DE   #MÁSTERES   Y   #POLÍTICOS    

Otra    lectura   

(versión ampliada del artículo publicado en el Diario Córdoba el 21/04/2018)      

En memoria de Miguel Manaute,

quien fuera Consejero de Agricultura

de la Junta de Andalucía (1982-1990)

con sólo bachillerato elemental.

Aún recuerdo cuando, al comienzo de los años 1980, no pocos empresarios agrícolas se escandalizaban al ver cómo el presidente de la Junta de Andalucía (Rafael Escuredo) nombraba Consejero de Agricultura a Miguel Manaute, pequeño parcelista de El Arahal (Sevilla), sin estudios superiores que le avalaran.

Se preguntaban ¿cómo era posible que al frente de una Consejería tan significativa para Andalucía se pusiera a una persona iletrada con sólo bachillerato elemental, y no a un ingeniero agrónomo de prestigio? Luego, resultó que Manaute supo rodearse de un excelente equipo de técnicos y funcionarios, ingenieros, sociólogos y economistas, con capacidad más que sobrada para poner las bases de lo que es hoy la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de esta Comunidad Autónoma.

Traigo esto a colación con motivo del debate sobre el falso máster de Cristina Cifuentes y el asunto de los políticos que han “inflado” sus CV, e incluso falseado, en una carrera frenética por no sentirse descalificados ante la opinión pública si no muestran tener una licenciatura o un máster de postgrado. Dado que se ha escrito y hablado lo suficiente sobre ambos asuntos, no es mi propósito abundar más en ello, pero sí analizarlos desde una perspectiva que, en mi opinión, no ha sido tratada, y sobre la que expongo algunas reflexiones.

La "titulitis", como patología

En una sociedad, como la española de hoy, en la que crece el porcentaje de la población que tiene título universitario, es bueno que también lo tengan los que se dedican a la política, reflejando mejor la realidad social que representan. Pero no me parece acertado ni tampoco conveniente magnificar la importancia de los títulos universitarios en la política, ya que eso puede tener efectos perversos.

Está claro que tener un título académico no es garantía de buen político. Pero la realidad es que criticamos cuando se produce el nombramiento de un cargo político que no reúne títulos suficientes, y menospreciamos su experiencia en otras áreas, incluida la de la propia política.

El problema de la “titulitis” entre los políticos puede explicarse por varios factores, de los que me centro en dos de ellos. El primero, de efectos negativos, es la fuerte presión que los políticos reciben de la opinión pública, en el sentido de que si un político no tiene un título universitario, no se le considera capaz de ejercer eficazmente su actividad. Con la extensión generalizada de las licenciaturas, le exigimos incluso tener un máster para poder considerarlo capaz de desarrollar su tarea política. Se da la paradoja de que en una actividad, como la política, en la que no se pide ningún título académico para acceder a ella, es donde estamos ahora exigiendo que los políticos tengan títulos superiores (y a ser posible de postgrado) para recibir reconocimiento social.

Esta presión es uno de los factores que incitan a los políticos a sacarse másteres (y si es con buenas calificaciones, mejor) sin disponer de tiempo suficiente para dedicarle el esfuerzo que eso requiere. Para ello aprovechan las facilidades que ofrecen algunas universidades en los programas de postgrado, más preocupadas por captar alumnos (y hacer caja con el elevado coste de las matrículas), que por el rendimiento, calidad y excelencia del programa.

El otro factor explicativo, éste de carácter positivo, está relacionado con el deseo de aprender y mejorar su formación que muchos políticos sienten cuando ocupan cargos públicos de cierta relevancia y comprueban sus carencias en determinadas materias. Este sentimiento se da sobre todo en personas que desde muy jóvenes están en la política y que, debido a su temprana y plena dedicación a esta actividad, no han completado sus estudios o los han abandonado justo al terminar el bachillerato o en medio de una licenciatura.

En estos casos, resulta loable su afán por mejorar la formación, su inquietud por prepararse mejor para el desempeño de sus tareas políticas. No es criticable, por tanto, que se matriculen en cursos de especialización o másteres de postgrado, siempre que dediquen el esfuerzo y el tiempo que ello les exige. El problema está, como en la situación antes analizada, en que no disponen del tiempo necesario para realizar un estudio universitario de postgrado con la intensidad y dedicación que se les exige a los alumnos, y entonces buscan la fórmula de poder compatibilizarlo con su actividad política, aprovechando su influencia o redes clientelares con el mundo académico y las mencionadas ventajas que ofrecen algunas universidades.

El resultado de todo ello es doble. De un lado, aumenta la degradación de la actividad política, que se ve contaminada por la corrupción en un tema, como éste de la formación, tan sensible a la opinión pública y donde se supone que rigen los criterios del mérito y el esfuerzo. De otro lado, produce una degradación de nuestro sistema universitario, al ofrecer su cara más gris ante la falta de rigor y seriedad de algunas universidades en la concesión de títulos de postgrado por los que cobran elevadas tasas académicas y cuyos requisitos relajan cuando en ellos se matricula algún profesional muy ocupado o un político de cierta relevancia.

Catarsis

La indignación está servida y el daño está ya hecho. Sólo confío en que esto sirva de catarsis en un triple sentido.

En primer lugar, espero que la opinión pública rebaje su presión sobre los políticos respecto a la exigencia de títulos académicos como vía del reconocimiento social para ejercer su actividad, y valoremos más la experiencia y capacidad. Tener un título no es garantía de nada en el ámbito de la política. Se puede ser un excelente político sin tener másteres o títulos de postgrado; basta con saber escuchar la opinión de los expertos y rodearse de un buen equipo técnico en el desempeño de sus responsabilidades públicas, además, por supuesto, de ser capaz de tomar decisiones, que es la principal tarea de un político.

En segundo lugar, confío en que, tras esta catarsis, los políticos no “inflen” sus CV de manera innecesaria, sino que sólo reflejen en ellos sus verdaderos méritos, unos méritos que no tienen por qué estar relacionados con la posesión de un título de máster, sino con las capacidades adquiridas por su experiencia en otras esferas profesionales.

Y en tercer lugar, espero que todo esto sirva para que el sistema universitario ponga orden en sus estudios de postgrado, estableciendo los controles necesarios para garantizar la calidad y la excelencia de unos títulos por los que las universidades cobran elevadas tasas, pero que, en no pocos casos, dejan mucho que desear.

INCERTIDUMBRE  ANTE  LA  #PAC  POST  2020 

(una versión reducida se publicó en el Anuario del Diario Córdoba el pasado mes de marzo)

Estamos ante un nuevo proceso de reforma de la política agraria común europea (PAC), que nos debe conducir a la PAC post-2020. Ya se han publicado los primeros documentos de la Comisión Europea, entre ellos la Comunicación “El futuro de la alimentación y de la agricultura” (del pasado 27 de noviembre), y la Comunicación (del 14 de febrero) con el marco financiero plurianual 2021-2027.

De las declaraciones del Comisario de Agricultura Phil Hogan, se podría esperar un escenario de continuidad con el propósito de mantener la estructura de la PAC (en sus actuales dos pilares) y de orientarla hacia una mayor simplificación. Sin embargo, más allá de este mensaje de continuidad, lo cierto es que el escenario en el que se va a negociar la PAC post-2020 es un escenario restrictivo en términos económicos y está cargado de factores de incertidumbre. Ello implicará cambios en la arquitectura de la PAC y conducirá a una reducción del presupuesto dedicado a la financiación de esta política común que, como sabemos, absorbe casi el 40% del gasto europeo (aunque sólo recibe un 0,4% del PIB de la UE-28).

El efecto Brexit

Uno de esos factores es el indudable efecto que va a tener el Brexit en el presupuesto común europeo, dado que el Reino Unido es contribuyente neto a las arcas de la UE. El Presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker, en la presentación pública del marco financiero plurianual, afirmaba que el Brexit podría representar una reducción de entre 13.000 y 15.000 mil millones de euros anuales del presupuesto europeo, y que, si no se incrementan las aportaciones de los EE.MM., habrá una reducción inevitable de los recursos de la PAC.

La Comisión plantea tres posibles escenarios para la PAC: uno, de mantenimiento del status quo (el menos probable, ya que no habría forma de cuadrar las cuentas) y dos escenarios de recortes (uno, el más desfavorable, en el que se plantea una reducción del 30% del presupuesto de la PAC; y otro, algo menos desfavorable, con una reducción del 15%).

Las nuevas prioridades de la UE

Otro factor tiene que ver con las nuevas prioridades que hoy se plantea la UE. Unas prioridades están relacionadas con el nuevo modelo alimentario que demandan los ciudadanos europeos, tal como muestra la consulta pública promovida por el comisario Hogan (con casi medio millón de aportaciones).

Me refiero a temas relativos a la sanidad de los alimentos, a los problemas nutricionales, al coste medioambiental de las producciones agrícolas y ganaderas (huella ecológica), al consumo de agua, al bienestar de los animales,… Son temas que cada vez estarán más presentes en las orientaciones de la nueva PAC, por encima de los objetivos productivistas que le habían caracterizado en sus primeras tres décadas.

Otras prioridades guardan relación con los compromisos adquiridos por la UE tras la firma del Acuerdo de París sobre Cambio Climático en la COP 21 (diciembre de 2015) y con la agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) (firmada en septiembre de 2015 en Naciones Unidas). Estas prioridades incluyen, entre otros objetivos, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio del modelo de consumo energético,…

Más allá de las prácticas agrícolas del actual greening (planteadas desde una lógica interna para cubrir algunas carencias del modelo agrícola europeo), las nuevas exigencias de ahora responden a una lógica externa, a saber: la marcada por los citados compromisos del Acuerdo de París y de la agenda ODS.

  

A todo ello habría que añadir los grandes temas de política general que son hoy prioritarios en la UE y que absorberán una parte considerable del gasto europeo. Me refiero a las prioridades en defensa, control de fronteras, seguridad, biotecnología, digitalización y robótica, movilidad de los jóvenes, acogida a refugiados, inversiones en infraestructuras de comunicaciones (interconexiones eléctricas entre países, corredor mediterráneo,…),…

La PAC, ante un escenario de recortes

Todas ellas son prioridades que, sin duda, absorberán una parte considerable del gasto europeo, y que afectarán a la PAC. La cuestión es, por tanto, cómo distribuir los recortes dentro de la PAC, si cargándolos sobre el primer pilar (y dentro de éste, sobre los pagos directos del FEAGA o sobre los mecanismos de intervención asociados a la OCM única) o recortando los recursos destinados al segundo pilar (afectando al fondo FEADER, que es el que financia las acciones de desarrollo rural).

Lo más probable es que, una vez más, sea el segundo pilar de la PAC el más afectado, dada la mayor sensibilidad política que tiene todo lo relativo al primer pilar (en concreto, los pagos directos) y dado también que los intereses de los grupos de desarrollo rural están peor representados en Bruselas que los de los agricultores.

No obstante, es probable que también haya recortes en el sistema de pagos directos, e incluso algunos cambios. Se habla incluso de extender a todo el primer pilar de la PAC el modelo de “planes estratégicos” (similar a los actuales “programas operativos de desarrollo rural" del segundo pilar), un modelo que estaría basado en resultados y en “pagos por bienes públicos”.

Ello cambiaría la filosofía actual de los pagos directos y los convertirían en ayudas finalistas, es decir, ayudas asociadas a resultados y ligadas a los grandes objetivos de la UE (lucha contra el cambio climático, prevención de la erosión de los suelos, mantenimiento de la biodiversidad, generación de empleo, cohesión social, bienestar animal,…). Eso implicaría que los agricultores recibirían las ayudas directas a cambio de abordar determinados proyectos de innovación en sus explotaciones.

Hacia el final de una PAC sectorial

Todo esto marca, en mi opinión, el final definitivo de la política sectorial que ha caracterizado a la PAC desde su creación. Es un final que conduce a la transición hacia una política basada ya en una lógica territorial, alimentaria y de sostenibilidad ambiental, y más proactiva en la promoción del desarrollo y la cohesión social de los territorios rurales europeos.

Esto significa dejar el tema de la competitividad en manos de los agricultores y de su capacidad para desenvolverse en un mercado cada vez más abierto y globalizado, lo que tiene sus riesgos para el conjunto de la agricultura europea, ya que no todos los agricultores están en condiciones de afrontar por sí solos ese desafío.

Es por ello, que, en ese escenario, debería modificarse la actual filosofía de las ayudas directas (concedidas de forma generalizada) para concentrarlas en los agricultores que realmente las necesitan y asegurarles así la continuidad de su actividad (una especie de renta agraria de garantía), siempre a cambio de cumplir las condicionalidades antes comentadas.

La negociación está abierta. La Comisión Europea ha hecho sus deberes tomando la iniciativa y presentando las primeras propuestas para la PAC post-2020. Ahora es el turno del Consejo de Ministros de Agricultura y del Parlamento Europeo.

Será una negociación compleja a tres bandas (trílogos), y con la incertidumbre del resultado de las negociaciones del Brexit, sin las cuales no se podrá aprobar el marco financiero 2021-2027, ni, por tanto, tampoco los reglamentos de la nueva PAC. Otro factor de incertidumbre es el cierre de la actual legislatura europea y la celebración de elecciones al Parlamento en junio de 2019.

Todo esto hace aún más improbable que la PAC post-2020 pueda estar en marcha en 2021 como desea la Comisión Europea, y que se tenga que retrasar su aplicación prorrogándose unos años los actuales reglamentos. Veremos.