LIBERTAD Y SEGURIDAD TRAS LOS ATENTADOS DE CATALUÑA

Siempre que se produce un atentado terrorista, el debate sobre libertad y seguridad se intensifica en los medios de comunicación y en las tertulias políticas, siendo tema de discusión entre los propios ciudadanos.

Es normal que así sea. El fuerte impacto que tienen hechos de esta índole y el temor a que vuelvan a producirse, generan una lógica alarma en la población, agudizándose la exigencia de reforzar las medidas de seguridad.

Un dilema complejo

El dilema entre libertad y seguridad es complejo. Su complejidad explica alguna, no todas, de las dificultades para prevenir las acciones terroristas en las democracias europeas.

Sintomático de esa complejidad es lo ocurrido con Es Satty, el imán de la mezquita de Ripoll, muerto en la explosión de Alcanar (Tarragona) y cerebro de los atentados. A pesar de estar vigilado por la policía nacional en 2005 a raíz del atentado de Casablanca y pasar cuatro años en prisión por narcotráfico, las diferencias de criterio entre la policía y la judicatura le permitieron obtener residencia en España y campear libremente por nuestro país desde 2014.

Casos similares de desajuste entre la lógica de la seguridad (que guía las acciones de la policía y fuerzas de orden público) y la lógica de la libertad y defensa de los derechos humanos (que guía las del poder judicial), ocurrieron en los atentados de Bruselas, Paris, Niza o Londres.

En estos casos, los terroristas y sus colaboradores, a pesar de estar fichados por la policía, gozaron de una libertad que, otorgada por el poder judicial, les permitió actuar con total licencia para cometer sus actos criminales.

Por un lado, la policía los detiene como sospechosos de atentar contra la seguridad y los retiene el tiempo que establece la legislación vigente. Pero, por otro lado, la judicatura, anteponiendo el derecho a la libertad al de la seguridad, los deja libres si no ve indicios claros de culpabilidad en las acusaciones policiales.

Este es un dilema que las democracias europeas aún no han sabido resolver. Menos todavía se ha resuelto en el caso de la democracia española, mucho más celosa en respetar el derecho a la libertad por haberse construido después de una larga dictadura.

Es éste un complicado asunto que vuelve a plantearse ahora con motivo de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils. Como en tantos otros temas, el debate sobre libertad y seguridad se ve atravesado por las diferencias ideológicas existentes entre los partidos políticos y las que se producen entre la propia ciudadanía.

Los partidos situados a la derecha y los ciudadanos afines con ellos, suelen ser más proclives a incrementar las medidas de seguridad, aunque sea en detrimento de la libertad. Por su parte, la cultura de la izquierda suele dar prioridad al derecho a la libertad y ser más reacia a apoyar cualquier medida que lo coarte, aunque ésta sea con el argumento de garantizar la seguridad ciudadana.

La falta de consenso en torno a la llamada “ley mordaza”, o el rechazo de algunos grupos de la izquierda (como Unidos Podemos o ERC) a participar en el “pacto antiyihadista”, es un buen ejemplo de ello.

Para tratar de resolver este dilema, el reto es, por tanto, encontrar un punto de equilibrio entre esos dos derechos, que permita alcanzar un amplio consenso político sobre ello. Este es un tema de la máxima relevancia, que no puede ser objeto de una política de gobierno, sino de una política de estado.

La seguridad como garantía de la libertad

La libertad es, sin duda, uno de los más importantes derechos, por no decir el más importante, que debe ser protegido en una democracia. Pero la libertad sin seguridad queda en papel mojado, ya que el ciudadano sólo puede ser libre si se siente seguro para ejercer sus derechos y satisfacer libremente sus deseos.

Aumentar la seguridad coarta, sin duda, la libertad en alguna medida. Lo percibimos, por ejemplo, cuando se ponen cámaras de vigilancia en las calles, se instalan arcos de control de viajeros en estaciones y aeropuertos o se intensifican los controles policiales en las carreteras. La cuestión es saber si la reducción de la libertad que tales controles conllevan, está justificada por la gravedad de los hechos y si es recompensada con una mejora de la seguridad.

Cuando se producen atentados terroristas, suele generarse en la ciudadanía un justificado temor que, sin embargo, no es proporcional al riesgo real de ser víctima de alguno de esos atentados.

Son significativos los datos que ofrece al respecto Ignacio Sánchez-Cuenca en el artículo “¿Y si ponemos el terrorismo en perspectiva?” publicado el 22 de agosto en la revista digital CTXT. A partir de la información proporcionada por uno de los máximos expertos en cuestiones de seguridad internacional (el norteamericano John Mueller), se indica en dicho artículo que el riesgo por terrorismo en las democracias occidentales es mucho más bajo que el que se produce en otros ámbitos de nuestra vida cotidiana.

Ello no impide que nos sintamos amenazados cuando ocurren atentados, al tenerse la sensación de poder ser víctima del siguiente que vaya a producirse. Tampoco ese bajo riesgo de sufrir un atentado elude la responsabilidad que tienen los gobiernos de reforzar la seguridad para evitarlos o minimizarlos.

El riesgo cero no existe en sociedades abiertas como las democracias actuales. Nadie está exento de ser víctima de un atentado terrorista, como tampoco de sufrir un accidente de avión o de automóvil o de quedar atrapado en un incendio o sacudido por una inundación o un terremoto. La eficacia policial en el celo por la seguridad contribuye, sin duda, a minimizar ese riesgo, pero nunca lo elimina del todo.

Ante un acto terrorista, respuestas como “No tenemos miedo” o “Los terroristas no alterarán nuestra vida en libertad”, son el resultado de un esfuerzo de la voluntad con el que procuramos exorcizar el temor que inevitablemente nos invade en estos casos. Pero suelen ir acompañadas de la exigencia de más seguridad.

Por eso, si queremos continuar viviendo en libertad tendremos que aceptar que se aumenten hasta ciertos límites los controles de seguridad. La cuestión es dónde poner esos límites, y eso corresponde al ámbito de la política, que es donde se debe legislar para, con el máximo consenso posible, acotar el campo de la libertad y de la seguridad.

La ley, como instrumento regulador

De las leyes emanan las normas que guían las actuaciones de las fuerzas de seguridad, de la fiscalía y de la judicatura. Son las leyes la principal garantía de los derechos ciudadanos en una sociedad democrática.

Por eso, en este delicado asunto, las leyes que velan por la seguridad (reformas del código penal, legislaciones contraterroristas,…) no pueden ser fruto de la imposición de unos grupos políticos sobre otros, sino de la cooperación. Deben ser, como he señalado, políticas de estado, no de gobierno.

Las limitaciones de la libertad en aras de la seguridad no pueden establecerse de forma general, sino sólo para situaciones excepcionales. Dada la relevancia del derecho a la libertad en las sociedades democráticas, deben tipificarse con la máxima escrupulosidad y el máximo rigor jurídico los delitos para los cuales estaría justificado que se coarte el derecho de todo ciudadano a llevar una vida libre, pero también segura.

Por ejemplo, no se debe equiparar a un acto de exaltación del terrorismo la libre expresión de opiniones en un twitter o en la letra de una canción, por muy radicales y ofensivas que sean, ni tampoco la representación de una obra de teatro callejero por mucho que hiera determinadas sensibilidades. Son expresiones de libertad de las que sus autores sólo son responsables ante las personas que puedan sentirse ofendidas por tales manifestaciones; para dirimir el conflicto que se genere en torno a ellas deben actuar los jueces, más que la fiscalía.

La seguridad es, en definitiva, un derecho que tiene sus límites, al igual que los tiene la libertad. Para resolver este complejo dilema, las respectivas posiciones de los partidos políticos sobre la libertad y la seguridad deben rebajar sus maximalismos y encontrar un denominador común.

Sólo así puede ser posible un funcionamiento práctico y eficaz de la democracia en los actuales contextos de amenaza terrorista global.

#MARRUECOS, #TURQUIA Y LA SEGURIDAD EUROPEA

En épocas de paz, las relaciones internacionales suelen regirse por la búsqueda de la estabilidad y la seguridad como condición previa a consideraciones de otra índole (éticas, económicas, políticas,...). Como decía Churchill en uno de sus numerosos escritos, los factores ideológicos y las cuestiones morales suelen supeditarse al pragmatismo de la estabilidad y la seguridad y guardarse en un cajón cuando se trata de temas internacionales. Con eso, el político británico venía a decir lo que ya apuntó el sociólogo Max Weber hace casi un siglo, a saber: que la política, y más en el ámbito internacional, no se rige por una lógica basada en la ética de los valores y los principios morales, sino por el pragmatismo de los intereses y las consecuencias.

Si no se tiene en cuenta esto, resulta difícil comprender las extrañas alianzas que se producen entre los gobiernos de algunos países y que dejan estupefactos, si no indignados, a sus ciudadanos cuando comprueban cómo se sacrifican en el altar del pragmatismo valores que deberían ser considerados supremos en una sociedad democrática (la libertad, la justicia, los derechos humanos,...).

Las relaciones de la UE con países como Turquía o Marruecos que no se rigen por los cánones vigentes en las democracias europeas, son un buen ejemplo de cómo en ese tipo de relaciones predomina la lógica de la estabilidad/seguridad sobre factores de otra naturaleza, dejando a la ciudadanía con una sensación de extrañeza y perplejidad.  

La estabilidad como objetivo prioritario en las relaciones internacionales

Siguiendo esa lógica dominante en el ámbito de la política internacional, los Estados, más allá de las divergencias existentes entre los gobiernos, buscan tener relaciones estables con los países vecinos o con los de sus áreas de influencia para garantizarse escenarios de seguridad. Si esa regla falla, surgen problemas, y las discrepancias y diferencias entre países se convierten en conflictos que pueden conducir a situaciones de difícil solución e incluso a una espiral creciente de violencia e inestabilidad.

Los ejemplos de la nefasta estrategia de las potencias occidentales respecto al Irak de Sadam Hussein, la Libia de Muamar el Gadafi o la Siria de Bachar el Asad, anteponiendo otros intereses (petrolíferos,  militares, políticos,…) a la estabilidad/seguridad de la región, ilustran bien lo que quiero indicar.

Por el contrario, es el objetivo de la estabilidad lo que explica la Ostpolitik alemana de los años 1960, impulsada por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, y más tarde canciller, Willy Brandt para favorecer las relaciones con la RDA y los demás países del bloque comunista. También el pragmatismo como regla de oro de la diplomacia internacional explica la apertura de relaciones entre China y los EE.UU. en 1972 bajo la presidencia de Richard Nixon (llamada “diplomacia del ping-pong”). En esa misma línea habría que situar el apoyo norteamericano a la firma por parte de Irán del Tratado de No Proliferación Nuclear (julio 2015), al igual que la reciente visita de Obama a La Habana rompiendo cincuenta años de confrontación con el régimen castrista. Intereses económicos, sin duda que los hay, pero, previo a ellos, la creación de un escenario de estabilidad y seguridad es una condición necesaria para el desarrollo de otros tipos de relaciones.

Las declaraciones mutuas de cooperación entre Putin y Trump, por sorprendentes que nos parezcan, pueden enmarcarse en el interés de ambos dirigentes por regresar a un escenario de estabilidad/seguridad en el que los dos países respeten sus mutuas áreas de influencia. Ni qué decir tiene la importancia para España de mantener unas buenas relaciones de vecindad con Marruecos, a pesar de las diferencias políticas y culturales entre ambos países.

Cuando se habla de las perspectivas políticas europeas para el año 2017, se menciona, con razón, la incertidumbre de las elecciones en Francia y Países Bajos y de las probables en Italia, además de la importancia de las elecciones alemanas de septiembre. Y todo ello enmarcado en la aún no superada crisis económica (con la “cuestión griega” siempre en el horizonte), la amenaza (ya realidad) del terrorismo “yihadista”, el nuevo anclaje del Reino Unido tras el Brexit, o los efectos que pueda tener la política norteamericana bajo la presidencia de Trump.

Todos esos factores estarán, sin duda, presentes en el año en curso, pero sus efectos se agravarán o serán mitigados en función de cómo se manifieste la variable “estabilidad”. Y esa variable pasa, entre otras cosas, por Rabat y Ankara, a cuya influencia en la estabilidad/seguridad europea dedicaré unas breves reflexiones en este texto.

Marruecos o la estabilidad  en el flanco suroccidental del Mediterráneo

Marruecos es hoy el país de mayor importancia geo-estratégica en el Mediterráneo occidental. De la estabilidad de nuestro vecino del Sur depende la seguridad no sólo de nuestro país, España, sino de toda UE. En una región tan convulsa como la que abarca la ribera sur del Mediterráneo (desde el Magreb al Mashrek), inmersa en guerras civiles (Siria), en situaciones de estados fallidos (Libia), en precarias condiciones democráticas (Túnez), en derivas autoritarias de alto riesgo (Egipto) o en procesos sucesorios inciertos (Argelia), la estabilidad de la monarquía alauí en Marruecos es un factor de la máxima importancia para la seguridad europea, especialmente ante la siempre amenaza (real o potencial) del radicalismo islamista. España y la UE lo saben, y por eso tratan con un cuidado especial las relaciones con Rabat.

A veces, cuando se observa la evolución social, económica y política de Marruecos, algunos círculos de opinión (tanto a la izquierda como a la derecha del panorama político e ideológico) tienden a resaltar los aspectos negativos y no los positivos. Suelen fijarse en el carácter despótico del régimen, con la presencia casi absoluta del rey Mohamed VI en la vida política y el destacado peso del majzén (corte que rodea al monarca), y no valorar la buena evolución de la economía (crecimientos sostenidos del PIB per cápita en los últimos diez años), la mejora de las infraestructuras o el dinamismo creciente de la sociedad civil marroquí. Tampoco se valora lo suficiente la existencia en Marruecos de un sistema pluralista parlamentario que se ha mantenido vigente desde que este país accediera a la independencia plena de Francia en 1956 bajo el reinado de Mohamed V.

Es un hecho evidente que, como una excepción entre los países de la zona, Marruecos ha sido, y es, un régimen pluralista, con libertad de prensa, tolerancia religiosa y competición entre partidos políticos en procesos electorales. Por supuesto, la democracia marroquí, como la de otros países europeos, es mejorable, debiendo profundizar aún más en la división de poderes, el reconocimiento de los derechos civiles y el respeto de los derechos humanos.

Pero es indudable la evolución en el sentido democrático que ha tenido el régimen alauí en un momento tan grave como el que asola a los países de la región. El acceso al gobierno del partido islamista moderado PJD (Justicia y Desarrollo) tras su victoria en las elecciones de 2011 es un buen ejemplo de esto. Y lo es más aún la victoria de este mismo partido (PJD) en las elecciones legislativas del pasado noviembre, que abre las puertas a que su dirigente Benkirán revalide su mandato como jefe de gobierno en la nueva legislatura (si bien tendrá que volver a gobernar en coalición con otros partidos al no tener la mayoría parlamentaria).

Es verdad que Mohamed VI conserva poderes tan elevados, que nos resulta difícil de aceptar en nuestras democracias, pero también es verdad que poderes similares tienen las presidencias de los EE.UU. o de Francia, y no por eso le negamos la condición de democracias. La estabilidad que proporciona hoy Marruecos es fundamental para la estabilidad/seguridad europea, no sólo en la vigilancia de la frontera sur, sino como dique de contención de la expansión del islamismo radical hacia el oeste del Magreb y desde el África subsahariana.

Turquía o la estabilidad en el flanco oriental del Mediterráneo

La importancia de Turquía para la estabilidad europea, es indudable. Su situación geopolítica, a caballo entre Oriente y Occidente, ha convertido históricamente a este país en una especie de placa tectónica sometida a fuertes tensiones tanto internas como externas. No es extraño el elevado número de golpes militares que han asolado a la Turquía moderna, y los convulsos periodos democráticos que se han sucedido en los últimos ochenta años, vigilados siempre por un ejército erigido en el garante del legado kemalista.

Pero a la hora de acercarnos a la realidad turca, no debemos olvidar que, en Turquía, desde la muerte de Kemal Ataturk en 1938, existe un régimen pluralista de partidos políticos y una Constitución democrática en la que se reconoce la libertad de prensa, la tolerancia religiosa y la separación de poderes. Es verdad que, en diversas ocasiones, el orden constitucional ha sido roto por insurrecciones del Ejército, pero también es cierto que, por la breve duración de los gobiernos militares (ver mi artículo “Turquía y la paradoja democrática” publicado en este blog el 1/08/2016), esos golpes no han significado cortes definitivos en el funcionamiento de la democracia en Turquía. Con sus altibajos, la democracia en Turquía tiene un recorrido más largo que gran parte de los países de la UE.

Sin duda, que la democracia turca es mejorable, pero, al igual que ocurre cuando juzgamos la democracia marroquí, con demasiada frecuencia los europeos prestamos más atención a los aspectos negativos, que a los positivos de lo que acontece en Turquía. Nos fijamos más en el carácter autoritario del gobierno Erdogan, que, por ejemplo, en el sostenido crecimiento de la economía turca en los últimos cinco años (a pesar del freno producido el pasado año), en su interdependencia con la economía europea o en el fuerte dinamismo de una sociedad civil caracterizada por la coexistencia pacífica y la tolerancia mutua entre los sectores laicos y de religión musulmana.

Es cierto que, durante la presidencia de Erdogan, se ha producido una deriva autoritaria del régimen turco, con aplicación de estados de excepción que coartan libertades y derechos, generando el rechazo de cualquier observador con un mínimo de conciencia democrática. Pero también es verdad que Turquía está sometida a una ola de atentados terroristas provenientes tanto del yihadismo (el de fin de año en la sala de fiestas “Reina” en Estambul), como del separatismo kurdo (el atentado de Ankara de julio del pasado año), que genera en dicho país una situación en la que la seguridad se antepone a la libertad. Eso mismo está ocurriendo en países como Francia o Alemania tras los atentados de París, Niza o Berlín, y ya sucedió en los EE.UU. después del atentado de las Torres Gemelas. En España, sabemos mucho de ese dilema entre seguridad y libertad, después de las décadas de plomo del terrorismo etarra.

La realidad actual es que Erdogan y su partido el AKP son, por mucho que nos repugne su modo de actuar, la pieza fundamental para asegurar la estabilidad en Turquía, y que la UE debe ser pragmática e inteligente a la hora de fijar sus relaciones con el gobierno turco reactivando una interesante agenda de cooperación que, lamentablemente, quedó aparcada hace años.

Por su importancia estratégica, la UE necesita a Turquía como socio, tanto para frenar la inmigración ilegal desde su territorio, como para combatir al ISIS. La cooperación con Turquía es necesaria, aunque ello nos resulte incómodo por la forma en que se comporta el gobierno del AKP y por el modo que tiene Erdogán de interpretar los valores democráticos. Es un equilibrio no fácil, en el que la Comisión Europea debe, de un lado, impulsar el cambio en la dirección democrática, apoyando a los sectores más proeuropeos de las élites turcas, y, de otro lado, mantener un escrupuloso respeto de la singularidad de Turquía desarrollando una interlocución eficaz con el propio Erdogan. No es fácil, pero es necesario. La UE no puede permitirse una Turquía desestabilizada, ya que eso tendría consecuencias catastróficas.

En definitiva, en un momento, como el actual, donde la UE necesita condiciones de seguridad para seguir activando la recuperación económica y avanzar en el proceso de integración, la estabilidad en el flanco oriental y en el occidental del Mediterráneo (el eje Rabat-Ankara) es una pieza clave en el desarrollo de las perspectivas políticas de Europa para el año 2017.