INNOVACIONES  EN  EL  #COOPERATIVISMO  AGRARIO   

La creciente integración de las cooperativas en la economía de mercado, los efectos del proceso de globalización económica y financiera, los cambios en el uso de las tecnologías en los procesos productivos y comerciales,… han modificado el escenario en que se desenvuelve el cooperativismo.

Como consecuencia de ello, los modelos cooperativos también han ido cambiando para adaptarse a ese nuevo contexto.

Es en ese sentido en el que deben entenderse las reformas adoptadas en la legislación para regular las nuevas formas de cooperativismo, flexibilizando la aplicación de los principios cooperativos.

Por ejemplo, con la reforma del principio “un hombre, un voto” se pretende ponderar el poder de decisión del socio que utiliza todos los servicios de la cooperativa respecto al que los utiliza muy poco o incluso al que está ya jubilado.

El cooperativismo agrario

A diferencia de otros sectores cooperativos, como el de trabajo asociado, el cooperativismo agrario es, sobre todo, un cooperativismo de servicios.

Además, se caracteriza por la gran variedad de sus modelos cooperativos, debido a la singularidad de cada subsector agrario en términos socioeconómicos, pero también productivos y de comercialización.

Por ejemplo, son tan distintos los subsectores de cereales, vino, ganadería, hortofrutícola o aceite de oliva, que el cooperativismo ha tenido que hacer gala de una gran flexibilidad para poder integrar toda esa variedad de situaciones.

Por ello, debido a los cambios producidos en el sector agrario, el cooperativismo ha tenido que  adaptarse a este nuevo escenario modificando sus estrategias y formas de organización.

Como resultado de ello, muchas de las cooperativas agrarias de hoy poco tienen que ver en su funcionamiento y organización con las que ayer se extendían ampliamente por los territorios rurales.

En las cooperativas de antaño, se producía una identificación entre el socio y la cooperativa, basada en una relación no sólo económica, sino también afectiva, sentimental e incluso ideológica. Esta relación surgía de la necesidad de los agricultores (por lo general, titulares de pequeñas explotaciones agrarias) de asociarse para afrontar problemas que no podían resolver de modo satisfactorio individualmente.

Este  tipo  de relación identitaria poco tiene que ver con la más instrumental que hoy predomina en la mayoría de las cooperativas del sector agroalimentario, y que se basa sobre todo en la valoración que hacen los socios de los servicios que su cooperativa les presta.

Por eso, no debe sorprender que, en muchas cooperativas agrarias del siglo XXI, lo que más le interese a muchos socios no sea el beneficio económico directo que pueda proporcionarle el hecho de estar asociado (es decir, el “retorno cooperativo”, según el viejo lenguaje). Les interesa tanto o más que eso, los servicios que les pueda prestar la cooperativa en forma de suministro de insumos (piensos, pesticidas, semillas, fertilizantes,…), de asesoramiento técnico y jurídico, de garantía de cobro, de utilización en común de maquinaria o de uso, en beneficio propio, de las infraestructuras comunes de transformación.

Recuerdo una visita a una gran cooperativa cafetalera en la región brasileña de Minas Gerais, en la que cada socio tenía plena autonomía para determinar cómo comercializar su producción siguiendo sus propios intereses y sin someterse a la estrategia comercial de la cooperativa. Era el socio quien decidía cuándo, cuánto y a quién vender “su” producción almacenada en la cooperativa, siguiendo una estrategia en la que predomina el interés individual sobre el interés general.

Aquí, en España, y en diversos sectores, como el aceite de oliva, se vienen observando en algunas cooperativas casos de socios que actúan y deciden según su propia estrategia comercial. Entregan la producción de aceituna a su cooperativa, que es la que la moltura en sus instalaciones para transformarla en aceite, y la que luego lo almacena, pero es el socio quien decide cómo, cuándo, a quién y a cuánto vender su producción. Ni siquiera es la cooperativa la que se encarga de la comercialización, ya que es el socio el que elige al comprador y el canal comercial que más le interesa (en algunos casos a través de plataformas en internet).

En estas situaciones, la cooperativa ya no es, por tanto, el resultado de la acción colectiva de los socios, sino la suma de acciones y estrategias individuales, lo que supone una importante innovación.

Es verdad que esta situación no es aún mayoritaria en el sector del aceite de oliva, donde predomina todavía el discurso (y la práctica) de la integración y la concentración, que va precisamente en la dirección contraria a las citadas estrategias individuales de algunos socios. También es verdad que muchos agricultores integrados en cooperativas no tienen los recursos ni el empuje necesario para emprender estrategias propias de comercialización.

Pero es ésta una tendencia digna de ser estudiada, pues de extenderse cambiaría la idea de lo que es una cooperativa en los tiempos actuales.

Coexistencia entre modelos de cooperación

Estamos, no obstante, en una etapa de transición, en la que coexisten diversos modelos de cooperativismo.

En un extremo encontramos el modelo que he comentado anteriormente, y que está más cercano al modelo empresarial individual, siendo la cooperativa un instrumento al servicio del socio para que éste pueda desarrollar su propia estrategia como empresario.

En el otro extremo está el tradicional modelo mutualista, en el que se conserva el ideal de la cooperación y en el que el interés del socio se supedita al interés general de la cooperativa, beneficiándose de un retorno (beneficio) que espera sea superior al que obtendría si no estuviera asociado.

En medio encontramos modelos mixtos de cooperativismo (empresarial y mutualista) en los que se concilia el interés individual del socio (autorizándosele a decidir qué hacer con su producción) y el interés general de la cooperativa (poniendo unos límites a la cantidad que puede utilizar el socio en su estrategia de venta).

Todos estos cambios e innovaciones, que están transformando el escenario de la agricultura y que afectan a los modelos cooperativos, nos llevan a reflexionar sobre cuál es el modelo de cooperativismo vigente en el sector agroalimentario del siglo XXI.

Es cierto que los modelos aquí comentados, siguen siendo sociedades de personas y no de capitales, por lo que su naturaleza cooperativa es indudable desde el punto de vista jurídico. Pero también lo es que están cada vez más orientados por una lógica individualista en la que los antiguos principios de ayuda mutua, participación y solidaridad son cada vez menos utilizados por sus socios para afrontar los retos del mercado.

Es indudable que la misión de concentrar la oferta, que es algo que está en la esencia del cooperativismo agrario, sigue siendo importante de cara a los grandes operadores del mercado, pero hay factores que están contribuyendo a fragmentarla, dando lugar a modelos privados o pseudocooperativos que son bastante eficientes.

Entre esos factores destaca la mejora de la calidad en productos como el aceite de oliva, calidad que hoy no es algo exclusivo del cooperativismo y que está al alcance de modernas almazaras de carácter privado.

Otro factor es el fuerte desarrollo de las redes sociales (que permiten a productores y consumidores relacionarse directamente sin intermediarios) o las mejoras experimentadas en los aspectos logísticos (con plataformas de distribución, como Amazon).

Todos ellos son factores que, al abrir las opciones estratégicas de los productores, contribuyen a fragmentar la producción agregada de los socios de una cooperativa a la hora de comercializar el producto final en un mercado que es cada vez más abierto y diversificado, y que ofrece posibilidades muy variadas de acceder al mismo.

En ese contexto, cabe elogiar el dinamismo que muestra el cooperativismo para adaptarse a los cambios del entorno. Pero también cabe preguntarse si tiene sentido seguir calificando de cooperativos estos modelos de indudable éxito económico allí donde se aplican, o habría que llamarlos de otra forma.

CINCUENTA   AÑOS   DE   LA ESCUELA   DE   INGENIEROS   AGRÓNOMOS   EN   CÓRDOBA

(versión ampliada del artículo publicado en el Diario Córdoba el 08/05/2018)

En los primeros años d ye 1960, cuando España avanzaba en su década desarrollista, se pone en marcha el proyecto de creación de una escuela de ingenieros agrónomos en Andalucía, región agrícola por antonomasia.

La elección de Córdoba se debió sin duda al empeño de su impulsor, el ingeniero agrónomo José Ruiz Santaella (1904-1997), natural del municipio cordobés de Baena. Su trayectoria como agregado agrícola en la embajada española en Alemania en los años 1940, y su prestigio profesional, le avalaban a la hora de hacer su propuesta ante el correspondiente ministerio.

Entonces, sólo existía la escuela de agrónomos de Madrid, como ocurría con la mayoría de las escuelas de ingeniería, y una recién creada escuela de Agrónomos en Valencia (que inició su actividad en el cuso 1960-1961). Crear otra escuela en la periferia era un proyecto osado, pero no carente de fundamento.

A finales de los años 1950 y principios de la década de 1960, el gobierno español había emprendido ya una política de modernización de la agricultura que, con criterio descentralizador y con un objetivo eminentemente práctico y empírico, se basaba en varios pilares.

Un pilar estaba formado por la política de concentración parcelaria, dirigida a las áreas de minifundio. Otro, por la política de colonización y transformación de zonas regales a través del INC (luego convertido en IRYDA), que permitió extender el regadío en las regiones latifundistas de secano sin alterar la estructura de la propiedad. El tercer pilar era la creación del Servicio de Extensión Agraria para llevar las nuevas técnicas de modernización agrícola directamente a los agricultores a través de oficinas de extensión asentadas en los territorios rurales, y a cuyo frente solía estar un ingeniero agrónomo. El cuarto pilar era la puesta en marcha de los primeros cimientos de un sistema de investigación agraria, a través de los diversos laboratorios que formarían más tarde la red de centros del INIA.

Todas esas políticas fueron financiadas con fondos internacionales (sobre todo, del Banco Mundial), gracias a los acuerdos de España con los EE.UU. tras dos décadas de aislamiento internacional.

La creación, tras la de Valencia, de otra Escuela de Ingenieros Agrónomos fuera de Madrid era, por tanto, un proyecto acorde con los nuevos tiempos del régimen de Franco, pero necesitaba del apoyo político y de los recursos económicos que lo financiara. Y ahí se produce un hecho a destacar, y que siempre me lo recordaba mi abuelo cuando comencé a estudiar Agrónomos.

Me refiero a la contribución que hicieron los propios agricultores a través de una derrama especial en su cuota a las entonces Hermandades de Labradores y Ganaderos. Esa cuota extraordinaria sirvió para contribuir parcialmente a la financiación del proyecto de la Escuela de Agrónomos y para que el gobierno de entonces decidiera ubicarla en la capital de la provincia de Córdoba, justo donde existía ya un incipiente centro de investigación agraria en los terrenos de la finca Alameda del Obispo (centro conocido en la ciudad como la Granja del Estado).

El proyecto se aprobó en 1963 y se puso en marcha en 1968. Para el primer claustro de profesores, Ruiz Santaella recurrió entonces a ingenieros agrónomos ya experimentados (funcionarios de la delegación de agricultura de Córdoba) y a jóvenes recién titulados de la escuela de Madrid y de la de Valencia.

Con esa combinación de veteranía y juventud echó andar la ETSIA, cuya primera promoción saldría en 1973, erigiéndose, junto a la Facultad de Veterinaria, en uno de los pilares sobre los que se asentará la futura Universidad de Córdoba. Años más tarde, en 1989, se ampliaría su oferta docente al incorporar la titulación de ingeniería de Montes, convirtiéndose desde entonces la ETSIA de ayer en la ETSIAM de hoy, plenamente integrada en el sistema público universitario.

En estos cincuenta años, los más de 6.000 egresados de la Escuela han renovado las estructuras funcionariales de las administraciones agrarias (tanto en el ámbito nacional como regional) y trasladado al sector privado una red cualificada de expertos y científicos bien formados y preparados para afrontar los retos del proceso de modernización en sus diversas fases.

La  Escuela ha sabido adaptar sus enseñanzas a los cambios que se han producido en el sector agroalimentario y forestal  y en el medio rural, así como a las demandas de la sociedad y a los retos del cambio científico y tecnológico.

Inicialmente, era una enseñanza orientada sobre todo a la formación de ingenieros agrónomos preparados para impulsar el desarrollo productivo del sector agrario a partir de los avances tecnológicos de la Revolución Verde de los años 1960 y 1970. Era ésta una revolución técnico-científica en el campo de la mejora vegetal, con importantes crecimientos productivos en determinados cultivos, como los cereales, gracias a las investigaciones desarrolladas en centros internacionales de investigación como el CIMYT de México, financiado por la Fundación Rockefeller y dirigido por el científico N. Borlaug, Premio Nobel de la Paz en 1970.

Más tarde en los años finales del siglo XX, se pasaría a unas enseñanzas más diversificadas, en las que lo agrario, lo forestal, lo rural y lo medioambiental tenían que ir de la mano para responder a los nuevos retos del desarrollo sostenible y la multifuncionalidad.

Desde el comienzo del actual siglo XXI, los retos se han ampliado, con el imparable avance de las nuevas tecnologías, la biotecnología, la cibernética, los big data,… que han revolucionado el modo de gestionar la agricultura y los espacios rurales. La emergencia de nuevos problemas como el cambio climático o la calidad y seguridad de las producciones alimentarias constituye otro desafío para la profesión de los ingenieros agrónomos y de montes.

A esos nuevos retos da respuesta la ETSIAM desde el campus universitario de Rabanales, ofreciendo una formación polivalente y cualificada a través de departamentos interfacultativos en los que se combina docencia e investigación y en un marco de creciente internacionalización.

Para ello colabora estrechamente con otras instituciones especializadas en el campo de la transferencia e investigación agraria, forestal y de desarrollo rural (como el IFAPA de la Junta de Andalucía o los centros del CSIC). En el caso de los dos institutos del CSIC ubicados en Córdoba (IAS e IESA), cabe señalar que, en su creación allá por la década de 1990, tuvieron un papel decisivo profesores de la ETSIA que apostaron por la colaboración institucional.

Asimismo, fue decisiva la participación de profesores de la ETSIA en la creación del ISEC (Instituto de Sociología y Estudios Campesinos) en los años 1980, un instituto universitario orientado a difundir las ideas de la Agroecología como reacción a los efectos negativos ya percibidos sobre el medio ambiente y la sostenibilidad de las explotaciones campesinas, del modelo agroquímico de la citada Revolución Verde.

Además, fiel a su espíritu originario de ser un escuela con una clara vocación de servicio a la sociedad, la ETSIAM ha mantenido una intensa relación con entidades públicas y privadas del sector agroalimentario y forestal, buscando sinergias con ellas y enriqueciendo con la actividad práctica la formación de sus estudiantes (denominaciones de origen, cooperativas, bodegas, almazaras, industrias agrarias, grupos de desarrollo rural,...)

Son cincuenta años de enseñanza de calidad, de investigación de excelencia y de compromiso social, que llenan de satisfacción a los alumnos que hemos pasado por sus aulas, y llenan de orgullo al sector agrario y forestal y a la propia ciudad de Córdoba, cuyo Jardín Botánico no habría sido posible sin la participación de los profesores de la Escuela.

Hoy, en un mundo cada vez más abierto y competitivo, una ETSIAM plenamente integrada en el campus de Rabanales de la UCO se esfuerza por ofrecer una enseñanza de calidad sabiendo que tiene que competir con otras escuelas y universidades dentro y fuera de España para atraer buenos alumnos y seguir estando en la vanguardia de la investigación científica. Ese es el reto que tiene por delante y en el que deberá concentrar sus esfuerzos y recursos en las próximas décadas.

INCERTIDUMBRE  ANTE  LA  #PAC  POST  2020 

(una versión reducida se publicó en el Anuario del Diario Córdoba el pasado mes de marzo)

Estamos ante un nuevo proceso de reforma de la política agraria común europea (PAC), que nos debe conducir a la PAC post-2020. Ya se han publicado los primeros documentos de la Comisión Europea, entre ellos la Comunicación “El futuro de la alimentación y de la agricultura” (del pasado 27 de noviembre), y la Comunicación (del 14 de febrero) con el marco financiero plurianual 2021-2027.

De las declaraciones del Comisario de Agricultura Phil Hogan, se podría esperar un escenario de continuidad con el propósito de mantener la estructura de la PAC (en sus actuales dos pilares) y de orientarla hacia una mayor simplificación. Sin embargo, más allá de este mensaje de continuidad, lo cierto es que el escenario en el que se va a negociar la PAC post-2020 es un escenario restrictivo en términos económicos y está cargado de factores de incertidumbre. Ello implicará cambios en la arquitectura de la PAC y conducirá a una reducción del presupuesto dedicado a la financiación de esta política común que, como sabemos, absorbe casi el 40% del gasto europeo (aunque sólo recibe un 0,4% del PIB de la UE-28).

El efecto Brexit

Uno de esos factores es el indudable efecto que va a tener el Brexit en el presupuesto común europeo, dado que el Reino Unido es contribuyente neto a las arcas de la UE. El Presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker, en la presentación pública del marco financiero plurianual, afirmaba que el Brexit podría representar una reducción de entre 13.000 y 15.000 mil millones de euros anuales del presupuesto europeo, y que, si no se incrementan las aportaciones de los EE.MM., habrá una reducción inevitable de los recursos de la PAC.

La Comisión plantea tres posibles escenarios para la PAC: uno, de mantenimiento del status quo (el menos probable, ya que no habría forma de cuadrar las cuentas) y dos escenarios de recortes (uno, el más desfavorable, en el que se plantea una reducción del 30% del presupuesto de la PAC; y otro, algo menos desfavorable, con una reducción del 15%).

Las nuevas prioridades de la UE

Otro factor tiene que ver con las nuevas prioridades que hoy se plantea la UE. Unas prioridades están relacionadas con el nuevo modelo alimentario que demandan los ciudadanos europeos, tal como muestra la consulta pública promovida por el comisario Hogan (con casi medio millón de aportaciones).

Me refiero a temas relativos a la sanidad de los alimentos, a los problemas nutricionales, al coste medioambiental de las producciones agrícolas y ganaderas (huella ecológica), al consumo de agua, al bienestar de los animales,… Son temas que cada vez estarán más presentes en las orientaciones de la nueva PAC, por encima de los objetivos productivistas que le habían caracterizado en sus primeras tres décadas.

Otras prioridades guardan relación con los compromisos adquiridos por la UE tras la firma del Acuerdo de París sobre Cambio Climático en la COP 21 (diciembre de 2015) y con la agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) (firmada en septiembre de 2015 en Naciones Unidas). Estas prioridades incluyen, entre otros objetivos, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio del modelo de consumo energético,…

Más allá de las prácticas agrícolas del actual greening (planteadas desde una lógica interna para cubrir algunas carencias del modelo agrícola europeo), las nuevas exigencias de ahora responden a una lógica externa, a saber: la marcada por los citados compromisos del Acuerdo de París y de la agenda ODS.

  

A todo ello habría que añadir los grandes temas de política general que son hoy prioritarios en la UE y que absorberán una parte considerable del gasto europeo. Me refiero a las prioridades en defensa, control de fronteras, seguridad, biotecnología, digitalización y robótica, movilidad de los jóvenes, acogida a refugiados, inversiones en infraestructuras de comunicaciones (interconexiones eléctricas entre países, corredor mediterráneo,…),…

La PAC, ante un escenario de recortes

Todas ellas son prioridades que, sin duda, absorberán una parte considerable del gasto europeo, y que afectarán a la PAC. La cuestión es, por tanto, cómo distribuir los recortes dentro de la PAC, si cargándolos sobre el primer pilar (y dentro de éste, sobre los pagos directos del FEAGA o sobre los mecanismos de intervención asociados a la OCM única) o recortando los recursos destinados al segundo pilar (afectando al fondo FEADER, que es el que financia las acciones de desarrollo rural).

Lo más probable es que, una vez más, sea el segundo pilar de la PAC el más afectado, dada la mayor sensibilidad política que tiene todo lo relativo al primer pilar (en concreto, los pagos directos) y dado también que los intereses de los grupos de desarrollo rural están peor representados en Bruselas que los de los agricultores.

No obstante, es probable que también haya recortes en el sistema de pagos directos, e incluso algunos cambios. Se habla incluso de extender a todo el primer pilar de la PAC el modelo de “planes estratégicos” (similar a los actuales “programas operativos de desarrollo rural" del segundo pilar), un modelo que estaría basado en resultados y en “pagos por bienes públicos”.

Ello cambiaría la filosofía actual de los pagos directos y los convertirían en ayudas finalistas, es decir, ayudas asociadas a resultados y ligadas a los grandes objetivos de la UE (lucha contra el cambio climático, prevención de la erosión de los suelos, mantenimiento de la biodiversidad, generación de empleo, cohesión social, bienestar animal,…). Eso implicaría que los agricultores recibirían las ayudas directas a cambio de abordar determinados proyectos de innovación en sus explotaciones.

Hacia el final de una PAC sectorial

Todo esto marca, en mi opinión, el final definitivo de la política sectorial que ha caracterizado a la PAC desde su creación. Es un final que conduce a la transición hacia una política basada ya en una lógica territorial, alimentaria y de sostenibilidad ambiental, y más proactiva en la promoción del desarrollo y la cohesión social de los territorios rurales europeos.

Esto significa dejar el tema de la competitividad en manos de los agricultores y de su capacidad para desenvolverse en un mercado cada vez más abierto y globalizado, lo que tiene sus riesgos para el conjunto de la agricultura europea, ya que no todos los agricultores están en condiciones de afrontar por sí solos ese desafío.

Es por ello, que, en ese escenario, debería modificarse la actual filosofía de las ayudas directas (concedidas de forma generalizada) para concentrarlas en los agricultores que realmente las necesitan y asegurarles así la continuidad de su actividad (una especie de renta agraria de garantía), siempre a cambio de cumplir las condicionalidades antes comentadas.

La negociación está abierta. La Comisión Europea ha hecho sus deberes tomando la iniciativa y presentando las primeras propuestas para la PAC post-2020. Ahora es el turno del Consejo de Ministros de Agricultura y del Parlamento Europeo.

Será una negociación compleja a tres bandas (trílogos), y con la incertidumbre del resultado de las negociaciones del Brexit, sin las cuales no se podrá aprobar el marco financiero 2021-2027, ni, por tanto, tampoco los reglamentos de la nueva PAC. Otro factor de incertidumbre es el cierre de la actual legislatura europea y la celebración de elecciones al Parlamento en junio de 2019.

Todo esto hace aún más improbable que la PAC post-2020 pueda estar en marcha en 2021 como desea la Comisión Europea, y que se tenga que retrasar su aplicación prorrogándose unos años los actuales reglamentos. Veremos.

HABLEMOS  DE  #SEQUIA  AHORA  QUE  LLUEVE

Ahora que está empezando a llover en algunas zonas de España es el momento de hablar de la sequía. Al igual que se dice que los incendios forestales hay que comenzar a apagarlos en invierno (mediante medidas de prevención y limpieza de los montes), de los problemas de la escasez de agua se debería hablar cuando estemos en periodos de abundancia y no cuando nos asolen, como ahora, años de sequía.

El carácter cíclico del clima mediterráneo

En los países de clima mediterráneo, como España, los ciclos de abundancia de agua y de escasez son uno de sus rasgos característicos. El pasaje bíblico de los sueños del Faraón es un símbolo del carácter cíclico del clima en estos países. Como se recordará, el sueño de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas fue interpretado por el hebreo José anunciando que se avecinaba una alternancia de años de abundancia y años de sequía. En consecuencia, recomendaba al Faraón ser previsor y gestionar con prudencia los recursos disponibles en los graneros de Palacio.

Reconocer el carácter cíclico del clima mediterráneo no significa negar, como hacen algunos, los efectos del cambio climático, ya que este fenómeno se manifiesta, sobre todo, en el problema del calentamiento global o aumento de la temperatura media del planeta, provocando el deshielo de los casquetes polares o el desencadenamiento de catástrofes naturales en forma de grandes inundaciones en determinadas regiones. Ambos fenómenos (sequías cíclicas y calentamiento global) son diferentes, aunque complementarios, en tanto pueden retroalimentarse (un incremento de las temperaturas hace que aumente la evaporación, y, por tanto, que se acreciente la severidad de los efectos de la escasez de lluvia).

El carácter cíclico de las precipitaciones en un país como España (sequía meteorológica) se manifiesta en que, cada cuatro años, se produce una reducción de las lluvias hasta el 80% de la media anual, lo que afecta sobre todo a los cultivos de secano. No obstante, ese descenso de las precipitaciones significa, como señala Joan Corominas (uno de nuestros mejores expertos en temas de agua y regadíos), que si los años secos se repiten, como viene ocurriendo, “empiezan a descender los niveles de los acuíferos, se secan los manantiales y las reservas de los embalses se van agotando”. Se pasa entonces a lo que los especialistas llaman sequía hidrológica, que afecta, sobre todo, al regadío agrícola, y también a otros usos (industria, turismo y producción de energía hidroeléctrica), alcanzando en casos de sequía severa al consumo doméstico.

Todo ello debería obligar a los gobernantes, como el Faraón tras la interpretación de los sueños por José, a ser previsores en materia de agua y a llevar a cabo una adecuada política de gestión de los recursos hídricos sin esperar a que se desencadenen situaciones graves de sequía. Si no se hace así, como es el caso de ahora, sólo cabe poner en marcha planes de sequía, que aseguren el consumo doméstico, y compensar a los agricultores por las pérdidas que les ocasiona la escasez de agua.

La “cuestión hídrica”

Sea como fuere, la utilización de los recursos hídricos suele dar lugar a fuertes debates, y más en periodos de escasez de lluvias, como el actual, que acumula ya cuatro años seguidos de bajos niveles de precipitaciones. Esta situación está dejando nuestros pantanos en niveles de especial gravedad (por debajo del 30% de su capacidad), y, si no se producen lluvias abundantes en las próximas semanas, dará lugar a serias restricciones en determinados usos (sobre todo, en agricultura, pero también en el consumo en los hogares de algunas localidades), además de provocar una subida del precio de la energía eléctrica (al ser mucha de ella producida en los embalses).

La intensidad de esos debates es lo que explica que los especialistas hayan acuñado el término “cuestión hídrica” para referirse a este asunto.  En dichos  debates se confrontan dos formas de abordar el problema del uso y utilización de los recursos hídricos.

a)    Una forma es tratarlo como un problema de “oferta”. Los que lo perciben de este modo (las asociaciones agrarias y diversas organizaciones de regantes) proponen que aumente la oferta de agua mediante la construcción de más pantanos y embalses para acumular la mayor agua posible en tiempos de abundantes precipitaciones. Entienden que España todavía tiene margen para poder ampliar la capacidad de acumulación de agua en sus cuencas. También proponen una política de trasvases que permita trasladar agua de unas cuencas a otras, contribuyendo a una mejor cohesión de los territorios. Para esta posición, el agua es riqueza económica, sobre todo en el regadío agrícola. Por ello, opina que la oferta de agua es lo que tiene que aumentar, estando convencidos de que la solución tecnológica puede ayudar a resolver la “cuestión hídrica” (en forma de nuevos y más eficientes sistemas de regadío). Negar a los agricultores su “derecho al agua” es, desde este punto de vista, condenar a la pobreza a determinadas áreas rurales de nuestro país y renunciar al potencial de desarrollo que tiene la agricultura de regadío, reflexión que extienden a otros sectores como el turístico.

b)   Otra forma de ver este asunto es tratarlo como un problema de “demanda”. Los que piensan de este modo entienden que la oferta de agua es limitada (no puede llover más de lo que lo hace en países como el nuestro) y que ese problema no se resuelve construyendo más pantanos (que acaban vaciándose por el excesivo consumo) o más trasvases, sino reduciendo la demanda de agua por parte de los distintos sectores de usuarios. Esa es la posición de la Fundación “Nueva Cultura del Agua” (FNCA), para la que el agua es un patrimonio humano ambiental, cultural, paisajístico,… que, en sintonía con la Directiva europea sobre Agua, debe ser usado para el beneficio de toda la comunidad de manera sostenible. En esta línea de opinión, se denuncia el elevado consumo de agua en la agricultura por la irresponsable política de ampliación de la superficie de regadío y por la tendencia de los agricultores a la intensificación de los cultivos agrícolas (que ha absorbido el relevante ahorro que se ha venido produciendo en este sector gracias a la importante modernización de regadíos realizada en los últimos años).

Algunas reflexiones sobre la gestión de los recursos hídricos

Ambas posiciones fundamentan bien sus argumentos, y se apoyan en datos que los avalan. Sea como fuere, lo cierto es que España tiene un problema con la gestión de los recursos hídricos, que aún no ha abordado con seriedad y rigor y que exigiría tratarlo como un problema de Estado, dadas las múltiples dimensiones del agua como recurso fundamental para la vida, el desarrollo económico y la sostenibilidad medioambiental.

Las dificultades de hacer efectiva la aplicación del Plan Hidrológico Nacional (PHN), aprobado en 2001 y luego modificado en 2005, así como los problemas (políticos y económicos) de ejecución de los proyectos asociados al programa AGUA (incluido en el último PHN), reflejan que en España aún no nos hemos tomado en serio la gestión de los recursos hídricos como un gran asunto de Estado. Vayan algunas reflexiones.

1)   Es un hecho que se ha incrementado de modo exponencial el consumo de agua, tanto la que se consume en los hogares (pese a que en los últimos años se ha reducido de forma notable su consumo), como la que se consume en el sector agrario o en otros sectores de actividad (industria, servicios,…). A ello ha contribuido, sin duda, nuestro modelo de desarrollo y nuestro estilo de vida, basados en un consumo sin límite de los recursos hídricos y energéticos.

2)   También es una realidad que nuestra capacidad de regulación y almacenamiento de agua en embalses, ha aumentado de manera extraordinaria en los últimos sesenta años, gracias a las importantes obras hidráulicas que se han realizado, que permiten soportar mejor los periodos de sequía. Los expertos dicen que, con la actual capacidad de acumulación de agua, España tiene condiciones para soportar cuatro años seguidos de sequía, aunque también señalan que no lo suficiente, debido al elevado y creciente consumo que hacemos del agua almacenada (según estudios, extraemos de los embalses un 2% más de agua al año de la que reciben). Ello exigiría que, sin esperar a los momentos más graves de la sequía, los organismos de cuenca fueran previsores y redujeran gradualmente las dotaciones de riego cuando se inicien los periodos de escasez de precipitaciones.

3)    El consumo de agua ha alcanzado unas proporciones tales, que exige poner orden en ese aumento exponencial. Se sabe que más del 80% del agua disponible, se consume en el sector agrario (sobre todo, en los regadíos), y el resto en otros sectores de actividad (industria, turismo, servicios,…), además de en los hogares. Sin embargo, sólo es el consumo en la agricultura el que no revierte a los ríos, sino que se transforma en los productos agrícolas, por lo que en términos del ciclo del agua, es el sector agrario el principal consumidor de los recursos hídricos. El consumo de agua en los hogares es sin duda importante, pero, a diferencia del consumo en la agricultura, revierte a los caudales de los ríos, al igual que ocurre con el agua que se consume en el sector industrial o turístico. Por ello, las campañas de ahorro en los hogares y en estos sectores económicos hay que valorarlas por su doble efecto: real (mientras más se ahorre en ellos, menos extraemos agua de los centros de abastecimiento) y simbólico (no se puede seguir con una cultura del despilfarro).

4)    Por ello, sería necesario reducir el consumo de agua en el sector agrario, ya sea evitando que aumente de forma ilimitada la superficie de riego, ya sea continuando con la modernización de los regadíos (introduciendo tecnologías y sistemas de riego que reduzca el consumo de agua por explotación), ya sea neutralizando mediante campañas de sensibilización la irrefrenable tendencia de los agricultores a intensificar sus cultivos. No obstante, el efecto de la modernización de regadíos está llegando ya al límite en algunas regiones (en Andalucía, ya se han modernizado 350.000 has de riego, con un ahorro bruto del 25% del uso de agua) y poco se puede hacer más. Además, como consecuencia del conocido “efecto rebote”, modernizar los regadíos no siempre produce un ahorro neto de agua, ya que, paradójicamente, provoca tanto un aumento de la superficie regable, como una intensificación de cultivos, con el consiguiente incremento del consumo del recurso hídrico.

5)   Salvo la finalización de algunas obras hidráulicas ya iniciadas en algunas cuencas, no estamos en un contexto ni socioeconómico, ni político favorable a la construcción de nuevos embalses. Ni la UE va a autorizar invertir recursos de los fondos estructurales en la ampliación de nuestra capacidad de regulación, ni los programas políticos de los distintos partidos incluyen esta demanda, ni la sociedad en su conjunto tiene entre sus prioridades la construcción de nuevos pantanos.

6)   Sólo cabe por el lado de la oferta abordar una mejora de las actuales infraestructuras hidráulicas, reduciendo las pérdidas en las conducciones y aplicando las nuevas tecnologías para hacer más eficiente la gestión del recurso hídrico. Temas como la construcción de desaladoras no debieran descartarse por principio, pero sí ser bastante cautos a la hora de proponerlo y evitar que se reciba como una panacea cuando sólo es una solución muy concreta a casos puntuales, dado su elevado coste y sus efectos sobre el medio ambiente.

7)   El tema de los trasvases sólo cabe en los que ya están en funcionamiento, pero no en la construcción de otros nuevos, ya que su alto coste económico no lo justifica, ni tampoco su elevado coste político en un país tan poco vertebrado como el nuestro (con 17 centros políticos de decisión). La política de trasvases debe centrarse en hacer más eficiente el funcionamiento de los que ya existen, evitando pérdidas y programando adecuadamente la transferencia de agua de unas cuencas a otras, con plena justificación de las cuotas de trasvase y de los momentos de su realización.

8)   Sería pertinente regular mejor de lo que está ahora el uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas evitando los pozos ilegales y la extracción ilimitada del recurso hídrico de esos acuíferos. Asimismo, los poderes públicos deberían ser más eficaces a la hora de perseguir los vertidos contaminantes en ríos y mares, así como la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos u otros insumos usados en la actividad agrícola y ganadera. Y todo ello, en el marco de la aplicación de la citada Directiva europea sobre Agua, para devolver al buen estado ecológico nuestros ríos, acuíferos y aguas de transición costera, lo que exige incluir en el precio del agua (hoy bastante bajo en comparación con el coste de la energía eléctrica) la recuperación de los costes de las conducciones y los relativos a la depuración.

9)   Sería interesante explorar el tema de los “bancos de agua” con objeto de que el agua de unos determinados usuarios pueda ser utilizada por otros usuarios de la misma cuenca, pero con mayores productividades económicas, previa compensación a los donantes del recurso hídrico. Teniendo en cuenta que, a diferencia de los trasvases, la proximidad territorial facilita esos intercambios y los hace menos costosos, los "bancos de agua" es una opción interesante (ver sobre este tema el excelente artículo de Fernando Garrido, "Los mercados de agua y sus implicaciones sociales", publicado en el Anuario 2017 de la Fundación de Estudios Rurales).

10)  Se debe seguir avanzando en el proceso de instalación de depuradoras en los municipios para hacer posible que el agua que se vierte a los ríos tras su uso doméstico o industrial, esté en condiciones de buena calidad para evitar efectos perniciosos sobre los ecosistemas fluviales y pensando siempre en su utilización por otras comunidades de usuarios aguas abajo. El agua que circula por nuestros ríos no pertenece a ninguna comunidad concreta, sino que es un bien público de carácter universal, y por ello a proteger.

En definitiva, el problema de la sequía es un tema complejo y con muchas dimensiones. En este debate se reflejan aspectos no sólo relacionados con la escasez de las precipitaciones, sino también con sus efectos en la producción agrícola y en la generación de energía hidroeléctrica, y con la viabilidad del modelo de desarrollo económico, un modelo basado en el consumo ilimitado de los recursos naturales. No aplacemos el debate ahora que empieza a llover.

SOBRE  EL  DESPOBLAMIENTO  RURAL EN  ESPAÑA

(Una versión más amplia puede verse en el artículo "¿Está vacía la España rural?" publicado en el Anuario 2017 de la Fundación de Estudios Rurales)

La mejora de las comunicaciones viarias y de los servicios (educación, salud,...), así como las crecientes dinámicas de interacción rural-urbana que han acompañado al fuerte proceso de cambio ocurrido en nuestro país en los últimos cincuenta años, han dado lugar a una mayor convergencia entre el medio rural y el medio urbano.

Esto ha hecho que se haya superado el tradicional discurso ruralista, que anteponía una España rural (símbolo del atraso, la pobreza y el aislamiento) y una España urbana (símbolo de la modernidad y el dinamismo cultural).

Ello no impide reconocer que el medio rural continúa siendo un espacio geográfico singular, cuya singularidad radica en la existencia de municipios de tamaño relativamente pequeño y de un hábitat disperso y de menor densidad poblacional (menos de 100 hab/km2), en contraste con las aglomeraciones urbanas.

Los espacios rurales continúan marcados, además, por la presencia dominante del paisaje natural y por una intensa interacción de la población rural con la naturaleza, debido sobre todo al predominio de la actividad agraria.

Un ruralismo revisitado

Sin embargo, está surgiendo ahora un nuevo discurso ruralista de la mano de algunos trabajos periodísticos (como el de Sergio del Molino con su libro “La España vacía”), de reportajes televisivos (como el titulado “Tierra de nadie” del programa “Salvados” de Jordi Evole) o de algunas obras literarias (como las novelas de Julio Llamazares, la de Francisco Cerdá “Los últimos” o la más reciente de López Andrada “El viento derruido”).

A diferencia del viejo discurso ruralista, y ante la imposibilidad de mantener hoy, por irreal, la idea del atraso y la pobreza como rasgo del medio rural español, los que reactivan actualmente el ruralismo lo envuelven ahora en el manto del despoblamiento y el abandono de algunos pueblos rurales.

Es verdad que la diversidad del medio rural español es tan grande, que siempre es posible encontrar pueblos o territorios abandonados que den pábulo al periodismo de denuncia bien intencionado o a cualquier construcción literaria inspirada en la nostalgia del pasado o en el sentimiento del paraíso perdido, como forma de compensar el malestar de la vida en la gran ciudad. Tales escenarios literarios son marcos de libertad creativa que no tienen por qué ser representativos de nada, ya que su misión es servir al objetivo final del artista. Hasta aquí nada que objetar al nuevo discurso "ruralista" revisitado por estos escritores.

El problema es cuando una categoría literaria o periodística sobrepasa el terreno de la ficción o de la simple denuncia, y aspira a convertirse en la expresión realmente fidedigna de una realidad social. Para ello, es necesario ampliar el análisis, asumir la diversidad de los hechos sociales, comparar situaciones y apoyarse en datos empíricos sólidos, que es lo que se suele hacer en el ámbito de las ciencias sociales (ver en este sentido el artículo “La España profunda” del geógrafo Fernando Molinero, publicado el pasado 12 de julio en el Anuario de la Fundación de Estudios Rurales).

El citado programa de Jordi Evole o el libro del mencionado Sergio del Molino, representan, sin duda, una llamada de atención, una toma de conciencia sobre los problemas de los pequeños pueblos rurales y de las zonas más interiores de nuestra ruralidad.

Pero no podemos evitar cierta incomodidad con estos trabajos por lo que significan de simplificación de una realidad que es mucho más variada y compleja de la que muestran. Nos preocupa que, poniendo el foco de atención en los casos más llamativos y de más potencial dramático, se esté dando una imagen distorsionada del medio rural español ignorándose amplios territorios cuyos problemas no son los del despoblamiento y el abandono, sino de otra índole.

Como señala García Alvarez-Coque, en su artículo “Serranía Celtibérica”, publicado en Agronegocios el pasado 16 de abril, no debería interesarnos sólo por qué, en lo que llevamos de siglo, más de un millar de municipios de esa comarca han perdido población, sino por qué se ha mantenido o incluso ganado población en más de 2.000 localidades.

En esta misma línea de reflexión, considero más interesante fijarse en los municipios que no se despueblan, que lamentarse por los que están vacíos y abandonados, procurando conocer las causas del porqué hay territorios rurales que se mantienen vivos y activos y en los que su población muestra un evidente dinamismo.

El despoblamiento entra en la agenda política

No obstante, es un hecho innegable que existen pueblos vacíos y en claro riesgo de ser abandonados, tal como lo ha señalado el informe de la Federación Española de Municipios y Provincias, que sitúa en 4.000 el número de municipios en peligro de extinción a corto y medio plazo.

Ya la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (diciembre de 2007) identificaba 105 comarcas “a revitalizar” por tener serios problemas reales de despoblamiento, y otras 84 comarcas calificadas de “intermedias” por estar en riesgo de abandono.

Es verdad que no es lo mismo hablar de municipios vacíos, que de comarcas despobladas, pues en estos temas la escala importa. Pero nadie en su sano juicio puede negar la evidencia de este problema en algunas áreas rurales de nuestro país. De hecho, el problema del despoblamiento en la España rural ha entrado en el debate político, y eso es también una buena noticia, ya que se asume como un problema de Estado y no como un problema local o regional.

El Senado ha creado una Comisión Especial sobre este tema, y en la VI Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas se acordó la elaboración una Estrategia Nacional a ese respecto, dando lugar a que el Gobierno Rajoy creara un Comisionado presidido por Edelmira Barreira.

Un mundo rural diverso

Sin embargo, además de las comarcas y municipios en riesgo de despoblamiento, existen en nuestra geografía muchos otros territorios rurales donde no es ése el problema que les afecta, sino de otro tipo.

En estos territorios viven agricultores que se esfuerzan diariamente por sacar adelante sus explotaciones, luchando contra la pérdida de rentabilidad de la agricultura, la imposición de los precios agrícolas por parte de las grandes cadenas alimentarias, la debilidad de las fórmulas asociativas, el relevo generacional en las explotaciones agrarias, los efectos negativos del cambio climático, la erosión de los suelos, la escasez de recursos hídricos,…

Y existen también territorios que son hoy un ejemplo de dinamismo social y económico y de innovación. En ellos, nuevos agentes económicos encuentran en los pueblos rurales ventajas competitivas para el desarrollo de proyectos empresariales, así como jóvenes emprendedores aprovechan los espacios rurales como oportunidades de negocio en ámbitos muy diversos (deportes de naturaleza, actividades recreativas, artesanía, turismo rural,…).

Asimismo, profesionales de los más variados oficios (carpintería metálica, escayolistas, alicatadores, electricistas,…) residen en sus pueblos, y gracias a la mejora que han experimentado las infraestructuras viarias, se desplazan diariamente a los núcleos urbanos para desarrollar las actividades que le son propias.

Un despoblamiento desigual y diferenciado

Hay, sin duda, territorios vacíos y despoblados en la España rural que requieren ser tratados con planes específicos de desarrollo con la finalidad de intentar reactivarlos. Pero en no pocos territorios continuará el proceso inexorable de despoblamiento de sus pequeños municipios sin posibilidad alguna de invertir esa tendencia.

En estos casos, puede que no tenga sentido volcar esfuerzos y recursos en reactivar algo que está condenado a desaparecer por la ley de los tiempos que le ha tocado vivir. No se puede aspirar en España a mantener viva una estructura muy desigual de municipios, que procede de la Edad Media y que nunca ha sido objeto de una ordenación racional y moderna, a diferencia de lo que se ha hecho en otros países de nuestro entorno.

En un contexto de recursos públicos escasos en el que hay que establecer prioridades, es preciso definir en cada tipo de espacios rurales las estrategias más adecuadas de inversión en infraestructuras y equipamientos (centros escolares y de salud,...), planteándolas siempre a una escala comarcal y no municipal, y con criterios de racionalidad y eficiencia.

En algunas comarcas, se tendrá que emplear recursos públicos para avanzar en el proceso de modernización de la agricultura, promover el relevo generacional, impulsar los modelos asociativos y favorecer la renovación formativa de los agricultores para que estén más capacitados para acceder al mundo digital y de las nuevas tecnologías.

En otras comarcas, habrá que diseñar estrategias integrales de desarrollo, que favorezcan la interacción rural-urbana, la diversificación de actividades (agrarias y no agrarias), la instalación en el medio rural de nuevos emprendedores,… facilitándoles la movilidad y el transporte.

Habrá también territorios en los que la fuente de supervivencia de las familias que en ellos residen descansa en los ingresos obtenidos de manera temporal por la afluencia de visitantes en determinadas épocas del año (fines de semana y/o periodos vacacionales) que buscan lugares de ocio y esparcimiento. En estos casos habrá que promover planes de habilitación de las casas rurales para que sirvan de acogida a esos visitantes, extendiendo la banda ancha de las telecomunicaciones por todo el territorio.

Pero habrá, como he señalado, territorios condenados sin remisión al despoblamiento, en los que sólo cabe aplicar medidas paliativas para que, en consenso con las poblaciones locales, ese proceso se produzca con el menor daño posible para los que allí viven.

IN  MEMORIAM 

A la muerte de Edgar Pisani.   

El pasado 20 de junio murió en París a la edad de 97 años, Edgar Pisani, político francés cuya trayectoria ha marcado la vida política de Francia y de la UE durante casi tres cuartos de siglo. Nacido en Túnez (cuando aún era protectorado francés), hijo de una familia de origen maltés, su vida ha estado vinculada a cuatro grandes pasiones: el servicio público, la agricultura, el europeísmo y la dos orillas del Mediterráneo.

Después de una participación activa en la resistencia francesa contra la ocupación nazi (fue decisiva su participación en la defensa de la prefectura de París, recogida en la película “Arde París”), se unió al equipo del General De Gaulle al finalizar la II Guerra Mundial, ocupando diversos cargos de responsabilidad en el gobierno de concentración nacional.

Desde entonces emprendió una carrera política desde los puestos locales (alcalde, prefecto,…) hasta los provinciales y nacionales (diputado y senador, ministro en varias ocasiones). Siendo un político de izquierda vinculado al partido socialista, pero abierto al diálogo con otros grupos políticos, fue por, encima de todo, una persona al servicio de los intereses generales, lo que le llevó a participar en gobiernos de coalición de amplio espectro. Su conciencia de servidor público se imponía sobre sus lealtades partidarias.

Al comienzo de la V República con el regreso del general de Gaulle a la escena política francesa tras la crisis de Argelia, el primer ministro francés Michel Debré lo nombraría Ministro de Agricultura en 1961, cargo que ocuparía hasta 1966. Desde ese puesto de responsabilidad, Edgar Pisani sería el artífice de las grandes leyes de orientación de la agricultura francesa (1962) que impulsaron el proceso de modernización agraria en ese país. En esas dos leyes plasmaría su gran pasión por la agricultura, promoviendo programas tales como los de regulación del mercado de tierras, ordenación del territorio, instalación de jóvenes agricultores, cooperativismo, vertebración de la cadena alimentaria,… Y todo ello en estrecha concertación con el sindicalismo agrario según un modelo de cogestión que se convertiría en un ejemplo a imitar en otros países y en la base de la Política Agraria Común europea.

Su pasión europeísta le llevó a ocupar en 1981 el puesto de Comisario de Desarrollo en la Comisión Europea presidida por Gaston Thorn, puesto que mantuvo hasta 1985, cuando fue nombrado por el gobierno francés Alto Comisionado para la Nueva Caledonia, en un momento muy convulso en la colonia francesa.

Su pasión por el diálogo intercultural, le hizo asumir el puesto de Presidente del “Instituto del Mundo Arabe” entre 1988 y 1991 y, más tarde, su pasión por el Mediterráneo le condujo a la presidencia del “Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes” con sede en Montpellier.

Sus últimos años los dedicó Pisani a impulsar la creación de diversos grupos de reflexión sobre la agricultura y el mundo rural, en los que reunió a expertos de distintas disciplinas académicas (agrónomos, economistas, sociólogos, geógrafos,…) y a personas vinculadas al mundo sindical y cooperativo. Primero fue, a escala francesa, el llamado “Grupo de Seillac”, y más tarde, a nivel europeo, el “Grupo de Brugge” (Brujas), del que tuve la fortuna de formar parte durante varios años participando en la traducción del documento “Por un cambio necesario en la agricultura” (publicado en español en 1997 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

En los grupos que promovió, su magisterio, su gran capacidad para comunicar y escuchar y, sobre todo, sus largos e intensos silencios (le gustaba autodefinirse como un “místico agnóstico”), le hizo asumir un auténtico liderazgo que siempre quedará en nuestro recuerdo.

Su libro de memorias agrarias y rurales “Un vieil homme et la terre” (“El viejo y la tierra”) es un libro apasionante, de lectura obligada, sobre el amor por la tierra de un hombre ya mayor, que continuó hasta sus últimos días pensando en cómo mejorar la agricultura y el mundo rural.

Descanse en paz.