#ALTERNANCIA  POLÍTICA  EN  #ANDALUCÍA   

(versión ampliada del texto publicado en el Diario Córdoba el 18/01/2019)

Es indudable que en democracia los gobiernos cambian cuando así lo decide el electorado. Por eso, no pierde legitimidad un gobierno salido de las urnas por el hecho de que un mismo partido lleve largo tiempo al frente del poder ejecutivo. Tenemos el caso de Baviera, la región europea con mayor tiempo de un partido (el democristiano CSU) al frente del gobierno regional (más de sesenta años).

Sin embargo, la alternancia en el poder suele ser un buen indicador para medir la salud democrática de un país, si bien hay otros, como la separación de poderes, la transparencia, la rendición de cuentas, la libertad de expresión, el respeto de las minorías,… 

En España, comunidades como el País Vasco o Cataluña, gobernadas durante varias décadas por partidos nacionalistas, ya experimentaron cambios de gobierno. Sólo quedaba Andalucía para cerrar el círculo de la alternancia política (con casi cuarenta años ininterrumpidos de gobiernos socialistas, si contamos la etapa de la preautonomía), y los resultados del 2-D la han hecho posible.

No obstante, es una alternancia atípica, presidida por un partido (el PP) que ha obtenido uno de los peores resultados de su historia. Sólo la debacle del PSOE y de Adelante-Andalucía (A-A), propiciada por la desmovilización de la izquierda y por su inexplicable paralización postelectoral, ha permitido la formación de un gobierno de centro-derecha PP-Cs, apoyado por el partido de ultraderecha Vox.

Desde un punto de vista formal, la alternancia es impecable, ya que esos tres partidos han sido capaces de formar una mayoría suficiente en el Parlamento andaluz, que es realmente lo que vale en un sistema parlamentario como el nuestro. Por eso, no tiene sentido en sistemas parlamentarios hablar de “lista más votada”, ya que gobierna quien logra armar una mayoría en el parlamento. La apelación de Susana Díaz a que el PSOE ha sido la lista más votada, es tan poco convincente, como la de Arenas (PP) cuando ganó las elecciones de 2012 y no consiguió la mayoría parlamentaria.

Ahora bien, la alternancia no siempre asegura la gobernabilidad, que es otra cosa. Por eso, hay dudas fundadas sobre si la nueva mayoría parlamentaria PP+Cs+Vox conducirá a una situación de gobernabilidad que permita al nuevo poder ejecutivo emprender su acción de gobierno con la estabilidad que toda democracia requiere.

De hecho, la escenificación del pacto tripartito no augura nada bueno. Los dirigentes de Cs no han querido saber nada de Vox, que, lo quieran o no, será su socio, haciéndose más que evidente la profunda desconfianza entre ambos partidos. Ni una foto ha sido posible entre los dirigentes de los tres partidos. Parece como si la comprensible alegría por haber logrado la alternancia en Andalucía, sea una alegría fragmentada, experimentándola cada partido a su manera y mirando de reojo al socio del tripartito, como si fuera un adversario.

Además de la desconfianza, hay otras razones que hacen dudar de la gobernabilidad en Andalucía. La primera es que la alternancia descansa en tres partidos (PP, Cs y Vox) que compiten por la misma base electoral. Ello generará inevitablemente tensiones entre ellos, teniendo en cuenta que en este año 2019 habrá diversos comicios (municipales, autonómicas, europeas y previsiblemente nacionales) y tendrán que hacer visibles sus diferencias.

La segunda razón estriba en el hecho de que el programa del nuevo gobierno ha sido acordado sólo entre dos partidos (PP y Cs) que no tienen la mayoría necesaria para sacar adelante los proyectos de ley en los que deben concretarse las reformas propuestas. En su discurso de investidura, Moreno Bonilla ha afirmado, consciente de su debilidad parlamentaria, de que el diálogo con todas las fuerzas políticas será el eje de su actuación. 

Pero la realidad es la que es, y el poder ejecutivo se verá obligado, mal que le pese a Cs, a contar con el apoyo de los doce diputados de Vox para llevar a cabo su acción de gobierno. Es el de Vox un apoyo que, al no estar comprometido por un programa previo, tendrá que ser negociado día a día, con el consiguiente desgaste que ello conlleva para los dos partidos de la coalición gobernante.

Y ahí estriba la tercera razón sobre el riesgo de inestabilidad, ya que muchas de las medidas acordadas entre PP y Cs, entran en colisión con el programa de Vox, por lo que no tienen asegurado el apoyo de este partido cuando el gobierno las presente en el Parlamento.

Por ejemplo, las medidas relativas al compromiso de asegurar el funcionamiento del modelo autonómico en temas como salud y educación, entran en conflicto con la posición de Vox respecto a las CC.AA., que ha hecho de la centralización y la recuperación por parte del gobierno central de esas competencias su principal banderín de enganche.

Lo mismo cabe decir del compromiso de PP y Cs de seguir avanzando en las políticas de lucha contra la violencia machista, cuya paralización y reforma es otro de los temas estrella de Vox. Algo similar puede decirse en relación con la aplicación en territorio andaluz de las políticas relativas a los temas de acogida de inmigrantes, sobre las que hay serias discrepancias entre los tres partidos.

La oposición, formada por PSOE y Adelante-Andalucía, estará al acecho, pendiente no sólo de si la gobernabilidad funciona, sino también ocupada de obstruir la acción de gobierno con las herramientas habituales en toda democracia: sesiones de control en el parlamento; presentación de mociones que muestren los flancos débiles del gobierno provocando divisiones en su precaria mayoría parlamentaria,… Está por ver si habrá cooperación entre PSOE y A-A (cuya desconfianza mutua es manifiesta) o si se embarcarán en una carrera por ver cuál de los dos partidos es más radical en su oposición al gobierno.

En definitiva, ha habido alternancia en Andalucía. Pero el hecho de que no esté asegurada la gobernabilidad es un mal augurio para una Comunidad como la andaluza que, para seguir avanzando, necesita una estabilidad política que hoy por hoy es incierta.

#ALTERNANCIA  Y   #GOBERNABILIDAD
  EN   #BRASIL   

Desde el pasado 1 de enero, Jair Bolsonaro es el nuevo presidente de Brasil, tras su victoria en segunda vuelta en unas elecciones en las que participó casi el 80% de la población con derecho a voto. Obtuvo el 55,13% de los votos frente al 44,87% de Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores (PT).

La campaña electoral fue de una inusitada dureza, especialmente por parte de Bolsonaro, planteándose la disputa entre los dos candidatos como una confrontación dramática en la que se barajaron términos como barbarie frente a civilización, democracia frente a totalitarismo,...

Ello muestra el alto grado de polarización a que se ha llegado en la sociedad brasileña, superándose los niveles de confrontación que son habituales en sistemas electorales a doble vuelta, en los que se reduce la competición (pero también se intensifica) a los dos candidatos que pasan al segundo turno.

Polarización y exclusión

Con esos antecedentes de polarización, es comprensible la preocupación de una parte de la población brasileña por el discurso excluyente de Bolsonaro en su toma de posesión, con expresiones impropias de un acto de la máxima relevancia institucional como ése.

Por ejemplo, muchos brasileños se quedaron perplejos, cuando no indignados, al escucharle decir al nuevo Presidente, con la banda presidencial y la bandera nacional en la mano, que Brasil “nunca más será roja”, en clara alusión al PT de Lula y Haddad, un partido constitucional votado por casi la mitad de los brasileños y que aún tiene el mayor número de representantes (56) en la actual Cámara de Diputados.

Ha generado también preocupación la composición de su gobierno, que incluye a siete jefes militares en la reserva al frente de importantes carteras ministeriales. Pero también preocupa a muchos brasileños la supresión de ministerios y secretarías de gran relevancia social, como las relativas a igualdad, educación en la diversidad, inclusión o derechos humanos, en lo que se interpreta como un retroceso de las conquistas obtenidas en estas áreas durante los gobiernos del PT de Lula y Dilma Rousseff.

Asimismo, algunos de los primeros decretos de Bolsonaro son percibidos como un ataque en toda regla a derechos que se consideraban blindados. Uno de esos decretos es el que, en detrimento de la FUNAI (Fundación Nacional del Indígena), da plenos poderes al Ministerio de Agricultura para delimitar las tierras indígenas, satisfaciendo así las demandas de los intereses agrarios y eliminando las trabas a la explotación comercial de la Amazonía.

Junto a ello, existe un fundado temor al revanchismo que pueda producirse contra el personal más vulnerable de la administración pública (personal interino y contratado). Es un temor centrado sobre todo en el área de las entidades federales por cuanto que en los estados federados y en los municipios continúan gobernando partidos de distinto signo al de Bolsonaro (en algunos, el PT conserva todavía importantes parcelas de poder).

No obstante, más allá de esa comprensible preocupación de una parte de la sociedad brasileña, la realidad es que, a la vista de los resultados electorales, puede decirse que ha sido un proceso formalmente impecable de alternancia en el gobierno de la mayor democracia latinoamericana, como ha venido ocurriendo desde la recuperación de las libertades en 1985 tras veinte años de dictadura militar. Sólo el acceso a la presidencia del vicepresidente Michel Temer en agosto de 2016 tras el controvertido impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, rompió el ciclo normal de alternancia en Brasil.

Se  han escrito numerosos artículos sobre el giro a la derecha extrema que representa la victoria de Bolsonaro y que se percibe como una tendencia extendida por otros países y articulada en una red de nuevas alianzas internacionales entre sus dirigentes (Trump, Orban, Netanyahu,...) que preconiza el retorno a valores como el nacionalismo, la autoridad, la familia, la religión,...

Asimismo, se ha analizado con amplitud el importante apoyo que ha recibido de la iglesia evangélica, y mostrado con suficiente claridad la cultura militarista en la que se inspira el propio Bolsonaro (capitán del ejército en la reserva) y que guía muchas de sus actitudes autoritarias.

Pero no es mi objetivo abundar en estos asuntos, que son importantes, sin duda, mas ya analizados con profusión en los distintos medios de comunicación.

El problema de la gobernabilidad

Lo que me interesa tratar aquí es un tema al que se le ha prestado poca atención. Me refiero al problema de la gobernabilidad en países con sistemas presidencialistas. Es éste un tema relevante por cuanto está en la raíz de la inestabilidad que suele estar presente en estos países si no se le trata con sistemas electorales adecuados. Aportaré a continuación algunas reflexiones sobre este asunto, tomando como referencia el caso de Brasil.

Lo primero a tener en cuenta es que, en este tipo de sistemas políticos, la alternancia no es siempre sinónimo de gobernabilidad, y el caso brasileño lo confirma. Ha habido alternancia y cambio de gobierno, pero Brasil sigue teniendo un problema de gobernabilidad.

Este problema lo arrastra Brasil precisamente desde la aprobación de su Constitución en 1988 y la celebración del referéndum de 1993, que apostó por un sistema presidencialista y dio paso a la aprobación de una ley electoral que ha provocado la fragmentación de las dos cámaras parlamentarias en múltiples grupos políticos.

Como se sabe por el derecho político comparado, los sistemas presidencialistas aseguran la gobernabilidad de un país si van acompañados de leyes electorales que garanticen un cierto grado de concentración de la pluralidad política en los parlamentos.

El de los EE.UU. es un caso paradigmático, con dos partidos (el Republicano y el Demócrata) que concentran la representación en las dos cámaras (Congreso y Senado). México es también un sistema presidencialista en el que la Cámara de Diputados está formada por tres grandes grupos parlamentarios: uno, mayoritario, liderado por Morena, del presidente López Obrador; y dos en la oposición (el del PAN, y el del PRI).

Por el contrario, en países con sistemas presidencialistas que no van acompañados de una cierta concentración parlamentaria, suelen darse problemas de gobernabilidad. En esos casos, el Presidente de la República, que preside además el poder ejecutivo, suele tener serias dificultades para obtener el apoyo de una cámara legislativa fragmentada y, por tanto, para emprender su acción de gobierno de acuerdo con el programa con el que se presentó a las elecciones.

Eso es lo que ha venido ocurriendo en países como Brasil, cuyo problema de gobernabilidad tiene su raíz en la combinación de un sistema presidencialista y una legislación electoral que no propicia la concentración parlamentaria. Eso ha ido conduciendo elección tras elección a un parlamento extremadamente fragmentado, que hace muy difícil la constitución de gobiernos apoyados en mayorías estables y cohesionadas.

De hecho, el parlamento salido de las elecciones de octubre de 2018 está fragmentado en treinta formaciones políticas en la Cámara de Diputados y en veinte en el Senado. En la Cámara (513 escaños) el PSL del nuevo presidente Bolsonaro sólo tiene 53 diputados, y el PT del derrotado Haddad 56, distribuyéndose los más de 400 escaños restantes en una miríada de partidos, muchos de ellos plataformas personales creadas expresamente para las elecciones, y que sólo persiguen intereses particularistas.

En el Senado, de gran importancia en el sistema político brasileño, la fragmentación es aún mayor, ya que sus 81 senadores se distribuyen en veinte partidos, entre los cuales el PSL de Bolsonaro sólo cuenta con 4 senadores y el PT con 6.

Esto puede darnos una idea de las dificultades que tendrá el nuevo Presidente para desarrollar su acción de gobierno.  Al no disponer de mayoría parlamentaria, tendrá que buscar pactos sin fin con gran parte de los partidos presentes en las dos cámaras, ya que muchos de los decretos deberán ser refrendados en la Cámara de Diputados y en el Senado.

Esto no es una novedad, ya que ha sido la pauta en el sistema político brasileño de los últimos treinta años. Pero es un factor de inestabilidad que va en detrimento de la gobernabilidad del propio sistema y abre la puerta a la corrupción política generalizada.

Recordemos que incluso en la época dorada del PT, ni Lula ni Dilma lograron formar gobiernos exclusivamente “petistas”, debiendo incluir políticos de otros partidos y teniendo que pasar por un verdadero calvario para sacar adelante sus proyectos en unas cámaras parlamentarias tan fragmentadas. Ello les provocó un importante desgaste, contaminó de corrupción a parte de sus dirigentes y causó no poca decepción entre sus votantes al ver limitadas sus expectativas de cambio. Fue, por ello, uno de los factores (si bien no el único) que desencadenaron la crisis y caída del PT (ver mi artículo "La agonía de Dilma" publicado en este blog en marzo de 2016, y que puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://eduardomoyanoestrada.blogspot.com/2016/03/laagonia-de-dilma-la-situacion-politica.html

Puede que la red de intereses que lidera Bolsonaro le facilite alcanzar acuerdos clientelares con otros grupos afines. Pero en todo caso, su minoría parlamentaria le obligará a hacer concesiones más amplias en detrimento de sus propuestas iniciales, algunas de ellas necesitadas de leyes orgánicas o incluso de reformas constitucionales, para llevarlas a efecto. 

La paradoja es que sin una reforma del sistema electoral brasileño que evite la extrema fragmentación del Senado y la Cámara de Diputados, el problema de la gobernabilidad seguirá estando presente en Brasil, pero es esa misma fragmentación la que impide que se formen mayorías suficientes para abordar dicha reforma. Es un bucle del que le será difícil salir.

Por eso, los gobiernos brasileños seguirán estando sometidos a situaciones de inestabilidad, dificultando así que una de las mayores economías del mundo pueda desplegar todo el potencial que encierra.

ABSTENCIÓN  SOCIALISTA  E  INTERESES  GENERALES
(actualizado después de la votación en el Comité Federal del PSOE)   

Entramos en unos días cruciales para que se produzca el desbloqueo de la actual situación política en España. En el Comité Federal del PSOE del domingo, se ha decidido por 139 votos a favor y 96 en contra, abstenerse en la segunda votación de la sesión de investidura de Rajoy, lo que facilitará la formación de un gobierno del PP.

Ha sido una sesión impecable en términos democráticos, tras más de 50 intervenciones (unas a favor de la abstención y otras en contra). Consultar a la militancia era una propuesta legítima, pero también la de no hacerlo, ya que los estatutos del PSOE indican que es el Comité Federal el órgano competente en temas relacionados con la política de pactos. Por tanto, el PSOE ha hecho un buen ejercicio de democracia interna. Ahora toca explicar la decisión y asumir las críticas internas y externas que puedan venir.

Lo que me interesa aquí es reflexionar sobre el tema de la gobernabilidad y el interés general, un tema que ha sido tenido poco en cuenta en este endemoniado carrusel táctico en el que cada dirigente socialista, cada militante y muchos votantes del PSOE, han hecho sus cábalas y valoraciones pensando siempre desde una perspectiva de partido.

También este tema ha estado ausente en la estrategia inmovilista del PP desde el 20-D, una estrategia guiada por intereses partidistas, esperando que sean los demás partidos los que se agoten, sin importarle ni un ápice el problema de la gobernabilidad y los intereses generales del país. Si le hubiera importado, se habría abstenido ante el pacto PSOE-Cs o incluso habría propuesto otro candidato distinto a Rajoy en la pasada sesión de investidura.

Centrándonos en el entorno socialista, encontramos, de un lado, a los que defienden la abstención, y así lo han planteado en el Comité Federal, a entender que es la mejor opción para el PSOE si se quería evitar unas terceras elecciones que conducirían a un empeoramiento de la situación del partido ante las expectativas de que el PP incremente su apoyo electoral y Podemos logre el sorpasso que no consiguió el 26-J. El dirigente extremeño Fernández Vara, uno de los más firmes defensores de la abstención, ha sido claro en este sentido: “No estamos eligiendo entre que gobierne o no Rajoy, sino entre que gobierne hoy o lo haga dentro de 55 días en mejores condiciones que ahora”. Es éste un planteamiento defensivo con la mirada puesta en los intereses a corto plazo del PSOE.

De otro lado, están los que han venido opinando que no se debe permitir que gobierne un partido corrupto como el PP, presidido por un dirigente como Rajoy, cómplice por acción u omisión de los desmanes de la trama Gürtel o de los papeles de Bárcenas. Esa posición, defendida con firmeza en el Comité Federal, y apoyada aparentemente en una base ética (es inmoral facilitar el gobierno a Rajoy), está también marcada por un objetivo táctico (si el PSOE se abstiene, cavará su propia tumba y será sustituido por Podemos en el liderazgo de la izquierda).

Entre los partidarios de alguna de esas dos opciones no he escuchado argumentos guiados por el interés general y que vayan más allá de los intereses partidistas. Salvo alguna excepción (como la de Ramón Jáuregui), no he oído decir a los actuales dirigentes socialistas que, en ausencia de mayoría alternativa, la abstención deba justificarse por el objetivo de favorecer la gobernabilidad de un país como el nuestro sumido en una coyuntura tan compleja como la actual. Tampoco he escuchado apelar al interés general entre los que apuestan por la no abstención y el rechazo a la investidura de Rajoy. Sólo he escuchado posicionamientos tácticos guiados por el interés de partido.

Sin embargo, creo que el tema de la gobernabilidad y el interés general es relevante y debería haber estado presente en los debates del Comité Federal del PSOE. Una vez tomada, la abstención no debe presentarse como un mal menor, como una mera justificación táctica planteándola como si fuera algo vergonzante para el partido, sino explicarla en positivo, en términos de la gobernabilidad y los intereses generales, y obrar en consecuencia. No sentir vergüenza por abstenerse, sino hacerlo con el orgullo de contribuir a la gobernabilidad de nuestro país en un momento tan complicado como el de ahora y ante la magnitud de los retos que tenemos por delante.

Sólo así el PSOE podrá marcar un territorio diferenciado respecto a otros grupos (como Podemos) y podrá estar en condiciones de recuperar ante la ciudadanía la credibilidad como alternativa de gobierno, aunque ello le suponga costes elevados entre sus militantes. Sólo desde esa base, la abstención tendrá alturas de miras y no será una decisión política de vuelo bajo pensando sólo en los intereses del partido.

Porque si, guiada por un objetivo táctico, la abstención queda como una decisión coyuntural para permitir que Rajoy forme gobierno, pero el PSOE opta, como ya han señalado algunos dirigentes socialistas (como Iceta o Madina), por una estrategia obstruccionista en el Parlamento para hacer imposible que el PP gobierne, me temo que el recorrido de la legislatura será muy corto, y tendremos nuevas elecciones de aquí a un año. Lo único que se habría conseguido con ello es desbloquear temporalmente la situación política de hoy, pero para continuar con el bloqueo al día siguiente de la formación del nuevo gobierno. Para ese viaje, el PSOE no necesita las alforjas de la abstención, salvo que con ello sólo busque ganar tiempo con la esperanza de recomponer sus hoy mermadas y divididas bases de apoyo y hacer frente al empuje de Podemos.

Comprendo que en la lógica interna de todos los partidos políticos, cuya aspiración es alcanzar el poder, las decisiones se suelen tomar pensando en los intereses del partido, y así ha sido desde que se fundó la democracia en Atenas. Pero en partidos con vocación de gobierno se debe pensar también en el interés general, contribuyendo a asegurar la gobernabilidad, generando certidumbre y garantizando la estabilidad política.

Y eso, en el caso del PSOE, no sólo consiste en que el aún primer partido de la oposición se abstenga para, ante la imposibilidad de armar una mayoría alternativa, facilitar el gobierno del partido que ganó las elecciones el 26-J. Es necesario, además, que adopte una actitud colaboradora y apueste por una estrategia basada en la cultura del pacto y el acuerdo sobre los grandes retos que tiene pendiente nuestro país, en vez dejarse atrapar por la táctica de Podemos de bloquear desde el minuto uno la acción del gobierno.

Obviamente, para alcanzar acuerdos es necesario que el futuro gobierno del PP tenga una actitud favorable a ello, abandonando posiciones excluyentes y estableciendo puentes con los grupos de la oposición para abordar materias tan importantes como la reforma constitucional (para tratar de darle una salida a las tensiones territoriales), la reforma educativa, la seguridad ciudadana, la lucha contra el terrorismo yihadista, la reforma de las pensiones o la participación activa en las instituciones europeas.

La primera prueba de toque se verá en el próximo discurso de investidura de Rajoy, donde el candidato del PP tendrá oportunidad de mostrar cual será la actitud de su gobierno para la próxima legislatura y cómo piensa gobernar en situación de minoría. Ahí, en la sesión de investidura, Javier Fernández, el presidente de la Comisión Gestora del PSOE, tendrá también la oportunidad de mostrar ante los ciudadanos qué actitud van a desarrollar los diputados socialistas en su labor de oposición: si cooperadora u obstruccionista.

Si el PSOE es capaz de definir en el debate de investidura una estrategia propia (no seguidista ni dependiente de lo que haga Podemos) y es capaz de mostrar su voluntad de alcanzar grandes acuerdos de gobernabilidad con el PP, siempre que éste muestre también una actitud abierta y colaboradora, le habrá merecido la pena el enorme esfuerzo de abstenerse. Marcará con ello un territorio propio en su estrategia de oposición, un territorio acorde con la trayectoria reformista y de vocación de gobierno que ha tenido el PSOE desde 1978, y que está en la esencia de su ideología socialdemócrata, aunque ello le genere deserciones entre su militancia.

Pero si la estrategia de la abstención va a consistir en desbloquear la actual situación política para bloquear más tarde la acción de gobierno apuntándose a tácticas obstruccionistas y de movilización permanente, de poco le habrá servido al PSOE abstenerse salvo para ver cómo se amplían las divisiones y desgarros internos que ha sufrido en estos últimos meses y cómo se achica su espacio político en beneficio de otros partidos.

LA   ABSTENCIÓN   TIENE   UN   PRECIO

 El PSOE está recibiendo fuertes presiones, ya sea para formar parte de una “gran coalición” con el PP (opción descartada por inconveniente), ya sea para abstenerse en la sesión de investidura facilitando así que Mariano Rajoy pueda formar gobierno. El debate interno en las filas socialistas está abierto, y no sólo entre sus dirigentes, sino entre sus militantes y simpatizantes. Ese debate refleja la compleja situación en que se encuentra el PSOE ante una decisión que puede condicionar la gobernabilidad de nuestro país.

Lo primero que debe quedar claro, es que, en una democracia parlamentaria, lo que importa no es el número de votos y escaños obtenidos en las elecciones, sino la capacidad de formar una mayoría que permita superar la sesión de investidura y formar gobierno. De nada sirve esgrimir el derecho, que no existe, a que gobierne la lista más votada. Ya le ocurrió al PP en las elecciones del 20-D, incapaz, por su inmovilismo, de armar una mayoría parlamentaria. Y puede ocurrirle de nuevo ahora si no ofrece propuestas atractivas a los demás partidos para obtener su apoyo o, al menos, su abstención en la sesión de investidura, a la que, esta vez parece que sí, se someterá Rajoy. De ahí que la mayor responsabilidad de que no se tengan que repetir las elecciones está en el PP, no en los demás partidos. Es el PP el que tiene que moverse y seducir a otros partidos con propuestas que les convenzan de que el apoyo a la investidura merece la pena en términos de coste/beneficio.

Ante esa situación, y si el PP no logra los apoyos suficientes entre los partidos más afines, a los socialistas sólo le caben dos opciones: abstenerse en la sesión de investidura para facilitar el gobierno del PP, o votar en contra e intentar formar una mayoría de izquierda (con Pds e IU y apoyo nacionalista) o de centro-izquierda (ampliada a Cs). Desde mi punto de vista, y en contra de lo que han escrito algunos articulistas y han expresado incluso algunos “barones” socialistas, la opción de armar una mayoría alternativa al PP, aun siendo legítima, no me parece viable por varias razones.

La primera, porque sería una coalición construida sobre un objetivo negativo (su hilo conductor sería echar al PP y en concreto a Rajoy), y eso en política no conduce a buen puerto. La segunda razón, porque los socios de esa posible coalición se sustentan sobre la base de una profunda desconfianza entre ellos, que incluso ha aumentado tras la desgraciada experiencia de la pasada y corta legislatura (Es un hecho que, desde el 20D, se ha incrementado el recelo entre Sánchez e Iglesias, y la incompatibilidad entre éste y Rivera es manifiesta, no siendo tampoco muy fluida las relaciones entre ciertos sectores de Pds y de IU).

Pero hay una tercera razón, de mayor calado, y es el hecho de que los partidos de esa posible coalición están sumidos, tras los malos resultados del 26-J, en crisis internas que deben resolver antes de asumir responsabilidades de gobierno. El PSOE ha caído a los más bajos resultados de su historia y necesita una renovación profunda; Pds e IU aún se preguntan por las causas de que no le haya funcionado la coalición “Unidos Podemos”; y Cs está en un grave momento de indefinición sobre el papel que le toca jugar en el centro del tablero político.

Hay finalmente una cuarta razón, y es la escasa fiabilidad que ofrece Pds como socio de gobierno al ser todavía un partido internamente poco cohesionado. No olvidemos que Pds es el resultado de la confluencia de cinco movimientos políticos que aún no han sabido construir estructuras políticas idóneas para ejercer con eficacia el papel que les corresponde en un sistema de democracia representativa como el nuestro (y eso debe resolverlo antes de asumir tareas de gobierno a nivel nacional).

Ante un panorama de crisis económica, de inestabilidad internacional, de amenaza a la seguridad por el terrorismo yihadista, España necesita un gobierno estable, y eso a día de hoy no lo pueden ofrecer unos partidos que precisan todavía de un largo rodaje en el Parlamento para construir relaciones de confianza entre ellos antes de participar en gobiernos de coalición. Recordemos que el PSOE de Felipe González perdió las elecciones de 1977 y de 1979 antes de su victoria de 1982, a la que llegó como un partido internamente cohesionado, territorialmente vertebrado y con la experiencia acumulada tras varios años en la oposición parlamentaria (habiendo desempeñado un papel fundamental en la elaboración del proyecto constitucional).

En esta situación, y si el PP necesita la abstención del PSOE para superar la investidura, los socialistas deben abstenerse para facilitar la gobernabilidad. Pero eso no puede salir gratis, sino que tiene un precio. El precio más alto sería forzar al PP a que presente otro candidato a la investidura. Sin embargo, tal exigencia no parece factible tras el positivo resultado electoral del PP presidido por Rajoy (casi ocho millones de votos y 14 escaños más). Tampoco la considero recomendable por cuanto que abriría de forma precipitada una crisis de sucesión en el PP, que se uniría a las otras crisis internas que, como he señalado, tienen que afrontar los demás partidos, y eso no sería bueno para la gobernabilidad. El PSOE tiene argumentos de sobra para exigir la sustitución de Rajoy (su responsabilidad en los temas de corrupción sistémica que asolan a su partido, su inacción ante el comportamiento infame del ministro del Interior,…) y tiene el derecho a plantearlo en una negociación por la investidura, pero no sería conveniente para la estabilidad política del país.

Descartada, por tanto, la sustitución de Rajoy, el PSOE puede ponerle precio a su abstención con algunas exigencias menos llamativas, pero quizá más útiles. Por ejemplo, exigir al PP comprometerse con la reforma constitucional (especialmente en lo relativo al título VIII), modificar algunos aspectos de la reforma laboral, elevar el salario mínimo, afrontar el pacto educativo, asumir las exigencias de Bruselas en materia de déficit público (pero sin que haya recortes en salud y educación), aprobar un plan de choque en materia de empleo juvenil, reunir el Pacto de Toledo para plantear con claridad la crisis del sistema de pensiones, activar algunas leyes hoy en el olvido (como la de dependencia), reformar el Código Penal para endurecer las penas contra el delito de corrupción, despolitizar los nombramientos del CGPJ, del Tribunal de Cuentas, de la CNMV y de RTVE, potenciar la lucha contra el fraude fiscal aumentando la dotación de la Inspección de Hacienda,…

Esos serían algunos ejemplos de lo que podría valer la abstención del PSOE, una abstención que, además, permitiría reconstruir consensos rotos entre ambos partidos en un momento en el que España está muy necesitada de ellos. Si se explica bien, la ciudadanía española en general, y los votantes socialistas en particular, podrían entender ese cambio de posición del PSOE en aras de la gobernabilidad.

Es verdad que el mayor riesgo para el PSOE estaría en que el PP incumpla lo acordado y que, en ese caso, sea el blanco de las críticas por parte de Pds e IU (vosotros, los socialistas, fuisteis unos ingenuos y sois ahora los responsables de que Rajoy siga en el gobierno cuatro años más). Pero siempre tendrá la baza el PSOE de bloquear los presupuestos económicos, paralizar la aprobación de algunas leyes o de plantear incluso una moción de censura.

En definitiva, la izquierda, hoy dividida, dispersa y con crisis internas pendientes de resolución, no está en condiciones de ofrecer una alternativa viable a un gobierno del PP. El PSOE, por su larga trayectoria de partido de gobierno, debe facilitar con su abstención que el PP gobierne (si es con Cs mejor) ante la imposibilidad de que Rajoy obtenga los apoyos necesarios de otros partidos. Una abstención que, como he señalado, tendría un precio que le correspondería a Rajoy pagar.

En momentos de crisis económica como la actual, en la que habrá que continuar haciendo ajustes severos, quizá sea más interesante para la izquierda ejercer con rigor su papel de oposición parlamentaria, sirviendo de aglutinador de las demandas sociales y estableciendo puentes y relaciones de confianza entre sus dirigentes para la construcción de futuras alianzas. Parece eso más inteligente para la izquierda, y en concreto para el PSOE, que participar, de forma precipitada, en un gobierno pentapartido, poco cohesionado y con el riesgo de verse sometido a tensiones internas nada más constituirse; además de ser un gobierno incapacitado para emprender reformas constitucionales ante la mayoría del PP en el Senado.

LA  AGONÍA  DE  DILMA

La situación política de Brasil es grave, pero, en contra de lo que pudiera parecer, su gravedad no radica en el tema de la corrupción política. Sus causas son más profundas.

Hay que recordar que la corrupción es consustancial a todo sistema político, ya que la codicia forma parte de la naturaleza humana (de ahí, la necesidad de vigilarla estrechamente). En democracia, la corrupción es un problema que los ciudadanos toleran cuando las cosas van bien, pero se muestran implacables con ella cuando en momentos de crisis económica la clase política no es capaz de satisfacer las demandas de la población en materia de empleo, bienestar y seguridad. 

Es grave el caso “lava á jato” (en alusión al lavadero de coches de una estación de servicio donde se destapó el escándalo de Petrobras, la más importante empresa pública brasileña). Pero no es más grave que los casos españoles de los “papeles de Bárcenas”, las operaciones Púnica (Madrid) y Taula (Valencia), el caso de los EREs (Andalucía) o el caso Noos (que implica a la Casa Real).

El problema radica en el modo como responden las instituciones democráticas a estos escándalos de corrupción política. Si las instituciones democráticas funcionan bien, los casos de corrupción serán denunciados, perseguidos y juzgados, sin que supongan una amenaza al sistema democrático. El problema es cuando las instituciones se resquebrajan y la democracia no es suficientemente sólida para hacer frente a esas situaciones. Eso es lo que está ocurriendo en Brasil, donde las instituciones de su joven y frágil democracia (sólo treinta años desde que se iniciara la transición democrática  a mediados de los años 80) no están superando el “test de esfuerzo” a que son sometidas. La gravedad de la situación brasileña radica, por tanto, en el problema de gobernabilidad que se ha generado con la corrupción política.

Para que una democracia funcione, debe haber una clara separación de poderes, y las instituciones tienen que garantizar la gobernabilidad: es decir, que el gobierno pueda ejercer sus funciones ejecutivas;  el parlamento, sus tareas legislativas y de control político, y el poder judicial su función de velar por la legalidad de los actos públicos. Nada de eso está funcionando correctamente en Brasil, y es lo que explica la crisis que se ha instalado en su sistema político, agravada aún más por una fuerte recesión económica. Me propongo en este breve artículo aportar alguna información que nos ayude a entender la compleja situación brasileña.

Un gobierno débil con un parlamento muy fragmentado

Empecemos por las funciones del poder ejecutivo. Lejos  de lo que se pudiera pensar, Dilma no preside un gobierno homogéneo, apoyado por su partido (Partido de los Trabajadores, PT), sino un gobierno multipartidista en el que cada ministro representa a distintas facciones parlamentarias. Las últimas elecciones presidenciales (octubre 2014) arrojaron un resultado muy apretado (Dilma Rousseff obtuvo el 51,64% de los votos, y Aecio Neves el 48,36%), y las legislativas dieron lugar a una cámara de diputados fragmentada en 22 partidos políticos (algunos de ellos unipersonales) como resultado de las perversiones de un viejo sistema electoral de listas abiertas que se remonta a los años 40s y que necesita una urgente reforma. En una Cámara de 513 diputados, el PT sólo tiene 70, por lo que Dilma ha tenido que pactar la composición de su gobierno con varios partidos que atraviesan todo el arco parlamentario (PMDB, con 66 diputados; PP, con 36; PR, con 34; PRB, con 21; PSD, con 37; PCB, con 10), además de con los llamados partidos “nanicos” (enanos, por tener sólo un diputado). Cada uno de esos partidos del bloque gubernamental tiene una cuota de ministros en el gobierno de Dilma. De hecho, el vicepresidente Michel Temer no es del PT, sino del PMDB.. 

A diferencia de lo que ocurre en los regímenes parlamentarios de listas cerradas, los partidos brasileños no ejercen disciplina de voto sobre sus diputados, sino que cada diputado vota según sus intereses personales: ser reelegido por su circunscripción, o satisfacer las demandas de grupos económicos (como las “empreiteiras”, empresas constructoras que participan en las grandes obras públicas). El sistema de partidos entra así en un juego de clientelismo político de resultados imprevisibles. El caso brasileño es un ejemplo evidente de perversión de los sistemas presidencialistas cuando no se dispone de un sistema de partidos estable capaz de respaldar las políticas acordadas desde el poder ejecutivo. Lo que está ocurriendo ahora en Brasil (pero también lo que ocurrió en los meses previos al golpe de estado de 1964) muestra las debilidades del sistema presidencialista, la perversión del sistema electoral (que favorece la fragmentación parlamentaria) y la incapacidad de las instituciones de asegurar la gobernabilidad. 

Durante los primeros mandatos de Lula, el PT, sin tener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, era, con diferencia, el partido con mayor número de escaños, siendo entonces el único partido brasileño internamente cohesionado y con disciplina de voto entre sus diputados. Eso, más el carisma de Lula como líder indiscutible, tras su primera y arrolladora victoria en 2002 y su segunda, menos aplastante, de 2006, le dio a su gobierno la estabilidad suficiente para aplicar las políticas reformistas de claro contenido socialdemócrata que caracterizaron sus dos mandatos (con el programa “Fome Zero”, como estrella) y que dieron “voz” a las clases más desfavorecidas, disminuyendo la desigualdad y reduciendo sensiblemente los elevados niveles de pobreza existentes en Brasil.

Además, la bonanza económica, con unos elevados precios del petróleo que llenaban las arcas de la empresa pública Petrobras, permitía al gobierno disponer de recursos para financiar sus políticas sociales sin tener que abordar una verdadera reforma fiscal que redujera la flagrante desigualdad social existente en Brasil. Además, en esa época de crecimiento, hubo facilidad de llenar las arcas públicas con la venta de commodities (por ejemplo, soja y minerales de hierro), lo que hizo que los gobiernos “petistas” no se ocuparan de cambiar el modelo productivo ni de apostar por la industrialización.

En ese contexto, Petrobras continuó siendo utilizada por el gobierno como mecanismo de engrase de la maquinaria clientelar, una función que habían venido ejerciendo todos los gobiernos brasileños desde el comienzo de la democracia como forma de comprar apoyos políticos que garantizasen la estabilidad. Asimismo, Petrobras continuó utilizándose como pantalla para la financiación de los partidos por parte de las grandes empresas beneficiarias de los contratos públicos (empreiteiras) mediante una red de flagrante corrupción extendida a todo el sistema político brasileño.

Los problemas de Dilma

Dilma supo aprovechar esa inercia en su primer mandato presidencial, pero no ha podido aprovecharla en el segundo, que, debido a su precaria victoria, se le está convirtiendo en un auténtico “calvario” y en una larga agonía. En este segundo mandato, Dilma ha tenido que afrontar diversos problemas que le están estallando en una especie de “tormenta perfecta” que amenaza con llevársela por delante, con el riesgo adicional de que la democracia brasileña pueda sufrir un daño irreparable.

El primero de esos problemas es la ya comentada debilidad de su apoyo parlamentario, con un PT en claro retroceso y con una grave crisis de legitimidad ante la ciudadanía, debido a los casos de corrupción en que se han visto implicados muchos de sus dirigentes intermedios, aunque no la presidenta Dilma. El segundo problema es el de la recesión económica, que ha hecho caer el PIB en más del 5% en los dos últimos años, con lo que eso significa de aumento de la tasa de desempleo y de recortes del gasto público en temas tan sensibles como el de las políticas sociales. El tercer problema es el haber salido a la luz la corrupción institucionalizada en Petrobras, desvelando, a través de la citada operación “lava jato”, los nombres de políticos de todo signo (entre ellos los del PT, el partido de Dilma). En esa situación, Petrobras no ha podido seguir ejerciendo su tradicional función de engrasar la maquinaria clientelar de todo el sistema político brasileño, provocando una auténtica combustión.

Hay otro problema, que es de tipo personal, y tiene que ver con el propio agotamiento de la figura de Dilma. Buena gestora cuando fue la mano derecha de Lula en sus gobiernos, ha demostrado, sin embargo, como Presidenta carecer del liderazgo suficiente para asegurar la cohesión interna en las filas de un PT cada vez más dividido y tensionado. Asimismo, no ha mostrado tener el carisma necesario para seguir manteniendo el apoyo y la confianza del amplio electorado “petista”, un electorado constituido por las clases populares y por sectores de la burguesía ilustrada y de las clases medias progresistas de Brasil, hoy bastante decepcionados con el modo como se han comportado los dirigentes del PT en los distintos niveles de gobierno. Tampoco ha mostrado la "cintura" política" que se precisa para gestionar un apoyo parlamentario tan heterogéneo como el que hasta ahora ha mantenido a su gobierno.

El quinto problema tiene que ver con la estrategia antisistema de la derecha (política, económica y mediática). Ante la frustración por no haber logrado el poder que creía a su alcance en las pasadas elecciones presidenciales, la derecha no está teniendo ningún escrúpulo en activar métodos que rozan la ilegalidad, utilizando el poder judicial con fines políticos con tal de eliminar a Dilma con un impeachment antes de que finalice su mandato y con tal de evitar que su “odioso” y “temido” Lula vuelva a presentarse como candidato en las elecciones de 2018. En ese contexto de “todo vale” con tal de desbancar a Dilma del poder, el modo como el “juez estrella” Sergio Moro está llevando la citada operación “lava jato” borda la ilegalidad, filtrando a su antojo informaciones a los medios de comunicación de la poderosa red Globo y difundiendo sólo los casos de corrupción de la empresa Petrobras que afectan a políticos del PT y del entorno de Lula y Dilma.

Una situación de falta de gobernabilidad

Todo eso hace que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial hayan perdido su necesaria independencia en Brasil, actuando de forma interrelacionada en un choque institucional de consecuencia imprevisibles. El poder ejecutivo actúa a la defensiva, utilizando los resortes políticos para proteger a la presidenta y al propio Lula (de ahí su cuestionable nombramiento como ministro de la presidencia). El poder legislativo está paralizado por las disputas internas entre la miríada de grupos que componen la Cámara de Diputados y el Senado, y que intervienen en el impeachment de la presidenta Dilma. Y el poder judicial ha entrado en una perversa dinámica de politización de uno u otro signo, perdiendo credibilidad y legitimidad como la institución independiente que debe ser en todo sistema democrático.

El resultado más grave de todo esto no es la polarización política, que es algo habitual hasta en las más consolidadas democracias (pensemos en la actual polarización política en los EE.UU. o en Francia), sino la fractura que se ha producido en la propia sociedad civil brasileña, y que los partidos políticos no hacen más que exacerbar. Estamos, por tanto, ante una situación de falta de gobernabilidad, y es ahí donde radica la gravedad del momento por el que atraviesa Brasil.

La más grande economía latinoamericana y uno de los países emergentes que hasta sólo unos años recibía la admiración de todo el mundo, es ahora motivo de seria preocupación a sólo unos meses del comienzo de las Olimpiadas de Río. Los meses próximos, en los que se resolverá la propuesta de impeachment contra Dilma, serán decisivos para el futuro de Brasil. Sea cual fuere el resultado, nada volverá a ser igual en la política brasileña.