SOBRE   LAS   “RESERVAS   DE   LA   BIOSFERA”

(texto basado en los resultados de la tesis doctoral de Joel Maximiliano Martínez sobre la reserva de “La Sepultura”, en el estado mexicano de Chiapas, realizada bajo mi dirección

en la Universidad de Córdoba y leída el pasado mes de mayo)

Casi el 13% de la superficie terrestre a nivel mundial y casi el 2% del área oceánica, se ven afectados por algún programa de protección de la naturaleza, habiendo aumentado en los últimos diez años. Ello significa que la gestión de dichos espacios naturales está bajo la responsabilidad de entidades públicas (sobre todo, de las que tienen competencias en materia de medio ambiente).

Algunos autores señalan que no se puede caer en la autocomplacencia, ya que, a pesar de las políticas de protección, el deterioro de los espacios naturales avanza de forma inexorable, mostrando las limitaciones de esas políticas. De ahí que se considere que proteger la naturaleza no es sólo un tema de conservación de determinadas áreas, sino una cuestión más compleja que exige tener en cuenta no sólo los elementos que afectan directamente a los ecosistemas, sino también los que se refieren a las condiciones de vida de la población que reside en ellos.

Lo que se plantea es, por tanto, ampliar el paradigma de la protección de la naturaleza sacándolo del reducido ámbito ecológico para integrarlo en el paradigma de la sostenibilidad (económica, social y ambiental).

El programa MaB de la UNESCO

El Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO (en adelante, MaB) (Man and Biosphere) iniciado en los años 1970, aborda de un modo integral el tema de la conservación de la naturaleza al hacer compatible este objetivo con el de la mejora del bienestar de la población que reside en los espacios naturales y que utiliza los recursos asociados a dichos territorios. A lo largo de sus más de cuarenta años de funcionamiento, el Programa ha ido centrando sus actuaciones en la figura de la “reserva de la biosfera” (REBI).

Las REBIs son, por tanto, un reconocimiento que concede la UNESCO a determinados espacios naturales que, por su valor emblemático en materia de biodiversidad, deben ser protegidos mediante políticas destinadas a conciliar el objetivo de la “conservación” de la naturaleza y el del “desarrollo económico y social”.

El reconocimiento puede concederse, por tanto, a áreas terrestres, costeras o marinas representativas por su valor único desde el punto de vista de la biodiversidad, y siempre que la población humana y sus actividades sean parte integral de ellas. La declaración de una zona como REBI debe implicar el desarrollo de programas de protección apoyados en bases científicas, así como en el conocimiento y saberes locales y en la identidad cultural de la población.

Actualmente, existen a nivel mundial 650 reservas de la biosfera reconocidas por el programa MaB de la UNESCO e integradas en la “Red Mundial de Reservas de la Biosfera”. En España son 47 las áreas naturales reconocidas por la UNESCO como reservas (en Andalucía, están las de Sierra de Grazalema, Doñana, Cabo de Gata-Níjar, Sierra Nevada o Sierra de las Nieves, Cazorla-Segura-Las Villas, Dehesas de Sierra Morena)

En toda REBI deben quedar bien delimitadas tres zonas geográficas. La primera es la “zona núcleo”, cuyos rasgos ecológicos son los que justifican la creación de la reserva, siendo, por ello, la zona mejor conservada por contener el mayor grado de biodiversidad. Esta zona debe estar dotada, por tanto, de instrumentos legales de máxima protección en el marco de cada legislación nacional (en el caso español, la zona núcleo de nuestras REBIs está protegida por la figura de “parque natural”). De ese modo se garantiza tanto la conservación de los componentes más valiosos y representativos del correspondiente espacio natural, como la preservación de los servicios ambientales que proporciona.

Alrededor de la “zona núcleo” se encuentra la “zona de amortiguamiento o tampón” (buffer zone), donde se puede permitir la realización de actividades que sean compatibles con la conservación y que puedan contribuir al desarrollo de la investigación, la educación ambiental, la utilización de los modelos tradicionales de aprovechamiento,… En esta “zona tampón” se pueden autorizar, por tanto, actividades productivas, pero siempre que sean de bajo impacto e intensidad, con objeto de reducir sus posibles efectos sobre la “zona núcleo”.

Rodeando a esta segunda zona existe la “zona de transición”, donde se pueden autorizar actividades agrarias e industriales y donde tiene lugar la realización de acciones destinadas específicamente a promover el “desarrollo y bienestar” de la población local, pero con criterios de sostenibilidad. Para el cumplimento de las funciones de cada zona, se utilizan ciertas herramientas de actuación sobre el territorio, tales como la planificación territorial, los procesos participativos de los agentes implicados (decisores, técnicos, población local, grupos de interés,…), los sistemas de gobernanza o los mecanismos de coordinación.

La política de REBIs es la única política de protección de espacios naturales cuyo objetivo específico es preservar la biodiversidad conciliándolo con el desarrollo y el bienestar de las poblaciones locales. Constituye, por tanto, una figura de protección en la que explícitamente se incluye a la población local como actor clave en la gestión de los espacios naturales. Además, son políticas que permiten construir una relación de mutuo acercamiento entre los gestores públicos, la comunidad científica y las poblaciones locales.

Limitaciones de las políticas de protección

Análisis comparados entre REBIS situadas en diferentes contextos sociales y económicos, muestran las limitaciones que encuentran estas políticas de protección de la naturaleza en territorios donde se carece de las infraestructuras y equipamientos necesarios para asegurar el desarrollo y bienestar de la población local. En tales casos se manifiestan las contradicciones de políticas como ésta de la REBIs.

Si bien persiguen objetivos integrales de sostenibilidad ambiental, económica y social, estas políticas son, sin embargo, diseñadas por departamentos sectoriales, como los de medio ambiente, cuya lógica de conservación de los ecosistemas les lleva a estar más preocupados por el logro de los objetivos ambientales que de los relacionados con el desarrollo y el bienestar de la población.

De ese modo, las acciones emprendidas desde los departamentos de medio ambiente, aunque puedan obtener algunos resultados positivos gracias a los sistemas de incentivos económicos (por ejemplo, los “pagos por servicios ambientales”), se ven limitadas por las carencias existentes en esos otros ámbitos. Así, los objetivos de conservación acaban siendo negativamente afectados por la falta de infraestructuras y equipamientos en el territorio de la reserva.

Esto nos conduce a la reflexión final de que no es posible conciliar mediante políticas sectoriales los objetivos de la “conservación de los ecosistemas” y el “desarrollo y bienestar de la población” en territorios donde existen graves carencias en infraestructuras, servicios y equipamientos básicos. Sólo políticas integrales, diseñadas y aplicadas de manera coordinada por diversas instancias administrativas (medio ambiente, educación, salud, servicios sociales, fomento,…), pueden hacer posible la conciliación de esos dos objetivos. Estos dos objetivos son los que le dan a la figura de la REBI su singularidad respecto a otras figuras de protección de la naturaleza (como las de la red Natura 2000 de la UE, cuyo objetivo fundamental es la conservación).

Esta es la principal conclusión del trabajo de tesis doctoral realizada, bajo mi dirección, por el doctorando Joel Maximiliano Martínez en la Reserva de la Biosfera de “La Sepultura”, en el estado mexicano de Chiapas.

EL   "ACUERDO   DE   PARIS"  

SOBRE   CAMBIO   CLIMATICO

Hay problemas que, por su dimensión global, no pueden ser tratados a nivel de un solo país, ni siquiera de un grupo de países, por lo que sólo cabe hacerlo en instituciones internacionales como Naciones Unidas. Ese es el caso del cambio climático, reconocido ya como uno de los más graves problemas globales que afectan a nuestro planeta y que, por ello, trasciende el ámbito regional o nacional.

El “Acuerdo de París”, suscrito el pasado 12 de diciembre en la capital francesa y firmado solemnemente en Nueva York el 22 de abril de este año 2016 (con motivo del Día de la Tierra), es una buena muestra de la utilidad de algunas instituciones internacionales para tratar asuntos globales.

El contexto

Nuestro planeta ha experimentado, por razones naturales, variaciones en el clima a lo largo de su historia (las glaciaciones son un ejemplo). Sin embargo, cuando hablamos del problema del “cambio climático” nos estamos refiriendo a variaciones climáticas ocasionadas por la acción de los seres humanos, vinculada a nuestros sistemas de desarrollo económico.

Este  problema se manifiesta de varias maneras, siendo la más relevante la subida de la temperatura media del planeta (calentamiento global) y la alteración de las estaciones climáticas y de la intensidad pluviométrica. Asociados al fenómeno del cambio climático, están los problemas de disminución de especies naturales (pérdida de biodiversidad biológica) y de aumento de la superficie de zonas áridas (desertificación).

Respecto a sus causas más inmediatas, cada vez hay más evidencia científica de que, en relación al calentamiento global, una de esas causas es la elevada concentración en la atmósfera de los llamados “gases de efecto invernadero” (GEI) (sobre todo, CO₂ y metano), provocada por las emisiones que generan los modelos productivos basados en la masiva utilización de combustibles fósiles como fuente de energía.

Dado que, según el grado de desarrollo económico, los países emiten diferentes niveles de estos gases (GEI), ha habido serias divergencias sobre cómo abordar este problema, debido a las distintas repercusiones que su tratamiento podría tener en los sistemas económicos y sociales. Una reducción de las emisiones conllevaría inevitablemente un cambio en los modelos productivos, que no todos los países están en condiciones de afrontar. Además, los países menos desarrollados consideran, con razón, que no tienen la misma responsabilidad que los más desarrollados en la generación del problema del cambio climático al emitir menores cantidades de gases GEI a la atmósfera, aunque lo sufran de igual modo y con menos recursos para hacerle frente. Y consideran también que no se les puede limitar el desarrollo de sus economías, ya de por sí bastante atrasadas, con la excusa de que es necesario disminuir el uso de combustibles fósiles para combatir el cambio climático.

A pesar de esas divergencias, siempre ha existido un amplio consenso sobre la necesidad de la cooperación internacional para afrontar este problema, dada la imposibilidad de solucionarlo con medidas adoptadas de manera separada por cada gobierno nacional. De ahí que haya sido el marco de las Naciones Unidas el más apropiado para tratar los asuntos relacionados con el cambio climático, considerado ya como un problema “global” que forma parte de la agenda política internacional.

Los antecedentes

La primera vez que se habló a nivel internacional sobre el problema del cambio climático fue en la Conferencia Mundial sobre el Clima, celebrada en Ginebra en 1979 y organizada por la OMM (Organización Meteorológica Mundial), organismo especializado de la ONU.

A raíz de ello, Naciones Unidas aprobó el Programa Mundial sobre el Clima, y en 1988 creó un Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) encargado de elaborar informes científicos sobre la evolución de este problema. Consciente de la magnitud que iba tomando el problema del cambio climático y de la necesidad de la cooperación internacional para abordarlo, el IPCC propuso la redacción de un tratado internacional sobre este asunto.

Fue a raíz de la llamada “Cumbre de la Tierra” celebrada en Río de Janeiro (1992), que Naciones Unidas dio a conocer tres convenciones internacionales relacionadas con esta materia: una convención-marco sobre cambio climático (CMNUCC) y otras dos asociadas a aquélla (la CNUDB sobre biodiversidad y la CNULD sobre desertificación). Son convenciones a las que, desde su constitución, se han ido adhiriendo de forma voluntaria los distintos Estados miembros de la ONU (denominadas “partes contratantes”).

Al estar los tres temas interrelacionados, se ha creado incluso un “grupo común de enlace” para coordinar las acciones promovidas desde cada uno de esos tratados o convenciones, y para organizar las correspondientes conferencias anuales de las partes contratantes (COP). Desde que en 1994 entró en vigor la citada convención-marco sobre cambio climático (CMNUCC), se han celebrado 21 de esas conferencias internacionales, siendo la última la que tuvo lugar en París en los meses de noviembre-diciembre del pasado año.

La COP-21 celebrada en la capital francesa finalizó, como he señalado, con la firma del llamado “Acuerdo de París”, suscrito en esta primera fase por los representantes de los Estados allí presentes. Este Acuerdo sucede al “Protocolo de Kioto” (1997), y se pretende que entre en vigor a partir del año 2020, siempre que sea ratificado al máximo nivel político por un mínimo de 55 Estados que sean responsables de, al menos, el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

La importancia del Acuerdo

La importancia del “Acuerdo de París” ha sido reconocida desde diversos círculos de opinión (incluidos los vinculados a las organizaciones ecologistas) sobre la base de los siguientes aspectos.

En primer lugar, se destaca su alcance político, al haber sido firmado por los representantes de 195 países (la práctica totalidad de los Estados que forman parte de la CMNUCC). Para medir ese alcance, baste recordar que el “Protocolo de Kioto” sólo fue suscrito por 37 países, que representaban entonces un exiguo 11% del total de las emisiones de gases GEI, y no lo suscribieron países de la talla de EE.UU., China, Rusia, Canadá y Japón, ni tampoco la mayor parte de los países en desarrollo.

En segundo lugar, su importancia radica en que, por primera vez, se reconoce, al más alto nivel político y con un amplio acuerdo internacional, que el problema del cambio climático es un hecho evidente y que las elevadas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) son las principales responsables del aumento de la temperatura del planeta. Se admite también que esas emisiones no son naturales, sino provocadas por el alto consumo de combustibles fósiles en los modelos productivos imperantes. Se cierra así un largo periodo de discrepancias sobre la realidad del problema del “calentamiento global” y sus causas, al haberse alcanzado en París un amplio consenso en torno a la evidencia de que el problema existe y a la necesidad de abordarlo mediante la cooperación internacional.

En tercer lugar, la importancia del “Acuerdo de París” estriba en el status de tratado internacional que tiene. Eso significa que es legalmente vinculante, si bien es verdad que los mecanismos sancionadores para los países que lo incumplan se han dejado para un desarrollo posterior. No obstante, en el Acuerdo se establecen protocolos de supervisión y seguimiento para comprobar cada cinco años su grado de cumplimiento por parte de los Estados firmantes. En ausencia de sanciones, esto puede parecer un brindis al sol, pero no lo es, ya que los informes de seguimiento darán sólidos argumentos a las opiniones públicas nacionales e internacionales, y a los medios de comunicación, para señalar y criticar a los países que incumplan sus compromisos, además de su incidencia en las relaciones entre los Estados. Es una especie de sanción moral, con más efectividad de lo que pudiera pensarse, en estos tiempos en los que la opinión pública adquiere una influencia colosal en las sociedades democráticas.

En cuarto lugar, el Acuerdo fija objetivos concretos, como el de que no suba la temperatura media del planeta por encima de los 2ºC respecto a la que tenía en la época preindustrial (mediados del siglo XIX). Los informes de los expertos del IPCC indican que ya ha subido en torno a 1ºC y que si se continúa con el actual modelo productivo puede aumentar hasta 3ºC, lo que provocaría la subida del nivel del mar como consecuencia del deshielo polar, con resultados catastróficos para el conjunto del planeta. Conscientes de la gravedad del problema, los firmantes del “Acuerdo de París” han apostado de forma clara por impulsar modelos de producción menos dependientes de los combustibles fósiles, con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Pero también han apostado por frenar la deforestación e incluso impulsar una ampliación de la superficie forestal, dada la importancia de los bosques como sumideros en la fijación de CO₂ gracias a la función de fotosíntesis que realizan y que sirve para contrarrestar la excesiva concentración de estos gases en la atmósfera.

En quinto lugar, se reconoce en el Acuerdo que, si bien el problema del cambio climático afecta al conjunto del planeta, no todos los países tienen la misma responsabilidad en ello (al emitir distintas cantidades de gases GEI a la atmósfera), ni tampoco la misma capacidad para reorientar sus modelos productivos al ser diferentes sus niveles de desarrollo económico. Por eso, se plantea en el Acuerdo la necesidad de ayudar a los países pobres en la lucha contra el cambio climático, creándose para ello un fondo económico (fondo verde) dotado con recursos procedentes de los países más desarrollados. Se establece incluso el compromiso de dotar ese fondo con 100.000 millones de dólares anuales a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, con posibilidad de que pueda aumentarse y de que los países emergentes que lo deseen puedan contribuir también al mismo.

En sexto lugar, otra novedad significativa del “Acuerdo de París” es que afecta a la práctica totalidad de las fuentes causantes de las emisiones de gases GEI, incluyendo los modelos de agricultura intensiva de alto consumo de productos químicos (fertilizantes, pesticidas, herbicidas,…), aunque excluyendo, por ahora, a la aviación y el transporte marítimo (que sólo representan el 10% de las emisiones, pero que son los sectores en los que se ha producido un mayor crecimiento en las dos últimas décadas).

En séptimo lugar, cabe destacar el compromiso adquirido por los países firmantes del Acuerdo de presentar “planes nacionales de reducción de emisiones”, algo que ya hicieron 187 países en la conferencia de París, mostrando así su firme voluntad de contribuir a la lucha contra el cambio climático. Estos planes, que deberán ser revisados al alza en los próximos años, incluye compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), pero también de promover modelos agrícolas y forestales más extensivos y sostenibles por, como he señalado, las funciones positivas que realizan en la absorción y captura del carbono presente en la atmósfera.

Conclusiones

Por todo lo anteriormente expuesto, cabe señalar que el “Acuerdo de París” supone un importante paso adelante respecto al “Protocolo de Kioto” en la lucha contra el cambio climático, al plantear objetivos equilibrados para reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, con el horizonte puesto en el año 2050.

Como en todo acuerdo internacional, la valoración puede centrarse en lo acordado o en lo que queda excluido del acuerdo. Desde mi punto de vista son más los aspectos positivos de lo aprobado en París, que los que pueden ponerse en el platillo negativo de la balanza por no haberse ido más lejos en los compromisos contraídos, tal como critican algunas ONGs que trabajan sobre estos temas.

Pero hay que recordar que, en el ámbito de la política (y el “Acuerdo de París” se sitúa en ese ámbito al ser sus firmantes los gobiernos de los Estados), las decisiones se toman según la lógica de lo posible (no de lo deseable). Lo acordado en París es el mínimo común denominador que ha sido posible consensuar entre los representantes de casi doscientos gobiernos con realidades e intereses muy distintos en relación a las causas y efectos del cambio climático.

Dada la complejidad de las negociaciones, se entiende la satisfacción de Laurent Fabius, ministro francés de Asuntos Exteriores, anfitrión de la COP-21, cuando al final de la conferencia se felicitaba por haberse alcanzado un acuerdo tan amplio sobre tantas cosas, aunque reconocía que todavía quedan pendientes asuntos importantes.

Ahora es el turno de las responsabilidades de los gobiernos para cumplir los compromisos contraídos. La primera prueba será cuando toque ratificar el “Acuerdo de París” en los respectivos parlamentos nacionales, cosa que, en algunos casos, no será fácil de lograr como ya ocurrió cuando la ratificación del “Protocolo de Kioto”, en la que muchos de los países que inicialmente lo suscribieron no lo ratificaron después.

Esperemos que no ocurra lo mismo con el “Acuerdo de París”, y que pueda entrar en vigor en 2020. Necesitamos que sea así por el bien de nuestro planeta y de todos los que vivimos en él.

EL  DIA  DE  EUROPA

La  Unión  Europea  en  la  encrucijada

Hoy, “Día de Europa”, es una buena ocasión para reflexionar sobre el estado actual del proceso de integración europea, aunque no sean tiempos fáciles para analizarlo con objetividad. El tema de los refugiados, la amenaza del Brexit (salida del Reino Unido), el ascenso de los grupos ultranacionalistas en algunos países (Austria, Alemania,…) y los problemas económicos que siguen afectando a la zona euro de la UE, adquieren una importancia y una urgencia tales en la preocupación de la ciudadanía, que se superponen a todo lo demás. Todo ello está provocando una profunda desafección de los ciudadanos, haciendo caer a mínimos históricos la confianza en las instituciones comunitarias. 

Sin embargo, el convulso panorama internacional hace más necesario que nunca dar una respuesta europea a problemas que no pueden ser gestionados a escala de cada país. Nos encontramos, por tanto, ante una situación en la que se necesitan respuestas a nivel europeo, pero en la que las instituciones de la UE no parecen encontrar los procedimientos adecuados para aplicar las medidas con la celeridad que se precisa.

Todo ello genera confusión en la ciudadanía, a lo que contribuye también la diversidad de imágenes que recibimos de la UE, dispares y contradictorias. Por un lado, tenemos la imagen de una institución alejada de los ciudadanos, que toma decisiones que muchas veces no entendemos (por ejemplo, el reciente acuerdo con Turquía o la negociación del TTIP con los EE.UU.) o que se encarga de fustigarnos con el látigo de la austeridad y los recortes presupuestarios.

Pero, por otro lado, recibimos la imagen de una UE que concede importantes ayudas económicas (como las agrarias y pesqueras), que impulsa las inversiones en infraestructuras y equipamientos (como autovías, trenes de alta velocidad,…), que promueve programas de intercambio cultural y científico (programa ERASMUS), que impulsa programas de cooperación interregional (como INTERREG) o que incluso está sirviendo de garantía para defender los derechos sociales de los ciudadanos europeos (como ha ocurrido con algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, en relación al tema de los desahucios).

Ambas imágenes reflejan lo que es hoy la UE, un proceso marcado por dos rasgos: singularidad y complejidad. Es un proceso “singular” porque no tiene parangón en el derecho internacional, de tal modo que no es posible compararlo con otras experiencias de características similares, porque no existen. La UE se define más por lo que no es, que por lo que es: no es una estructura federal de Estados; no es una confederación, y tampoco un sistema de cooperación intergubernamental, aunque tiene un poco de todo ello. La UE es, además, un proceso “complejo”, ya que funciona a varias velocidades y con lógicas políticas que no afectan por igual a todos los Estados miembros. Por ejemplo, la UEM (zona euro) afecta sólo a 17 Estados, y el control fiscal y presupuestario sólo es ejercido sobre los gobiernos de los países que decidieron adoptar la moneda única. No hay política común ni en educación ni sanidad, ni tampoco en política exterior, sino sólo acuerdos de cooperación intergubernamental.

A esos dos rasgos, habría que añadir el de las limitaciones presupuestarias de la UE. Es importante señalar que el presupuesto económico común representa un insignificante 1% de la riqueza agregada de los 28 Estados miembros (pensemos que en los países desarrollados de nuestro entorno, el gasto público gira en torno al 40-50% de la riqueza de cada país). Esto significa que el bienestar de la población europea en general, y de la española en particular, sólo, en una pequeña medida, es responsabilidad directa de las políticas comunes de la UE.

Ni la calidad de los sistemas sanitarios o educativos nacionales, ni el nivel de prestación de los servicios sociales, ni el buen o mal funcionamiento de los servicios públicos, ni los problemas de desindustrialización que sufren algunas regiones europeas, ni las elevadas tasas de paro que asolan a algunos países (como España),… son responsabilidad de la UE, sino de los gobiernos nacionales o regionales. Es verdad que, dentro de la UEM (zona euro), los 19 gobiernos de los países de la moneda común están obligados a cumplir determinadas normas en materia de gasto público que, al final, tienen efectos sobre sus presupuestos nacionales. Pero al no ser todavía una política plenamente común, esas normas no son resultado de decisiones que toma la Comisión Europea, sino de los acuerdos que adoptan los gobiernos nacionales en el marco del Eurogrupo (ministros de Economía y Finanzas de la eurozona).

Asimismo, en el tema de la gestión del tema de los refugiados tampoco existe una política común de asilo, por lo que las medidas que propone la Comisión Europea tienen que ser refrendadas y aplicadas sobre el terreno por los gobiernos de cada país, que son los responsables de su gestión. 

En definitiva, la UE pone a disposición de los gobiernos nacionales recursos económicos (en forma de fondos) e instrumentos normativos (reglamentos y directivas) para acompañar en los correspondientes países la aplicación de las respectivas políticas públicas. Hay países en los que sus gobiernos saben aprovechar esas oportunidades mejor que otros, al tener el acierto de completar las políticas europeas con eficaces políticas propias en pro del bienestar de sus ciudadanos. Sin embargo, hay otros, en los que los ingentes recursos que llegan de Bruselas son oportunidades perdidas al no haber sabido utilizarlas sus gobiernos como palancas de desarrollo en los correspondientes territorios. 

Conviene no olvidar esto en este Día de Europa, cuando la UE se enfrenta a uno de los momentos más críticos en sus más de cincuenta años de historia.

EL   ACUERDO   DE   ASOCIACIÓN   TRANSATLÁNTICA  

ENTRE   LA  UNION EUROPEA  Y  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA

Eduardo Moyano Estrada

Hace unos meses culminaron las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP) entre los EE.UU. y once países del Pacífico (entre ellos economías tan importantes como la de Japón, Australia, Singapur, Canadá o México). Ahora se está en la fase final del Acuerdo entre la Unión Europea y los EE.UU. (TTIP), que, si se logra, permitiría crear la mayor zona de libre comercio, ya que ambas potencias económicas representan más del 50% del PIB mundial, más de un tercio del comercio internacional de bienes y servicios, y 800 millones de consumidores.

La negociación sobre el TTIP partió de una iniciativa del Presidente Obama, y se planteó con el objetivo de establecer una zona de libre comercio UE-EE.UU., que superara el punto muerto al que se había llegado en la ronda de Doha de la OMC (Organización Mundial del Comercio). Prueba de ello es el interés personal del propio Obama en que se pueda firmar un primer acuerdo antes de que finalice su mandato presidencial, interés reflejado en su reciente viaje a Europa.

Sin embargo, con el transcurso de las negociaciones, el TTIP se ha ido convirtiendo en un proyecto que no sólo trata de cuestiones comerciales, sino que también incorpora temas de mayor importancia, lo que dificulta el acuerdo. Temas como la armonización de normas, la homologación de exigencias administrativas, la coordinación de leyes para facilitar el comercio y la inversión, o la creación de especiales instancias judiciales, son asuntos de gran calado que están provocando un intenso debate tanto desde el lado europeo, como del norteamericano, manifestándose posiciones a favor y en contra del mismo.

Así, en el debate del Parlamento Europeo sobre el Informe Lange (en junio pasado), se manifestaron en contra grupos de la izquierda (diputados de IU y Podemos y algunos socialistas), pero también Los Verdes y grupos ultranacionalistas (como el Frente Nacional francés). Por su parte, populares, conservadores, liberales y la mayor parte de los socialistas (entre ellos, los del PSOE) manifestaron su apoyo. En la parte norteamericana, los sindicatos y sectores del Partido Demócrata (los vinculados a Sanders) están claramente en contra del TTIP (no así Hilary Clinton, que mantiene una actitud ambigua ante el riesgo de que apoyarlo le suponga un alto coste electoral). Donald Trump, candidato del Partido Republicano, también se ha manifestado en contra, aunque más por ser un legado de Obama que por ser contrario al acuerdo comercial con la UE.

Los detractores (que han ampliado su base de apoyo con movimientos sociales como ATTAC, Vía Campesina o Greenpeace), consideran que el TTIP no es necesario, ya que los aranceles son ya muy bajos en las relaciones comerciales entre los EE.UU. y la UE. Ven en el acuerdo los intereses de las grandes empresas norteamericanas por entrar en Europa e imponer sus estrategias de privatización de servicios públicos y de rebaja de las exigencias ambientales (en asuntos como los transgénicos o el fracking), por citar sólo algunas de las críticas. Además, consideran que se está tratando con total secretismo asuntos que afectan al funcionamiento del sistema democrático, como la propuesta de crear instancias extrajudiciales (ISDS) para dirimir posibles conflictos entre empresas y gobiernos.

Los favorables al TTIP entienden que, en el actual contexto de capitalismo global, ya no es posible que un país pueda ser viable replegándose sobre sus propios mercados internos, siendo necesario establecer alianzas comerciales para no caer en el aislamiento o en la insignificancia económica. Además, consideran que la economía europea está perdiendo peso en el conjunto de la economía mundial ante la competencia de otras economías emergentes. En su opinión, es necesario establecer una alianza comercial con los EE.UU., percibido como el mejor socio que puede tener la UE, tanto por razones políticas (sistemas democráticos similares, alianzas militares comunes), como económicas (sistemas de mercado y economías muy parejas) y culturales (valores ético-normativos comunes). A ello añaden que una posible asociación transatlántica neutralizaría la tendencia reciente de los EE.UU. a volcarse en el área del Pacífico (recordemos que ya se ha firmado el citado acuerdo transpacífico TPP), y haría que los gobiernos y agentes económicos norteamericanos volvieran a interesarse por los temas y socios europeos en un momento en que se reactivan las tensiones internacionales según la lógica de una nueva “guerra fría” entre grandes bloques.

Este es el tablero del juego. Por ahora lo que tenemos es un proceso de negociación del que se van sabiendo algunos detalles, pero que sólo se conocerá en su totalidad cuando finalice el trabajo de la comisión negociadora UE-EE.UU. y se haga público el proyecto definitivo. Entonces el proceso seguirá su curso en las instancias políticas de cada parte. En la UE, el acuerdo deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo, y, en algunos Estados, tendrá incluso que ratificarlo sus parlamentos nacionales en un momento que no es precisamente el mejor para generar consensos políticos dada la creciente polarización. De hecho, el presidente Hollande ya ha amenazado con vetar el acuerdo sobre el TTIP si va en contra de los intereses franceses, ante el temor de que la bandera del proteccionismo la enarbole la ultraderechista Marine Le Pen. Por parte de los EE.UU., el acuerdo deberá pasar por el Congreso, en plena campaña presidencial, lo que puede retrasar su ratificación.

Sea como fuere, estamos ante un asunto de gran importancia para la UE, sobre el que los gobiernos deberían esmerarse en informar a sus respectivos parlamentos y en ofrecer la máxima transparencia posible a sus ciudadanos. Sólo así se podrá lograr el apoyo inicial de la ciudadanía europea, neutralizando el rechazo general que este tipo de acuerdos conlleva (sobre todo, si es con los EE.UU., dado el sentimiento antinorteamericano de ciertos sectores de la opinión pública europea).

Los acuerdos de libre comercio no pueden ser nunca un fin en sí mismos, sino un medio para mejorar el bienestar de la población. Por eso, si bien las negociaciones sobre el TTIP pueden valorarse como algo positivo por ser una vía para avanzar en las relaciones económicas con los EE.UU., habrá que estar alerta para ver cómo se va concretando el acuerdo y comprobar si lo acordado afecta, y en qué medida, al modelo económico y social europeo. Además, hay que valorar si la entrada en vigor de un acuerdo como el TTIP tendrá efectos negativos sobre las relaciones comerciales que mantiene la UE con terceros países. No obstante, hay fórmulas para evitar que un acuerdo de esa naturaleza tenga efectos perniciosos en sectores sensibles, como es el caso del sector cultural o de algunos subsectores agrícolas, donde sería necesario el establecimiento de cláusulas de salvaguardia o simplemente dejarlos fuera del acuerdo en una primera fase.

En todo caso, creo que rechazar, por principios, la posibilidad de que la UE alcance una ambiciosa alianza económica con los EE.UU. (su socio natural) sería fruto de un prejuicio difícil de sostener. La negociación está abierta, y nuestra misión como ciudadanos es hacer llegar, tanto a nivel individual como a través del movimiento asociativo, nuestros puntos de vista a los parlamentos y a la Comisión Europea sobre los distintos temas del TTIP, sin descartar recurrir a la movilización si creemos que nuestras peticiones no están siendo atendidas. La voz última será, como he señalado, la del Parlamento Europeo, que tendrá la oportunidad de aprobar o rechazar el texto final que le presente el Consejo de Ministros de la UE, de acuerdo con lo establecido en el proceso de codecisión.

(una versión algo más amplia de este artículo fue publicada en "Alternativas Económicas" en el mes de febrero de este año 2016)

EL ACUERDO  UNION  EUROPEA-TURQUÍA 

SOBRE   REFUGIADOS

Reflexiones éticas y políticas

El tema de los refugiados sirios tiene una importancia crucial para la UE, ya que, si no se gestiona de manera adecuada, puede llevarse por delante el proceso de integración europea. Las divisiones internas que ha generado entre los Estados miembros de la UE, así como el auge de la xenofobia y el ascenso de los partidos ultranacionalistas, lo convierten en un asunto capital de la agenda política europea.

El objetivo de este artículo no es analizar las causas de dicho problema (ya suficientemente comentadas por los analistas), sino valorar la decisión del Consejo Europeo de 19 de marzo, de firmar, a iniciativa de Alemania, un acuerdo de colaboración con Turquía que ha levantado muchas críticas y despertado no pocos recelos en diversos círculos de opinión.

Con objeto de ordenar el análisis, parto de la distinción que hace casi un siglo estableció el sociólogo alemán Max Weber entre la “ética de los valores y las convicciones” y la “ética de las responsabilidades”, dos aspectos de la racionalidad que no siempre van de la mano, y mucho menos cuando se trata de las decisiones políticas.

Alguna información básica

Lo primero a señalar es que este Acuerdo no tiene por objeto resolver todo el complejo asunto migratorio; es una medida coyuntural para evitar que se agrave el problema concreto y exclusivo de los refugiados sirios. En este sentido, creo que el Acuerdo, de complicada ejecución, es mejor que no hacer nada; sería peor que, por inacción de la UE, se deje que el problema vaya deteriorando la unidad europea y las relaciones entre los Estados miembros.

¿Por qué un acuerdo entre la UE y Turquía? Pues porque Turquía es el país de donde procede la mayor parte de los refugiados que llegan a las islas griegas de Lesbos, Quío y Samos al estar a sólo unos kilómetros de su frontera. Y también porque en suelo turco se asientan dos millones de sirios en campos de acogida con la intención de ir a Europa. Por ello, Turquía es un socio fundamental de la UE en la gestión de este problema.

Se pretende con ese Acuerdo persuadir a los refugiados sirios a que no utilicen las mafias para entrar ilegalmente en suelo europeo, de tal modo que su llegada se haga de forma legal y ordenada desde Turquía. Para ello, el acuerdo del Consejo Europeo señala la devolución individualizada a suelo turco de todo refugiado que, procedente de Turquía, haya llegado ilegalmente a las costas griegas después del 20 de marzo. Asimismo, la UE adquiere el compromiso de conceder asilo al que lo solicite por vía legal en las oficinas instaladas a tal efecto en los campos de acogida turcos. Es lo que se llama “uno por uno”: es decir, devolver a Turquía a un refugiado “ilegal” que haya entrado en la UE después de esa fecha,  a cambio de acoger “legalmente” a otro refugiado sirio asentado en ese país.

Por su colaboración, la UE pagará al gobierno turco 6.000 millones de euros (para mejorar las condiciones de los campos de acogida y facilitar la inserción de los sirios que llegan a Turquía) y se compromete a trasladar allí, y a las islas griegas, un amplio equipo de funcionarios de la Comisión Europea para ayudar a las autoridades turcas en el registro de las devoluciones y en la tramitación de las solicitudes de asilo. Además, el Consejo Europeo se compromete a acelerar el proceso de adhesión de Turquía a la UE, y a permitir a los turcos la entrada sin visado en territorio europeo.

Un acuerdo controvertido

El Acuerdo UE-Turquía ha levantado, por diversas razones, un fuerte rechazo en las ONGs y ACNUR, así como en amplios sectores de la opinión pública europea. Asimismo, diversos juristas europeos de prestigio (como los holandeses Heijer y Spijkerboer, o el español López Garrido) han manifestado su oposición en sendos dictámenes sobre este asunto. Es, por tanto, un acuerdo controvertido en cuya crítica convergen dos cuestiones.

La primera tiene que ver con la devolución individualizada a terceros países que propone la UE. Para las ONGs y para ACNUR, esta decisión será, en la práctica, una “deportación” masiva de todo el colectivo de refugiados, algo que, desde su punto de vista, va en contra de los derechos proclamados por el Protocolo del Estatuto del Refugiado (1967), firmado por más de 170 países (entre ellos, los de la UE). Sin embargo, la UE esgrime los informes favorables de los expertos del prestigioso centro de investigación ESI (European Stability Initiatives) y los dictámenes de los servicios jurídicos de la propia Comisión Europea, además de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el caso del paquistaní Shiraz Baig Mirza.

El segundo motivo de controversia está relacionado con el hecho de que la UE considere a Turquía “país seguro”. Para la UE, darle tal calificativo significa que la devolución a ese país de todo refugiado que haya llegado ilegalmente a las islas griegas procedente del territorio turco, no representa una violación de los arts. 31 y 33 de la Convención de Ginebra. Con ello, la UE admite que, en Turquía, los sirios que huyen de la guerra pueden asentarse sin que peligre su libertad e integridad física, y, desde allí, solicitar el correspondiente asilo a la UE. Las ONGs y ACNUR, por el contrario, rechazan la calificación de Turquía como “país seguro”, dada su implicación en el conflicto sirio y la deriva autoritaria del gobierno de Erdogan, por lo que entienden que devolver refugiados a ese país viola los citados artículos de la Convención.

Por mucho que despierte recelos el acuerdo UE-Turquía, me parece desproporcionado calificar a priori las devoluciones a Turquía como “deportaciones masivas” (expresión que nos retrotrae a la época nazi de tan infausto recuerdo), cuando todos sabemos de la escrupulosidad con la que las autoridades griegas y los funcionarios de la UE están trasladando a los refugiados a los centros de acogida turcos.

Sobre la crítica de algunas ONGs a la consideración de Turquía como “país seguro”, no creo que la tendencia autoritaria de su gobierno sea mayor que la de los actuales gobiernos húngaro, eslovaco o polaco, y no por eso se califica a estos países como “no seguros” para acoger refugiados. Es más justificable la preocupación de las ONGs por el destino que puedan correr los refugiados sirios de origen kurdo, dado el viejo conflicto que existe en Turquía con este grupo étnico. En todo caso, la nueva fase de relaciones UE-Turquía puede reconducir el proceso democrático en este país, y volverlo a la senda de los avances exigidos por la UE en materia de derechos fundamentales y separación de poderes.

Con todas estas críticas, las ONGs acusan a la UE de traicionar los valores de justicia y libertad, que están en sus señas de identidad. Pero la realidad es que, por ahora, estos valores no están siendo violados por las instituciones de la UE, sino por algunos gobiernos nacionales que los interpretan de forma restrictiva.

Llegados a este punto cabe destacar que la responsabilidad en la ejecución de las acciones acordadas por las instituciones de la UE en materia de acogida y asilo, corresponde a los gobiernos nacionales, que, con demasiada frecuencia, niegan los medios y recursos necesarios, haciendo inviable la aplicación de esas acciones comunitarias en sus propios territorios. No se puede cargar sobre las espaldas de la UE la responsabilidad de un problema para el que no hay todavía una política común de asilo y cuya gestión corresponde, por tanto, al ámbito de la cooperación intergubernamental.

La política no debe actuar como una ONG

Se comprende que haya habido reacciones contrarias al acuerdo por parte de las asociaciones humanitarias, ya que su lógica de funcionamiento está guiada por la defensa de los derechos humanos y por la asistencia al refugiado. Se comprende menos la reacción de algunos partidos políticos que se comportan como si fueran ONGs.

De acuerdo con la citada distinción weberiana entre la “ética de los valores” y la “ética de las responsabilidades”, hay que señalar que los gobiernos no son ONGs, ni la política se rige por la ética de los valores y la asistencia humanitaria que mueven a estas otras organizaciones. La política se rige por la ética de las responsabilidades, y las decisiones se toman no por el criterio de lo deseable, sino de lo posible, valorando sus consecuencias y procurando respetar el ordenamiento jurídico, tanto nacional, como internacional. El Acuerdo con Turquía es un acuerdo de mínimos alcanzado por los 28 gobiernos de la UE; el único posible, ya que no había acuerdo sobre otras alternativas (como la apertura de fronteras y la acogida generalizada de los refugiados sirios).

Una vez adoptado este Acuerdo lo que tenemos que valorar es si resulta eficaz o no para contrarrestar a las mafias de personas, y si es o no un instrumento útil para gestionar un problema tan complejo como éste de los refugiados sirios respetando el derecho internacional y la Convención de Ginebra. Es ahí donde las organizaciones humanitarias que trabajan en la ayuda al refugiado tienen que desempeñar un papel crucial denunciando las violaciones de esos derechos si es que se producen. Pero debe ser una acción seria y objetiva, basada en hechos y no en sentimientos, aunque resulte difícil sobre el terreno separar ambas cosas.

El acuerdo UE-Turquía, aun siendo una medida coyuntural, debe ser el comienzo de una verdadera política común de asilo, ya que si no, su fracaso provocará una reacción en cadena, que acabará destruyendo las bases del propio proceso de integración europea. La propuesta de la Comisión Europea de convertir la actual oficina EASO (Oficina Europea de Apoyo al Asilo) en una agencia europea que, modificando el Reglamento de Dublín, centralice a nivel comunitario la concesión de asilo y distribuya las peticiones entre los Estados miembros de la UE va en esa dirección. La potenciación de la ya existente policía europea de fronteras (FRONTEX) va también por ese camino. Pero todas esas acciones deben ir acompañadas del presupuesto adecuado y de un número suficiente de funcionarios cualificados para ello.

En resumen, la operación “uno por uno” iniciada hace sólo unos días en colaboración con Turquía, será un buen banco de pruebas para comprobar la utilidad y eficacia del acuerdo (es sintomática la visita este fin de semana de la canciller alemana Merkel a Turquía para supervisar in situ el modo como se está aplicando el Acuerdo). La Comisión Europea tendrá que supervisar su ejecución para, en caso de mal funcionamiento, proponer al Consejo Europeo otra solución a un problema que no puede ignorarse. Así es como se debe actuar en el ámbito de la política, mediante la prueba del acierto/error y mediante acciones posibles y viables. Las acciones guiadas por el altruismo y los sentimientos humanitarios corresponden a otro ámbito, el de las ONGs y el de las entidades religiosas. No mezclemos.

NUEVAS    ELECCIONES

No creo que repetir las elecciones sea un fracaso. Demuestra que nuestro sistema democrático tiene mecanismos para garantizar la gobernabilidad, y que una situación de bloqueo, como la que se produce ahora después de cuatro meses, no amenaza la estabilidad de la democracia española.

Es preferible ir a nuevas elecciones que continuar con la apariencia de una negociación entre dirigentes políticos que han demostrado no tener ninguna confianza unos con otros y que, sólo por miedo, pueden llegar a un mal acuerdo un minuto antes de que acabe el plazo marcado por nuestra Constitución.

No puede salir nada bueno de un pacto en el último momento entre PSOE y Podemos, cuando sus dirigentes han demostrado el profundo poso de desconfianza que les separa, y eso a pesar de la convergencia existente entre sus respectivos programas de gobierno. Sería un gobierno inestable y siempre con el riesgo de ruptura ante cualquier eventualidad de las muchas que suceden en el ámbito de la gestión política.

Tampoco puede salir nada bueno de un acuerdo de última hora entre PSOE-PP-Cs, que premie el inmovilismo de Rajoy esperando recibir los despojos de sus rivales. La gran coalición o algo parecido, si es que llega, debe esperar a que madure por la fuerza de las convicciones de los que participarían en ella, pero no puede estar basada en la resignación de los otros y ser fruto de la frustración.

Todos los partidos han tenido tiempo suficiente para mostrar ante la ciudadanía su capacidad o incapacidad de diálogo, su rigidez o flexibilidad, su inmovilismo o dinamismo. Algunos incluso se han sometido sin éxito a la votación de investidura a sabiendas de que era imposible lograr la mayoría necesaria. Otros hasta se distribuyeron con antelación carteras ministeriales en un alarde surrealista de vender el oso antes de cazarlo

Si no han sido capaces de formar gobierno, es la hora de que los ciudadanos hablemos de nuevo en las urnas. Seremos ahora unos ciudadanos mejor informados que el 20-D, con más conocimiento sobre las virtudes y defectos de los diferentes partidos, y con mayor legitimidad para exigir que hagan público no sólo sus programas electorales, sino también que nos den algunas orientaciones sobre sus posibles políticas de pactos postelectorales (aun sabiendo que eso siempre depende de los resultados). Sea como fuere, seguro que serán unas elecciones más interesantes y útiles que las anteriores.

Habrá probablemente más abstención, y hasta es posible que los porcentajes de voto no varíen mucho, pero los resultados que arrojen las urnas tendrán un efecto diferente. Habrá partidos que, obteniendo un porcentaje similar de votos que el 20-D, tendrán más claro el papel que han de desempeñar en la nueva legislatura y se convencerán de la inconveniencia de intentar repetir pactos que en esta fase no le han llevado a ningún sitio.

Otros habrá que, no obteniendo el crecimiento al que aspiraban, abandonen su estrategia maximalista para acomodarse a la realidad de los hechos y ser más proclives a desarrollar acuerdos de menor alcance, pero más viables. Por último, no faltarán los que, reforzados en las nuevas elecciones, salgan del inmovilismo que les ha caracterizado hasta ahora, ejerzan el liderazgo que no han ejercido en esta fase y ofrezcan alianzas creíbles y aceptables de gobierno.

Creo que, aún en el caso de que los resultados sean similares, nada será igual, empezando por que, si bien puede que sea igual que ahora el cartel electoral, no creo que sean los mismos dirigentes políticos los encargados de negociar la formación del nuevo gobierno.

CAMBIO   DE   HORA   Y   RACIONALIZACIÓN

DE   HORARIOS

La frase “una hora menos en Canarias” forma parte del paisaje sonoro de los españoles desde los años 40 del pasado siglo XX hasta la actualidad. No sólo es un slogan utilizado para promocionar las Islas Afortunadas, sino que encierra algo más. Indica que el horario de nuestras islas no está en sintonía con el del resto de España, sino con el del Reino Unido y Portugal. ¿Es una anomalía la hora de Canarias, o la anomalía está en que la Península Ibérica tenga una hora más que el horario de esos dos países cuando estamos en el mismo huso horario? Estas preguntas surgen todos los años cuando se produce en nuestro país el primer cambio de hora, reabriéndose el debate sobre sus ventajas e inconvenientes.

Algunos datos geográficos

Como sabemos desde la escuela primaria, el globo terrestre está convencionalmente dividido de Este-Oeste en 24 meridianos (líneas imaginarias que unen el Polo Norte y el Polo Sur). El espacio comprendido entre cada dos meridianos es lo que se denomina “huso”, y dado que la tierra es una esfera, cada uno de esos 24 “husos” abarca 15º (geográficos). Como además, cada 24 horas, el globo terráqueo da una vuelta sobre su eje, resulta que cada “huso” equivale a una hora (de ahí lo de “huso horario”). El territorio comprendido dentro de un mismo “huso horario” suele tener la misma hora oficial, aunque, dentro de él, cada localidad tenga el tiempo solar que le corresponda según su posición geográfica.

Se considera “meridiano cero” el que pasa por la estación británica de Greenwich (en Londres). Ese meridiano es el que, por convención internacional, marca el llamado “Tiempo Universal Coordinado”. Eso significa que la hora oficial de cualquier lugar del planeta tiene que estar, respecto al TUC, adelantada (si está al Este) o retrasada (si está al Oeste), tantas horas como husos le distancien del meridiano “cero”. Por ejemplo, si el reloj de Greenwich marca las 12.00 horas, el de Alemania (que está al Este, justo en el siguiente huso horario) tiene que marcar una hora más (13.00 horas), y el de Argentina cuatro horas menos (08.00 horas al estar cuatro husos al Oeste).

De ese modo, cuando el territorio de un país tiene una extensión Este-Oeste que no supera un huso horario (como es el caso de España), suele acordarse por convención que los relojes marquen la misma hora civil en todos los lugares de su territorio, aunque sea obviamente diferente la hora solar de cada localidad. Gerona, por ejemplo, tiene una hora solar distinta de la de La Coruña (casi una hora de diferencia), pero por convención consideramos que los relojes tienen que marcar la misma hora en ambas ciudades.

Sin embargo, si un país tiene una extensión mayor que la de un huso horario (como ocurre con EE.UU., Canadá, Rusia, China o Brasil), suele acordarse un horario diferente en su territorio: por ejemplo, entre Nueva York y San Francisco hay una diferencia horaria oficial de tres horas, al haber una distancia geográfica de tres husos horarios entre ambas ciudades.

El tema de cambiar el horario en primavera (adelantar el reloj una hora) y en otoño (retrasarlo una hora) viene de antiguo. Ya Benjamín Franklin lo propuso, sin éxito, en 1874, cuando era embajador de EE.UU. en Francia. Pero no fue hasta la I Guerra Mundial que muchos países adoptaron temporalmente esta medida para ahorrar combustible, haciendo lo mismo durante los años de la segunda conflagración bélica. Más tarde, con la crisis del petróleo en 1973, muchos países volvieron a aplicar esta medida, que se ha mantenido desde entonces. Excepto Japón, los países de la OCDE la aplican en sus territorios, siendo ya casi un centenar los que la han adoptado.

En lo que se refiere a los países de la UE, la Directiva 2000/1984 comenzó a regular esta práctica, y desde entonces la UE ha venido publicando cada cinco años el calendario con las fechas en las que había que proceder al cambio de horario (por lo general, el último domingo de marzo y el último de octubre). En 2001, una nueva Directiva europea, convirtió en permanente la política de cambio de hora, y desde entonces se aplica en todos los países de la UE (en España se regula por el RD 236/2002 de 1 de marzo).

La anomalía española

Si se observa con detenimiento el globo terráqueo, vemos que España (salvo Canarias) se encuentra en el mismo meridiano que el Reino Unido. Como he señalado, el meridiano “cero” pasa por la ciudad inglesa de Greenwich (al lado de Londres), pero también por la española de Castellón. Esto significa que todo el territorio español está dentro del huso horario del meridiano “cero”: la mayor parte de nuestro territorio cae al Oeste del meridiano de Greenwich, y sólo una pequeña parte al Este (la que coincide con todas las provincias catalanas y alguna fracción de las aragonesas).

Al estar todo el territorio español en el mismo huso horario que el Reino Unido, lo lógico, en términos geográficos, es que nuestra hora coincida con la británica. Pero esto no ocurre así en la práctica. Hay diferencia de una hora entre el Reino Unido y España (salvo Canarias, que tiene la hora británica). ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es la explicación de esa anomalía?

La explicación es que España, en 1942, en plena II Guerra Mundial, cuando el gobierno de Franco era aliado de la Alemania nazi y de la Italia fascista, quiso equiparar su horario con el de estos dos países a pesar de estar sus respectivos territorios en husos diferentes. Esto hizo que nuestros relojes se adelantaran una hora, tiempo que ya no hemos vuelto a recuperar desde entonces, pues, terminada la conflagración bélica, el gobierno español mantuvo ese horario, y, por tanto, la anomalía se hizo permanente. De esa época procede la frase “una hora menos en Canarias” con la que iniciaba este artículo, ya que geográficamente era inadmisible que la hora canaria se equiparara a la alemana, dado que entre ambos territorios había una distancia geográfica de dos husos horarios.

Hasta 1974, España mantuvo esa diferencia de una hora respecto al tiempo solar durante todo el año (los que fuimos niños en la década de los 60 recordamos que los cines de verano comenzaban a las nueve de la noche, justo cuando ya oscurecía). Desde esa fecha, siguiendo la estela de otros países para ahorrar energía, el gobierno español procedió a adelantar la hora en el periodo primavera-verano, con lo que introdujo el desfase de dos horas respecto al tiempo solar, añadiendo una hora más a la ya perdida en 1942 (el IDEA estima que en España se ahorra con esta medida un 5% de consumo energético, equivalente a 300 millones de euros, la mayor parte en las empresas).

A ello habría que añadir el desfase adicional que se produce en la mayor parte del territorio español por estar casi todo él, como he señalado, al Oeste del meridiano “cero”. Así, en La Coruña la diferencia respecto de la hora solar en el periodo primavera-otoño no es de dos horas, sino de casi tres, al estar a 10º de distancia geográfica respecto de Greenwich (equivalente a 50 minutos en tiempo solar).

Esto es lo que explica que nuestro horario oficial esté desfasado una hora respecto al sol en el periodo de otoño-invierno y de más de dos horas en el periodo de primavera-verano. El argumento del ahorro energético (sobre el que no hay acuerdo pleno ni siquiera entre los especialistas) se ve contrarrestado por informes médicos que hablan de los trastornos que el cambio horario produce en el sueño (sobre todo, en los niños). A este debate, ya de por sí complejo, se incorporan algunos argumentos económicos, tanto a favor, como en contra, especialmente procedentes del sector de la hostelería, favorable a que se aproveche el máximo de horas de sol.

La opinión pública también se hace eco de este asunto. Algunos prefieren el actual horario de primavera-verano para que las horas de sol puedan aprovecharse al final de la jornada laboral, pues consideran absurdo que, si se vuelve al horario de Greenwich, amanezca en verano alrededor de la 06.30 de la mañana cuando la jornada laboral suele comenzar a las 08.00. Otros, por el contrario, ven insano que, con el actual horario, a las 22.00 horas esté todavía el sol en el cielo de verano, provocando que tengamos que retrasar el momento de ir a dormir.

Sea como fuere es un tema controvertido, que incluso está entrando en la agenda política; de hecho, en el programa electoral de Cs y en el pacto firmado con PSOE hay un punto sobre la necesidad de que España recupere la hora perdida. Este tema también ha sido recogido por Rajoy en una de sus últimas intervenciones públicas.

La Asociación Nacional por la Racionalización de los Horarios en España (ARHOE)

La Asociación Nacional por la Racionalización de los Horarios, creada en 2006 (aunque sus inicios se remontan a 2003), no se opone, obviamente, a que España cumpla la Directiva europea sobre cambio de horario. Lo que reclama esta asociación es que nuestro país recupere la hora perdida en 1942 y se rija por el horario que nos corresponde por nuestra situación geográfica (el de Canarias y el Reino Unido). La ARHOE propone, por tanto, que en el periodo otoño-invierno nuestra hora civil coincida con la solar, y que en primavera-verano hagamos el cambio que hacen todos los países europeos, pero con la diferencia de sólo una hora respecto a la solar (y no dos como ocurre ahora).

¿Cómo se haría esto? Muy fácil. Bastaría con que un año, sólo un año, dejara de hacerse el cambio horario de final de marzo, y se mantuviera la hora oficial hasta final de octubre, con lo cual se recuperaría la hora perdida. Desde ese momento, España tendría la hora que le corresponde por su situación geográfica, y podría seguir cumpliendo la directiva europea de cambiar el horario en el periodo primavera-verano y el de otoño invierno, pero ya sin el lastre de la hora perdida en 1942.

Pero la reivindicación de ARHOE va más allá que la de recuperar esa hora perdida, ya que plantea la necesidad de que se racionalicen los horarios españoles, algo que esta asociación y las numerosas personalidades y expertos que la apoyan, consideran totalmente inadecuados. Cree que la recuperación de la hora perdida puede ser una oportunidad para racionalizar nuestros horarios e impulsar la modernización de nuestro país en esta materia. En tal sentido propone impulsar medidas que faciliten adelantar en una hora nuestro almuerzo y cena, con lo que eso implica de cambios en los horarios escolares y laborales. Además, la ARHOE considera necesario que las distintas cadenas de TV adelanten sus programas de máxima audiencia en, al menos una hora, para evitar que comiencen a las 22.30 y finalicen pasada la medianoche, como ocurre ahora, algo que es difícilmente de entender fuera de nuestro país.

Ese es el debate, complejo, sin duda, pues afecta a muchos ámbitos y sectores de la vida económica y social española, pero merece la pena prestarle atención. Ya hemos cambiado en España la moneda, hemos modernizado nuestro transporte ferroviario, hemos ampliado nuestra red de carreteras y mejorado nuestra red de centros de salud, nos hemos incorporado a la era digital,… ¿No es hora de que pensemos en cambiar nuestros hábitos horarios para mejorar nuestra forma de vida? Este es el debate.