DE   #MÁSTERES   Y   #POLÍTICOS    

Otra    lectura   

(versión ampliada del artículo publicado en el Diario Córdoba el 21/04/2018)      

En memoria de Miguel Manaute,

quien fuera Consejero de Agricultura

de la Junta de Andalucía (1982-1990)

con sólo bachillerato elemental.

Aún recuerdo cuando, al comienzo de los años 1980, no pocos empresarios agrícolas se escandalizaban al ver cómo el presidente de la Junta de Andalucía (Rafael Escuredo) nombraba Consejero de Agricultura a Miguel Manaute, pequeño parcelista de El Arahal (Sevilla), sin estudios superiores que le avalaran.

Se preguntaban ¿cómo era posible que al frente de una Consejería tan significativa para Andalucía se pusiera a una persona iletrada con sólo bachillerato elemental, y no a un ingeniero agrónomo de prestigio? Luego, resultó que Manaute supo rodearse de un excelente equipo de técnicos y funcionarios, ingenieros, sociólogos y economistas, con capacidad más que sobrada para poner las bases de lo que es hoy la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de esta Comunidad Autónoma.

Traigo esto a colación con motivo del debate sobre el falso máster de Cristina Cifuentes y el asunto de los políticos que han “inflado” sus CV, e incluso falseado, en una carrera frenética por no sentirse descalificados ante la opinión pública si no muestran tener una licenciatura o un máster de postgrado. Dado que se ha escrito y hablado lo suficiente sobre ambos asuntos, no es mi propósito abundar más en ello, pero sí analizarlos desde una perspectiva que, en mi opinión, no ha sido tratada, y sobre la que expongo algunas reflexiones.

La "titulitis", como patología

En una sociedad, como la española de hoy, en la que crece el porcentaje de la población que tiene título universitario, es bueno que también lo tengan los que se dedican a la política, reflejando mejor la realidad social que representan. Pero no me parece acertado ni tampoco conveniente magnificar la importancia de los títulos universitarios en la política, ya que eso puede tener efectos perversos.

Está claro que tener un título académico no es garantía de buen político. Pero la realidad es que criticamos cuando se produce el nombramiento de un cargo político que no reúne títulos suficientes, y menospreciamos su experiencia en otras áreas, incluida la de la propia política.

El problema de la “titulitis” entre los políticos puede explicarse por varios factores, de los que me centro en dos de ellos. El primero, de efectos negativos, es la fuerte presión que los políticos reciben de la opinión pública, en el sentido de que si un político no tiene un título universitario, no se le considera capaz de ejercer eficazmente su actividad. Con la extensión generalizada de las licenciaturas, le exigimos incluso tener un máster para poder considerarlo capaz de desarrollar su tarea política. Se da la paradoja de que en una actividad, como la política, en la que no se pide ningún título académico para acceder a ella, es donde estamos ahora exigiendo que los políticos tengan títulos superiores (y a ser posible de postgrado) para recibir reconocimiento social.

Esta presión es uno de los factores que incitan a los políticos a sacarse másteres (y si es con buenas calificaciones, mejor) sin disponer de tiempo suficiente para dedicarle el esfuerzo que eso requiere. Para ello aprovechan las facilidades que ofrecen algunas universidades en los programas de postgrado, más preocupadas por captar alumnos (y hacer caja con el elevado coste de las matrículas), que por el rendimiento, calidad y excelencia del programa.

El otro factor explicativo, éste de carácter positivo, está relacionado con el deseo de aprender y mejorar su formación que muchos políticos sienten cuando ocupan cargos públicos de cierta relevancia y comprueban sus carencias en determinadas materias. Este sentimiento se da sobre todo en personas que desde muy jóvenes están en la política y que, debido a su temprana y plena dedicación a esta actividad, no han completado sus estudios o los han abandonado justo al terminar el bachillerato o en medio de una licenciatura.

En estos casos, resulta loable su afán por mejorar la formación, su inquietud por prepararse mejor para el desempeño de sus tareas políticas. No es criticable, por tanto, que se matriculen en cursos de especialización o másteres de postgrado, siempre que dediquen el esfuerzo y el tiempo que ello les exige. El problema está, como en la situación antes analizada, en que no disponen del tiempo necesario para realizar un estudio universitario de postgrado con la intensidad y dedicación que se les exige a los alumnos, y entonces buscan la fórmula de poder compatibilizarlo con su actividad política, aprovechando su influencia o redes clientelares con el mundo académico y las mencionadas ventajas que ofrecen algunas universidades.

El resultado de todo ello es doble. De un lado, aumenta la degradación de la actividad política, que se ve contaminada por la corrupción en un tema, como éste de la formación, tan sensible a la opinión pública y donde se supone que rigen los criterios del mérito y el esfuerzo. De otro lado, produce una degradación de nuestro sistema universitario, al ofrecer su cara más gris ante la falta de rigor y seriedad de algunas universidades en la concesión de títulos de postgrado por los que cobran elevadas tasas académicas y cuyos requisitos relajan cuando en ellos se matricula algún profesional muy ocupado o un político de cierta relevancia.

Catarsis

La indignación está servida y el daño está ya hecho. Sólo confío en que esto sirva de catarsis en un triple sentido.

En primer lugar, espero que la opinión pública rebaje su presión sobre los políticos respecto a la exigencia de títulos académicos como vía del reconocimiento social para ejercer su actividad, y valoremos más la experiencia y capacidad. Tener un título no es garantía de nada en el ámbito de la política. Se puede ser un excelente político sin tener másteres o títulos de postgrado; basta con saber escuchar la opinión de los expertos y rodearse de un buen equipo técnico en el desempeño de sus responsabilidades públicas, además, por supuesto, de ser capaz de tomar decisiones, que es la principal tarea de un político.

En segundo lugar, confío en que, tras esta catarsis, los políticos no “inflen” sus CV de manera innecesaria, sino que sólo reflejen en ellos sus verdaderos méritos, unos méritos que no tienen por qué estar relacionados con la posesión de un título de máster, sino con las capacidades adquiridas por su experiencia en otras esferas profesionales.

Y en tercer lugar, espero que todo esto sirva para que el sistema universitario ponga orden en sus estudios de postgrado, estableciendo los controles necesarios para garantizar la calidad y la excelencia de unos títulos por los que las universidades cobran elevadas tasas, pero que, en no pocos casos, dejan mucho que desear.

SOBRE   IMPUTADOS,   AFORADOS  Y  RESPONSABILIDADES   POLÍTICAS

No me gustan los juicios paralelos, previos al conocimiento de las sentencias en firme. Menos me gustan esos juicios si afectan a políticos en el ejercicio de sus cargos públicos. Y no es sólo por el daño que se le hace al encausado en detrimento de su derecho a la presunción de inocencia, sino también por el daño que representa para el propio sistema democrático.

Cuando un político es imputado, los medios de comunicación, afectados como están por una grave crisis de lectores y/o audiencia, se hacen eco de la noticia magnificándola de tal modo (en grandes titulares, en primera plana o en la cabecera de los telediarios), que impactan en la opinión pública como si ya hubiera sido condenado. Diarios (en papel o digitales), emisoras de radio y canales de TV pugnan entre sí por ver cuál da la noticia con mayor sensacionalismo e impacto mediático.

Pero, luego, meses o años más tarde, cuando se hace pública la sentencia y ese mismo político es absuelto o condenado a una pena mucho menor que la solicitada por el fiscal, la noticia no se difunde con la misma amplitud e intensidad. Y si se difunde, la reacción que entonces genera en gran parte de la opinión pública es la de acusar al poder judicial de someterse al dictado de los políticos. “¿Ves? Le han rebajado la pena o lo han absuelto porque los jueces son cómplices del poder político. Son todos de la misma calaña”. Es la credibilidad del sistema democrático la que se ve afectada por este tipo de reacciones.

El fundamento de una democracia radica en la separación de poderes, y el poder judicial tiene sus procedimientos y sus ritmos. En no pocas ocasiones, son procesos exasperadamente lentos, debido a la complejidad de los casos y a la escasez de recursos con que cuentan los jueces para abordar largas y tortuosas investigaciones en la fase de instrucción. Lo importante es que el poder judicial sea independiente a la hora de desarrollar sus funciones y que el poder político no interfiera las decisiones de los jueces, aunque como cualquier ciudadano los políticos pueden criticar las sentencias y recurrirlas si ha lugar. También los jueces deben ejercer con mesura sus funciones y no sobreactuar cuando tienen delante una "presa" de valor político.

En ese contexto cabe plantearse varias cuestiones. La primera se refiere a la actitud personal que debe tener el político que es imputado (investigado) si el juez de instrucción ve indicios de culpabilidad. En países democráticos ya maduros, ni siquiera se espera a la imputación. Basta con que caiga la más mínima sospecha sobre un político en el ejercicio de su cargo o incluso en su vida privada, para que se vea en el deber (que no en la obligación) de dimitir.

Tenemos múltiples ejemplos de políticos norteamericanos, británicos, alemanes o suecos, que han visto truncadas sus carreras políticas por comportamientos reprobables en el ámbito de sus vidas públicas o privadas. Para dimitir no han tenido que esperar a ser imputados por un juez, ni a que se apliquen los códigos éticos de sus correspondientes partidos, ni al conocimiento de una sentencia. Su retirada de la vida política es fruto del imperativo moral que impregna las culturas democráticas ya maduras y que es interiorizado por quien se dedica a la política, ya que la sociedad en la que vive también se rige por ese código ético en todo lo relativo a la utilización de los recursos públicos. Por desgracia, en nuestro país, la dimisión por imperativo moral es la excepción y no la regla.

La segunda cuestión se refiere a la norma que deben aplicar los partidos políticos cuando en sus filas surjan casos de corrupción o de comportamientos reprobables que afectan a algunos de sus dirigentes o afiliados. En un momento de crisis económica e institucional como la actual, los partidos políticos, conscientes de su debilidad y escasa credibilidad en la opinión pública, responden de forma precipitada y errática ante la presión mediática, 

Todo eso lleva a partidos políticos y a medios de comunicación a no establecer una clara distinción entre las diferentes categorías de corrupción (prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho,…) a la hora de reaccionar cuando un dirigente es imputado. Lo mismo da que haya sólo prevaricado en el ejercicio de su cargo sin haberse enriquecido personalmente; que haya malversado fondos o recibido comisiones a cambio de determinadas decisiones, o simplemente que haya ejercido tráfico de influencia. En ese contexto paranoico, todo es corrupción, sin importar de qué grado y gravedad. No es extraño, por tanto, que dé la impresión de que nuestro país esté inmerso en un lodazal de corrupción, cuando la realidad no es así (hay más de cien mil cargos políticos electos en España, y en su gran mayoría desarrollan su actividad de manera honesta).

En una frenética carrera, los partidos, presionados por los medios de comunicación, compiten entre sí por ver cual pone el listón más alto a la hora de pedir responsabilidades a los políticos envueltos en casos de corrupción. Eso les lleva a exigir el cese de un alto cargo o la expulsión de un afiliado por el solo hecho de ser imputado, sin esperar a la apertura del juicio oral o a la terminación del proceso judicial con el dictado de la correspondiente sentencia.

En principio, y como ideal, sólo la condena en firme debería ser el criterio de un partido para actuar contra el afiliado que ocupe un cargo público y sea encausado en un proceso judicial. Actuar en el momento de la imputación, en pleno proceso de instrucción del sumario, sería atentar contra la presunción de inocencia. Actuando así, los partidos políticos contribuyen a los juicios paralelos con actuaciones efectistas que responden más a presiones mediáticas, que a la aplicación de un código ético coherente, generando daños irreparables en los militantes afectados por ello,

Otra cosa diferente es que, determinados cargos institucionales, deberían renunciar a sus puestos en caso de ser imputados o citados a la apertura en el juicio oral, para evitar el descrédito de la institución a la que representan cuando llegue el momento de sentarse en el banquillo de los acusados. Debería ser una renuncia movida por el imperativo moral a que antes me he referido, pero, si no se produjera, el partido tendría que actuar en esos casos forzando la dimisión para evitar males mayores.

Otra cuestión es el tema del aforamiento, muy unido a las dos cuestiones anteriores y que exigiría una reflexión más amplia, ya que la opinión pública identifica el hecho de estar aforado con la impunidad, cuando no es realmente así. Ser aforado no significa ser impune a la justicia, sino ser juzgado por tribunales especiales (tribunal supremo o tribunales de justicia de las Comunidades Autónomas).

Sea como fuere, lo cierto es que España es el país con mayor número de aforados, y que debe reducirse de modo sensible, debiendo quedar limitado a cargos institucionales de alto nivel (la corona, las presidencias de los gobiernos nacional y autonómicos, las presidencias del Congreso y Senado, los magistrados del TC, y poco más). De ese modo, un diputado o senador, por ejemplo, no verá en la retención de su escaño una vía para protegerse por estar aforado ante una imputación por parte del poder judicial ordinario.

Estas son algunas reflexiones sobre un tema que está permanentemente en la agenda pública, y actualmente aún más por casos tan significativos como el de los socialistas Chaves o Griñán o el de la popular Rita Barberá. Los medios de comunicación, y la propia opinión pública, ya los han condenado en un juicio paralelo, mucho antes de que se sienten en el banquillo y el tribunal sentenciador proceda a interrogarlos y dictar sentencia. 

¿Qué ocurriría si fueran declarados inocentes de los cargos que se les imputan o si las condenas fuesen mucho menores que las solicitadas por el fiscal anticorrupción? Me temo que, debido a esos juicios paralelos previos, en tales circunstancias la justicia saldrá muy mal parada en su imagen de independencia, y la democracia perderá un grado más de credibilidad.