando al colectivo de los estibadores según convenga a los intereses o posicionamientos ideológicos de quien opina. Con el propósito de aportar alguna información sobre un tema complejo como éste de la estiba, me permito exponer unas reflexiones.

a)  La estiba portuaria es, en muchos países, un sector estratégico, al igual que el de los controladores aéreos. Eso le da a los estibadores una fuerte posición a la hora de negociar la reforma de sus condiciones laborales. En el caso español, por ejemplo, la estiba mueve más de 200.000 millones de euros en nuestros 28 puertos, lo que le da una fuerza descomunal como sector laboral. Este es un hecho que, guste o no, debe ser tenido en cuenta por los Gobiernos, que no pueden aplicar una reforma como si se tratase de un sector cualquiera.

b)  La estiba tiene la consideración de servicio público, pero lo prestan empresas privadas que se instalan en los puertos y contratan a estibadores para realizar las tareas de carga y descarga de mercancías de los barcos que allí atracan. Las condiciones laborales de los estibadores son fruto de una larga historia de duras negociaciones con estas grandes empresas portuarias a las que los estibadores prestan sus servicios. Esa historia le ha dado a este colectivo en todo el mundo (dockers, scaricatori, wharfies,…) un fuerte sentimiento de solidaridad e identidad colectiva, que incluso ha alcanzado los niveles del mito y la leyenda, llegando al cine (quien no recuerda el film “La ley del silencio” dirigida en 1954 por Elia Kazan y protagonizada por Marlon Brando) e incluso al mundo del deporte (el himno del Liverpool “We’ll never walk alone again”, rememora la lucha de los estibadores portuarios de esta ciudad inglesa). El excelente artículo de Juan M. Asins publicado en el diario digital http://ctxt.es ilustra bastante bien la historia del colectivo de estibadores.

c) La historia compartida de este colectivo le ha dado también un alto sentido corporativista, que explica su fuerte resistencia a ser liberalizado y que explica también algunas de las prácticas clientelares que se producen dentro del sector. No obstante, los cambios tecnológicos que se han producido en el trabajo de la estiba han hecho que muchas de las tradicionales actividades de los estibadores se hayan transformado de manera notable, y que cada vez más se requiera una formación especializada para el desempeño de esas tareas (son abismales las diferencias entre el actual trabajo de la estiba y el de hace unas décadas). Esto hace que en los puertos de muchos países se haya abordado, por la vía de los hechos, y por acuerdos colectivos entre trabajadores y empresarios de la estiba, la reforma de unas estructuras de gestión creadas en su día para regular un modo de trabajar que está dejando de existir. No obstante, siguen existiendo en muchos otros puertos europeos estructuras ya obsoletas que se resisten a desaparecer o ni siquiera a ser reformadas.

d)   Aunque la situación es muy diversa en los 6.150 estibadores que componen la totalidad de este colectivo en España, sus bases salariales fijas suelen estar en torno a los 1.000-2.000 euros mensuales. No obstante, los complementos en forma de rendimientos por productividad y horas extras (trabajo de noche, turnos dobles, trabajo en días festivos,…) elevan sus ingresos a los 4.000-5.000 euros de los que se habla en los medios de comunicación, existiendo importantes diferencias salariales entre los distintos puestos de trabajo de la estiba.

e)   Una singularidad de este sector, y que es el principal motivo del requerimiento de la UE a España, es la existencia en cada puerto de una especie de entidades pseudo-corporativas, las SAGEP (Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios), herederas, a su vez, de antiguas estructuras corporativas creadas durante el franquismo en 1944 y que han experimentado diversos cambios de nombre desde entonces (Sociedades Estatales de la Estiba, Agrupaciones Portuarias de Interés Económico,...). Las SAGEP son hoy en los puertos españoles las encargadas de formar y seleccionar a los trabajadores de la estiba, de ordenar sus turnos de trabajo, y de ponerlos a disposición de las empresas estibadoras para que, una vez contratados por éstas, desarrollen las tareas propias de la actividad portuaria (carga y descarga de los contenedores de los barcos, traslado a los almacenes,…).

f) Similares estructuras corporativas han regulado, y continúan regulando, el mercado laboral de la estiba en muchos puertos del mundo, siendo fruto de la lucha de los estibadores contra la temporalidad y la precariedad laboral en un sector que se asemejaba mucho al de los jornaleros agrícolas (los diques de los puertos donde las empresas seleccionaban a su antojo a los estibadores, eran el equivalente a la plaza del pueblo en la que el "aperaor" elegía a los jornaleros para trabajar en el tajo agrícola). En todos los países, la creación de estas entidades cuasi-corporativas puede verse, de algún modo, como una conquista de los estibadores para acabar con la discrecionalidad en la contratación, lo que explica la resistencia sindical a la desaparición de dichas entidades. Allí donde no se han reformado, la consecuencia de esa continuidad ha sido convertir el mercado laboral de la estiba en un mercado “cerrado”, ya que las empresas estibadoras han estado obligadas a contratar a los trabajadores registrados en esas entidades corporativas (en el caso español, en las citadas SAGEP). En España, la continuidad de estos sistemas de regulación de la estiba implica que su coste sea elevado, estimándose que más del 60% de los costes portuarios corresponde al coste laboral de los estibadores (si bien es muy variable, según el tipo de mercancías). Ello hace que muchos puertos españoles vayan perdiendo competitividad frente a otros de nuestro entorno (pensemos en la competencia que el puerto de Tánger le está haciendo al de Algeciras).

g)  Es verdad que el acceso al trabajo de la estiba está dificultado por la imposición de ciertas condiciones, y que los lazos familiares son un factor que facilita el acceso al mercado laboral, al haber sido éste un rasgo tradicional del sector (era habitual que los estibadores se llevaran a sus hijos a los puertos para que les ayudaran en el duro trabajo de carga y descarga). Fuentes del propio sindicato de estibadores reconoce que, incluso ahora, la mitad de la plantilla de estibadores tiene relaciones familiares directas. Obviamente, conocer gente dentro o tener relaciones de cercanía con estibadores, facilita el acceso a la información en el momento de apertura de las bolsas de trabajo, pero eso ocurre en todos los sectores privados. También es verdad que el trabajo de la estiba ha sido tradicionalmente feudo de hombres y ha estado vedado a la entrada de mujeres. Pero eso, como en tantos otros sectores laborales, ha cambiado, y hoy no se le impide a ninguna mujer acceder a la estiba; de hecho, en todos los puertos existen mujeres estibadoras (en el de Valencia, hay 400 mujeres trabajando en la estiba), salvo en el de Algeciras, donde no hay mujeres porque la bolsa de empleo lleva cerrada desde 2013 (seguro que cuando se abra, las mujeres podrán acceder a ella en igualdad de condiciones).

h)   La UE exige liberalizar el sector de la estiba eliminando algunas de las trabas que existen para permitir la instalación de nuevas empresas estibadoras. Desde 2002, la Comisión Europea lo ha intentado con carácter general para todos los puertos de la UE, pero ha tropezado varias veces con el rechazo del Parlamento Europeo. Por eso, se ha limitado a atender denuncias concretas contra algunos Estados (como Bélgica y España). Como resultado de denuncias presentadas por empresas estibadoras contra puertos españoles por sus sistemas “cerrados” de contratación, la Comisión Europea viene exigiendo desde 2011 al Gobierno español que reforme la Ley de Puertos para eliminar la obligación de que las empresas de la estiba tengan que inscribirse en las citadas SAGEP (e incluso a ser accionistas de ellas) para ejercer su actividad, y que tengan además que contratar con carácter prioritario a trabajadores de estas entidades cuasi-corporativas. La disputa de varios años entre la Comisión Europea y el Gobierno español sobre este asunto, condujo a la sentencia del pasado 11 de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia de la UE que daba la razón a la Comisión Europea, por entender que la imposición establecida en la Ley española de Puertos restringe la libertad de establecimiento de las empresas europeas violando el art. 49 del TFUE.

i)  La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE obliga al Reino de España a reformar el sector de la estiba portuaria y lo condena a pagar una multa en caso de no hacerlo. La multa inicial es de 27.522 euros diarios a partir de la fecha de la sentencia y hasta que se produzca la reforma, si bien sólo se comenzará a pagar a final de junio, que es cuando se ejecutará la sentencia. El Gobierno español lleva meses negociando con la Comisión Europea para que se retrase la ejecución de la sentencia, pero si no logra que se apruebe la reforma de la Ley de Puertos, corremos el riesgo de que una segunda sentencia eleve el coste de la multa hasta los 50 millones de euros.

Sin duda que España debe acatar la sentencia del tribunal europeo, no sólo para eludir la sanción, sino por formar parte de sus deberes como Estado miembro de la UE. Pero el Gobierno debe limitarse a cumplir lo que establece la sentencia, y sólo a eso. La sentencia no dice que se tengan que eliminar las SAGEP, ni que se tenga que reducir la plantilla de trabajadores, ni que haya que bajar sus salarios. Lo único que dice es que no debe haber restricciones al establecimiento en los puertos de las empresas estibadoras que lo deseen, y que el papel de exclusividad desempeñado hasta ahora por las SAGEP en la contratación de trabajadores, debe ser modificado. A eso debe limitarse el Real decreto-ley del gobierno, y no a otra cosa. Los temas relacionados con los salarios y las condiciones laborales, que, sin duda, van a cambiar como efecto directo o indirecto de la aplicación de la sentencia y de la reforma de las SAGEP, deben formar parte de la negociación colectiva entre patronal y sindicatos del sector de la estiba, y ser una oportunidad para adecuarlo a los cambios tecnológicos y mejorar su competitividad.

En definitiva, hay que reformar el sector de la estiba, pero no a cualquier precio, y eso debe saberlo el gobierno, que se encuentra con un sector muy bien organizado, muy curtido en negociaciones, y con la fuerza que le da su privilegiada posición estratégica. Lo que no puede hacer el Gobierno, ni la patronal, es aprovechar la sentencia europea para imponer una reforma laboral que, sin abordar los grandes retos del sector, baje salarios, realice despidos y precarice el empleo, tal como se ha hecho en otros sectores donde la fuerza de los trabajadores es más débil y donde está ausente la presencia de los sindicatos.

El Real Decreto-ley tiene que ser modificado, y de nuevo presentado al Parlamento para su convalidación. Pero para lograrlo, el Gobierno debe asegurarse el apoyo o la abstención de los partidos cuyo voto es necesario para ello, negociando previamente con ellos el contenido del mismo del Real Decreto-ley. 

Otro tema, aunque relacionado con aquél, son las negociaciones entre, de un lado, los empresarios de la estiba (muy divididos sobre este tema, como lo prueba el desmarque de la multinacional Maersk respecto de la dura posición de la patronal ANESCO) y, de otro, los sindicatos de estibadores (el más importante la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar), negociaciones que deben seguir su ritmo y su propia lógica. El Gobierno no debe interferir en ellas, pero sí impulsar el acuerdo mediante la asunción de parte de los costes económicos que implicará la reforma de las condiciones laborales en el sector de la estiba (por ejemplo, las prejubilaciones), tal como ha hecho con la reconversión de otros sectores o con el rescate del sector financiero. 

Para evitar que ambos temas se interfieran mutuamente, quizá sea conveniente separar, de un lado, lo que es la convalidación del Real Decreto-ley de reforma de la Ley de Puertos para cumplir el requerimiento de la UE (en lo que parece haber un amplio consenso), y de otro, lo que es la negociación entre patronal y sindicatos sobre las condiciones laborales del sector (que es algo más complejo y llevará más tiempo). Sea como fuere, el Gobierno debe tomarse en serio ambas negociaciones y tener en cuenta que no está tratando con un sector cualquiera, sino con un sector estratégico de nuestra economía.

Es hora de la política con mayúscula, y no de la baja política. Esperemos que nuestros políticos (tanto los del gobierno, como los de la oposición) estén a la altura de la magnitud del reto que tenemos por delante.