#ALTERNANCIA  POLÍTICA  EN  #ANDALUCÍA   

(versión ampliada del texto publicado en el Diario Córdoba el 18/01/2019)

Es indudable que en democracia los gobiernos cambian cuando así lo decide el electorado. Por eso, no pierde legitimidad un gobierno salido de las urnas por el hecho de que un mismo partido lleve largo tiempo al frente del poder ejecutivo. Tenemos el caso de Baviera, la región europea con mayor tiempo de un partido (el democristiano CSU) al frente del gobierno regional (más de sesenta años).

Sin embargo, la alternancia en el poder suele ser un buen indicador para medir la salud democrática de un país, si bien hay otros, como la separación de poderes, la transparencia, la rendición de cuentas, la libertad de expresión, el respeto de las minorías,… 

En España, comunidades como el País Vasco o Cataluña, gobernadas durante varias décadas por partidos nacionalistas, ya experimentaron cambios de gobierno. Sólo quedaba Andalucía para cerrar el círculo de la alternancia política (con casi cuarenta años ininterrumpidos de gobiernos socialistas, si contamos la etapa de la preautonomía), y los resultados del 2-D la han hecho posible.

No obstante, es una alternancia atípica, presidida por un partido (el PP) que ha obtenido uno de los peores resultados de su historia. Sólo la debacle del PSOE y de Adelante-Andalucía (A-A), propiciada por la desmovilización de la izquierda y por su inexplicable paralización postelectoral, ha permitido la formación de un gobierno de centro-derecha PP-Cs, apoyado por el partido de ultraderecha Vox.

Desde un punto de vista formal, la alternancia es impecable, ya que esos tres partidos han sido capaces de formar una mayoría suficiente en el Parlamento andaluz, que es realmente lo que vale en un sistema parlamentario como el nuestro. Por eso, no tiene sentido en sistemas parlamentarios hablar de “lista más votada”, ya que gobierna quien logra armar una mayoría en el parlamento. La apelación de Susana Díaz a que el PSOE ha sido la lista más votada, es tan poco convincente, como la de Arenas (PP) cuando ganó las elecciones de 2012 y no consiguió la mayoría parlamentaria.

Ahora bien, la alternancia no siempre asegura la gobernabilidad, que es otra cosa. Por eso, hay dudas fundadas sobre si la nueva mayoría parlamentaria PP+Cs+Vox conducirá a una situación de gobernabilidad que permita al nuevo poder ejecutivo emprender su acción de gobierno con la estabilidad que toda democracia requiere.

De hecho, la escenificación del pacto tripartito no augura nada bueno. Los dirigentes de Cs no han querido saber nada de Vox, que, lo quieran o no, será su socio, haciéndose más que evidente la profunda desconfianza entre ambos partidos. Ni una foto ha sido posible entre los dirigentes de los tres partidos. Parece como si la comprensible alegría por haber logrado la alternancia en Andalucía, sea una alegría fragmentada, experimentándola cada partido a su manera y mirando de reojo al socio del tripartito, como si fuera un adversario.

Además de la desconfianza, hay otras razones que hacen dudar de la gobernabilidad en Andalucía. La primera es que la alternancia descansa en tres partidos (PP, Cs y Vox) que compiten por la misma base electoral. Ello generará inevitablemente tensiones entre ellos, teniendo en cuenta que en este año 2019 habrá diversos comicios (municipales, autonómicas, europeas y previsiblemente nacionales) y tendrán que hacer visibles sus diferencias.

La segunda razón estriba en el hecho de que el programa del nuevo gobierno ha sido acordado sólo entre dos partidos (PP y Cs) que no tienen la mayoría necesaria para sacar adelante los proyectos de ley en los que deben concretarse las reformas propuestas. En su discurso de investidura, Moreno Bonilla ha afirmado, consciente de su debilidad parlamentaria, de que el diálogo con todas las fuerzas políticas será el eje de su actuación. 

Pero la realidad es la que es, y el poder ejecutivo se verá obligado, mal que le pese a Cs, a contar con el apoyo de los doce diputados de Vox para llevar a cabo su acción de gobierno. Es el de Vox un apoyo que, al no estar comprometido por un programa previo, tendrá que ser negociado día a día, con el consiguiente desgaste que ello conlleva para los dos partidos de la coalición gobernante.

Y ahí estriba la tercera razón sobre el riesgo de inestabilidad, ya que muchas de las medidas acordadas entre PP y Cs, entran en colisión con el programa de Vox, por lo que no tienen asegurado el apoyo de este partido cuando el gobierno las presente en el Parlamento.

Por ejemplo, las medidas relativas al compromiso de asegurar el funcionamiento del modelo autonómico en temas como salud y educación, entran en conflicto con la posición de Vox respecto a las CC.AA., que ha hecho de la centralización y la recuperación por parte del gobierno central de esas competencias su principal banderín de enganche.

Lo mismo cabe decir del compromiso de PP y Cs de seguir avanzando en las políticas de lucha contra la violencia machista, cuya paralización y reforma es otro de los temas estrella de Vox. Algo similar puede decirse en relación con la aplicación en territorio andaluz de las políticas relativas a los temas de acogida de inmigrantes, sobre las que hay serias discrepancias entre los tres partidos.

La oposición, formada por PSOE y Adelante-Andalucía, estará al acecho, pendiente no sólo de si la gobernabilidad funciona, sino también ocupada de obstruir la acción de gobierno con las herramientas habituales en toda democracia: sesiones de control en el parlamento; presentación de mociones que muestren los flancos débiles del gobierno provocando divisiones en su precaria mayoría parlamentaria,… Está por ver si habrá cooperación entre PSOE y A-A (cuya desconfianza mutua es manifiesta) o si se embarcarán en una carrera por ver cuál de los dos partidos es más radical en su oposición al gobierno.

En definitiva, ha habido alternancia en Andalucía. Pero el hecho de que no esté asegurada la gobernabilidad es un mal augurio para una Comunidad como la andaluza que, para seguir avanzando, necesita una estabilidad política que hoy por hoy es incierta.

APUNTES  SOBRE  EL  GOBIERNO  #SÁNCHEZ  

Muchos han sido los calificativos (por lo general, elogiosos) que ha recibido el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Algunos, desde el lado de la izquierda, se han apresurado a calificarlo incluso de “gobierno de la dignidad”, un término de una evidente carga moral que no me gusta para el ámbito de la política, ya que al menor traspié (y ya lo ha habido) se vuelve contra quien alardea de ello. Ya ocurrió con los “cien años de honradez” del primer gobierno socialista de 1982 o con los gobiernos Aznar de 1996 y 2000 que alardeaban de ser los adalides de la lucha contra la corrupción, y también con los de Rajoy, ocurriendo ahora en el gobierno Sánchez con la dimisión del recién nombrado ministro Maxim Huertas por fraude fiscal.

Por eso, prefiero utilizar calificativos con menos significado moralista, y se me ocurre el de “gobierno estelar”, no sólo por haber incorporado al astronauta Pedro Duque, sino también por la constelación de figuras relevantes en sus correspondientes campos profesionales, destacando una mayoría de mujeres como rasgo significativo. Por eso, lo de "estelar" lo uso en términos sólo descriptivos y no valorativos.

A continuación expongo algunas reflexiones sobre las características más destacadas del nuevo gobierno.

a) Es un gobierno confeccionado por el propio Pedro Sánchez, sin mediar imposiciones ni cuotas partidarias, en contra de lo que suele ser habitual. No hay cuotas regionales, ni nombres impuestos por las baronías, sino personas seleccionadas por su valía y con independencia de su mayor o menor vinculación a la familia socialista (en su mayoría mujeres, en un claro mensaje a la gran movilización del 8 de marzo). La no militancia en el PSOE de muchos de los miembros del Gobierno es algo positivo, en el sentido de la independencia con la que pueden ejercer sus cargos ministeriales, pero no lo es tanto en lo que se refiere a trabajar como un equipo cohesionado en torno a un proyecto común. No será fácil gestionar un equipo "galáctico", con muchas estrellas fulgurantes poco acostumbradas a guiarse por la lógica política. Ese será un reto no menor para Pedro Sánchez.

b) Es un gobierno que no ha estado condicionado en su formación por pactos previos con las fuerzas políticas que apoyaron la moción de censura presentada por el grupo parlamentario socialista. Es, por tanto, un gobierno monocolor que sólo tiene el apoyo directo de unos escasos 85 diputados (los socialistas y el de Nueva Canarias), radicando en ello su fortaleza y su debilidad. Fortaleza por cuanto los ministros sólo deben lealtad al presidente Sánchez, que es quien los nombró. Mas también debilidad en tanto que el apoyo parlamentario es tan escaso, que sus comparecencias en las correspondientes comisiones del Congreso y el Senado serán sometidas a un duro escrutinio y a un fuerte control de los demás grupos, incluidos los que inicialmente se alinearon a favor de la censura contra Rajoy y que, una vez logrado el cambio de gobierno, se ocuparán en marcar espacio frente al PSOE y el gobierno socialista. Tendrán que esmerarse los ministros en preparar bien esas comparecencias, a sabiendas de que cualquier error será magnificado y criticado de manera feroz.

c) Lejos de ser un gobierno que refleja la sociedad española, como se han apresurado a comentar algunos analistas, es más bien un reflejo de las clases medias y, dentro de ellas, de unas élites profesionales que, sin duda, han construido sus carreras con su esfuerzo y sobre la base del mérito, más que por su pertenencia  a determinadas castas o dinastías. Entre esa constelación de figuras destacadas, es precisamente Pedro Sánchez quien presenta un perfil más cercano a la media de la sociedad española, por su edad, su trayectoria y su extracción social. Es un político “normal” al frente de un gobierno “estelar”.

d) Por ello, y dado que cada ministro estará ocupado en gestionar y dar lustre con su presencia al correspondiente departamento y dado también que a no pocos de ellos le falta el bagaje político de fajarse con la realidad de la calle, el papel de Pedro Sánchez adquiere un importante significado. Es él quien debería asumir la conexión con la sociedad que peor lo está pasando con los efectos de la crisis económica, mostrándose sensible a sus problemas y afrontando varios retos importantes: pobreza, desigualdad, brecha salarial, precariedad laboral, pensiones,…

e) Muchos de esos retos no podrán ser abordados en el escaso tiempo que el gobierno va a tener por delante, pero al menos Pedro Sánchez debería incluirlos de forma permanente en su agenda política, recordándolos siempre que tenga ocasión. La idea de crear un Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, asociado a la propia presidencia de Gobierno, va en esa buena dirección, al igual que podría hacer con el problema del despoblamiento rural. Su decisión de acoger a los casi 600 inmigrantes subsaharianos del barco “Aquarius” es también una forma de mostrar sensibilidad a este tipo de asuntos, si bien debe luego canalizarlos hacia otras instancias (en este caso, al Consejo Europeo de las próximas semanas) para que no se quede en un mero gesto de buen voluntad.

f) Es un gobierno que tiene gran potencial para que el PSOE, después de dos años en estado de coma, pueda afrontar los comicios electorales, que, meses arriba, meses abajo, tendrán lugar de aquí a un año poco más o menos. Le bastaría con algunos gestos para darle a la población española la sensación de que ha merecido la pena el cambio de gobierno y de que se han abierto las ventanas de una casa común en la que el aire se había hecho irrespirable. Gestos como reformar la “ley mordaza” (sobre todo en lo relativo a los artículos que atentan contra el derecho a la libertad de expresión), cambiar algunas partes de la reforma laboral (como las que afectan a la negociación colectiva), llevar la pluralidad a la RTVE, asegurar al menos el poder adquisitivo de las pensiones, aprobar un nuevo modelo de financiación de las CC.AA.… se podrían llevar a cabo sin gran dificultad, ya que sobre muchos de ellos se habían alcanzado acuerdos previos en el Parlamento. Otros gestos tendrán que ver con el cambio de estilo y la rendición de cuentas, debiéndose mostrar Pedro Sánchez implacable con los casos de corrupción que puedan producirse y que ya se han producido.

g) Será también importante realizar algunos gestos para recuperar la normalidad en las relaciones con el gobierno de la Generalitat catalana, sin menoscabo de mantener la firme defensa del orden constitucional. Es verdad que los temas judiciales han de seguir su cauce (prisión preventiva de los políticos catalanes presos, peticiones de extradición de los políticos fugados, desarrollo de los autos de procesamiento, aperturas de juicio,…), pero la política tiene un espacio que debe ser usado para rebajar la tensión. El levantamiento del control de las cuentas de la Generalitat es un gesto, que no significa dejar de estar vigilante sobre cómo se gastan los recursos transferidos desde la Administración, al igual que se hace con cualquier otra Comunidad Autónoma. La nueva ministra de Administración Territorial (la catalana Meritxell Batet) está utilizando un lenguaje de diálogo, que abre puertas y reduce la confrontación, aunque todos sabemos que el independentismo es insaciable y que continuará con sus aspiraciones. Aun así, una reunión de Pedro Sánchez con Quim Torra en La Moncloa debe ser vista como una vuelta a la normalidad, si bien se le debe exigir al President no presentarse a esa reunión con el lazo amarillo en la solapa y sin antes haberlo retirado de la fachada del Palacio de la Generalitat.

h) Es también un gobierno preparado para recuperar la centralidad en los futuros debates europeos. Es verdad que Rajoy ha recuperado la imagen de España por su buena gestión de la crisis económica al cumplir los cánones marcados por la Comisión Europea, pero ahora toca ocupar también otros espacios y hacerlo con buenas propuestas e iniciativas y buscando situarse en el grupo de los que van a liderar el futuro de la UE tras el Brexit. Temas como la reforma de la UEM, la creación del pilar de defensa, la lucha contra el terrorismo yihadista, los acuerdos sobre cambio climático, el fortalecimiento del multilateralismo frente al repliegue proteccionista de los EE.UU. de Trump, la política migratoria, el desarrollo del pilar de justicia e interior (euro-órdenes), la reforma de la política agraria y pesquera,… son asuntos en los que el nuevo gobierno de España tiene cosas que decir, y debe decirlas.

En definitiva, tras la moción de censura del grupo socialista utilizando los instrumentos que permite nuestra Constitución, el nuevo gobierno presidido por Pedro Sánchez abre una interesante ventana de oportunidad para que entre aire fresco en la política española. No sabemos por cuanto tiempo, ya que se sustenta en una mayoría parlamentaria muy escasa, pero aprovechémoslo para introducir algo de serenidad en una sociedad demasiado polarizada como la española, antes de afrontar los grandes retos que tenemos por delante. Sirva también para que el PP realice la renovación que necesita, ya que la política española precisa de un partido conservador estable y bien cohesionado.

INCERTIDUMBRE   POLÍTICA  EN  #ALEMANIA 

Siempre se pone a Alemania como ejemplo por su estabilidad política en los últimos sesenta años. A sus dos grandes partidos: la CDU democristiana (con su socio bávaro CSU) y el SPD socialdemócrata, se les considera un modelo de formaciones políticas que anteponen los intereses generales a los particulares de sus respectivas militancias. La trágica historia de la República de Weimar en el periodo de entreguerras tiene mucho que ver en esto.

Son partidos denominados institucionales por el hecho de haber contribuido de forma alternativa a regir los destinos políticos de Alemania desde 1949, asumiendo responsabilidades de gobierno, tanto a nivel federal como regional (Länder).

Ya sea en solitario al disponer de mayoría parlamentaria o en coalición con partidos más pequeños (liberales, verdes...), tanto la CDU/CSU como el SPD han presidido los gobiernos en estos casi sesenta años ininterrumpidos de democracia en Alemania. Cuando esas pequeñas coaliciones no han sido factibles, los dos grandes partidos no han dudado en superar sus diferencias ideológicas y formar un pacto de gobierno entre ellos, dando lugar a lo que se denomina “gran coalición” (Groβe Koalition).

Eso ocurrió en los años sesenta en el gobierno de gran coalición CDU y SPD presidido por el democristiano Kurt G. Kiesinger (1966-69) (con el socialdemócrata Willy Brandt de vicecanciller). Fue un gobierno de coalición en el que una CDU en crisis y debilitada, encontró el apoyo de un SPD en alza, que utilizó precisamente ese pacto de gobierno para adquirir visibilidad tras quince años de gobiernos democristianos (los cinco gobiernos del canciller Adenauer y los dos de Erhard). Más recientemente se han formado gobiernos de gran coalición presididos por la democristiana Angela Merkel (2005-2009 y 2013-2017).

Llama la atención que, en esas tres experiencias, los socialdemócratas del SPD nunca han presidido el gobierno, sino que han sido el socio menor de la coalición, con lo que eso significaba de tener menos protagonismo y de ser el partido que mayor renuncia hacía de su programa político.

A diferencia del citado cogobierno Kiesinger-Brandt (excepcional por la forma en que se constituyó, tras la dimisión de Erhard, y por la controvertida figura del canciller Kiesinger, con un turbio pasado de militancia en el partido nazi), el SPD no ha salido satisfecho de su participación en las dos grandes coaliciones con Angela Merkel, al ver como pagaba por ello un elevado coste electoral. Ello explica las dudas en el seno del SPD de participar en una nueva gran coalición, y el intenso debate abierto dentro del partido.

Una gran coalición incierta 

Estas dudas y divisiones se han reflejado en lo ajustado de la votación del congreso extraordinario del partido socialdemócrata reunido el pasado 21 de enero en Bonn (362 delegados a favor de participar en una nueva coalición con la CDU/CSU y 279 en contra). Lo acordado en ese congreso es sólo abrir negociaciones con la CDU/CSU para elaborar un programa de gobierno de coalición que tendrá que ser aprobado dentro de unas semanas por los 450.000 afiliados del SPD en votación directa.

Dada la igualdad manifestada entre los partidarios y los opositores en el citado congreso extraordinario en el que sólo votaban delegados, se prevé unos debates intensos de cara a la próxima votación en la que será la militancia la que decida. Los pronósticos son inciertos, dada la fuerte división interna en el SPD y la alta movilización de las juventudes socialdemócratas (los llamados “jusos”) con su líder Kevin Kühnert muy activo en la campaña contra la formación de una nueva gran coalición con la CDU de Angela Merkel y la CSU bávara.

El cambio de posición del líder del SPD Martin Schulz no ha ayudado a cohesionar a las bases socialdemócratas, sino todo lo contrario. Tras anunciar de manera imprudente la noche de la derrota electoral del SPD del pasado septiembre que no habría pacto de gobierno con los democristianos, Schulz se ha manifestado favorable a la gran coalición por razones institucionales al ver fracasar a Merkel en la formación de un gobierno “jamaica” (por el color negro de los democristianos, el verde de los ecologistas y el amarillo de los liberales). Este cambio de posición le ha restado credibilidad a su liderazgo dentro del partido.

Las dudas del SPD en participar por tercera vez en una gran coalición con la CDU/CSU presidida por Angela Merkel, radican en el escaso rédito electoral que, como he señalado, los socialdemócratas han obtenido de las dos últimas experiencias, cosechando en las elecciones de 2017 el peor resultado de su historia.

Algunos dirigentes señalan, no obstante, que ese mal resultado no puede ser atribuido al escaso protagonismo del SPD en el gobierno de coalición, sino a la propia crisis de la socialdemocracia europea, que afecta a muchos partidos de esa ideología política (en Francia, en España, en Reino Unido, en Austria,…) y que les están incapacitando para presentar soluciones creíbles a los grandes retos de la sociedad actual.

Para los dirigentes favorables a la gran coalición, la consecuencia de no participar en ella es, ante la más que probable repetición de las elecciones, seguir cayendo en apoyo electoral hasta niveles aún más bajos al 20% de los últimos comicios. Por el contrario, los que se oponen a repetir una gran coalición presidida por Angela Merkel consideran que el SPD sólo podrá recuperarse volviendo a la oposición para reconstruir su discurso y estrategia.

Sólo un programa de gobierno en el que el SPD pueda introducir medidas de corte social (como el aumento del gasto público para salir de las políticas de austeridad o el incremento del gasto en educación o suavizar la política de asilo y acogida) y en el que se visualice una apuesta clara y firme por la integración europea reactivando la cooperación con la Francia de Macron, podría ser lo suficientemente atractivo como para que la militancia se incline a favor de la gran coalición en la votación de dentro de unas semanas.

Una gran coalición de alto riesgo

En todo caso, no son pocos los riesgos de constituir una gran coalición en una situación en la que los dos grandes partidos están debilitados y sólo agregan algo más de la mitad de los escaños del Bundestag (399 de diputados de un total de 709), cuando en ocasiones anteriores han sumado en torno a los dos tercios de la cámara.

Esta vez se produce además la circunstancia de que el primer partido de la oposición a la gran coalición sería un partido de extrema derecha como el AfD (que tiene 94 diputados y ha obtenido casi 6 millones de votos en las pasadas elecciones). Ello, además de añadir un importante factor de obstruccionismo parlamentario, es una amenaza para el caso de que el gobierno de coalición CDU/CSU y SPD no tenga éxito a la hora del cumplimiento de su programa de gobierno.

Sin embargo, la alternativa a una gran coalición es o un gobierno en minoría de Merkel (o de otro dirigente democristiano), algo que no está en la tradición política alemana (de hecho, nunca en la historia de la Alemania moderna ha gobernado un partido en minoría), o repetición de las elecciones. Repetir las elecciones se ve como una opción de alto riesgo, dado que el electorado podría castigar a los dos grandes partidos por no haber sabido alcanzar un acuerdo de gobierno, propiciando el ascenso del derechista AfD.

Se abre un periodo de incertidumbre política en Alemania, y para Europa, que no sólo durará las semanas que quedan hasta que las bases del SPD voten sobre la gran coalición, sino que continuará después. Si votan en contra, se acrecentará la incertidumbre por el imprevisible panorama que se abriría con la convocatoria de nuevas elecciones, y si votan a favor, continuará la incertidumbre por el escenario fragmentado y de inestabilidad en que deberá desenvolverse la tercera gran coalición entre democristianos y socialdemócratas.

Coda

Introducir sistemas de democracia participativa puede parecer una vía útil para implicar a la militancia en el funcionamiento interno de los partidos políticos, como ocurre con la elección de los dirigentes mediante primarias. Pero incluir esa dinámica en partidos que se mueven en escenarios de democracia representativa, tiene sus riesgos. Por ejemplo, extender la participación directa en decisiones como las de estrategia política (pactos de gobierno), provoca disonancias y disrupciones internas. El SPD se enfrenta ahora al hecho de que su militancia es la que decidirá sobre participar o no en la gran coalición, lo que acentuará las diferencias y hará aumentar la polarización dentro del partido ¿Es eso positivo? Veremos.

SOBRE   IMPUTADOS,   AFORADOS  Y  RESPONSABILIDADES   POLÍTICAS

No me gustan los juicios paralelos, previos al conocimiento de las sentencias en firme. Menos me gustan esos juicios si afectan a políticos en el ejercicio de sus cargos públicos. Y no es sólo por el daño que se le hace al encausado en detrimento de su derecho a la presunción de inocencia, sino también por el daño que representa para el propio sistema democrático.

Cuando un político es imputado, los medios de comunicación, afectados como están por una grave crisis de lectores y/o audiencia, se hacen eco de la noticia magnificándola de tal modo (en grandes titulares, en primera plana o en la cabecera de los telediarios), que impactan en la opinión pública como si ya hubiera sido condenado. Diarios (en papel o digitales), emisoras de radio y canales de TV pugnan entre sí por ver cuál da la noticia con mayor sensacionalismo e impacto mediático.

Pero, luego, meses o años más tarde, cuando se hace pública la sentencia y ese mismo político es absuelto o condenado a una pena mucho menor que la solicitada por el fiscal, la noticia no se difunde con la misma amplitud e intensidad. Y si se difunde, la reacción que entonces genera en gran parte de la opinión pública es la de acusar al poder judicial de someterse al dictado de los políticos. “¿Ves? Le han rebajado la pena o lo han absuelto porque los jueces son cómplices del poder político. Son todos de la misma calaña”. Es la credibilidad del sistema democrático la que se ve afectada por este tipo de reacciones.

El fundamento de una democracia radica en la separación de poderes, y el poder judicial tiene sus procedimientos y sus ritmos. En no pocas ocasiones, son procesos exasperadamente lentos, debido a la complejidad de los casos y a la escasez de recursos con que cuentan los jueces para abordar largas y tortuosas investigaciones en la fase de instrucción. Lo importante es que el poder judicial sea independiente a la hora de desarrollar sus funciones y que el poder político no interfiera las decisiones de los jueces, aunque como cualquier ciudadano los políticos pueden criticar las sentencias y recurrirlas si ha lugar. También los jueces deben ejercer con mesura sus funciones y no sobreactuar cuando tienen delante una "presa" de valor político.

En ese contexto cabe plantearse varias cuestiones. La primera se refiere a la actitud personal que debe tener el político que es imputado (investigado) si el juez de instrucción ve indicios de culpabilidad. En países democráticos ya maduros, ni siquiera se espera a la imputación. Basta con que caiga la más mínima sospecha sobre un político en el ejercicio de su cargo o incluso en su vida privada, para que se vea en el deber (que no en la obligación) de dimitir.

Tenemos múltiples ejemplos de políticos norteamericanos, británicos, alemanes o suecos, que han visto truncadas sus carreras políticas por comportamientos reprobables en el ámbito de sus vidas públicas o privadas. Para dimitir no han tenido que esperar a ser imputados por un juez, ni a que se apliquen los códigos éticos de sus correspondientes partidos, ni al conocimiento de una sentencia. Su retirada de la vida política es fruto del imperativo moral que impregna las culturas democráticas ya maduras y que es interiorizado por quien se dedica a la política, ya que la sociedad en la que vive también se rige por ese código ético en todo lo relativo a la utilización de los recursos públicos. Por desgracia, en nuestro país, la dimisión por imperativo moral es la excepción y no la regla.

La segunda cuestión se refiere a la norma que deben aplicar los partidos políticos cuando en sus filas surjan casos de corrupción o de comportamientos reprobables que afectan a algunos de sus dirigentes o afiliados. En un momento de crisis económica e institucional como la actual, los partidos políticos, conscientes de su debilidad y escasa credibilidad en la opinión pública, responden de forma precipitada y errática ante la presión mediática, 

Todo eso lleva a partidos políticos y a medios de comunicación a no establecer una clara distinción entre las diferentes categorías de corrupción (prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho,…) a la hora de reaccionar cuando un dirigente es imputado. Lo mismo da que haya sólo prevaricado en el ejercicio de su cargo sin haberse enriquecido personalmente; que haya malversado fondos o recibido comisiones a cambio de determinadas decisiones, o simplemente que haya ejercido tráfico de influencia. En ese contexto paranoico, todo es corrupción, sin importar de qué grado y gravedad. No es extraño, por tanto, que dé la impresión de que nuestro país esté inmerso en un lodazal de corrupción, cuando la realidad no es así (hay más de cien mil cargos políticos electos en España, y en su gran mayoría desarrollan su actividad de manera honesta).

En una frenética carrera, los partidos, presionados por los medios de comunicación, compiten entre sí por ver cual pone el listón más alto a la hora de pedir responsabilidades a los políticos envueltos en casos de corrupción. Eso les lleva a exigir el cese de un alto cargo o la expulsión de un afiliado por el solo hecho de ser imputado, sin esperar a la apertura del juicio oral o a la terminación del proceso judicial con el dictado de la correspondiente sentencia.

En principio, y como ideal, sólo la condena en firme debería ser el criterio de un partido para actuar contra el afiliado que ocupe un cargo público y sea encausado en un proceso judicial. Actuar en el momento de la imputación, en pleno proceso de instrucción del sumario, sería atentar contra la presunción de inocencia. Actuando así, los partidos políticos contribuyen a los juicios paralelos con actuaciones efectistas que responden más a presiones mediáticas, que a la aplicación de un código ético coherente, generando daños irreparables en los militantes afectados por ello,

Otra cosa diferente es que, determinados cargos institucionales, deberían renunciar a sus puestos en caso de ser imputados o citados a la apertura en el juicio oral, para evitar el descrédito de la institución a la que representan cuando llegue el momento de sentarse en el banquillo de los acusados. Debería ser una renuncia movida por el imperativo moral a que antes me he referido, pero, si no se produjera, el partido tendría que actuar en esos casos forzando la dimisión para evitar males mayores.

Otra cuestión es el tema del aforamiento, muy unido a las dos cuestiones anteriores y que exigiría una reflexión más amplia, ya que la opinión pública identifica el hecho de estar aforado con la impunidad, cuando no es realmente así. Ser aforado no significa ser impune a la justicia, sino ser juzgado por tribunales especiales (tribunal supremo o tribunales de justicia de las Comunidades Autónomas).

Sea como fuere, lo cierto es que España es el país con mayor número de aforados, y que debe reducirse de modo sensible, debiendo quedar limitado a cargos institucionales de alto nivel (la corona, las presidencias de los gobiernos nacional y autonómicos, las presidencias del Congreso y Senado, los magistrados del TC, y poco más). De ese modo, un diputado o senador, por ejemplo, no verá en la retención de su escaño una vía para protegerse por estar aforado ante una imputación por parte del poder judicial ordinario.

Estas son algunas reflexiones sobre un tema que está permanentemente en la agenda pública, y actualmente aún más por casos tan significativos como el de los socialistas Chaves o Griñán o el de la popular Rita Barberá. Los medios de comunicación, y la propia opinión pública, ya los han condenado en un juicio paralelo, mucho antes de que se sienten en el banquillo y el tribunal sentenciador proceda a interrogarlos y dictar sentencia. 

¿Qué ocurriría si fueran declarados inocentes de los cargos que se les imputan o si las condenas fuesen mucho menores que las solicitadas por el fiscal anticorrupción? Me temo que, debido a esos juicios paralelos previos, en tales circunstancias la justicia saldrá muy mal parada en su imagen de independencia, y la democracia perderá un grado más de credibilidad.