EDUARDO MOYANO ESTRADA

#PENSIONES

El tema de la sostenibilidad del sistema de pensiones vuelve a estar de actualidad en España, si es que alguna vez dejó de estarlo. Es un asunto que a todos nos preocupa, pero da la impresión de que no se quiere oír hablar de él, como si nos incomodara. Aunque los partidos políticos procuran no alarmar, todos sabemos, o al menos intuimos, que un sistema de "reparto" como el nuestro, financiado por las cotizaciones sociales asociadas al empleo (en contingencias comunes, la empresa paga un tipo del 23,6% y el trabajador un 4,7%), tiene problemas serios de viabilidad.

En este asunto de las pensiones, los estudios demográficos son fundamentales, pero no todos los demógrafos coinciden a la hora de hacer sus previsiones respecto a la magnitud del problema del envejecimiento o del descenso de la natalidad. Sin embargo, lo cierto es que estamos ante un problema, del que podemos discutir sobre su gravedad, pero no de que existe. Se pueden hacer todas las previsiones que se quiera para largos horizontes temporales, pero la realidad a día de hoy es que, con una ratio de 2,6 cotizantes por cada pensionista, difícilmente cuadran las cuentas de un sistema que tiene que pagar en torno a 9.000 millones de euros mensuales a casi 10 millones de pensionistas, y que acumulaba en noviembre de 2016 un déficit de casi 10.000 millones de euros (concretamente, el 0,81% del PIB).

Además, estamos a punto de agotar la llamada “hucha de las pensiones”, un fondo de reserva creado en el año 2000 con los excedentes de la seguridad social generados en la época de bonanza económica. Es un fondo, pensado para hacer frente a situaciones de déficit del sistema, tal como se ha hecho en estos años de altos niveles de desempleo. De un máximo de 68.000 millones de euros en 2011, la “hucha de las pensiones” se ha reducido hasta 16.000 millones a final de 2016, debido a que el Gobierno ha tenido que utilizar el fondo para financiar el déficit del sistema. Aunque, la cuantía que el gobierno puede utilizar de la “hucha” está limitada por ley, lo más probable es que, para 2018, se esté a punto de agotarla.

Pronto entraremos, por tanto, en esa zona peligrosa en la que el sistema no puede autofinanciarse con las cotizaciones sociales (de empresarios y de trabajadores) y no se dispone de fondo de reserva para hacerle frente. Y eso que las pensiones no contributivas y los gastos sanitarios, farmacéuticos y asistenciales, dejaron hace años de estar a cargo de la seguridad social y son financiados por el Estado a través de los presupuestos generales.

La posición oficial del gobierno, expresada por la ministra Fátima Báñez, es que este problema se resolverá generando empleo y logrando que España vuelva al nivel de los 20 millones de ocupados. Sin embargo, el Presidente del Banco de España (que de algún modo es también gobierno) manifiesta su preocupación por la viabilidad del sistema de pensiones y plantea la necesidad de retrasar la edad de jubilación más allá incluso de los 67 años previstos en la última reforma. Con ello se pretende que la seguridad social pueda seguir recaudando durante más tiempo las cotizaciones de empresarios y trabajadores.

Los partidos de la oposición rechazan en bloque esa propuesta, pero no se atreven a ofrecer alternativas claras por miedo a que se alarme su electorado. A cambio, hablan con cierta vaguedad de la necesidad de políticas que favorezcan la natalidad, de políticas de reindustrialización que generen empleos de más calidad y mejor remunerados o de promover la inmigración regulada. También se oponen a la propuesta de retrasar la edad de jubilación las centrales sindicales CC.OO. y UGT, en coherencia con su discurso del reparto del trabajo y de la reducción de la jornada laboral.

El tema es importante y merece ser debatido, y ésa es la intención de haberse abierto el pasado mes de noviembre la comisión parlamentaria del llamado “Pacto de Toledo” (un pacto firmado entre todos los grupos parlamentarios en 1995). Sin embargo, varios meses después de la reapertura de la citada comisión y tras varias reuniones, aún estamos esperando propuestas de reforma que garanticen la viabilidad de nuestro sistema de pensiones. Con el propósito de contribuir al debate, me permito exponer algunas reflexiones que, si bien no agotan la complejidad del problema, pueden contribuir a clarificar algunos aspectos del mismo.

a) Dado que las previsiones a futuro son que, en una economía cada vez más globalizada, continúe la devaluación salarial y la precarización laboral, no podemos confiar en la creación de empleo como única fuente de financiación del sistema de pensiones. Aunque España continúe por la senda del crecimiento económico y se llegue a los tan ansiados 20 millones de ocupados, o incluso a superarlos, la realidad es que el empleo generado será cada vez más precario, tanto en salario, como en temporalidad. Y en esas condiciones, las cotizaciones no podrán alcanzar los niveles necesarios para financiar el sistema mediante el actual modelo de "reparto". En este sentido es esclarecedor el Informe 2017 de la Comisión Europea para España, en el que, además de mostrar el aumento de la temporalidad y el descenso de los niveles salariales, se muestra que el 13% de los trabajadores españoles están en riesgo de pobreza y cómo el Coeficiente Gini (que mide la desigualdad) ha pasado de 49,2 a 52,9 en los últimos cinco años (el mayor aumento, junto con Grecia, de todos los países de la UE). Y todo eso a pesar de haberse recuperado la senda del crecimiento económico.

b) Dado que están llegando a la jubilación generaciones de pensionistas con pensiones más altas y dado también que la esperanza de vida va a seguir aumentando y, por tanto, el tiempo de disfrute de la pensión de jubilación seguirá ampliándose, es un hecho innegable que el gasto en pensiones continuará incrementándose, previéndose que se situará en los próximos veinte años por encima de la media europea (ahora es del 10,4% del PIB español, frente al 14% en la UE). La realidad es que aumentan los gastos y se reducen los ingresos, y que, por tanto, mientras se mantenga el actual modelo de financiación de nuestro sistema de pensiones, el problema continuará existiendo al seguir ampliándose el déficit de la seguridad social.

c) La propuesta de retrasar la edad de jubilación no debe ser rechazada por principio. Muchos países de nuestro entorno ya están aplicando una medida similar para adaptar la vida laboral a la esperanza de vida. Si se vive más, es lógico pensar que se pueda trabajar más tiempo. Sin embargo, no debe ser una imposición, sino una opción para quien desee continuar trabajando después de los 65 años. Hay empleos en los que eso no es recomendable, dado el desgaste físico y psicológico que conllevan, pero hay otros empleos en los que sería factible gracias a los avances que se han producido en los métodos de organización del trabajo. Podría ser una opción interesante para muchas personas, y, por ello, no debería descartarse. Lo mismo que tampoco debiera descartarse la opción de compatibilizar el disfrute de una jubilación y el desempeño de alguna actividad remunerada, distinta de la asociada a la pensión. Hay personas que, una vez jubiladas, quieren desempeñar actividades remuneradas, y cotizar por ellas. No creo razonable que se les deba cerrar esa posibilidad. No obstante, se afirma para contrarrestar esa propuesta que, si se prolonga la edad de jubilación, los jóvenes tendrán más dificultades para acceder al mercado laboral. Este debate es interesante, pero la realidad nos dice que, salvo en algunos sectores (entre ellos, el de la enseñanza o el sanitario, y siempre que aumente la tasa de reposición), el empleo que deja libre una persona que se jubila no es siempre ocupado por un joven.

d) Para cuadrar el sistema por la vía de reducir el gasto, no basta con modificar los criterios de cálculo (ampliando los periodos de cotización de referencia para calcular la cuantía de la pensión), ni con eliminar las bonificaciones a las empresas como incentivo a la contratación (que no se ha mostrado tan eficaz), ni tampoco con poner freno a las prejubilaciones. Es necesario que algunos tipos de pensiones (como la de viudedad y orfandad, que en 2016 representaron más de 20.000 millones de euros) puedan ser financiadas por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) vía impuestos (generales o especiales). Eso no tiene que significar necesariamente que estas pensiones pierdan su condición de derecho para pasar a ser una concesión dependiente de la voluntad de los gobiernos, como ocurre con las pensiones no contributivas; bastaría con darle un blindaje constitucional. Sea como fuere, lo cierto es que, al pasar algunos tipos de pensiones, a ser financiados con los PGEs, se aliviaría la carga financiera del sistema, si bien es verdad que aumentaría el gasto soportado por el Estado y, si no aumentan los ingresos fiscales, se incrementaría el déficit público (con lo que se plantearía un problema ante Bruselas por incumplimiento del Pacto de Estabilidad). Es un tema complejo, pero que debe ser objeto de debate antes que recurrir a una congelación de todas las pensiones o aplicarles subidas por debajo del aumento del IPC.

e) Para cuadrarlo por la vía de los ingresos, algunas fórmulas, como la de aumentar el porcentaje de cotización en los salarios más elevados (tanto en lo que se refiere a la cuota empresarial, como a la cuota de los trabajadores), sería interesante. Es un hecho el aumento de la desigualdad, un problema éste que continuará en el futuro, produciéndose cada vez mayores diferencias entre los salarios más altos y los más bajos, por lo que tendría sentido que los grupos de población con salarios más elevados sean los que hagan más esfuerzo para la sostenibilidad del sistema de pensiones por la vía de los ingresos.

e) Apostar por un sistema público de pensiones no es incompatible con disponer de planes individuales de capitalización, lo que no significa privatizar el sistema. Este tema debería ser objeto de atención, sobre todo en lo relativo al trato fiscal que ahora reciben los planes de pensiones, y que debería revisarse, ya que, en muchos casos, se utiliza como una forma indirecta de pagar menos IRPF, más que como una vía para complementar las pensiones.

En definitiva, estamos ante un problema político serio, y no podemos confiar sólo en el crecimiento de nuestra economía para resolverlo. Habría que pensar en un modelo mixto de financiación de nuestro sistema de pensiones, que combine, de un lado, los ingresos generados con las cotizaciones sociales (de empresas y trabajadores), y de otro, una inyección de recursos por parte del Estado a través de los PGE para financiar el posible déficit de la seguridad social o bien para asumir el coste de algunos tipos de pensiones. Cuando hablo de modelo mixto no me estoy, por tanto, refiriendo a un sistema público/privado, sino a un sistema público/público que sustituya al actual modelo de "reparto" por una combinación de PGE y cotizaciones sociales.

Es cierto que hay modelos alternativos, los de "capitalización" individual (al estilo del que se aplica en países como Chile), pero supone un cambio tan radical del actual sistema de "reparto", que ni siquiera se contempla como posibilidad en el Pacto de Toledo, por lo que no me he ocupado de él en este breve texto.

Otros debates, como la reducción de la jornada laboral, la renta básica, el reparto del trabajo, el fomento de la natalidad, la mejora de las condiciones laborales o la promoción del empleo juvenil, son interesantes, y están de algún modo conectados con el tema de la viabilidad de nuestro actual sistema de pensiones, pero son debates de prospectiva que no debieran retrasar la necesidad de aplicar medidas urgentes para hacer sostenible dicho sistema.