#CATALUÑA
Es innegable el fuerte sentimiento de identidad nacional que existe en
Cataluña, y que ha ido aumentando en los últimos años hasta convertirse en una
cuestión política de primera magnitud. La actitud de la Generalitat y el
Parlamento catalán de seguir adelante con su proyecto de desconexión unilateral
del Estado, corrobora la gravedad del problema y permite pronosticar una
confrontación con el gobierno central.
Para entender la complejidad del problema catalán, conviene acudir,
primero, a las raíces históricas del difícil encaje de Cataluña en el Reino de
España, para, luego, reflexionar sobre la viabilidad de las posibles salidas que
se ofrecen hoy en el debate político generado en torno a este asunto.
Sin
embargo, con objeto de evitar que el lector se encuentre con un texto demasiado
extenso para un medio de difusión como el blog, he optado por trasladar el
apartado de “Apuntes históricos” a un anexo final, de tal forma que no sea necesario
leerlo, salvo quien lo desee. Mi análisis comenzará, por tanto, con el modo como se abordó la "cuestión catalana" en la transición democrática.
La “cuestión catalana” en el marco de la
Constitución de 1978
Con la restauración de la democracia, de nuevo surge la “cuestión
catalana”, si bien esta vez como reivindicación de una autonomía política que se extendió
rápidamente a prácticamente todas las regiones del Estado, junto a la demanda
de libertad y amnistía.
Al igual que ocurriera en la II República, se le intentó dar solución a
esta reivindicación mediante la concesión de un estatuto de autonomía. Así, la
Constitución de 1978 reconoce el derecho al autogobierno de los territorios que
así lo quisieran, estableciendo el procedimiento para ello (Titulo VIII). La
Disposición Adicional Segunda da, sin nombrarlas, un trato especial a las
comunidades de Cataluña, País Vasco y Galicia (“comunidades históricas”) para
que pudieran acceder por la llamada “vía rápida” (art. 151) al correspondiente
Estatuto de Autonomía. No obstante, en el Título Preliminar (art. 1) del texto
constitucional se establece que la “soberanía nacional reside en el pueblo
español…”, lo que implica que no se reconocerá el derecho de autodeterminación
de ninguna comunidad autónoma, ni la posibilidad de que una de ellas pueda
separarse unilateralmente del Estado.
La Constitución de 1978 fue votada en referéndum por todos los
españoles, arrojando un 87,78% de votos favorables (porcentaje equivalente al
58,97% del censo electoral). En Cataluña, los resultados fueron incluso más
favorables a la Constitución que en el resto de España, con más del 90% de
votos en todas las provincias catalanas a favor del texto constitucional. Ello
significaba que, en una gran mayoría, la sociedad catalana se manifestaba
favorable al modo como la “cuestión catalana” era encajada en la Constitución
de 1978.
No es éste el lugar para analizar las razones del porqué se ha
intensificado el sentimiento independentista en Cataluña en los últimos años.
Son razones de muy diversa índole: cuentas fiscales, financiación de las
CC.AA., actitudes irresponsables de Maragall y Zapatero al no valorar las implicaciones de la reforma estatutaria catalana, actitudes obstruccionistas del PP, sentencia del TC, descomposición del
pujolismo infestado de corrupción, ascenso de ERC, pérdida de la posición hegemónica del PSC (entre otras cosas, por la creciente desafección de amplios sectores de jóvenes hijos/nietos de padres/ abuelos no catalanes, pero nacidos ellos en Cataluña), crecimiento de partidos antisistema como la CUP,… sobre las que no cabe profundizar
en este breve texto.
Lo cierto es que ese sentimiento ha llegado hoy a cotas muy elevadas,
alcanzando a la mitad de la población catalana (según los resultados de las
últimas elecciones catalanas). A eso ha contribuido, sin duda, el agravio
sentido por una gran mayoría de la sociedad catalana por haber sido rechazado
parcialmente el nuevo Estatuto catalán por el Tribunal Constitucional. Como
establece la Constitución, el nuevo estatuto se aprobó, primero, en el
Parlamento catalán; luego, fue aprobado como Ley orgánica en las Cortes
Generales, y finalmente votado en referéndum por la población catalana. Sin
embargo, el PP, en actitud de clara instrumentalización
política del tema catalán, presentó un recurso contra una parte del nuevo
Estatut (no haciendo lo mismo con otros estatutos de autonomía que tenían artículos similares al catalán), y el TC declaró inconstitucionales algunos de los
artículos recurridos.
Se creó así un conflicto de legitimidades, que, aprovechado por los
dirigentes de CDC (con Artur Mas a la cabeza) para tapar los flagrantes casos
de corrupción en el seno de ese partido, provocaría una
intensificación del victimismo nacionalista en Cataluña y, en consecuencia, un
creciente apoyo a las tesis independentistas. Todo ello ha conducido al llamado
“procés” (secesión unilateral), dada la creciente desconfianza del nacionalismo
(históricamente pactista y ahora independentista) respecto al inmovilismo del
gobierno central. Y es ahí donde se sitúa hoy el debate político en torno al
problema catalán.
El debate político y las diversas salidas a
la “cuestión catalana”
En el actual debate político se plantean varias salidas. Analicémoslas.
La primera consiste en reformar la Constitución de 1978 (concretamente, el Título VIII) para clarificar las competencias de las
CC.AA. y organizar el Estado en un modelo federal que pudiera reconocer la
identidad nacional de algunos territorios federados (dando satisfacción a la
reivindicación histórica del nacionalismo catalán y vasco). Esta salida está en sintonía con la propuesta del PSOE en la Declaración de Granada. No obstante, es una salida que podría tener aún mayor calado si reformando el Título Preliminar, pudiera incluso reconocer el derecho de cada territorio a separarse del Estado,
fijándose previamente el correspondiente procedimiento (sería una salida
similar a lo que hizo el Parlamento de Canadá con la llamada “Ley de Claridad”
para resolver el conflicto de la provincia de Quebec). Una reforma como ésta, tanto en su versión más limitada, como en la de mayor calado, exigiría una mayoría de dos tercios en el Congreso de los Diputados y una
mayoría absoluta en el Senado, y sería luego sometida a
referéndum de todos los españoles. Sin embargo, no veo hoy factible esta
solución, al no contar con el apoyo de PP y Cs, que suman
suficiente número de escaños como para bloquear esa salida.
La segunda salida que se propone consiste en que, sin abordar reforma
alguna de la Constitución, el gobierno catalán y el gobierno central pacten la
realización de una consulta para medir la voluntad del
pueblo catalán de continuar asociado al Estado español. Esa consulta es
jurídicamente posible siempre que la convoque el Rey y se regule mediante Ley (art. 92), pero, con el
actual marco constitucional, nunca podrá ser vinculante, si bien sus efectos políticos serían indudables. Por ello,
tampoco creo que sea una salida factible a corto plazo, pues, al no ser vinculante,
conduciría a un callejón sin salida en el caso (más que probable) de que
triunfaran las posiciones soberanistas. El problema catalán seguiría entonces
sin resolverse, y la demanda de una consulta pactada se extendería también a otras
CC.AA. como el País Vasco, abriendo así una crisis política de difícil gestión.
No veo, por tanto, al gobierno de Rajoy dispuesto a asumir ese riesgo, y menos
en un momento en que empiezan a surgirle algunos problemas internos (con la
vuelta de Aznar al redil político).
La tercera salida es la que promueven los partidos soberanistas apelando
al “derecho a decidir” de los catalanes, y que consistiría en la independencia
unilateral de Cataluña. De hecho, el gobierno de la Generalitat y el Parlamento
catalán ya han decidido iniciar un proceso de “desconexión” del Estado que, en
intención de sus promotores, debe llevar a la creación de una República
Catalana. Para ello, consideran que el primer paso es convocar un referéndum
donde sólo y exclusivamente el pueblo catalán (en uso de una soberanía que los
nacionalistas entienden que radica en Cataluña) pueda manifestar su opinión
sobre el proceso unilateral de independencia. Esta salida no parece tampoco
viable, ya que significa una flagrante ilegalidad (en el marco de la actual
Constitución, ninguna Comunidad Autónoma puede convocar un referéndum de
autodeterminación), y, por ello, no tendría reconocimiento en la UE. Lo más probable, por tanto, es que el proceso unilateral de
independencia sea bloqueado por el gobierno central aplicando las herramientas
que pone a su disposición el ordenamiento jurídico (incluida la aplicación del
art. 155 que implicaría la suspensión de las competencias de la autonomía
catalana). Esto no significa que el “procés” se detenga, sino que los partidos
soberanistas tendrán que reconducirlo (¿nuevas elecciones catalanas?) para seguir
adelante con su aspiración de lograr la independencia de Cataluña. Con lo cual,
la “cuestión catalana” seguirá presente entre nosotros y habrá que convivir con ella (como
decía Ortega y Gasset, el “problema catalán no se puede resolver, sino sólo
conllevar”).
A las tres salidas anteriores, cabría añadir la propugnada por Herrero de Miñón, consistente no en una reforma constitucional, sino en lo que él denomina una "mutación", mediante la incorporación de una disposición adicional que, al igual que se hace para tratar la singularidad de Navarra (disposición Cuarta) o la de los territorios forales (disposición Primera), podría contemplar el reconocimiento del "hecho catalán", blindando algunos tipos de competencias (lingüísticas, culturales, económicas,...). Esa "mutación" podría, en opinión de Herrero de Miñón, ser luego sometida a referéndum de los catalanes por la vía del art. 152 de la Constitución. No obstante, esta salida, a pesar de que lleva varios años defendiéndola el propio Herrero en diversos foros, no ha sido plenamente asumida por los grandes partidos políticos e incorporada en sus programas, por lo que, aun siendo interesante, no la veo probable a corto plazo.
Son, por tanto, varias las salidas que se plantean en el actual debate
político, pero, en mi opinión, ninguna es factible a corto plazo, dada, por un
lado, la gran polarización existente en la sociedad catalana y, por otro, la
falta de consenso político, tanto entre los partidos del llamado “bloque
constitucionalista”, como entre los situados en posiciones cercanas al
soberanismo.
Lo único que veo factible es que, sin abordarse por ahora la reforma de
la Constitución, el gobierno de Rajoy, mediante un cambio en su política
obstruccionista respecto a Cataluña, adopte medidas proactivas que, además de dar argumentos y apoyo al bloque constitucionalista (PP, Cs y PSC), permitan reconstruir
las relaciones con un sector de las élites políticas catalanas, rompiendo así
la cohesión del frente independentista y minando su actual base de apoyo (por
ejemplo, una reforma del sistema de financiación de las CC.AA. que mejore el
trato fiscal que recibe actualmente Cataluña; mayores inversiones en infraestructuras;
retirada de algunos recursos de inconstitucionalidad; cesión de algunas
competencias,…). Sólo así se podrá ir creando un escenario menos polarizado que
el de ahora, en el que sea factible abordar, a medio plazo, la reforma
constitucional que permita un nuevo encaje de Cataluña en el Estado español.
ANEXO
Apuntes históricos sobre la cuestión catalana
Al igual que otras identidades nacionales,
la catalana se ha ido construyendo en el marco de un largo periodo histórico.
Sus orígenes cabe situarlos a principios del segundo milenio (siglos X y XI),
cuando, tras la desmembración del imperio carolingio, los territorios de la
llamada Marca Hispánica se organizan de forma autónoma, siendo el Condado de
Barcelona uno de esos territorios. Sin embargo, entre los siglos XII y XV,
Cataluña, como resultado de uniones matrimoniales dinásticas, se integrará,
como principado, en la corona de Aragón, y seguirá así hasta que se produce la unidad del Reino de España bajo los Reyes Católicos (segunda
mitad del siglo XV). Fue ésta una frágil unión de las coronas de Castilla y
Aragón, que se rompió temporalmente a la muerte de la reina Isabel, cuando el
rey Fernando abandona Castilla y regresa a sus feudos aragoneses.
No obstante, la unión del reino de España
sería consolidada años más tarde, cuando el emperador Carlos (primera mitad del
siglo XVI) hereda de sus abuelos maternos las dos coronas españolas y recibe,
por parte paterna, el reino de Flandes y el imperio alemán. Fue, sin embargo, una
unidad más política que real, debido a las fuertes tensiones internas y
externas a las que tuvo que hacer frente el emperador y que le desviarían del
propósito de construir un Estado moderno y cohesionado (revueltas de las “comunidades” y
“germanías”, guerras de religión, conflictos dentro del imperio,…).
Algo similar le ocurriría a su hijo Felipe
II, aunque en menor medida, al haber dividido el emperador Carlos sus dominios
cediendo el imperio alemán a su hermano Fernando. Aun así, el rey Felipe II tuvo
que gobernar unos vastísimos territorios (desde Flandes a las Américas y
Filipinas) en los que “nunca se ponía el sol”, viéndose, además, ante la
responsabilidad, como el más poderoso rey cristiano, de liderar la guerra
contra la amenaza otomana. Esto hizo que, al igual que su padre, Felipe II
tuviera poco tiempo para dedicarse a la necesaria consolidación de la unidad
del reino de España. No obstante, y en un claro esfuerzo integrador, se
serviría de las mejores cabezas de la nobleza catalana para organizar su
gobierno (un ejemplo de ello es el del barcelonés Luis de Requesens, que, entre
otros cargos, fue gobernador de Milán y de los Países Bajos, además de Gran
Comendador de Castilla). Sin embargo, acontecimientos como el espinoso asunto
de Antonio Pérez (secretario de Felipe II) y el asesinato de Escobedo, no
ayudaron a cohesionar la unión entre Castilla y Aragón.
Sea como fuere, lo cierto es que la unidad
de España se ha asentado históricamente sobre bases poco sólidas, arrastrando
problemas de vertebración interna, entre ellos el problema catalán. Porque es
una realidad que, desde entonces, el encaje de Cataluña en el conjunto del
estado español no ha sido fácil, dando lugar a puntos álgidos de fricción en
estos cuatro siglos. Ha sido un largo periodo histórico, marcado siempre por la
estrategia de la oligarquía catalana de aprovechar los momentos de crisis
política en el Reino de España para plantear sus reivindicaciones
independentistas.
Uno de esos puntos de fricción ocurrió
durante el reinado de Felipe IV (siglo XVII), cuando, en plena guerra
franco-española, se produce la revuelta de los “segadores”, que da nombre al
himno catalán y que desemboca en el llamado “Corpus de Sangre” (7 de junio de
1640). Por cierto, fue ésta una revuelta popular que no iba dirigida
expresamente contra el gobierno de España, sino contra los abusos del ejército
asentado en Cataluña y contra las élites políticas catalanas incapaces de
evitarlos (de hecho, ocasionó el asesinato del entonces virrey de Cataluña, el
noble catalán Conde de Santa Coloma). Al verse desbordada por la revuelta, la
oligarquía catalana, ante la desconfianza que le inspiraban los gobernantes
españoles (en especial, el valido Conde Duque de Olivares), pide la protección
de Francia (entonces gobernada por el cardenal Richelieu) para que Cataluña
pudiera separarse del Reino de España. Tras un intento (frustrado) de
proclamarse estado independiente, Cataluña se pone, durante quince años, a las
órdenes del rey francés Luis XIII (que es proclamado Conde de Barcelona por la
oligarquía catalana). No obstante, volvería Cataluña a la corona española en
1652, una vez que Francia le retirara su protección. La firma en 1659 del
Tratado de los Pirineos fijará de modo definitivo la frontera franco-española y
delimitará geográficamente el actual territorio de Cataluña.
Otro punto álgido de fricción tuvo lugar
sesenta años más tarde. Terminada la Guerra de Sucesión con la firma de los
Tratados de Utrecht (1713) y Rastatt (1714), y ante la persistencia de la
población catalana y de sus gobernantes (con Rafael Casanova a la cabeza) de
seguir apoyando al pretendiente austriaco (el archiduque Carlos), el rey Felipe
V ordenó al Duque de Berwick la invasión de Cataluña y la ocupación militar de
Barcelona, finalizando el conflicto con la derrota catalana el 11 de septiembre
de 1714 (fecha por la que se conmemora la Diada). El resultado de todo ello fue
la abolición de los fueros catalanes, así como la suspensión de la Generalitat
y su autonomía política (Decretos de Nueva Planta, 1716). Desde entonces,
Cataluña, al igual que el resto de la corona de Aragón, dejaría de ser una
entidad política autónoma, se regiría por las instituciones castellanas y se
integraría de forma plena en el conjunto del Reino de España.
De todos esos acontecimientos surge la
denominada “cuestión catalana”, un memorial de agravios respecto al Estado
central, que emerge, con más o menos intensidad, en determinadas épocas, según
la situación política y económica (en algunos casos, de forma sangrienta como ocurrió
durante la “Semana Trágica” de julio de 1909, pero en otros buscando el pacto y el acuerdo como sucedió con la Lliga Regionalista de Prat de la Riba y Cambó, que incluso formó parte de los gobiernos de Alfonso XIII). La “cuestión catalana” se
refiere también al problema del encaje jurídico-constitucional de Cataluña en
el Estado español, y eso se ha planteado en diversas ocasiones.
Al proclamarse la II República, por ejemplo,
la “cuestión catalana” era un tema que mucho preocupaba a políticos e
intelectuales republicanos (políticos como Azaña tenían la esperanza de
solucionarlo ofreciendo a Cataluña un estatuto de autonomía, mientras que
intelectuales como Ortega eran más escépticos). A pesar del desaire inicial de
Maciá (máximo dirigente de Ezquerra Republicana), declarando la República de Cataluña justo el día de proclamación de la II República española, las Cortes aprobaron en 1932 el
Estatuto de Cataluña y comenzaron a funcionar las instituciones autónomas de la
Generalitat. Sin embargo, Lluis Company (el nuevo Presidente de la Generalitat tras la muerte de Maciá) aprovecha una de las más graves
crisis por las que pasó la II República (provocada por la revolución de
Asturias) para, en un contexto de clara confrontación con el gobierno central (por
asuntos como la Ley de Cultivos) y de involución política (bienio negro), proclamar el 6 de octubre de 1934, desde el
balcón de la Generalitat, y en un acto de deslealtad hacia las instituciones republicanas, el “Estado catalán de la República Federal Española”, lo que
significaba de hecho una declaración unilateral de independencia. Ello provocó
que el gobierno de centroderecha de Lerroux suspendiera temporalmente el
Estatuto catalán y las instituciones autónomas, si bien, más tarde, en marzo de
1936, el gobierno del Frente Popular se las devolvería restaurando las
funciones de la Generalitat.
Durante la Guerra Civil (1936-1939),
Cataluña fue escenario de una fratricida y encarnizada lucha armada entre los
distintos grupos de izquierda (comunistas, trotskistas y anarquistas), que
aterrorizó a la burguesía catalana. Eso explica que, en marzo de 1939, una gran
mayoría de la burguesía catalana recibiera con vítores en las calles de
Barcelona a las tropas franquistas mandadas por el general Yagüe.
Durante la
dictadura de Franco, Cataluña se benefició de la mayor parte de las grandes
inversiones en infraestructuras y de las políticas proteccionistas en favor de ciertos sectores estratégicos, al tiempo que las élites económicas y
políticas catalanas mantuvieron una “entente cordiale” con el régimen
franquista bajo el precio de aceptar determinadas imposiciones sobre aspectos
importantes de la identidad catalana (como la prohibición del idioma catalán
como lengua oficial). La “cuestión catalana” quedó así congelada, que no
solucionada, durante varias décadas, hasta su emergencia en los últimos años
del franquismo en el marco de las amplias movilizaciones en favor de la
democracia, la restauración de las libertades y el reconocimiento de la
identidad nacional en algunos territorios del Estado.
