LA VICTORIA DE #MACRON

(versión ampliada del artículo publicado en el Diario Córdoba el 09/05/2017)

La clara victoria de Macron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas (más del 65% de los votos válidos) da un respiro a las cancillerías de los Estados de la UE y a muchos ciudadanos que apoyan el proceso de integración europea. Pero es un alivio temporal, ya que la preocupación continuará hasta las legislativas de junio, a las que Macron acude sin una sólida base partidaria.

Su plataforma electoral “¡En Marche!”, creada hace apenas un año, y transformada ayer mismo en el partido político “La Republique en Marche”, tendrá serias dificultades para presentar candidatos con posibilidades reales de victoria en las casi 600 circunscripciones donde los partidos competirán a dos vueltas por obtener el escaño en disputa en cada circunscripción.

A pesar de la elevada abstención (casi el 30%, la más alta desde 1969) y del alto porcentaje de votos en blanco y nulos (casi el 12%), ha funcionado el “pacto republicano” para evitar la victoria de Marine Le Pen. Sin embargo, los más de 10 millones de votos obtenidos por ella (uno de cada tres votantes), supone un ascenso de dimensiones considerables del Front National (FN), un partido antieuropeo, populista y xenófobo. Por ello, es un serio aviso a tener en cuenta, ya que Le Pen y su partido están para quedarse.

El perfil de los votantes de Macron 

Los resultados de varias encuestas prueban cómo ha funcionado el "pacto republicano" en la segunda vuelta. Según la encuesta del Instituto Harris Interactive, un 53% de electores que votaron en la primera vuelta al izquierdista de "France Insoumise" Melenchon habrían votado a Macron en la segunda, y un 79% de los que votaron al socialista Hamon. Por la derecha, el 48% de los que votaron en primera vuelta a Fillon y el 26% de los de Dupont-Aignan, lo hicieron por Macron en la segunda vuelta. Ello indica que casi la mitad de los votos obtenidos por Macron proceden del ámbito de la izquierda, una cuarta parte proviene de la derecha y un tercio del centro, corroborando así la eficacia del "pacto republicano" para frenar a Le Pen.

Además, la encuesta realizada por Ipsos señala que dos tercios de los electores de 18-24 años han votado a Macron, reduciéndose sensiblemente el apoyo entre los que tienen 35-49 años (un 57%). En lo que se refiere al nivel de formación, una gran mayoría de los votantes de formación media-alta votaron a Macron (un 81% de los que tienen el título de Bachillerato y, al menos, tres años de estudios más).

Respecto a la renta, votó a Macron una mayoría de los de renta media-alta (el 75% de los que viven en hogares con ingresos superiores a 3.000 euros mensuales), siendo menor el voto a Macron entre los empleados (un 54%) y entre los obreros (un 44% frente al 52% a Le Pen).

La encuesta del Instituto Harris Interactive señala que el 41% de los que han votado a Macron dice que lo hicieron por estar convencidos de que era su opción como Presidente, mientras que un 59% dice que lo votaron por evitar que saliera Le Pen. Finalmente, esa misma encuesta indica que entre los votantes de Macron los temas que predominan son Europa, el empleo y la educación, mientras que, entre los de Le Pen, la inmigración, la lucha contra el terrorismo y la seguridad de las personas y bienes son los temas predominantes.  

En resumen, el votante medio de Macron es un elector joven (aunque con presencia también de votantes mayores), bien formado, de renta media-alta, simpatizante de izquierda (aunque con presencia también de simpatizantes de centro y derecha) y preocupado por los temas europeos, el empleo y la educación.

Legislativas inciertas y probable "cohabitación"

Surge la duda de si el “pacto republicano” funcionará también en las legislativas. Si no es así, y si proyectamos el más del 30% de votos obtenido por Le Pen en esta segunda vuelta de las presidenciales, el FN podría pasar de los dos diputados que tiene ahora en la Asamblea Nacional a casi un centenar, lo que tendría un fuerte impacto en la vida parlamentaria francesa.

Pero aún en el caso de que el “pacto republicano” funcione, puede que no sea el recién creado partido de Macron el que se vea beneficiado, debido a la ya comentada debilidad partidaria de su base de apoyo.

Por eso, es muy alta la probabilidad de que se dé una “cohabitación” entre Macron, como Presidente (en el Palacio del Eliseo), y un Primer Ministro (en el Palacio de Matignon) de otro color político. No es la primera vez que ocurre en Francia. Ya hubo cohabitación de Mitterrand con el gaullista Chirac (1986-1988 y 1993-1995), y de éste con el socialista Jospin (1997-2001), pero ahora, si se produjera, la situación sería diferente.

En esas tres ocasiones, la cohabitación se producía entre los dos grandes partidos en los que se apoyaba la V República (el gaullista y el socialista). Ahora, la situación sería entre un Presidente (Macron) sin una sólida base partidaria (y elegido gracias a votos procedentes de fuerzas políticas distintas de la suya y agrupadas para frenar a Marine Le Pen), y un Parlamento muy fragmentado, del que saldrá un Primer Ministro que tampoco gozaría de una base parlamentaria cohesionada.

Macron y la transversalidad

Sin embargo, la debilidad de Macron podría ser, paradójicamente, su fuerza, si sabe aprovechar su posición de centro reformista en el tablero político francés y es capaz de atraer a su proyecto transversal de reforma a grupos situados tanto a su izquierda, como a su derecha (ver el apartado anterior sobre el perfil del votante de Macron).

Por ejemplo, amplios sectores del socialismo galo (Valls, Hamon, Royal, Aubry,…) podrían sintonizar con el proyecto reformista de Macron. También podrían hacerlo, incluso, algunos de los grupos menos radicalizados de la “France Insoumise” y que abogan por una reforma gradual del sistema político y económico francés.

Por su derecha, tanto el partido centrista de Bayrou (con el que Macron ya tiene firmado un pacto para las legislativas), como los grupos liberales y democristianos del movimiento gaullista “Les Republicains” (Juppé, Fillon, Sarkozy,…), que mantendrá una fuerte presencia en la Asamblea Nacional después de junio, podrían también apoyar, o al menos no oponerse, el proyecto reformador de Macron.

Macron y Europa

Justo hoy 9 de mayo "Día de Europa", la UE espera a Macron como una oportunidad de recomponer el eje franco-alemán desde el respeto mutuo y no de la sumisión a Berlín. Este eje, que ha sido fundamental en el proceso de integración europea, ha estado prácticamente desaparecido en la etapa de Sarkozy y de Hollande ante el dominio absoluto de las políticas de austeridad y ajuste impuestas por Merkel en el marco del Pacto de Estabilidad de la UE. No le va a ser fácil a Macron doblegar la ortodoxia económica alemana, por lo que deberá buscar otros apoyos dentro de la Unión.

Además, en la UE de hoy, el eje franco-alemán ya no puede por sí sólo ser el motor de la integración europea. Debe abrirse a otros países, como España, que tras el Brexit está recuperando protagonismo en la escena europea, y también a Italia, que se colocará de nuevo en el centro del tablero político europeo cuando se lleven a cabo las elecciones de otoño y recupere la estabilidad perdida tras varios meses de provisionalidad ocasionada por la derrota de Renzi en el referéndum sobre la reforma constitucional.

Macron tiene la ocasión de revitalizar un proyecto europeo en horas bajas y de reintroducir en la UE el espíritu de reforma social y no sólo económica, que nunca debió perder y que forma parte de las esencias del proceso de integración. La firme convicción europeísta de Macron y sus seguidores es un elemento esperanzador (banderas de la UE llenaban la plaza del Museo del Louvre, mientras se escuchaba el “Himno a la Alegría” de la Novena Sinfonía de Beethoven), pero se tiene que traducir pronto en hechos.

Los jóvenes europeístas que le han apoyado en Francia, y los que, desde fuera, han visto con satisfacción la victoria de Macron, no pueden esperar. Han sido años de políticas de austeridad y de promesas incumplidas de recuperación, que han provocado el pesimismo y la desafección política en muchos sectores de la ciudadanía europea. Ahora toca equilibrar el proceso de integración recuperando el pilar de la agenda social europea, sin que ello signifique abandonar la disciplina en el pilar económico. Y eso Macron lo ha dejado claro en sus comparecencias públicas durante la campaña electoral.

No obstante, la Europa de 27 países es una maquinaria muy pesada para avanzar al unísono, como sería deseable, y Macron lo sabe. Como ha señalado en la campaña, es más realista pensar en un avance a varias velocidades con un “núcleo duro” de países dispuestos a profundizar en la Unión Económica y Monetaria, en la Agenda Social y en la Union Europea de la Defensa y la Seguridad, y de avanzar en una mayor integración en temas tan candentes como la cuestión migratoria.

Un alivio, por ahora

Se recibe con alivio la victoria de Macron, pero deberíamos sentirnos preocupados por el importante apoyo obtenido por Marine Le Pen. El sistema electoral francés de dos vueltas actúa de dique de contención contra los extremismos. Pero es un dique construido con una amalgama de fuerzas políticas tan dispares, que lo hace vulnerable.

Por eso, para ser consistente, las fuerzas republicanas moderadas a derecha e izquierda deben cohesionarse en torno a un sólido proyecto reformista que, afrontando los graves desequilibrios existentes en la economía francesa, devuelva la confianza en la capacidad de la clase política para reducir la brecha social y mejorar el bienestar de los ciudadanos.

Ese es el reto de Macron. De que lo logre depende el futuro de Francia, pero también el de Europa.

TODO   POR   DECIDIR  EN  #FRANCIA

Las elecciones presidenciales francesas están zarandeando las bases sobre las que se había construido la V República. El paso a la segunda vuelta de dos candidatos (Emmanuel Macron y Marine Le Pen) que no representan a los dos grandes partidos (socialistas y neogaullistas) en los que se había basado el régimen presidencialista impuesto por el general De Gaulle en 1958, constituye una novedad, y al mismo tiempo abre un escenario de incertidumbre.

Muchos analistas se han apresurado a pronosticar el final del bipartidismo en Francia, pero hay que esperar a las elecciones legislativas de junio para confirmar o desmentir ese aserto, ya que tanto socialistas como neogaullistas conservan aún una poderosa estructura orgánica extendida por todo el territorio francés. No obstante, ambos partidos (que hoy ocupan más del 80% de los escaños de la Asamblea Nacional) saldrán debilitados de las elecciones presidenciales y tendrán que recomponer sus filas rápidamente para afrontar el desafío de las legislativas un mes después. Pensemos que los 577 escaños de la Asamblea Nacional se dirimen en pequeñas circunscripciones (de unos 100.000 electores) donde los partidos compiten a dos vueltas por un solo escaño en cada circunscripción.

La siempre arriesgada introducción de primarias en un partido tan heterogéneo como el socialista PSF (cosido de mala manera por Mitterrand al final de los 1970), abrió en canal las divisiones internas dentro del partido (al enfrentar “aparato” y “militancia”). De hecho, Benoit Hammon, ganador de las primarias frente al candidato oficialista Manuel Valls (Primer Ministro socialista), ha sufrido una estrepitosa derrota en la primera vuelta de las presidenciales, con un escuálido 6% de votos. Su derrota es aún más dolorosa si tenemos en cuenta que ni siquiera ha recibido el apoyo de los principales dirigentes de su partido (tanto Hollande, como el mismo Valls, pidieron el voto para Macron).

Lo mismo, aunque en menor medida, ha ocurrido entre los que esgrimen el legado del gaullismo y se agrupan en el partido Les Republicains (heredero de la UMP creada en 2002 por Jacques Chirac). Alain Juppé, candidato favorito de la plana mayor gaullista, se vio sorprendentemente superado en las primarias por François Fillon, dividiendo las filas republicanas y reduciendo las opciones de éste como candidato de centro derecha a las presidenciales, unas opciones ya de por sí bastante debilitadas por los escándalos de corrupción denunciados durante la campaña. Aunque la derrota de Fillon ha sido honrosa al obtener un 20% de votos, no muy alejado del porcentaje obtenido por Macron (23%) y Le Pen (21%), el fracaso del neogaullismo es innegable, ya que es la primera vez en la historia de la V República que su candidato no pasa a la segunda vuelta.

La victoria de Macron en la primera vuelta

Antiguo ministro de Economía en el gabinete socialista de Valls, del que dimitió al no imponer su programa de reformas económicas, Macron es un verso suelto en la política francesa. Hijo de profesional liberal (médico), fue socialista de base desde 2001 y dejó de serlo en 2015, pero sin ocupar cargos orgánicos dentro del PSF, por lo que su perfil está a años luz de la mayor parte de los dirigentes de los “aparatos” de los partidos. Tiene una excelente formación (se formó en la Escuela Nacional de la Administración) y experiencia en el mundo de las finanzas, lo que convenció al Presidente Hollande para llevarlo, primero, como asesor al Elíseo y, luego, como he comentado, a integrarlo como ministro en uno de sus gobiernos.

Una vez que dimitió del gobierno, Macron ha capitalizado el mensaje transversal de su plataforma electoral “¡En Marche!” (EM, coincidente con las iniciales de su nombre), creada hace solo un año como un movimiento que se presentaba “ni de izquierdas ni de derechas”. También ha capitalizado como su imagen de político joven (39 años) y reformista, y su discurso europeísta y a favor de la globalización.

Esto le ha permitido a Macron atraer al 23% de un electorado joven, proeuropeo, transnacional y cosmopolita, frente al discurso racista, nacionalista, antiglobalización y antieuropeo del Frente Nacional (FN) de Marine Le Pen (21% de los votos). El FN es un partido que ha penetrado en la Francia profunda y resulta atractivo a sectores descontentos con los efectos negativos de la globalización económica, la llegada de inmigrantes y la hegemonía supranacional de Bruselas.

La actual posición de Macron en el centro del tablero político le ha hecho tener que posicionarse también frente al discurso altermundialista y altereuropeo, de la “France Insoumise" (Francia Insumisa) (FI) del antiguo dirigente socialista Jean-Luc Mèlenchon, quien obtuvo casi el 20% de los votos en la primera vuelta. FI es una heterogénea coalición de comunistas, socialistas radicalizados, trotskistas, ecologistas,… a la izquierda del PSF, muy al estilo de Unidos Podemos (de hecho, Pablo Iglesias ha participado en alguno de los mítines de Mèlenchon).

Sin embargo, al contar sólo con una plataforma electoral (¡En Marche!) y no con un partido sólido (ahí su debilidad), Macron se encuentra ante un escenario complicado sobre el que le llueven apoyos, pero que proceden de campos tan alejados de su programa político de centro reformista, que estarán siempre condicionados por exigencias de todo tipo si es elegido Presidente de la República. La soledad de Macron en la antesala del poder de la V República sería digna de un retrato literario, si no fuera por lo que Francia se juega en ello. No disponer de un partido bien extendido en el territorio será para Macron una debilidad ante las elecciones legislativas de junio. 

La segunda vuelta

Sin embargo, nada está decidido, y las espadas están en alto ante la segunda vuelta del próximo domingo. El alivio que significó en Bruselas la victoria de Macron en la primera vuelta, y el apoyo público a su candidatura por parte de los derrotados Hammon y Fillon, además del llamamiento desesperado de Juppé pidiendo también el voto para frenar a Le Pen, despierta una confianza en la victoria de Macron que, en mi opinión, es exagerada y que debe ser rebajada por varias razones.

a) La primera, por la ambigüedad de Mèlenchon, que no ha expresado todavía públicamente su apoyo a Macron y que puede provocar la desmovilización del voto de izquierda que tan brillantemente supo cohesionar en la primera vuelta. El miedo a que se rompa la compleja coalición “Francia Insumisa” de cara a las legislativas, hace que Mèlenchon no se decida a pedir el voto por Macron, un político cuya trayectoria junto a la élite empresarial y financiera despierta incluso más recelo que Marine Le Pen entre determinados sectores de la izquierda radical, muy dados al discurso antisistema, antinorteamericano y populista (el pueblo frente a la “casta” y la “trama” de las élites políticas, los “pobres” frente a los “ricos”).

De hecho, las últimas encuestas indican que un 20% de los votantes de Mèlenchon en la primera vuelta estarían dispuestos a votar a Le Pen antes que a Macron. Llama la atención que, en las elecciones de 2002, Mèlenchon pidiera el voto para Chirac para frenar a Jean Marie Le Pen en una situación similar a la actual, aunque es verdad que entonces sin la popularidad y el apoyo de que goza ahora el dirigente de izquierda.

b)  La segunda razón se basa en la feroz campaña que está haciendo Le Pen en estos quince días previos a la votación decisiva del 7-M, mostrando un ímpetu, una agresividad y una desfachatez al estilo de Trump (Francia lo primero), cambiando sus promesas sobre la marcha y en función de la coyuntura (por ejemplo, de manera oportunista ha renunciado a la presidencia de su partido FN para presentarse ante los electores como la presidenta de todos los franceses, ha retirado su intención de sacar a Francia del euro). 

Su estilo contrasta con el de Macron, más “suave”, más racional, menos dado a la demagogia y más proclive a confiar en las bondades de la globalización y en seguir integrados en la UE (dos referencias que cotizan a la baja en el mercado político de hoy). Me temo que el estilo Le Pen, capaz de seguir cohesionando a ese 21% de votantes de la primera vuelta, sea también atractivo a otros sectores del electorado a izquierda y derecha, más identificado con el discurso populista, antieuropeo y de repliegue nacionalista, que con el más abierto, cosmopolita y proeuropeo de Macron.

Por eso está siendo importante la citada ambigüedad de Mèlenchon ante la segunda vuelta, ya que puede dejar a la intemperie a muchos votantes de izquierda impregnados, como los “lepenistas”, del discurso antieuropeo, nacionalista y antiélites, y que, si bien por barreras ideológicas, no votarán a Le Pen, pueden irse a la abstención o al voto en blanco.

c)  La tercera razón estriba en la capacidad (o incapacidad) de los líderes gaullistas Fillon y Juppé para seducir a sus votantes de derecha para que se inclinen por Macron por el “bien de Francia”, que es un discurso típico del gaullismo, pero que cada vez más es capitalizado por el Frente Nacional (el pacto de Le Pen con el disidente gaullista Nicolas Dupont-Aigan, que obtuvo casi un 5% de los votos en la primera vuelta, es sintomático).

No podemos tampoco olvidar  que, lejos de la cohesión mostrada por el gaullismo desde que el General De Gaulle creara a final de los años 1950 el movimiento UNR, el actual Les Republicains es una compleja organización donde conviven familias políticas de centro y derecha que están poco cohesionadas en torno a un programa claro y que carecen de un fuerte liderazgo. Ello hace que sea difícil de pronosticar qué van a hacer en la segunda vuelta los que votaron por Fillon y se sienten cercanos al discurso nacionalista y ultraconservador de Le Pen.

En esos tres factores va a estar la clave de lo que ocurra el próximo domingo, y es por eso que señalo la incertidumbre del resultado, por cuanto que ninguno de dichos factores lo controla el candidato favorito Macron. Todo está abierto en las elecciones más inciertas de la historia reciente de Francia, y decisivas para el futuro de la Unión Europea.

#RENTA BASICA
 (versión ampliada del artículo publicado en el Anuario 2017 del Diario Córdoba)

El debate sobre la “renta básica” ha llegado para quedarse, ya sea como renta básica “universal” (RBU), extendida sin condiciones a todos los ciudadanos (con independencia del nivel de sus ingresos), ya sea como renta básica “condicionada” (RBC), vinculada al cumplimiento de algunos requisitos (edad, mínimo de renta, situación de desempleo,…).

La discusión sobre la necesidad de garantizar a la ciudadanía, de forma regular y no excepcional, unos ingresos mínimos con cargo al erario público, se ha intensificado en los últimos años. La fuerte devaluación salarial que se está produciendo en los países europeos para hacer frente a la competencia de la economía global, junto a las poco halagüeñas perspectivas a corto plazo sobre el empleo no cualificado debido a la revolución cibernética y la expansión de la robótica, justifican la existencia de un debate político sobre la renta básica en alguna de sus variantes.

La propuesta de introducir algún tipo de Renta Básica tiene raíces antiguas (ya en 1792 la planteaba el filósofo y político liberal estadounidense Thomas Paine, y al final de la I Guerra Mundial el filósofo británico Bertrand Russell hablaba de ella). Más tarde, un economista neoliberal como Milton Friedman proponía en su libro "Capitalismo y Libertad" (publicado a principios de los años 1970s) una renta mínima garantizada para los grupos más vulnerables de la población, a la cual llamaba "impuesto negativo de la renta". 

La idea de Renta Básica en su vertiente "universal y no condicionada" cogió vuelo en los años 1990, si bien entonces circunscrita al ámbito académico (van Parijs, van der Veen, Lipietz, Raventós, Domenech,…) y a algunos partidos (como el de Los Verdes en Alemania).

El vuelo de la Renta Básica en su doble vertiente (universal o condicionada) remonta ahora en el contexto de la larga crisis económica que padece el capitalismo, siendo planteada desde foros cada vez más amplios (ver el libro “Utopía para realistas” del holandés Rutger Bregman, recientemente publicado en España). Por ejemplo, el Foro de Davos, en su última reunión (enero 2017), habló precisamente del tema de la conveniencia de implantar algún tipo de Renta Básica, dado que se prevé una importante pérdida de empleos como consecuencia de la digitalización y automatización del trabajo.

El debate sobre la Renta Básica se está extendiendo a la agenda política de todos los partidos. Incluso en algunos países, como Finlandia, ya se está aplicando la renta básica universal (RBU) de forma experimental a una muestra de 2.000 ciudadanos, al igual que en la provincia canadiense de Ontario.

En Francia, la promesa de una Renta Básica (universal o condicionada) está siendo uno de los ejes de la campaña para las presidenciales de varios candidatos, entre ellos Hammon, reciente vencedor de las primarias en el partido socialista (PSF), y Macron, salido también de las filas socialistas.

En España, el último Informe elaborado por la Comisión Europea muestra cómo se ensancha la brecha entre el 20% de la población con más renta y el 20% de los que tienen rentas más bajas. También muestra cómo el Coeficiente Gini de ingresos disponibles (índice que mide la desigualdad) ha aumentado en España casi un 30% desde 2008, situándose hoy en un 0,346 (un 17% superior a la media europea).

Asimismo, según estimaciones de la OCDE, la población en riesgo de pobreza alcanza ya en España al 28,6% de la población total, destacando el hecho de que el 13,1% de las personas que tienen trabajo, también están en riesgo de exclusión social. Ello significa que, debido a la temporalidad de los contratos y los bajos salarios, tener empleo no es garantía de salir de la pobreza o la exclusión (ver en este sentido el artículo de José María Maravall publicado en el diario El País el pasado 29 de marzo).

No es sorprendente, en ese contexto, que partidos como Podemos y PSOE propongan, con algunas variantes, aplicar alguna modalidad de Renta Básica. Tampoco debe sorprender que Cs incluyera en su programa electoral de las pasadas elecciones la propuesta de un “complemento salarial garantizado”, que es una especie de renta básica condicionada dirigida a las personas empleadas cuyos salarios no alcancen el mínimo necesario para asegurarles unas condiciones dignas de vida (ver el texto publicado en este blog el 27/11/2016). Por su parte, los sindicatos CC.OO. y UGT han presentado una iniciativa parlamentaria de renta mínima de inserción para personas sin recursos económicos.

Lo que, inicialmente, fue una propuesta de la izquierda alternativa, se ha extendido a todo el arco político. Incluso sectores de la derecha liberal se han apropiado de la idea de la “renta básica” con el objetivo de reducir la dimensión del Estado de Bienestar, utilizando el argumento de que si se le da a los ciudadanos una renta básica, éstos podrán financiar con ella servicios que presta el Estado y que pasarían a la esfera privada.

En el libro "Give a man a fish" (2015) sobre las políticas sociales de redistribución en los países del Africa subsahariana, su autor J. Ferguson plantea la conveniencia de dar a la población alguna renta garantizada, cambiando así el tradicional esquema de "Darle una caña en vez de un pez", por el de "Es mejor darle un pez", dado el limitado éxito que han tenido los programas de desarrollo impulsados por el Banco Mundial.

No obstante, dada la variedad de modalidades de RB que existe en el mercado político, creo oportuno clarificar lo que se nos ofrece, para, así, poder valorar la calidad y viabilidad del producto. Lo primero que hay que distinguir es entre “renta básica universal” (RBU) y “renta básica condicionada” (RBC).

La renta básica universal (RBU)

Lo que caracteriza a la renta básica "universal" (RBU) son dos cosas: i) que es un derecho de ciudadanía, y no una concesión del Estado (lo que exigiría incorporarlo al texto constitucional de los países donde se aplicara); y ii) que es una renta que reciben todos los ciudadanos con independencia de su nivel de ingresos y sin que se les exija nada a cambio ni tener que cumplir ningún requisito, salvo el de residir en el país correspondiente.

Sería, además, una renta compatible con otro tipo de prestaciones a las que el ciudadano tiene derecho por haber contribuido a ellas (por ejemplo, la pensión de jubilación). Sus defensores se agrupan en una red internacional denominada BIEN (Basic Income Earth Network), cuyo último congreso se celebró en Seúl en julio de 2016.

La RBU tiene una base filosófica y otra instrumental (para más información recomiendo la lectura de un artículo de L.A. Echevarría y D. Raventós sobre este tema, publicado en la revista digital CTXT el 18/01/2017).

La base filosófica de la RBU se inspira en los principios del “republicanismo” (ver los trabajos de Michel Pettit sobre esta perspectiva filosófica), para el cual la libertad real de las personas descansa en la no dependencia, es decir, en no tener que depender de otro para poder elegir el modo de vida que cada uno desee. Según esto, sólo la RBU garantiza esa libertad en tanto que es un derecho que se ejerce sin recibir ningún tipo de imposiciones por parte de quien hace la prestación (el Estado).

La base instrumental de la RBU se refiere al hecho cada vez más evidente de que el mercado laboral ya no garantiza las rentas necesarias para generar la demanda que precisa el sistema capitalista. Además, la existencia de una amplia masa de desempleados o de empleados con salarios bajos sería una amenaza para el funcionamiento del capitalismo del siglo XXI. Desde un punto de vista instrumental, para los defensores de la RBU sería necesario, por tanto, asegurar una renta mínima a toda la población, que le garantice un poder adquisitivo para comportarse como buenos e idóneos consumidores de bienes y servicios.

Dado su alcance y el carácter innovador de la RBU, que rompe con los esquemas tradicionales de las políticas sociales, es una propuesta que encuentra serias resistencias a ser aceptada, planteándose dudas sobre su viabilidad y sobre la imprevisibilidad de sus efectos una vez llevada a la práctica.

Una de esas dudas radica en si la economía de un país, como el nuestro, puede financiar una medida de tan elevado coste como ésta al extenderse a toda la población con independencia de sus ingresos. Las cifras varían según diversos estudios y en función del nivel en que se fije su cuantía, pero cabe estimar su coste en torno al 10% del PIB para una RBU de 7.000 euros anuales por persona. A esto, los partidarios de la RBU responden que sí se puede financiar, siempre que el Estado sea capaz de recaudar más mediante una subida de la presión fiscal y un mejor control del fraude. Señalan, además, que su aplicación tiene muchos menos costes administrativos que las otras formas de prestaciones sociales, y que significaría una reducción del gasto al suprimirse prestaciones no contributivas con la implantación de la RBU. Señalan también que las personas con un nivel alto o medio de ingresos pagarían más impuestos al recibir la RBU, y eso haría aumentar la recaudación fiscal.

Otra duda tiene que ver con el efecto disuasorio que puede generar en la población respecto a la búsqueda de empleo, actuando como un incentivo de carácter negativo. A ello responden los defensores de la RBU con argumentos ideológicos (el objetivo de la RBU, dicen, es precisamente desvincular las condiciones de vida de la realización de un trabajo asalariado) o instrumentales (todo depende de la cuantía de la RBU, ya que si no es elevada, el beneficiario siempre querrá trabajar para complementar sus ingresos, aunque, al disponer de esa renta garantizada, no se verá obligado a aceptar cualquier trabajo).

Por último, y desde el lado de la izquierda política se plantea la duda de si la RBU puede tener como efecto no deseado un desmantelamiento del Estado de Bienestar. A esta crítica, los partidarios de la RBU responden que una condición de este tipo de renta básica es precisamente mantener los servicios públicos básicos (sanidad y educación) y no admitir recortes a cambio de su implantación. De hecho, en el citado congreso de Seúl, la red BIEN manifestó su firme oposición a que la RBU signifique la supresión de servicios públicos o la eliminación de derechos sociales.

Tales dudas sobre la RBU explica el interés en llevar a cabo experiencias piloto como las ya comentadas de Finlandia o Canadá, para medir en la práctica sus posibles efectos.

Las rentas básicas condicionadas (RBC)

Las formas de renta básica que no son universales, sino condicionadas (RBC), no constituyen novedad alguna, y responden de algún modo a las dudas generadas por la RBU entre los que no son sus más fieles partidarios. 

Las RBC están en el mercado político desde hace tiempo, si bien con bastantes restricciones. Lo que las caracteriza es que, a diferencia de la RBU, no son un derecho de ciudadanía. Esto significa que su concesión queda al arbitrio del gobierno de turno.

Las RBC están, además, como he señalado, condicionadas al cumplimiento de algún tipo de requisito por parte de quien la reciba (la edad, un determinado nivel de renta, estar en situación de desempleo, tener cargas familiares,…). Lo único que varía entre los distintos tipos de rentas básicas “condicionadas” es la cuantía de las percepciones y el requisito exigido al beneficiario, así como su duración (siempre limitada) y el modo de ser financiadas por el Estado (vía impuestos generales o especiales).

La base justificativa de este tipo de rentas básicas no universales, sino condicionadas (RBC), no es ideológica, sino instrumental, lo que explica que sean aplicadas con independencia del color político del partido que gobierne. En el caso español, tanto el PSOE, como el PP y el PNV, vienen aplicando este tipo de prestaciones sociales allí donde gobiernan, si bien, como he señalado, con importantes restricciones y exigencias a sus potenciales beneficiarios.

Las RBC se proponen como una vía para asegurar un mínimo de ingresos a familias que han agotado sus fuentes de renta hasta el punto de estar en situaciones de pobreza y exclusión o con riesgo de caer en ella. Se justifican por el hecho de que el sistema capitalista no puede funcionar con un amplio sector de población sin suficiente poder adquisitivo para ejercer su función de consumidores, y por considerarse que una situación muy extendida de pobreza y exclusión es un riesgo elevado de conflicto social. El citado “complemento salarial garantizado” propuesto por Cs (y recogido en el actual proyecto de presupuestos generales, aunque limitado con carácter experimental a los empleados menores de 30 años) entraría dentro de la categoría de RBC, al igual que las “rentas mínimas de inserción” o el “ingreso mínimo vital” que propone el PSOE.



En definitiva, el debate sobre la Renta Básica en sus distintas variantes (universal o condicionada) está abierto. Conviene prestarle atención, y no ignorarlo, ya que, sea por motivos ideológicos o instrumentales, reúne argumentos suficientes como para formar parte de la agenda social y política en los tiempos actuales. Ambos tipos de Renta Básica ofrecen fórmulas diferentes de garantía social. El debate está servido. Elijamos, pues, la que consideremos mejor opción, o ninguna si no se está de acuerdo con esta política de protección.

EL CONFLICTO DE LA #ESTIBA

La derrota del gobierno Rajoy en su intento de convalidar el Real Decreto-ley de reforma de la estiba portuaria tiene un importante significado político, ya que, desde 1979, ningún gobierno había visto rechazada una iniciativa parlamentaria de esta naturaleza.

Las acusaciones de irresponsabilidad contra los partidos que han votado en contra o se han abstenido (sobre todo, contra el PSOE y Cs) deben ser, al menos, compartidas por el Gobierno del PP. Alguna responsabilidad debe corresponderle también a la anterior Ministra de Fomento (Ana Pastor), que tuvo tres años para abordar la reforma de la estiba (el dictamen de la Comisión Europea llegó en octubre de 2012 tras varios apercibimientos previos) y no lo consiguió a pesar de haber contado con mayoría absoluta.

Bien es verdad que, en todo ese tiempo, hubo una dura negociación con la Comisión Europea, pero la realidad es que el Gobierno Rajoy no logró la reforma exigida por las instituciones comunitarias. Luego, la situación de inestabilidad, con todo el año 2016 sin gobierno, no ayudó a ello, encontrándonos a estas alturas frente a una sanción por incumplimiento, que es lo que explica que el gobierno haya acudido a la fórmula del Real Decreto-ley para, por vía de urgencia, reformar la legislación relativa al sector de la estiba.

Más allá de la lectura política que cabe hacer de este hecho, llama la atención la sesgada información que se está trasladando a la opinión pública sobre el tema de la estiba, criminalizando o ensalzando al colectivo de los estibadores según convenga a los intereses o posicionamientos ideológicos de quien opina. Con el propósito de aportar alguna información sobre un tema complejo como éste de la estiba, me permito exponer unas reflexiones.

a)  La estiba portuaria es, en muchos países, un sector estratégico, al igual que el de los controladores aéreos. Eso le da a los estibadores una fuerte posición a la hora de negociar la reforma de sus condiciones laborales. En el caso español, por ejemplo, la estiba mueve más de 200.000 millones de euros en nuestros 28 puertos, lo que le da una fuerza descomunal como sector laboral. Este es un hecho que, guste o no, debe ser tenido en cuenta por los Gobiernos, que no pueden aplicar una reforma como si se tratase de un sector cualquiera.

b)  La estiba tiene la consideración de servicio público, pero lo prestan empresas privadas que se instalan en los puertos y contratan a estibadores para realizar las tareas de carga y descarga de mercancías de los barcos que allí atracan. Las condiciones laborales de los estibadores son fruto de una larga historia de duras negociaciones con estas grandes empresas portuarias a las que los estibadores prestan sus servicios. Esa historia le ha dado a este colectivo en todo el mundo (dockers, scaricatori, wharfies,…) un fuerte sentimiento de solidaridad e identidad colectiva, que incluso ha alcanzado los niveles del mito y la leyenda, llegando al cine (quien no recuerda el film “La ley del silencio” dirigida en 1954 por Elia Kazan y protagonizada por Marlon Brando) e incluso al mundo del deporte (el himno del Liverpool “We’ll never walk alone again”, rememora la lucha de los estibadores portuarios de esta ciudad inglesa). El excelente artículo de Juan M. Asins publicado en el diario digital http://ctxt.es ilustra bastante bien la historia del colectivo de estibadores.

c) La historia compartida de este colectivo le ha dado también un alto sentido corporativista, que explica su fuerte resistencia a ser liberalizado y que explica también algunas de las prácticas clientelares que se producen dentro del sector. No obstante, los cambios tecnológicos que se han producido en el trabajo de la estiba han hecho que muchas de las tradicionales actividades de los estibadores se hayan transformado de manera notable, y que cada vez más se requiera una formación especializada para el desempeño de esas tareas (son abismales las diferencias entre el actual trabajo de la estiba y el de hace unas décadas). Esto hace que en los puertos de muchos países se haya abordado, por la vía de los hechos, y por acuerdos colectivos entre trabajadores y empresarios de la estiba, la reforma de unas estructuras de gestión creadas en su día para regular un modo de trabajar que está dejando de existir. No obstante, siguen existiendo en muchos otros puertos europeos estructuras ya obsoletas que se resisten a desaparecer o ni siquiera a ser reformadas.

d)   Aunque la situación es muy diversa en los 6.150 estibadores que componen la totalidad de este colectivo en España, sus bases salariales fijas suelen estar en torno a los 1.000-2.000 euros mensuales. No obstante, los complementos en forma de rendimientos por productividad y horas extras (trabajo de noche, turnos dobles, trabajo en días festivos,…) elevan sus ingresos a los 4.000-5.000 euros de los que se habla en los medios de comunicación, existiendo importantes diferencias salariales entre los distintos puestos de trabajo de la estiba.

e)   Una singularidad de este sector, y que es el principal motivo del requerimiento de la UE a España, es la existencia en cada puerto de una especie de entidades pseudo-corporativas, las SAGEP (Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios), herederas, a su vez, de antiguas estructuras corporativas creadas durante el franquismo en 1944 y que han experimentado diversos cambios de nombre desde entonces (Sociedades Estatales de la Estiba, Agrupaciones Portuarias de Interés Económico,...). Las SAGEP son hoy en los puertos españoles las encargadas de formar y seleccionar a los trabajadores de la estiba, de ordenar sus turnos de trabajo, y de ponerlos a disposición de las empresas estibadoras para que, una vez contratados por éstas, desarrollen las tareas propias de la actividad portuaria (carga y descarga de los contenedores de los barcos, traslado a los almacenes,…).

f) Similares estructuras corporativas han regulado, y continúan regulando, el mercado laboral de la estiba en muchos puertos del mundo, siendo fruto de la lucha de los estibadores contra la temporalidad y la precariedad laboral en un sector que se asemejaba mucho al de los jornaleros agrícolas (los diques de los puertos donde las empresas seleccionaban a su antojo a los estibadores, eran el equivalente a la plaza del pueblo en la que el "aperaor" elegía a los jornaleros para trabajar en el tajo agrícola). En todos los países, la creación de estas entidades cuasi-corporativas puede verse, de algún modo, como una conquista de los estibadores para acabar con la discrecionalidad en la contratación, lo que explica la resistencia sindical a la desaparición de dichas entidades. Allí donde no se han reformado, la consecuencia de esa continuidad ha sido convertir el mercado laboral de la estiba en un mercado “cerrado”, ya que las empresas estibadoras han estado obligadas a contratar a los trabajadores registrados en esas entidades corporativas (en el caso español, en las citadas SAGEP). En España, la continuidad de estos sistemas de regulación de la estiba implica que su coste sea elevado, estimándose que más del 60% de los costes portuarios corresponde al coste laboral de los estibadores (si bien es muy variable, según el tipo de mercancías). Ello hace que muchos puertos españoles vayan perdiendo competitividad frente a otros de nuestro entorno (pensemos en la competencia que el puerto de Tánger le está haciendo al de Algeciras).

g)  Es verdad que el acceso al trabajo de la estiba está dificultado por la imposición de ciertas condiciones, y que los lazos familiares son un factor que facilita el acceso al mercado laboral, al haber sido éste un rasgo tradicional del sector (era habitual que los estibadores se llevaran a sus hijos a los puertos para que les ayudaran en el duro trabajo de carga y descarga). Fuentes del propio sindicato de estibadores reconoce que, incluso ahora, la mitad de la plantilla de estibadores tiene relaciones familiares directas. Obviamente, conocer gente dentro o tener relaciones de cercanía con estibadores, facilita el acceso a la información en el momento de apertura de las bolsas de trabajo, pero eso ocurre en todos los sectores privados. También es verdad que el trabajo de la estiba ha sido tradicionalmente feudo de hombres y ha estado vedado a la entrada de mujeres. Pero eso, como en tantos otros sectores laborales, ha cambiado, y hoy no se le impide a ninguna mujer acceder a la estiba; de hecho, en todos los puertos existen mujeres estibadoras (en el de Valencia, hay 400 mujeres trabajando en la estiba), salvo en el de Algeciras, donde no hay mujeres porque la bolsa de empleo lleva cerrada desde 2013 (seguro que cuando se abra, las mujeres podrán acceder a ella en igualdad de condiciones).

h)   La UE exige liberalizar el sector de la estiba eliminando algunas de las trabas que existen para permitir la instalación de nuevas empresas estibadoras. Desde 2002, la Comisión Europea lo ha intentado con carácter general para todos los puertos de la UE, pero ha tropezado varias veces con el rechazo del Parlamento Europeo. Por eso, se ha limitado a atender denuncias concretas contra algunos Estados (como Bélgica y España). Como resultado de denuncias presentadas por empresas estibadoras contra puertos españoles por sus sistemas “cerrados” de contratación, la Comisión Europea viene exigiendo desde 2011 al Gobierno español que reforme la Ley de Puertos para eliminar la obligación de que las empresas de la estiba tengan que inscribirse en las citadas SAGEP (e incluso a ser accionistas de ellas) para ejercer su actividad, y que tengan además que contratar con carácter prioritario a trabajadores de estas entidades cuasi-corporativas. La disputa de varios años entre la Comisión Europea y el Gobierno español sobre este asunto, condujo a la sentencia del pasado 11 de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia de la UE que daba la razón a la Comisión Europea, por entender que la imposición establecida en la Ley española de Puertos restringe la libertad de establecimiento de las empresas europeas violando el art. 49 del TFUE.

i)  La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE obliga al Reino de España a reformar el sector de la estiba portuaria y lo condena a pagar una multa en caso de no hacerlo. La multa inicial es de 27.522 euros diarios a partir de la fecha de la sentencia y hasta que se produzca la reforma, si bien sólo se comenzará a pagar a final de junio, que es cuando se ejecutará la sentencia. El Gobierno español lleva meses negociando con la Comisión Europea para que se retrase la ejecución de la sentencia, pero si no logra que se apruebe la reforma de la Ley de Puertos, corremos el riesgo de que una segunda sentencia eleve el coste de la multa hasta los 50 millones de euros.

Sin duda que España debe acatar la sentencia del tribunal europeo, no sólo para eludir la sanción, sino por formar parte de sus deberes como Estado miembro de la UE. Pero el Gobierno debe limitarse a cumplir lo que establece la sentencia, y sólo a eso. La sentencia no dice que se tengan que eliminar las SAGEP, ni que se tenga que reducir la plantilla de trabajadores, ni que haya que bajar sus salarios. Lo único que dice es que no debe haber restricciones al establecimiento en los puertos de las empresas estibadoras que lo deseen, y que el papel de exclusividad desempeñado hasta ahora por las SAGEP en la contratación de trabajadores, debe ser modificado. A eso debe limitarse el Real decreto-ley del gobierno, y no a otra cosa. Los temas relacionados con los salarios y las condiciones laborales, que, sin duda, van a cambiar como efecto directo o indirecto de la aplicación de la sentencia y de la reforma de las SAGEP, deben formar parte de la negociación colectiva entre patronal y sindicatos del sector de la estiba, y ser una oportunidad para adecuarlo a los cambios tecnológicos y mejorar su competitividad.

En definitiva, hay que reformar el sector de la estiba, pero no a cualquier precio, y eso debe saberlo el gobierno, que se encuentra con un sector muy bien organizado, muy curtido en negociaciones, y con la fuerza que le da su privilegiada posición estratégica. Lo que no puede hacer el Gobierno, ni la patronal, es aprovechar la sentencia europea para imponer una reforma laboral que, sin abordar los grandes retos del sector, baje salarios, realice despidos y precarice el empleo, tal como se ha hecho en otros sectores donde la fuerza de los trabajadores es más débil y donde está ausente la presencia de los sindicatos.

El Real Decreto-ley tiene que ser modificado, y de nuevo presentado al Parlamento para su convalidación. Pero para lograrlo, el Gobierno debe asegurarse el apoyo o la abstención de los partidos cuyo voto es necesario para ello, negociando previamente con ellos el contenido del mismo del Real Decreto-ley. 

Otro tema, aunque relacionado con aquél, son las negociaciones entre, de un lado, los empresarios de la estiba (muy divididos sobre este tema, como lo prueba el desmarque de la multinacional Maersk respecto de la dura posición de la patronal ANESCO) y, de otro, los sindicatos de estibadores (el más importante la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar), negociaciones que deben seguir su ritmo y su propia lógica. El Gobierno no debe interferir en ellas, pero sí impulsar el acuerdo mediante la asunción de parte de los costes económicos que implicará la reforma de las condiciones laborales en el sector de la estiba (por ejemplo, las prejubilaciones), tal como ha hecho con la reconversión de otros sectores o con el rescate del sector financiero. 

Para evitar que ambos temas se interfieran mutuamente, quizá sea conveniente separar, de un lado, lo que es la convalidación del Real Decreto-ley de reforma de la Ley de Puertos para cumplir el requerimiento de la UE (en lo que parece haber un amplio consenso), y de otro, lo que es la negociación entre patronal y sindicatos sobre las condiciones laborales del sector (que es algo más complejo y llevará más tiempo). Sea como fuere, el Gobierno debe tomarse en serio ambas negociaciones y tener en cuenta que no está tratando con un sector cualquiera, sino con un sector estratégico de nuestra economía.

Es hora de la política con mayúscula, y no de la baja política. Esperemos que nuestros políticos (tanto los del gobierno, como los de la oposición) estén a la altura de la magnitud del reto que tenemos por delante.

#IMPUESTO DE #SUCESIONES

A nadie le gusta pagar impuestos, pero la mayoría de los ciudadanos entiende que, sin impuestos, no se puede financiar los equipamientos e infraestructuras (autovías, trenes de alta velocidad,…) ni los servicios públicos (educación, sanidad,…) ni las prestaciones sociales (pensiones no contributivas, becas, asistencia social,…).

Pagamos impuestos directos, como el IRPF (que grava la renta de las personas físicas) o el de sucesiones y donaciones (que grava los incrementos patrimoniales a título gratuito), así como impuestos indirectos como el IVA o el de transmisiones patrimoniales. Además, a escala municipal, pagamos tributos como el IBI (que grava la propiedad de bienes inmuebles), el de plusvalía o el de vehículos, así como tasas por determinados servicios (abastecimiento de agua, recogida y gestión de residuos sólidos,…). 

Muy a nuestro pesar, pagar impuestos lo asumimos como una obligación ante la amenaza de ser sancionados, o como un deber ciudadano. Otra cosa, es si nuestros gobernantes hacen buen uso de lo que recaudan, un asunto éste que nos llevaría a otro debate y que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas (accountability). En todo caso, el que algunos gobernantes hagan un mal uso de nuestros impuestos, nunca puede ser un argumento para oponerse a ello, sino que debe ser un acicate para aumentar nuestras exigencias como ciudadanos en pro de un "buen gobierno".

En un país como el nuestro, las Comunidades Autónomas tienen facultad para crear sus propios impuestos, pero en la práctica la utilizan poco. Por ello, la mayor parte de sus ingresos depende de las transferencias del Gobierno central (a través de los Presupuestos Generales del Estado) o bien de la cesión total o parcial de determinados tributos estatales. Es competencia del Gobierno central ceder algunos impuestos (como el 50% del IRPF) a las CC.AA. de régimen común (es decir todas, menos Navarra y el País Vasco, que son de régimen foral). Así lo hizo el gobierno de Aznar en su primera legislatura para lograr el apoyo del nacionalismo catalán, y así lo había hecho antes Felipe González cediendo parte del IRPF con ese mismo propósito.

Entre esas cesiones, está el Impuesto de Sucesiones, un antiguo tributo cuyo origen más inmediato se remonta a 1967 (cuando se denominaba Impuesto General sobre las Sucesiones), y cuya regulación general se establece en la Ley 29/1987 sobre Sucesiones y Donaciones y en el RD 1629/1991. Impuestos similares a éste se aplican en 28 de los 35 países de la OCDE y en 14 países de la UE-15 (algunos, como Reino Unido o Francia, tienen tipos impositivos del 40%, más altos que en España). Los de sucesiones son impuestos progresivos sobre renta heredada, con los que se pretende limar diferencias de fortuna entre los ciudadanos, y es por esto por lo que se aplican en la mayoría de los países, con independencia del color político del partido que gobierne.

Aunque la gestión recaudatoria del Impuesto de Sucesiones había sido cedida en los años 90 a las CC.AA., fue el gobierno Aznar el que, en 2001, amplió la capacidad normativa de los gobiernos autonómicos para modificar tipos y reducciones (Ley 21/2001), estando ahí el origen de la gran divergencia que existe entre comunidades a la hora de aplicar el Impuesto de Sucesiones.

Con la cesión de tributos a las CC.AA. (tanto el tramo del 50% del IRPF, como la capacidad normativa de otros impuestos, como el de Sucesiones y Donaciones, el de Patrimonio o el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) se ha producido una desarmonización fiscal, ya que el gobierno de cada Comunidad Autónoma tiene facultad (otorgada bien es cierto) para aplicar el tipo impositivo que considere conveniente y las reducciones que estime pertinentes en su territorio. Todo ello genera desigualdad entre los ciudadanos españoles, ya que pagamos de forma diferente esos impuestos según el lugar donde tengamos el domicilio fiscal.

Lo curioso es que no ha habido protesta alguna sobre el diferente tratamiento que le dan los gobiernos autonómicos al tramo del IRPF que gestionan y que, éste sí, provoca grandes desigualdades entre los ciudadanos según residan en una u otra comunidad. La protesta se centra, sin embargo, en el Impuesto de Sucesiones (cuya recaudación global fue de 3.000 millones de euros en 2015), una protesta que se extiende ampliamente por las redes sociales, denunciándose con vehemencia las desigualdades existentes entre CC.AA. a la hora de aplicar dicho impuesto y proponiéndose su derogación con el argumento de que se produce una doble tributación (argumento incorrecto, pues el fallecido, cuando tributaba, y el heredero en el momento de la sucesión, son sujetos pasivos diferentes).

No obstante, hay que señalar que las diferencias entre CC.AA. en relación al Impuesto de Sucesiones se producen más por el lado de las reducciones de la base imponible, que de los tipos. De hecho, hay pocas diferencias entre las CC.AA. de régimen común en lo que se refiere a los tipos impositivos, girando todas ellas en torno a una horquilla que va desde el 7,65% (para el primer tramo de la base liquidable) al 36,55% (para el último tramo), excepto en Galicia, que aplica una horquilla del 5% al 18%. Por tanto, las diferencia se producen, salvo en Galicia, no en las tarifas (tipos), sino en las reducciones y exenciones para el cálculo de la base liquidable del impuesto.

Es Andalucía la que está siendo objeto de la protesta más intensa, por ser de las CC.AA. donde más se paga por este impuesto (junto con Asturias y Extremadura), pero, como he señalado, se paga más debido a las menores reducciones que se aplican en la comunidad andaluza, ya que los tipos impositivos son similares a los de las demás comunidades. 

Es una protesta, que se ha politizado en exceso, al implicarse en ella, de modo irresponsable, el PP andaluz y su presidente Moreno Bonilla. Y digo irresponsable, porque, al ser el de sucesiones un impuesto cedido por el gobierno central a las CC.AA., el gobierno presidido por Rajoy pudo haberlo reformado durante la legislatura en la que tuvo mayoría absoluta, y no lo reformó. También es irresponsable porque el impuesto se aplica con igual severidad tanto en comunidades gobernadas por el PSOE, como en gobernadas por el PP, o en las que ha gobernado este partido y no lo reformó cuando pudo (es el caso de Extremadura). Esa politización, a la que se ha unido también Cs exigiendo la derogación del Impuesto de Sucesiones, no contribuye a avanzar en la mejora de un impuesto tan necesario como el de sucesiones a pesar de la antipatía que genera. Tampoco ayuda a ello la respuesta de tintes populistas del gobierno socialista de Andalucía tildando de defensores de los "ricos" y los "poderosos" a los que critican el modo como se aplica este impuesto en la comunidad andaluza. 

En todo caso, en el debate en torno al Impuesto de Sucesiones, los que se oponen al mismo están dando una información sesgada y, en cierto modo, falsa, una especie de “postverdad” que me propongo aclarar en lo que se refiere al caso de Andalucía.

a)  Con la entrada en vigor en 2017 de la última reforma, la cantidad mínima exenta de pagar el impuesto en Andalucía, está situada en los 250.000 euros por heredero. Esto significa que, si consideramos una familia media con tres hijos, la masa hereditaria debe superar los 750.000 euros para que cada uno de los herederos pague el impuesto de sucesiones. Si está por debajo de esa cantidad, ninguno de los herederos pagaría nada por recibir la herencia de sus padres. Esto explica que, en 2016, de 255.009 autoliquidaciones del Impuesto de Sucesiones, sólo en 19.136 de ellas (el 7,5% del total) los herederos tuvieron que pagar el impuesto, habiendo quedado exentos el 92,5%. Si nos referimos a herederos de los grupos I y II (hijos, cónyuges y ascendientes), sólo tuvieron que pagar el impuesto el 3% de las liquidaciones.

b) Es cierto que en las herencias recibidas de hermanos, tíos o parientes lejanos (grupo III y IV) no existen esos tramos de reducción, y, por tanto, al recaer el impuesto sobre la base imponible formada por toda la masa patrimonial, los herederos pagarán más ello. Pero también es cierto que, en el tratamiento a las herencias de estos grupos de parientes, no hay diferencias entre las CC.AA. y, por tanto, no hay desigualdad entre contribuyentes por el hecho de residir en una u otra comunidad.

c) Hay reducciones muy importantes en la base imponible (en torno al 95%) para las explotaciones agrarias o la vivienda habitual del fallecido, lo cual supone, en muchos casos, una disminución importante del caudal hereditario y, por tanto, de la base liquidable sobre la que se aplica el impuesto. También hay reducciones específicas si los herederos son menores de 21 años, y reducciones importantes por discapacidad.

d) El Impuesto de Sucesiones es progresivo, lo que significa que se comienza aplicando un tipo del 7,65% en un primer tramo para ir subiendo gradualmente la tarifa del impuesto hasta el máximo del 36,50% en el tramo superior.

e) Pese a que, en cada ejercicio, Andalucía es la Comunidad Autónoma más poblada y la segunda con mayor número de herencias (por detrás de Cataluña), no es la andaluza la que más recauda por este tributo. Como señala Olga Granado en un reportaje publicado en eldiario.es, si nos fijamos en el ejercicio de 2013, que es el último del que las CC.AA. ofrecen cifras cerradas para poder comparar, la que más recauda por este tributo es precisamente una de las consideradas “baratas” (Madrid, con 545 millones de euros). En segundo lugar se sitúa Andalucía, con 344,9 millones de euros recaudados por este tributo, cantidad que con toda seguridad disminuirá tras la reforma en vigor desde enero de este año 2017, al haberse elevado a 250.000 euros el mínimo exento.

f) No es verdad que las personas que han renunciado a la herencia suelan hacerlo por no poder pagar el Impuesto de Sucesiones. En la gran mayoría de los casos, la renuncia se debe a no poder asumir la elevada carga hipotecaria que, en ocasiones, recae sobre un determinado patrimonio. En el mencionado reportaje de Olga Granado se muestra que Andalucía no es la que registra mayor número de renuncias, ni en números absolutos ni tampoco con respecto a la totalidad de herencias que gestiona. Tal y como recoge el Consejo General del Notariado con cifras de 2014, sólo hubo renuncias en un 12,1% de las herencias que se tramitaron en Andalucía en ese año, porcentaje inferior al de Asturias (14,9%), La Rioja (13,2%) e Islas Baleares (12,2%). Tampoco está probado, como también señala la citada Olga Granado, que haya una fuga significativa de andaluces para evitar el pago de este impuesto. Desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública se indica, según el ejercicio de 2014, que el porcentaje de contribuyentes que cambiaron de domicilio en los dos años previos a la tributación por este impuesto, fue del 0,11% (en concreto 81). Y se indica, además, que sólo 17 se mudaron a Madrid, que es el territorio que el PP-A suele poner como referente del modelo que quiere para Andalucía en relación a este tema.

g) Los que se oponen al Impuesto de Sucesiones esgrimen, como apoyo para pedir su derogación, la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que lo declara ilegal. Pero lo cierto es que esa sentencia no lo declara así porque en unas CC.AA. se pague más que en otras, sino por considerarlo discriminatorio para los europeos no residentes en España (a los que, cuando heredan, no se les aplican las generosas reducciones existentes en las CC.AA., sino que se ven sometidos a la legislación nacional, que es más severa).

h) Si en la zona euro de la UE se tiende hacia una armonización fiscal, no tiene mucho sentido que en España se mantenga la actual situación de desarmonía en algunos tributos, como el de sucesiones. La firme declaración de Rajoy por la integración europea, realizada en la cumbre de Versalles del pasado 6 de marzo, debería ir acompañada de medidas coherentes en ese mismo sentido a escala nacional, y una de ellas debería ser comprometerse con la armonización fiscal en España.

Se tiene, en definitiva, que recuperar la armonización perdida, e ir hacia tipos impositivos similares en las distintas CC.AA, limitando, además, el margen de maniobra de los gobiernos autonómicos para fijar reducciones y mínimos exentos. Esto es lo que se indica en el Informe elaborado en 2014 por la Comisión de Expertos creada a tal efecto por el Ministro de Hacienda (Cristóbal Montoro) y presidida por el catedrático Manuel Lagares.

En ese Informe no se propone, en ningún momento, la derogación del Impuesto de Sucesiones, sino su reforma, haciendo interesantes propuestas con ese objetivo: por ejemplo, eliminar algunas de las actuales reducciones; bajar el mínimo exento a 25.000 euros, pero extendiéndolo de manera uniforme a todo el territorio, y reducir a tres las tarifas impositivas (reducida, media y elevada), pero disminuyendo los tipos (4-5%, 7-8% y 10-11%, respectivamente). A ello se le podría añadir la ampliación del plazo de liquidación del impuesto cuando en el caudal hereditario haya inmuebles no susceptibles de aplicárseles la reducción (por ejemplo, los que no son la vivienda habitual del fallecido).

La mencionada sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y el acuerdo al que se llegó el pasado mes de enero en la última Conferencia de Presidentes de CC.AA. sobre reforma fiscal, podría ser una buena oportunidad para, sobre la base del citado Informe de la Comisión de Expertos, encauzar este problema. Este del Impuesto de Sociedades es un problema que, al igual que el de los regímenes especiales que gozan las comunidades forales (Navarra y País Vasco), la Comisión Europea y el Eurogrupo, más temprano que tarde, nos exigirán solucionarlo, en pro de la armonización fiscal en la eurozona.

El Estado español no puede permitirse reducir sus ingresos fiscales, cuando tiene por delante retos de tanta magnitud como mantener (e incluso aumentar) los niveles de financiación de la sanidad y educación o cubrir el déficit del sistema de pensiones. En comparación con la UE, España está más de seis puntos por debajo en presión fiscal de la media de los países de nuestro entorno (el 34,6% del PIB en España, frente al 41,4% en la Eurozona). Por ello, además de seguir mejorando en la lucha contra el fraude, y si no se quiere subir el IRPF, se debe reformar algunos de los impuestos cedidos a las CC.AA. para ser más eficientes en su recaudación.

En definitiva, no es agradable pagar impuestos, pero es nuestro deber como ciudadanos hacerlo. También es nuestro deber exigir que se haga de manera armonizada para evitar desigualdades por razones de residencia. España necesita recaudar más y mejor. Proponer una bajada de impuestos, como hacen algunos partidos políticos, no es de derechas ni de izquierdas, sino de políticos irresponsables. Asumamos esta realidad, y exijamos a los gobernantes que hagan buen uso de nuestros impuestos.