#ALTERNANCIA  Y   #GOBERNABILIDAD
  EN   #BRASIL   

Desde el pasado 1 de enero, Jair Bolsonaro es el nuevo presidente de Brasil, tras su victoria en segunda vuelta en unas elecciones en las que participó casi el 80% de la población con derecho a voto. Obtuvo el 55,13% de los votos frente al 44,87% de Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores (PT).

La campaña electoral fue de una inusitada dureza, especialmente por parte de Bolsonaro, planteándose la disputa entre los dos candidatos como una confrontación dramática en la que se barajaron términos como barbarie frente a civilización, democracia frente a totalitarismo,...

Ello muestra el alto grado de polarización a que se ha llegado en la sociedad brasileña, superándose los niveles de confrontación que son habituales en sistemas electorales a doble vuelta, en los que se reduce la competición (pero también se intensifica) a los dos candidatos que pasan al segundo turno.

Polarización y exclusión

Con esos antecedentes de polarización, es comprensible la preocupación de una parte de la población brasileña por el discurso excluyente de Bolsonaro en su toma de posesión, con expresiones impropias de un acto de la máxima relevancia institucional como ése.

Por ejemplo, muchos brasileños se quedaron perplejos, cuando no indignados, al escucharle decir al nuevo Presidente, con la banda presidencial y la bandera nacional en la mano, que Brasil “nunca más será roja”, en clara alusión al PT de Lula y Haddad, un partido constitucional votado por casi la mitad de los brasileños y que aún tiene el mayor número de representantes (56) en la actual Cámara de Diputados.

Ha generado también preocupación la composición de su gobierno, que incluye a siete jefes militares en la reserva al frente de importantes carteras ministeriales. Pero también preocupa a muchos brasileños la supresión de ministerios y secretarías de gran relevancia social, como las relativas a igualdad, educación en la diversidad, inclusión o derechos humanos, en lo que se interpreta como un retroceso de las conquistas obtenidas en estas áreas durante los gobiernos del PT de Lula y Dilma Rousseff.

Asimismo, algunos de los primeros decretos de Bolsonaro son percibidos como un ataque en toda regla a derechos que se consideraban blindados. Uno de esos decretos es el que, en detrimento de la FUNAI (Fundación Nacional del Indígena), da plenos poderes al Ministerio de Agricultura para delimitar las tierras indígenas, satisfaciendo así las demandas de los intereses agrarios y eliminando las trabas a la explotación comercial de la Amazonía.

Junto a ello, existe un fundado temor al revanchismo que pueda producirse contra el personal más vulnerable de la administración pública (personal interino y contratado). Es un temor centrado sobre todo en el área de las entidades federales por cuanto que en los estados federados y en los municipios continúan gobernando partidos de distinto signo al de Bolsonaro (en algunos, el PT conserva todavía importantes parcelas de poder).

No obstante, más allá de esa comprensible preocupación de una parte de la sociedad brasileña, la realidad es que, a la vista de los resultados electorales, puede decirse que ha sido un proceso formalmente impecable de alternancia en el gobierno de la mayor democracia latinoamericana, como ha venido ocurriendo desde la recuperación de las libertades en 1985 tras veinte años de dictadura militar. Sólo el acceso a la presidencia del vicepresidente Michel Temer en agosto de 2016 tras el controvertido impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, rompió el ciclo normal de alternancia en Brasil.

Se  han escrito numerosos artículos sobre el giro a la derecha extrema que representa la victoria de Bolsonaro y que se percibe como una tendencia extendida por otros países y articulada en una red de nuevas alianzas internacionales entre sus dirigentes (Trump, Orban, Netanyahu,...) que preconiza el retorno a valores como el nacionalismo, la autoridad, la familia, la religión,...

Asimismo, se ha analizado con amplitud el importante apoyo que ha recibido de la iglesia evangélica, y mostrado con suficiente claridad la cultura militarista en la que se inspira el propio Bolsonaro (capitán del ejército en la reserva) y que guía muchas de sus actitudes autoritarias.

Pero no es mi objetivo abundar en estos asuntos, que son importantes, sin duda, mas ya analizados con profusión en los distintos medios de comunicación.

El problema de la gobernabilidad

Lo que me interesa tratar aquí es un tema al que se le ha prestado poca atención. Me refiero al problema de la gobernabilidad en países con sistemas presidencialistas. Es éste un tema relevante por cuanto está en la raíz de la inestabilidad que suele estar presente en estos países si no se le trata con sistemas electorales adecuados. Aportaré a continuación algunas reflexiones sobre este asunto, tomando como referencia el caso de Brasil.

Lo primero a tener en cuenta es que, en este tipo de sistemas políticos, la alternancia no es siempre sinónimo de gobernabilidad, y el caso brasileño lo confirma. Ha habido alternancia y cambio de gobierno, pero Brasil sigue teniendo un problema de gobernabilidad.

Este problema lo arrastra Brasil precisamente desde la aprobación de su Constitución en 1988 y la celebración del referéndum de 1993, que apostó por un sistema presidencialista y dio paso a la aprobación de una ley electoral que ha provocado la fragmentación de las dos cámaras parlamentarias en múltiples grupos políticos.

Como se sabe por el derecho político comparado, los sistemas presidencialistas aseguran la gobernabilidad de un país si van acompañados de leyes electorales que garanticen un cierto grado de concentración de la pluralidad política en los parlamentos.

El de los EE.UU. es un caso paradigmático, con dos partidos (el Republicano y el Demócrata) que concentran la representación en las dos cámaras (Congreso y Senado). México es también un sistema presidencialista en el que la Cámara de Diputados está formada por tres grandes grupos parlamentarios: uno, mayoritario, liderado por Morena, del presidente López Obrador; y dos en la oposición (el del PAN, y el del PRI).

Por el contrario, en países con sistemas presidencialistas que no van acompañados de una cierta concentración parlamentaria, suelen darse problemas de gobernabilidad. En esos casos, el Presidente de la República, que preside además el poder ejecutivo, suele tener serias dificultades para obtener el apoyo de una cámara legislativa fragmentada y, por tanto, para emprender su acción de gobierno de acuerdo con el programa con el que se presentó a las elecciones.

Eso es lo que ha venido ocurriendo en países como Brasil, cuyo problema de gobernabilidad tiene su raíz en la combinación de un sistema presidencialista y una legislación electoral que no propicia la concentración parlamentaria. Eso ha ido conduciendo elección tras elección a un parlamento extremadamente fragmentado, que hace muy difícil la constitución de gobiernos apoyados en mayorías estables y cohesionadas.

De hecho, el parlamento salido de las elecciones de octubre de 2018 está fragmentado en treinta formaciones políticas en la Cámara de Diputados y en veinte en el Senado. En la Cámara (513 escaños) el PSL del nuevo presidente Bolsonaro sólo tiene 53 diputados, y el PT del derrotado Haddad 56, distribuyéndose los más de 400 escaños restantes en una miríada de partidos, muchos de ellos plataformas personales creadas expresamente para las elecciones, y que sólo persiguen intereses particularistas.

En el Senado, de gran importancia en el sistema político brasileño, la fragmentación es aún mayor, ya que sus 81 senadores se distribuyen en veinte partidos, entre los cuales el PSL de Bolsonaro sólo cuenta con 4 senadores y el PT con 6.

Esto puede darnos una idea de las dificultades que tendrá el nuevo Presidente para desarrollar su acción de gobierno.  Al no disponer de mayoría parlamentaria, tendrá que buscar pactos sin fin con gran parte de los partidos presentes en las dos cámaras, ya que muchos de los decretos deberán ser refrendados en la Cámara de Diputados y en el Senado.

Esto no es una novedad, ya que ha sido la pauta en el sistema político brasileño de los últimos treinta años. Pero es un factor de inestabilidad que va en detrimento de la gobernabilidad del propio sistema y abre la puerta a la corrupción política generalizada.

Recordemos que incluso en la época dorada del PT, ni Lula ni Dilma lograron formar gobiernos exclusivamente “petistas”, debiendo incluir políticos de otros partidos y teniendo que pasar por un verdadero calvario para sacar adelante sus proyectos en unas cámaras parlamentarias tan fragmentadas. Ello les provocó un importante desgaste, contaminó de corrupción a parte de sus dirigentes y causó no poca decepción entre sus votantes al ver limitadas sus expectativas de cambio. Fue, por ello, uno de los factores (si bien no el único) que desencadenaron la crisis y caída del PT (ver mi artículo "La agonía de Dilma" publicado en este blog en marzo de 2016, y que puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://eduardomoyanoestrada.blogspot.com/2016/03/laagonia-de-dilma-la-situacion-politica.html

Puede que la red de intereses que lidera Bolsonaro le facilite alcanzar acuerdos clientelares con otros grupos afines. Pero en todo caso, su minoría parlamentaria le obligará a hacer concesiones más amplias en detrimento de sus propuestas iniciales, algunas de ellas necesitadas de leyes orgánicas o incluso de reformas constitucionales, para llevarlas a efecto. 

La paradoja es que sin una reforma del sistema electoral brasileño que evite la extrema fragmentación del Senado y la Cámara de Diputados, el problema de la gobernabilidad seguirá estando presente en Brasil, pero es esa misma fragmentación la que impide que se formen mayorías suficientes para abordar dicha reforma. Es un bucle del que le será difícil salir.

Por eso, los gobiernos brasileños seguirán estando sometidos a situaciones de inestabilidad, dificultando así que una de las mayores economías del mundo pueda desplegar todo el potencial que encierra.

DE   #MÁSTERES   Y   #POLÍTICOS    

Otra    lectura   

(versión ampliada del artículo publicado en el Diario Córdoba el 21/04/2018)      

En memoria de Miguel Manaute,

quien fuera Consejero de Agricultura

de la Junta de Andalucía (1982-1990)

con sólo bachillerato elemental.

Aún recuerdo cuando, al comienzo de los años 1980, no pocos empresarios agrícolas se escandalizaban al ver cómo el presidente de la Junta de Andalucía (Rafael Escuredo) nombraba Consejero de Agricultura a Miguel Manaute, pequeño parcelista de El Arahal (Sevilla), sin estudios superiores que le avalaran.

Se preguntaban ¿cómo era posible que al frente de una Consejería tan significativa para Andalucía se pusiera a una persona iletrada con sólo bachillerato elemental, y no a un ingeniero agrónomo de prestigio? Luego, resultó que Manaute supo rodearse de un excelente equipo de técnicos y funcionarios, ingenieros, sociólogos y economistas, con capacidad más que sobrada para poner las bases de lo que es hoy la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de esta Comunidad Autónoma.

Traigo esto a colación con motivo del debate sobre el falso máster de Cristina Cifuentes y el asunto de los políticos que han “inflado” sus CV, e incluso falseado, en una carrera frenética por no sentirse descalificados ante la opinión pública si no muestran tener una licenciatura o un máster de postgrado. Dado que se ha escrito y hablado lo suficiente sobre ambos asuntos, no es mi propósito abundar más en ello, pero sí analizarlos desde una perspectiva que, en mi opinión, no ha sido tratada, y sobre la que expongo algunas reflexiones.

La "titulitis", como patología

En una sociedad, como la española de hoy, en la que crece el porcentaje de la población que tiene título universitario, es bueno que también lo tengan los que se dedican a la política, reflejando mejor la realidad social que representan. Pero no me parece acertado ni tampoco conveniente magnificar la importancia de los títulos universitarios en la política, ya que eso puede tener efectos perversos.

Está claro que tener un título académico no es garantía de buen político. Pero la realidad es que criticamos cuando se produce el nombramiento de un cargo político que no reúne títulos suficientes, y menospreciamos su experiencia en otras áreas, incluida la de la propia política.

El problema de la “titulitis” entre los políticos puede explicarse por varios factores, de los que me centro en dos de ellos. El primero, de efectos negativos, es la fuerte presión que los políticos reciben de la opinión pública, en el sentido de que si un político no tiene un título universitario, no se le considera capaz de ejercer eficazmente su actividad. Con la extensión generalizada de las licenciaturas, le exigimos incluso tener un máster para poder considerarlo capaz de desarrollar su tarea política. Se da la paradoja de que en una actividad, como la política, en la que no se pide ningún título académico para acceder a ella, es donde estamos ahora exigiendo que los políticos tengan títulos superiores (y a ser posible de postgrado) para recibir reconocimiento social.

Esta presión es uno de los factores que incitan a los políticos a sacarse másteres (y si es con buenas calificaciones, mejor) sin disponer de tiempo suficiente para dedicarle el esfuerzo que eso requiere. Para ello aprovechan las facilidades que ofrecen algunas universidades en los programas de postgrado, más preocupadas por captar alumnos (y hacer caja con el elevado coste de las matrículas), que por el rendimiento, calidad y excelencia del programa.

El otro factor explicativo, éste de carácter positivo, está relacionado con el deseo de aprender y mejorar su formación que muchos políticos sienten cuando ocupan cargos públicos de cierta relevancia y comprueban sus carencias en determinadas materias. Este sentimiento se da sobre todo en personas que desde muy jóvenes están en la política y que, debido a su temprana y plena dedicación a esta actividad, no han completado sus estudios o los han abandonado justo al terminar el bachillerato o en medio de una licenciatura.

En estos casos, resulta loable su afán por mejorar la formación, su inquietud por prepararse mejor para el desempeño de sus tareas políticas. No es criticable, por tanto, que se matriculen en cursos de especialización o másteres de postgrado, siempre que dediquen el esfuerzo y el tiempo que ello les exige. El problema está, como en la situación antes analizada, en que no disponen del tiempo necesario para realizar un estudio universitario de postgrado con la intensidad y dedicación que se les exige a los alumnos, y entonces buscan la fórmula de poder compatibilizarlo con su actividad política, aprovechando su influencia o redes clientelares con el mundo académico y las mencionadas ventajas que ofrecen algunas universidades.

El resultado de todo ello es doble. De un lado, aumenta la degradación de la actividad política, que se ve contaminada por la corrupción en un tema, como éste de la formación, tan sensible a la opinión pública y donde se supone que rigen los criterios del mérito y el esfuerzo. De otro lado, produce una degradación de nuestro sistema universitario, al ofrecer su cara más gris ante la falta de rigor y seriedad de algunas universidades en la concesión de títulos de postgrado por los que cobran elevadas tasas académicas y cuyos requisitos relajan cuando en ellos se matricula algún profesional muy ocupado o un político de cierta relevancia.

Catarsis

La indignación está servida y el daño está ya hecho. Sólo confío en que esto sirva de catarsis en un triple sentido.

En primer lugar, espero que la opinión pública rebaje su presión sobre los políticos respecto a la exigencia de títulos académicos como vía del reconocimiento social para ejercer su actividad, y valoremos más la experiencia y capacidad. Tener un título no es garantía de nada en el ámbito de la política. Se puede ser un excelente político sin tener másteres o títulos de postgrado; basta con saber escuchar la opinión de los expertos y rodearse de un buen equipo técnico en el desempeño de sus responsabilidades públicas, además, por supuesto, de ser capaz de tomar decisiones, que es la principal tarea de un político.

En segundo lugar, confío en que, tras esta catarsis, los políticos no “inflen” sus CV de manera innecesaria, sino que sólo reflejen en ellos sus verdaderos méritos, unos méritos que no tienen por qué estar relacionados con la posesión de un título de máster, sino con las capacidades adquiridas por su experiencia en otras esferas profesionales.

Y en tercer lugar, espero que todo esto sirva para que el sistema universitario ponga orden en sus estudios de postgrado, estableciendo los controles necesarios para garantizar la calidad y la excelencia de unos títulos por los que las universidades cobran elevadas tasas, pero que, en no pocos casos, dejan mucho que desear.

DIEZ APUNTES  TRAS  LA  APLICACIÓN  DEL  ART. 155

Ha transcurrido algo más de un mes desde el 1-O, pero han sido tantos los vaivenes de la situación política catalana, que parece haber pasado un largo periodo de tiempo.

Los hechos se han ido precipitando a un ritmo de vértigo por lo que no viene mal recordarlos: aprobación de las leyes de desconexión y transitoriedad por el Parlament el 7-8 de septiembre en flagrante violación del orden constitucional; intento de celebración del referéndum ilegal el 1-O con la consiguiente intervención policial; detención de los dirigentes de las organizaciones ANC y Omnium cultural; declaración unilateral de independencia por el Parlament el 21 de octubre (tras las dudas hamletianas del President) y aplicación inmediata del art. 155 por el gobierno de la nación; cese del Govern y convocatoria de elecciones catalanas para el día 21-D; salida a Bruselas de Puigdemont con una parte de sus antiguos consellers; comparecencia de otra parte del Govern ante la jueza Lamela de la Audiencia Nacional y su envío a prisión; comparecencia de los miembros de la mesa del Parlament ante el juez Llarena del Tribunal Supremo (debido a su condición de aforados)…

Para complicarlo todo aún más, nos encontramos con una situación en la que se mezcla la lógica política y la lógica judicial, con sus propios ritmos y calendarios, que hacen aún más cambiante el panorama, provocando cambios de estado de ánimo en la ciudadanía (de la euforia a la depresión), cuando no un hartazgo cada vez más insoportable. Es un escenario cargado de pasiones, impregnado de emotividad y salpicado de medias verdades e incluso de mentiras intencionadas.

En definitiva, un panorama enardecido y enrarecido, ante el que hay que detenerse y recapitular para poner orden en las complicadas piezas que lo componen. Con ese propósito comparto las siguientes reflexiones.

1)    Aunque en las redes sociales no dejan de aparecer comentarios jocosos sobre el tema catalán en un frívolo regodeo de los acontecimientos, la realidad es que estamos ante la más grave crisis de la democracia española desde el fallido golpe de estado del 23-F, ya que este tema no es sólo de Cataluña, sino que nos afecta a todos. Es una crisis que, de no encauzarse, podría tener, además, unas implicaciones económicas que harán empequeñecer la que venimos sufriendo desde 2007. El Banco de España ya ha estimado para el año próximo una pérdida de más de 30.000 millones de euros en términos del PIB si la inestabilidad continúa en Cataluña. No debemos olvidar que la economía catalana representa el 20% de la economía española, además del efecto indirecto que la crisis política pueda tener en el empleo y en las inversiones extranjeras en nuestro país.

2)    El procés ha tocado fondo al tropezar con el poder institucional del Estado. Por mucho que el bloque secesionista active estrategias de resistencia, el procés, tal como lo hemos conocido, no tiene ya más recorrido. Después del 21-D, nada será igual, ya que lo más probable es que cambien los interlocutores y sean distintas las estrategias, una vez que sus protagonistas valoren lo ocurrido hasta aquí. El independentismo seguirá, sin duda, presente en la sociedad catalana, y seguro que con una pujanza similar o superior incluso a la de ahora. Pero tras las elecciones autonómicas será distinto el escenario en Cataluña y continuará Rajoy al frente del gobierno de la nación, manteniéndose firme en la defensa del Estado de derecho.

3)    La aplicación del art. 155 se ha realizado dentro de la más escrupulosa legalidad y de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Paradójicamente, una cámara alta tan desprestigiada como el Senado, ha desempeñado un papel crucial en el procedimiento de intervención. Ha sido impecable el modo como se han desarrollado los debates en la comisión y en el pleno hasta conducir a la autorización al gobierno para que aplique las medidas que hagan efectiva la suspensión de las competencias políticas en Cataluña. El control de los Mossos se ha realizado con una sorprendente normalidad, al igual que el de las distintas consejerías de la Generalitat.

4)    El cese del President y de los miembros del Govern estaba dentro de las posibles medidas del art. 155, por lo que no ha causado sorpresa. Sin embargo, la convocatoria electoral para el 21-D ha sido sorprendente por su rapidez, habiendo dejado descolocadas a las fuerzas políticas catalanas y en especial al bloque secesionista. La virtud de una convocatoria electoral tan rápida es que reduce al mínimo el periodo de aplicación del art. 155, y con ello los riesgos que conlleva. Puede que, para los sectores más españolistas, deseosos de prolongar la suspensión de las competencias de la Generalitat en una especie de estrategia de tierra quemada, la medida de aplicar un art. 155 de corta duración les resulte decepcionante por entender que el trabajo de “cirugía” se quedará a medias. Pero Rajoy, con el apoyo de Cs y, sobre  todo, del PSOE, no ha querido arriesgarse a transitar por un camino lleno de incertidumbre y dificultades. No obstante, el mandato del Senado es de seis meses, por lo que la aplicación del art. 155 no acaba el 21-D, pudiendo, además, el Gobierno solicitar su ampliación según cómo se desarrollen los acontecimientos.

5)    La salida del ya expresidente Puigdemont y de parte de su gobierno hacia Bruselas, ha sido interpretada por muchos como una huida y una traición al resto de sus compañeros. Pero en mi opinión hay que entenderla en términos de una estrategia jurídica y política en coordinación con el resto de consellers, si bien una estrategia de alto riesgo. Con su salida, Puigdemont persigue, sin duda, eludir la justicia española (a la que acusa de estar politizada y de no ser independiente), pero también internacionalizar el conflicto, esperando que algún país de la UE ceda a la tentación de dudar de la credibilidad democrática española. Esperemos a cómo se desarrolla la aplicación de la orden europea de detención decretada por la Audiencia Nacional (AN) y ante la cual Puigdemont se ha presentado ante la fiscalía belga, que es la que debe decidir sobre el proceso judicial.

6)   La entrada en prisión sin fianza de los consellers que se han quedado en España, ordenada por la jueza Lamela de la AN, puede ayudarle a Puigdemont en su estrategia, esgrimiendo, aunque sea sin base jurídica alguna, el argumento de la existencia de “presos políticos”. Además, el diferente tratamiento que sobre la misma querella del fiscal ha hecho el juez Llarena del Tribunal Supremo (TS) respecto a los miembros de la mesa del Parlament (que ha rebajado el delito de rebelión y les ha dado un plazo de una semana a los miembros de la mesa del Parlament para que sus abogados tengan más tiempo en preparar sus defensas), da argumentos a la estrategia de Puigdemont de cuestionar el poder judicial español al mostrar que existen distintas varas de medir el mismo delito. Para los que quieran profundizar en la complejidad de este asunto, recomiendo dos excelentes artículos escritos desde posiciones distintas: uno, de Teresa Freixes, argumentando en favor del auto de la jueza Lamela (“Delito de rebelión para el Govern, ¿por qué?”, publicado el 3 de noviembre en la sección Ideas de la revista ED), y el otro, de Miguel Pasquau, cuestionando dicho auto (“Alzamiento, sedición y rebelión” publicado el 1 de noviembre en la revista digital ctxt.es).

7)    Sea como fuere, lo cierto es que la discrepancia entre la AN y el TS no ayuda a la imagen de equidad y profesionalidad de la justicia española, y da alas al victimismo de los secesionistas. Es, por tanto, una situación preocupante, que, si no se remedia en los próximos días unificando criterios entre ambos organismos judiciales, podrá influir en la opinión pública internacional, volátil por naturaleza, y aún más ante la debilidad crónica de la diplomacia española. Además, si continúa esa discrepancia entre el TS y la AN hay riesgo de que el tema acabe en el Tribunal de Derechos Humanos como ya ocurrió con el caso Bultó en los años 1980, lo que empeoraría la imagen de la democracia española.

8)    Por muy ajustado a derecho que esté el encarcelamiento de los dirigentes catalanes dada la gravedad de los delitos que se les imputa, es indudable su efecto político. Celebrar las elecciones del 21-D en unas circunstancias así no es el mejor escenario, ya que los comicios se verán condicionados por ello, tanto en lo que se refiere al ambiente político, como a las estrategias electorales y al desarrollo de la campaña. Serían elecciones celebradas en un escenario aún más polarizado y fracturado de lo que está ahora y fuertemente cargado de emotividad y victimismo, lo que no es lo más indicado para un proceso electoral. Además, la campaña se vería inevitablemente empañada por demandas de amnistía y libertad que, sustituyendo a los programas políticos con los que los partidos suelen presentarse a los comicios, se extenderían de forma transversal monopolizando el eje de los debates. Al favorecer una estrategia frentista, esas demandas, que apelan más al corazón que a la cabeza de los votantes, lograrían ocultar las profundas desavenencias hoy existentes dentro del bloque independentista, además de permitirles a los dirigentes secesionistas envolverse en el manto del victimismo evitando rendir cuentas ante el electorado por los errores cometidos durante el procés. Asimismo, la permanencia en la cárcel de los dirigentes políticos catalanes durante la campaña electoral serviría de acicate a la revitalización del bloque independentista, un bloque en horas bajas tras el fracaso del procés y tras el impacto de la gran movilización no secesionista activada días atrás por la SCC (Societat Civil Catalana). En este sentido, no debe olvidarse que un movimiento como éste de la SCC, logrado a base de mucho esfuerzo, necesita, para verse reflejado en forma de votos en las urnas, un escenario menos enardecido y más sosegado para que los votantes decidan su voto con cierta racionalidad y no con las emociones a flor de piel.

9)    Aún es pronto para hablar de posibles escenarios tras el 21-D, ya que quedan cincuenta días en una campaña que se prevé dura y complicada. Aún no se conocen las estrategias de los partidos soberanistas: si reproducir un frente común para convertir las elecciones de nuevo en plebiscitarias, o si presentar listas por separado para dar lugar a posteriores alianzas en función de los resultados. Parece que sólo el PDdeCat (antigua CiU) está interesado en reeditar el frente independentista, dado que, yendo por separado, corre el riesgo de sufrir una fuerte derrota en favor de ERC. Respecto a los Comunes de Ada Colau y de un sector de Podemos, ya han anunciado que presentarán una lista propia (encabezada por Xavi Doménech), aunque con un programa común lo suficientemente transversal como para dejar abierta posibles alianzas postelectorales con otras fuerzas soberanistas.

10)  Respecto a los partidos no soberanistas, ya se sabe que no habrá frente común a pesar de la insistencia de Cs. Además de las profundas diferencias programáticas entre el PSC y el PP, está en la memoria de ambos partidos la fracasada experiencia frentista de las elecciones vascas de 2001, cuando el frente PSOE-PP (liderado por Nicolás Redondo Terreros y Jaime Mayor Oreja) se vio derrotado por el PNV de Ibarretxe, y no quieren repetirla en Cataluña. Por eso, tanto PP, como PSC y Cs se presentarán por separado, con la esperanza de que el bloque secesionista no alcance la mayoría parlamentaria, algo que se antoja difícil a la luz de las últimas encuestas, que arrojan un escenario muy parecido al actual.

Todo está abierto, por tanto, y nos esperan varias semanas de vértigo hasta llegar a los comicios del 21-D, una fecha que marcará no el final, sino el inicio de un nuevo escenario que habrá que gestionar desde dentro de Cataluña y desde el conjunto del Estado.

Si se gestiona bien, la situación catalana podrá normalizarse encauzándola hacia un nuevo encaje de Cataluña en el Estado, algo que inevitablemente deberá pasar por algún tipo de consulta legal y pactada, tras la correspondiente reforma constitucional (con la que está de acuerdo más de la mitad de los españoles según las últimas encuestas).

Pero si fracasa el diálogo político, y el independentismo persiste en su desafío al Estado de derecho, se agravará aún más la inestabilidad en Cataluña. Ello tendrá graves efectos directos en el resto de España y efectos colaterales en la UE, llevándonos a un abismo al que, si bien algunos, en su delirio, puedan sentirse fascinados a precipitarse por él, muchos otros ciudadanos no están dispuestos a ello.

PERSPECTIVAS  POLÍTICAS  PARA  2017  EN  ESPAÑA

Tras el extraño y convulso 2016, la política española afronta este nuevo año con un panorama de mayor certidumbre. Ello no implica que esté exenta de los riesgos que conlleva formar parte de una UE que se enfrentará a importantes retos (Brexit, elecciones en Francia y Holanda, refugiados, crisis económica,...), pero lo cierto es que, comparando nuestra situación política interna con la del año anterior, la de este 2017 es bastante menos incierta.

No hay elecciones ni autonómicas ni municipales a la vista, y el gobierno de Rajoy, aunque en minoría parlamentaria, tiene margen de maniobra suficiente para, jugando diversas cartas, asegurarse la estabilidad necesaria en esta legislatura. Algunas de ellas ya las ha sabido jugar con relativo éxito al lograr, con amplio apoyo (Cs, PSOE, CC y PNV), que se aprobara el techo de gasto, un éxito que previsiblemente tendrá continuidad con la aprobación de los presupuestos (gracias también a Cs, CC y PNV, que neutralizarán con su voto favorable la enmienda a la totalidad anunciada por los socialistas y por Unidos Podemos).

Además, queda prácticamente despejada la incógnita de la posible reforma constitucional, al concluir PP, PSOE y Cs que no hay condiciones para ello, dada la actitud rupturista de Unidos Podemos y su disposición a imponer un referéndum incluso para reformas menores que no lo exigen (al contar con el número de diputados necesario para ello). El debate se concentrará, por tanto, en otros temas de menor calado político, aunque no menos importantes para los ciudadanos (como el pacto educativo, la reforma de las pensiones, la subida del salario mínimo, el bono social para abordar el problema de la pobreza energética o la reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas).

Aun así, los más importantes partidos del arco parlamentario afrontan un año de congresos (nacionales y regionales) en los que procederán a renovar sus estructuras, definir sus discursos ideológicos y marcar sus estrategias políticas. Sin embargo, son muy diferentes las situaciones en que los diversos partidos se presentan a sus respectivos congresos.

El PP celebrará con tranquilidad su congreso nacional en primavera. Bajo el liderazgo indiscutible de Rajoy, irá preparando la renovación, sin prisas, pero sin pausas, en un contexto muy favorable desde la posición de gobierno que ostenta, sólo empañado por la abierta ruptura de Aznar, que, por ahora, no parece amenazar la cohesión interna del partido. El sistema de elección mediante delegados, y no por primarias, le garantiza al PP una renovación controlada, sin tensiones, ni situaciones imprevistas.

La situación del PSOE es muy diferente. Tras la crisis abierta con la dimisión de Pedro Sánchez y la constitución de la Comisión Gestora, el próximo congreso lo afronta en una situación aún enrarecida y con un partido abierto en canal y afectado por divisiones internas y por heridas todavía no cicatrizadas. Ninguno de sus dirigentes se atreve a mostrar sus cartas para la candidatura a la secretaría general. Parece que quisieran esperar hasta última hora para hacerlo, a fin de evitar anticiparse a lo que hagan los posibles rivales, dado el alto riesgo que asumen.

El caso de Susana Díaz es significativo. Señalada por todos los medios de comunicación como la candidata mejor situada en la carrera por dirigir el PSOE, no se atreve aún a decidirse, dada la animadversión que despierta en amplios sectores de la militancia por considerarla responsable del modo como se produjo la defenestración de Pedro Sánchez y la principal valedora de la abstención en la investidura de Rajoy. Dado que la elección del secretario general del PSOE será mediante primarias en las que cada militante tiene un voto, el riesgo que corre Susana Díaz es elevado.

Por eso, ante el hecho de no tener asegurada la victoria y ante el riesgo de que un enfrentamiento con Pedro Sánchez provocaría una ampliación de las divisiones internas en el PSOE, se va abriendo paso la idea de que haya un candidato de consenso (¿Patxi López?) que, en una etapa de transición, desempeñe un papel de apaciguamiento. De ese modo, dentro de tres años, el partido estaría en mejores condiciones que ahora para realizar la renovación definitiva de sus cuadros dirigentes y para definir con más calma sus principios programáticos.

Mientras tanto, el PSOE intenta recomponer su estrategia parlamentaria para hacerse visible ante la opinión pública como el primer partido de la oposición de izquierda, en clara disputa con Unidos Podemos. Hasta ahora, y con la buena interlocución que mantiene con el grupo parlamentario del PP, parece que lo está logrando al haber alcanzado acuerdos en temas importantes (como la subida del salario mínimo o el bono social). Pero la legislatura es larga y veremos si se mantiene la buena relación PP-PSOE a la vista de futuros acontecimientos (entre ellos el desenlace final del congreso socialista).

En lo que se refiere a Cs, el partido de Albert Rivera está pagando el precio de no haber querido formar parte de un gobierno de coalición con el PP. La fuerte beligerancia que mostró en las dos campañas electorales ante los temas de la corrupción en el PP, y la feroz crítica de Rivera contra Rajoy, hicieron que Cs tuviera las manos atadas para negociar su posición de cara a la formación del nuevo gobierno. Después del voto favorable a la investidura, lo más razonable hubiera sido que Cs entrara en el gobierno de Rajoy asumiendo dos o tres carteras ministeriales, pero estrechó tanto su margen de maniobra, que acabó siendo presa de sus propias exigencias. Fuera del gobierno, Cs está ahora en una posición extraña, en la que corre el riesgo de perder visibilidad y de diluirse en la oposición. Por eso, afronta su próximo congreso en una situación delicada, ya que tiene que definir bien su estrategia para la legislatura si no quiere quedar reducido a una posición irrelevante a pesar de haber sido, con su voto favorable, el artífice de que Rajoy esté hoy en el gobierno.

Por su parte, Podemos está sometido a fuertes tensiones internas de cara a su próximo congreso (Vistalegre 2). Dada su cultura abierta y participativa, esas tensiones se manifiestan con claridad y de manera algo infantil en las redes sociales, habiéndose expresado ya en las distintas asambleas regionales y en los “círculos”. Más allá de lo que ocurra dentro de las “mareas” y otras formas de organización, que, como se sabe, son partidos federados, pero independientes del partido que dirige Pablo Iglesias, la realidad nos dice que, dentro de Podemos, hay una fuerte lucha por el poder en la que se dirimen, además de disputas personales, modelos distintos de concebir la estructura del partido y estrategias políticas diferentes. En ese debate, demasiado personalizado en las figuras de Iglesias y Errejón (puesto que el grupo de los llamados “anticapitalistas” desempeña un papel fundamental), lo que se discute es el futuro modelo de Podemos como partido político.

La estrategia de Iglesias (cual un nuevo Anguita) es consolidar la alianza con la IU de Garzón y, abandonando su populismo inicial, refundar una izquierda que se oponga frontalmente al PSOE hasta superarlo y, si fuera posible, destruirlo. Esta ha sido siempre la gran aspiración de la izquierda comunista, que ahora confía en Iglesias para lograrlo en una estrategia de difícil ejecución, dada la todavía escasa vertebración interna de Unidos Podemos.

Frente a esa estrategia se sitúa Errejón, quien, coherente con el discurso populista que siempre ha defendido y que ha contribuido con sus escritos a darle cuerpo teórico e intelectual, defiende lo que llama “transversalidad” (pues, no olvidemos que el verdadero populista es Errejón, dicho esto sin ningún sentido peyorativo). Con el término de “transversalidad” lo que Errejón y sus seguidores pretenden es construir una alternativa de gobierno que no tenga por eje la clásica identidad de clase que ha caracterizado a los tradicionales partidos de izquierda, sino que agrupe de manera “transversal” al pueblo, a la “gente”. Con actitudes menos radicales y frentistas, sino más moderadas y amables, y con presencia más activa en las instituciones, aspiran a que Podemos logre atraer a un electorado diverso (de todo el espectro ideológico) desencantado con los grandes partidos.

El objetivo de los ya denominados “errejonistas” no es, por tanto, superar ni destruir al PSOE a corto plazo con una estrategia frontal, como pretende Iglesias, sino ir socavando poco a poco, sin prisas, las bases de apoyo socialista (y también las de Cs e incluso las del PP) para atraerlas a un partido con una cultura nueva y diferente de la tradicional y con una imagen institucional que lo haga creíble como alternativa de gobierno.

Por eso, Errejón y su grupo se empeñan en actuar de manera propositiva en las instituciones y en defender el modelo de democracia participativa que está en la esencia de Podemos como legado del 15M. Y por eso, se resisten a aceptar lo que entienden es la deriva autoritaria en que han caído Iglesias y sus seguidores al asumir la herencia del más rancio centralismo democrático de los viejos partidos comunistas. Ahí radica la clave del pulso que han tenido ambos grupos sobre el modo en que deben desarrollarse las deliberaciones en el próximo congreso de “Vista Alegre 2”, un congreso que, si es de integración, supondrá un fuerte impulso al proyecto de Podemos, pero que si profundiza las divisiones internas será el comienzo de su defunción.

En definitiva, el panorama político del año 2017 parece presentarse relativamente tranquilo en nuestro país, si bien con el tema del secesionismo catalán en el horizonte. Pero eso no es ninguna novedad, ya que también ha estado presente durante los dos años anteriores. El “bloque constitucionalista” (llamado así porque está formado por los partidos PP, PSOE, Cs y CC, que no cuestionan el actual marco constitucional, sino sólo reformarlo parcialmente cuando se den las condiciones propicias) es lo suficientemente amplio y cohesionado en el tema del modelo territorial como para poder gestionar la “cuestión catalana”. Con una equilibrada combinación entre los instrumentos que el ordenamiento jurídico vigente pone a disposición del gobierno, y una apuesta firme por introducir reformas en el tema de la financiación, el “bloque constitucionalista” espera socavar la base de apoyo de los partidos independentistas.

Es bueno que la legislatura sea larga y estable, ya que eso irá en beneficio de la recuperación económica, que es hoy por hoy la principal preocupación de los españoles tal como se viene reflejando en las sucesivas encuestas del CIS. A esa estabilidad contribuirá, sin duda, un buen entendimiento entre los partidos políticos (especialmente entre PP, PSOE, Cs y PNV), para lo cual es necesario que el PP sea consciente de que gobierna en minoría y precisa de pactos para sacar adelante su programa de gobierno. Pero también es necesario que esos otros partidos comprendan que una legislatura larga les beneficia a ellos de igual modo y que por ese motivo deben evitar estrategias obstruccionistas que sólo provocarían un adelanto electoral.