AMANCIO   ORTEGA   Y   LA   #SANIDAD   PÚBLICA

Desde posiciones de defensa de la sanidad pública, se ha criticado, hasta incluso proponer su rechazo, la donación de más de 300 millones de euros de Amancio Ortega para financiar inversiones en equipamientos en el área de oncología de las distintas Comunidades Autónomas.

Pero tambie desde esas mismas posiciones, se puede aceptar la decisión del dueño de Zara sin caer en la incoherencia respecto a la defensa del sistema público de salud. Esto es lo que me propongo en este breve artículo.

El área de salud es de todas las políticas públicas la que está sometida a mayor presión debido al aumento exponencial del gasto. Y esto se debe al inexorable avance de la investigación médica y farmacéutica, a la necesidad imperiosa de incorporar los nuevos hallazgos científicos y tecnológicos, y al creciente aumento de la esperanza de vida de una población que requiere más y mejores atenciones en las etapas finales de su existencia.

Mientras que una reducción del gasto público en infraestructuras o en educación conlleva efectos que se perciben a medio o largo plazo, los recortes en sanidad tienen efectos inmediatos, que son percibidos de manera clara por la población, y que provocan reacciones críticas e incluso indignadas contra los responsables políticos. Es por ello que el de la salud es un área de la política pública de las consideradas “calientes”, siendo proclive a convertirse en un terreno de confrontación.

Sin embargo, los recursos públicos son limitados, y ningún país, por muy boyante que sea su economía, puede atender de manera adecuada las demandas crecientes del sistema público de salud, debido precisamente, como he señalado, al incremento exponencial del gasto en este área.

Por eso, los poderes públicos buscan fórmulas diversas para hacer frente a esta realidad, y evitar el deterioro de la calidad de los servicios sanitarios.

Desde la privatización de determinados servicios, hasta la firma de conciertos con entidades privadas para gestionar determinadas prestaciones, pasando por la redefinición de la cartera de servicios básicos o por el copago sanitario y/o farmacéutico, los gobiernos buscan salidas al colapso que puede producirse cuando las cuentas del sistema público de salud no puede cubrirse con los ingresos fiscales. 

El mayor o menor énfasis en una u otra de esas fórmulas depende, sin duda, de la ideología del partido que gobierna. Sin embargo, cada vez más se observan convergencias en las políticas sanitarias de los distintos partidos, y apenas pueden observarse grandes diferencias entre ellos cuando asumen responsabilidades de gobierno. Por ejemplo, conciertos con entidades privadas existen en Comunidades Autónomas donde gobierna el PP, pero también donde gobierna el PSOE. Lo mismo cabe decir del copago o de la redefinición de la cartera de servicios básicos.

A diferencia de otros países, en España no se ha desarrollado suficientemente la cultura del mecenazgo, por lo que aún tiene que estar mejor regulada. Sólo algunas fundaciones de entidades financieras (como Caixabank, el BBVA o el Banco de Santander) o aseguradoras (como la Fundación MAPFRE), tienen programas de mecenazgo en el ámbito de la cultura o de la política social, o en la financiación de algunas becas o proyectos de investigación científica.

No es frecuente en nuestro país que particulares intervengan en el área del mecenazgo, lo que explica, por sorprendente, el impacto mediático que ha tenido la decisión de Amancio Ortega de donar una cantidad considerable a la adquisición de material y equipo en los servicios públicos de oncología.

Lo que en otros países es habitual (pensemos en la labor de mecenazgo de la Fundación Bill y Melinda Gates), en España resulta tan extraño, que se duda de las buenas intenciones de unas donaciones a las que se les califica de “filantropía barata” o de las que se sospecha oscuros fines de lavado de imagen o de evasión fiscal.

Eso está ocurriendo con la donación del dueño de ZARA, que, junto a los que la elogian y agradecen, se encuentran los que la rechazan.

El rechazo se basa en dos argumentos: uno, que lo que deben hacer los empresarios y propietarios de grandes fortunas como Amancio Ortega es pagar más impuestos y ofrecer a sus trabajadores unas condiciones laborales dignas; y otro, que el sistema público de salud no debe abrir la puerta a esas donaciones, sino recibir una adecuada financiación por parte de los poderes públicos. La controversia ha llegado incluso al ámbito de la política, hasta el punto de que algunos partidos (como Unidos Podemos) se han manifestado en contra de aceptar la donación de Ortega.

Creo que el debate está errado. Como he afirmado al principio, el sistema público de salud necesita fuentes diversas de financiación si queremos que mantenga el alto nivel que ha alcanzado en nuestro país. Todos los españoles nos sentimos orgullosos de nuestro sistema público de salud, especialmente cuando se pasa por la experiencia de ser usuarios directos del mismo o de haber acompañado a algún familiar en situación de enfermedad grave. Sin embargo, somos conscientes de que es una joya frágil, que puede deteriorarse si no se le presta la debida atención y se le dedica los recursos necesarios.

Y para eso hay que explorar todas las fuentes posibles de financiación para que funcione prestando unos servicios de calidad. Para un enfermo de cáncer poco le importa si el servicio que recibe es público o privado, o si los recursos que financian los costosos equipos médicos proceden de la donación de un particular. Lo que le interesa es que el derecho a la sanidad sea un derecho de ciudadanía protegido por los poderes públicos, y que el servicio que reciba sea de calidad.

Bienvenida sea la donación de Amancio Ortega, y ojalá eso anime a otras personas a practicar el mecenazgo, y no sólo en el ámbito sanitario, sino en otras áreas.

No mezclemos churras con merinas. Es evidente que, como cualquier ciudadano, los empresarios deben pagar los impuestos que les corresponden y deben tratar a sus trabajadores de acuerdo con la normativa laboral vigente, y si no lo hacen, que caiga el peso de la ley sobre ellos.

Los gobiernos deben dedicar los recursos que sean necesarios para financiar unas políticas públicas a tono con el nivel de nuestra economía y con la riqueza que se genera en nuestro país, debiendo aplicar la política fiscal más conveniente (aún estamos varios puntos por debajo en presión fiscal respecto de la media de la UE-15).

Pero eso no impide reconocer que los recursos públicos son limitados, y que se deben diversificar las fuentes de financiación si queremos mantener un sistema de bienestar como el alcanzado en estos cuarenta años de democracia que acabamos de cumplir.

SOBRE   LAS   “RESERVAS   DE   LA   BIOSFERA”

(texto basado en los resultados de la tesis doctoral de Joel Maximiliano Martínez sobre la reserva de “La Sepultura”, en el estado mexicano de Chiapas, realizada bajo mi dirección

en la Universidad de Córdoba y leída el pasado mes de mayo)

Casi el 13% de la superficie terrestre a nivel mundial y casi el 2% del área oceánica, se ven afectados por algún programa de protección de la naturaleza, habiendo aumentado en los últimos diez años. Ello significa que la gestión de dichos espacios naturales está bajo la responsabilidad de entidades públicas (sobre todo, de las que tienen competencias en materia de medio ambiente).

Algunos autores señalan que no se puede caer en la autocomplacencia, ya que, a pesar de las políticas de protección, el deterioro de los espacios naturales avanza de forma inexorable, mostrando las limitaciones de esas políticas. De ahí que se considere que proteger la naturaleza no es sólo un tema de conservación de determinadas áreas, sino una cuestión más compleja que exige tener en cuenta no sólo los elementos que afectan directamente a los ecosistemas, sino también los que se refieren a las condiciones de vida de la población que reside en ellos.

Lo que se plantea es, por tanto, ampliar el paradigma de la protección de la naturaleza sacándolo del reducido ámbito ecológico para integrarlo en el paradigma de la sostenibilidad (económica, social y ambiental).

El programa MaB de la UNESCO

El Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO (en adelante, MaB) (Man and Biosphere) iniciado en los años 1970, aborda de un modo integral el tema de la conservación de la naturaleza al hacer compatible este objetivo con el de la mejora del bienestar de la población que reside en los espacios naturales y que utiliza los recursos asociados a dichos territorios. A lo largo de sus más de cuarenta años de funcionamiento, el Programa ha ido centrando sus actuaciones en la figura de la “reserva de la biosfera” (REBI).

Las REBIs son, por tanto, un reconocimiento que concede la UNESCO a determinados espacios naturales que, por su valor emblemático en materia de biodiversidad, deben ser protegidos mediante políticas destinadas a conciliar el objetivo de la “conservación” de la naturaleza y el del “desarrollo económico y social”.

El reconocimiento puede concederse, por tanto, a áreas terrestres, costeras o marinas representativas por su valor único desde el punto de vista de la biodiversidad, y siempre que la población humana y sus actividades sean parte integral de ellas. La declaración de una zona como REBI debe implicar el desarrollo de programas de protección apoyados en bases científicas, así como en el conocimiento y saberes locales y en la identidad cultural de la población.

Actualmente, existen a nivel mundial 650 reservas de la biosfera reconocidas por el programa MaB de la UNESCO e integradas en la “Red Mundial de Reservas de la Biosfera”. En España son 47 las áreas naturales reconocidas por la UNESCO como reservas (en Andalucía, están las de Sierra de Grazalema, Doñana, Cabo de Gata-Níjar, Sierra Nevada o Sierra de las Nieves, Cazorla-Segura-Las Villas, Dehesas de Sierra Morena)

En toda REBI deben quedar bien delimitadas tres zonas geográficas. La primera es la “zona núcleo”, cuyos rasgos ecológicos son los que justifican la creación de la reserva, siendo, por ello, la zona mejor conservada por contener el mayor grado de biodiversidad. Esta zona debe estar dotada, por tanto, de instrumentos legales de máxima protección en el marco de cada legislación nacional (en el caso español, la zona núcleo de nuestras REBIs está protegida por la figura de “parque natural”). De ese modo se garantiza tanto la conservación de los componentes más valiosos y representativos del correspondiente espacio natural, como la preservación de los servicios ambientales que proporciona.

Alrededor de la “zona núcleo” se encuentra la “zona de amortiguamiento o tampón” (buffer zone), donde se puede permitir la realización de actividades que sean compatibles con la conservación y que puedan contribuir al desarrollo de la investigación, la educación ambiental, la utilización de los modelos tradicionales de aprovechamiento,… En esta “zona tampón” se pueden autorizar, por tanto, actividades productivas, pero siempre que sean de bajo impacto e intensidad, con objeto de reducir sus posibles efectos sobre la “zona núcleo”.

Rodeando a esta segunda zona existe la “zona de transición”, donde se pueden autorizar actividades agrarias e industriales y donde tiene lugar la realización de acciones destinadas específicamente a promover el “desarrollo y bienestar” de la población local, pero con criterios de sostenibilidad. Para el cumplimento de las funciones de cada zona, se utilizan ciertas herramientas de actuación sobre el territorio, tales como la planificación territorial, los procesos participativos de los agentes implicados (decisores, técnicos, población local, grupos de interés,…), los sistemas de gobernanza o los mecanismos de coordinación.

La política de REBIs es la única política de protección de espacios naturales cuyo objetivo específico es preservar la biodiversidad conciliándolo con el desarrollo y el bienestar de las poblaciones locales. Constituye, por tanto, una figura de protección en la que explícitamente se incluye a la población local como actor clave en la gestión de los espacios naturales. Además, son políticas que permiten construir una relación de mutuo acercamiento entre los gestores públicos, la comunidad científica y las poblaciones locales.

Limitaciones de las políticas de protección

Análisis comparados entre REBIS situadas en diferentes contextos sociales y económicos, muestran las limitaciones que encuentran estas políticas de protección de la naturaleza en territorios donde se carece de las infraestructuras y equipamientos necesarios para asegurar el desarrollo y bienestar de la población local. En tales casos se manifiestan las contradicciones de políticas como ésta de la REBIs.

Si bien persiguen objetivos integrales de sostenibilidad ambiental, económica y social, estas políticas son, sin embargo, diseñadas por departamentos sectoriales, como los de medio ambiente, cuya lógica de conservación de los ecosistemas les lleva a estar más preocupados por el logro de los objetivos ambientales que de los relacionados con el desarrollo y el bienestar de la población.

De ese modo, las acciones emprendidas desde los departamentos de medio ambiente, aunque puedan obtener algunos resultados positivos gracias a los sistemas de incentivos económicos (por ejemplo, los “pagos por servicios ambientales”), se ven limitadas por las carencias existentes en esos otros ámbitos. Así, los objetivos de conservación acaban siendo negativamente afectados por la falta de infraestructuras y equipamientos en el territorio de la reserva.

Esto nos conduce a la reflexión final de que no es posible conciliar mediante políticas sectoriales los objetivos de la “conservación de los ecosistemas” y el “desarrollo y bienestar de la población” en territorios donde existen graves carencias en infraestructuras, servicios y equipamientos básicos. Sólo políticas integrales, diseñadas y aplicadas de manera coordinada por diversas instancias administrativas (medio ambiente, educación, salud, servicios sociales, fomento,…), pueden hacer posible la conciliación de esos dos objetivos. Estos dos objetivos son los que le dan a la figura de la REBI su singularidad respecto a otras figuras de protección de la naturaleza (como las de la red Natura 2000 de la UE, cuyo objetivo fundamental es la conservación).

Esta es la principal conclusión del trabajo de tesis doctoral realizada, bajo mi dirección, por el doctorando Joel Maximiliano Martínez en la Reserva de la Biosfera de “La Sepultura”, en el estado mexicano de Chiapas.