#MARRUECOS, #TURQUIA Y LA SEGURIDAD EUROPEA

En épocas de paz, las relaciones internacionales suelen regirse por la búsqueda de la estabilidad y la seguridad como condición previa a consideraciones de otra índole (éticas, económicas, políticas,...). Como decía Churchill en uno de sus numerosos escritos, los factores ideológicos y las cuestiones morales suelen supeditarse al pragmatismo de la estabilidad y la seguridad y guardarse en un cajón cuando se trata de temas internacionales. Con eso, el político británico venía a decir lo que ya apuntó el sociólogo Max Weber hace casi un siglo, a saber: que la política, y más en el ámbito internacional, no se rige por una lógica basada en la ética de los valores y los principios morales, sino por el pragmatismo de los intereses y las consecuencias.

Si no se tiene en cuenta esto, resulta difícil comprender las extrañas alianzas que se producen entre los gobiernos de algunos países y que dejan estupefactos, si no indignados, a sus ciudadanos cuando comprueban cómo se sacrifican en el altar del pragmatismo valores que deberían ser considerados supremos en una sociedad democrática (la libertad, la justicia, los derechos humanos,...).

Las relaciones de la UE con países como Turquía o Marruecos que no se rigen por los cánones vigentes en las democracias europeas, son un buen ejemplo de cómo en ese tipo de relaciones predomina la lógica de la estabilidad/seguridad sobre factores de otra naturaleza, dejando a la ciudadanía con una sensación de extrañeza y perplejidad.  

La estabilidad como objetivo prioritario en las relaciones internacionales

Siguiendo esa lógica dominante en el ámbito de la política internacional, los Estados, más allá de las divergencias existentes entre los gobiernos, buscan tener relaciones estables con los países vecinos o con los de sus áreas de influencia para garantizarse escenarios de seguridad. Si esa regla falla, surgen problemas, y las discrepancias y diferencias entre países se convierten en conflictos que pueden conducir a situaciones de difícil solución e incluso a una espiral creciente de violencia e inestabilidad.

Los ejemplos de la nefasta estrategia de las potencias occidentales respecto al Irak de Sadam Hussein, la Libia de Muamar el Gadafi o la Siria de Bachar el Asad, anteponiendo otros intereses (petrolíferos,  militares, políticos,…) a la estabilidad/seguridad de la región, ilustran bien lo que quiero indicar.

Por el contrario, es el objetivo de la estabilidad lo que explica la Ostpolitik alemana de los años 1960, impulsada por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, y más tarde canciller, Willy Brandt para favorecer las relaciones con la RDA y los demás países del bloque comunista. También el pragmatismo como regla de oro de la diplomacia internacional explica la apertura de relaciones entre China y los EE.UU. en 1972 bajo la presidencia de Richard Nixon (llamada “diplomacia del ping-pong”). En esa misma línea habría que situar el apoyo norteamericano a la firma por parte de Irán del Tratado de No Proliferación Nuclear (julio 2015), al igual que la reciente visita de Obama a La Habana rompiendo cincuenta años de confrontación con el régimen castrista. Intereses económicos, sin duda que los hay, pero, previo a ellos, la creación de un escenario de estabilidad y seguridad es una condición necesaria para el desarrollo de otros tipos de relaciones.

Las declaraciones mutuas de cooperación entre Putin y Trump, por sorprendentes que nos parezcan, pueden enmarcarse en el interés de ambos dirigentes por regresar a un escenario de estabilidad/seguridad en el que los dos países respeten sus mutuas áreas de influencia. Ni qué decir tiene la importancia para España de mantener unas buenas relaciones de vecindad con Marruecos, a pesar de las diferencias políticas y culturales entre ambos países.

Cuando se habla de las perspectivas políticas europeas para el año 2017, se menciona, con razón, la incertidumbre de las elecciones en Francia y Países Bajos y de las probables en Italia, además de la importancia de las elecciones alemanas de septiembre. Y todo ello enmarcado en la aún no superada crisis económica (con la “cuestión griega” siempre en el horizonte), la amenaza (ya realidad) del terrorismo “yihadista”, el nuevo anclaje del Reino Unido tras el Brexit, o los efectos que pueda tener la política norteamericana bajo la presidencia de Trump.

Todos esos factores estarán, sin duda, presentes en el año en curso, pero sus efectos se agravarán o serán mitigados en función de cómo se manifieste la variable “estabilidad”. Y esa variable pasa, entre otras cosas, por Rabat y Ankara, a cuya influencia en la estabilidad/seguridad europea dedicaré unas breves reflexiones en este texto.

Marruecos o la estabilidad  en el flanco suroccidental del Mediterráneo

Marruecos es hoy el país de mayor importancia geo-estratégica en el Mediterráneo occidental. De la estabilidad de nuestro vecino del Sur depende la seguridad no sólo de nuestro país, España, sino de toda UE. En una región tan convulsa como la que abarca la ribera sur del Mediterráneo (desde el Magreb al Mashrek), inmersa en guerras civiles (Siria), en situaciones de estados fallidos (Libia), en precarias condiciones democráticas (Túnez), en derivas autoritarias de alto riesgo (Egipto) o en procesos sucesorios inciertos (Argelia), la estabilidad de la monarquía alauí en Marruecos es un factor de la máxima importancia para la seguridad europea, especialmente ante la siempre amenaza (real o potencial) del radicalismo islamista. España y la UE lo saben, y por eso tratan con un cuidado especial las relaciones con Rabat.

A veces, cuando se observa la evolución social, económica y política de Marruecos, algunos círculos de opinión (tanto a la izquierda como a la derecha del panorama político e ideológico) tienden a resaltar los aspectos negativos y no los positivos. Suelen fijarse en el carácter despótico del régimen, con la presencia casi absoluta del rey Mohamed VI en la vida política y el destacado peso del majzén (corte que rodea al monarca), y no valorar la buena evolución de la economía (crecimientos sostenidos del PIB per cápita en los últimos diez años), la mejora de las infraestructuras o el dinamismo creciente de la sociedad civil marroquí. Tampoco se valora lo suficiente la existencia en Marruecos de un sistema pluralista parlamentario que se ha mantenido vigente desde que este país accediera a la independencia plena de Francia en 1956 bajo el reinado de Mohamed V.

Es un hecho evidente que, como una excepción entre los países de la zona, Marruecos ha sido, y es, un régimen pluralista, con libertad de prensa, tolerancia religiosa y competición entre partidos políticos en procesos electorales. Por supuesto, la democracia marroquí, como la de otros países europeos, es mejorable, debiendo profundizar aún más en la división de poderes, el reconocimiento de los derechos civiles y el respeto de los derechos humanos.

Pero es indudable la evolución en el sentido democrático que ha tenido el régimen alauí en un momento tan grave como el que asola a los países de la región. El acceso al gobierno del partido islamista moderado PJD (Justicia y Desarrollo) tras su victoria en las elecciones de 2011 es un buen ejemplo de esto. Y lo es más aún la victoria de este mismo partido (PJD) en las elecciones legislativas del pasado noviembre, que abre las puertas a que su dirigente Benkirán revalide su mandato como jefe de gobierno en la nueva legislatura (si bien tendrá que volver a gobernar en coalición con otros partidos al no tener la mayoría parlamentaria).

Es verdad que Mohamed VI conserva poderes tan elevados, que nos resulta difícil de aceptar en nuestras democracias, pero también es verdad que poderes similares tienen las presidencias de los EE.UU. o de Francia, y no por eso le negamos la condición de democracias. La estabilidad que proporciona hoy Marruecos es fundamental para la estabilidad/seguridad europea, no sólo en la vigilancia de la frontera sur, sino como dique de contención de la expansión del islamismo radical hacia el oeste del Magreb y desde el África subsahariana.

Turquía o la estabilidad en el flanco oriental del Mediterráneo

La importancia de Turquía para la estabilidad europea, es indudable. Su situación geopolítica, a caballo entre Oriente y Occidente, ha convertido históricamente a este país en una especie de placa tectónica sometida a fuertes tensiones tanto internas como externas. No es extraño el elevado número de golpes militares que han asolado a la Turquía moderna, y los convulsos periodos democráticos que se han sucedido en los últimos ochenta años, vigilados siempre por un ejército erigido en el garante del legado kemalista.

Pero a la hora de acercarnos a la realidad turca, no debemos olvidar que, en Turquía, desde la muerte de Kemal Ataturk en 1938, existe un régimen pluralista de partidos políticos y una Constitución democrática en la que se reconoce la libertad de prensa, la tolerancia religiosa y la separación de poderes. Es verdad que, en diversas ocasiones, el orden constitucional ha sido roto por insurrecciones del Ejército, pero también es cierto que, por la breve duración de los gobiernos militares (ver mi artículo “Turquía y la paradoja democrática” publicado en este blog el 1/08/2016), esos golpes no han significado cortes definitivos en el funcionamiento de la democracia en Turquía. Con sus altibajos, la democracia en Turquía tiene un recorrido más largo que gran parte de los países de la UE.

Sin duda, que la democracia turca es mejorable, pero, al igual que ocurre cuando juzgamos la democracia marroquí, con demasiada frecuencia los europeos prestamos más atención a los aspectos negativos, que a los positivos de lo que acontece en Turquía. Nos fijamos más en el carácter autoritario del gobierno Erdogan, que, por ejemplo, en el sostenido crecimiento de la economía turca en los últimos cinco años (a pesar del freno producido el pasado año), en su interdependencia con la economía europea o en el fuerte dinamismo de una sociedad civil caracterizada por la coexistencia pacífica y la tolerancia mutua entre los sectores laicos y de religión musulmana.

Es cierto que, durante la presidencia de Erdogan, se ha producido una deriva autoritaria del régimen turco, con aplicación de estados de excepción que coartan libertades y derechos, generando el rechazo de cualquier observador con un mínimo de conciencia democrática. Pero también es verdad que Turquía está sometida a una ola de atentados terroristas provenientes tanto del yihadismo (el de fin de año en la sala de fiestas “Reina” en Estambul), como del separatismo kurdo (el atentado de Ankara de julio del pasado año), que genera en dicho país una situación en la que la seguridad se antepone a la libertad. Eso mismo está ocurriendo en países como Francia o Alemania tras los atentados de París, Niza o Berlín, y ya sucedió en los EE.UU. después del atentado de las Torres Gemelas. En España, sabemos mucho de ese dilema entre seguridad y libertad, después de las décadas de plomo del terrorismo etarra.

La realidad actual es que Erdogan y su partido el AKP son, por mucho que nos repugne su modo de actuar, la pieza fundamental para asegurar la estabilidad en Turquía, y que la UE debe ser pragmática e inteligente a la hora de fijar sus relaciones con el gobierno turco reactivando una interesante agenda de cooperación que, lamentablemente, quedó aparcada hace años.

Por su importancia estratégica, la UE necesita a Turquía como socio, tanto para frenar la inmigración ilegal desde su territorio, como para combatir al ISIS. La cooperación con Turquía es necesaria, aunque ello nos resulte incómodo por la forma en que se comporta el gobierno del AKP y por el modo que tiene Erdogán de interpretar los valores democráticos. Es un equilibrio no fácil, en el que la Comisión Europea debe, de un lado, impulsar el cambio en la dirección democrática, apoyando a los sectores más proeuropeos de las élites turcas, y, de otro lado, mantener un escrupuloso respeto de la singularidad de Turquía desarrollando una interlocución eficaz con el propio Erdogan. No es fácil, pero es necesario. La UE no puede permitirse una Turquía desestabilizada, ya que eso tendría consecuencias catastróficas.

En definitiva, en un momento, como el actual, donde la UE necesita condiciones de seguridad para seguir activando la recuperación económica y avanzar en el proceso de integración, la estabilidad en el flanco oriental y en el occidental del Mediterráneo (el eje Rabat-Ankara) es una pieza clave en el desarrollo de las perspectivas políticas de Europa para el año 2017.

PERSPECTIVAS  POLÍTICAS  PARA  2017  EN  ESPAÑA

Tras el extraño y convulso 2016, la política española afronta este nuevo año con un panorama de mayor certidumbre. Ello no implica que esté exenta de los riesgos que conlleva formar parte de una UE que se enfrentará a importantes retos (Brexit, elecciones en Francia y Holanda, refugiados, crisis económica,...), pero lo cierto es que, comparando nuestra situación política interna con la del año anterior, la de este 2017 es bastante menos incierta.

No hay elecciones ni autonómicas ni municipales a la vista, y el gobierno de Rajoy, aunque en minoría parlamentaria, tiene margen de maniobra suficiente para, jugando diversas cartas, asegurarse la estabilidad necesaria en esta legislatura. Algunas de ellas ya las ha sabido jugar con relativo éxito al lograr, con amplio apoyo (Cs, PSOE, CC y PNV), que se aprobara el techo de gasto, un éxito que previsiblemente tendrá continuidad con la aprobación de los presupuestos (gracias también a Cs, CC y PNV, que neutralizarán con su voto favorable la enmienda a la totalidad anunciada por los socialistas y por Unidos Podemos).

Además, queda prácticamente despejada la incógnita de la posible reforma constitucional, al concluir PP, PSOE y Cs que no hay condiciones para ello, dada la actitud rupturista de Unidos Podemos y su disposición a imponer un referéndum incluso para reformas menores que no lo exigen (al contar con el número de diputados necesario para ello). El debate se concentrará, por tanto, en otros temas de menor calado político, aunque no menos importantes para los ciudadanos (como el pacto educativo, la reforma de las pensiones, la subida del salario mínimo, el bono social para abordar el problema de la pobreza energética o la reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas).

Aun así, los más importantes partidos del arco parlamentario afrontan un año de congresos (nacionales y regionales) en los que procederán a renovar sus estructuras, definir sus discursos ideológicos y marcar sus estrategias políticas. Sin embargo, son muy diferentes las situaciones en que los diversos partidos se presentan a sus respectivos congresos.

El PP celebrará con tranquilidad su congreso nacional en primavera. Bajo el liderazgo indiscutible de Rajoy, irá preparando la renovación, sin prisas, pero sin pausas, en un contexto muy favorable desde la posición de gobierno que ostenta, sólo empañado por la abierta ruptura de Aznar, que, por ahora, no parece amenazar la cohesión interna del partido. El sistema de elección mediante delegados, y no por primarias, le garantiza al PP una renovación controlada, sin tensiones, ni situaciones imprevistas.

La situación del PSOE es muy diferente. Tras la crisis abierta con la dimisión de Pedro Sánchez y la constitución de la Comisión Gestora, el próximo congreso lo afronta en una situación aún enrarecida y con un partido abierto en canal y afectado por divisiones internas y por heridas todavía no cicatrizadas. Ninguno de sus dirigentes se atreve a mostrar sus cartas para la candidatura a la secretaría general. Parece que quisieran esperar hasta última hora para hacerlo, a fin de evitar anticiparse a lo que hagan los posibles rivales, dado el alto riesgo que asumen.

El caso de Susana Díaz es significativo. Señalada por todos los medios de comunicación como la candidata mejor situada en la carrera por dirigir el PSOE, no se atreve aún a decidirse, dada la animadversión que despierta en amplios sectores de la militancia por considerarla responsable del modo como se produjo la defenestración de Pedro Sánchez y la principal valedora de la abstención en la investidura de Rajoy. Dado que la elección del secretario general del PSOE será mediante primarias en las que cada militante tiene un voto, el riesgo que corre Susana Díaz es elevado.

Por eso, ante el hecho de no tener asegurada la victoria y ante el riesgo de que un enfrentamiento con Pedro Sánchez provocaría una ampliación de las divisiones internas en el PSOE, se va abriendo paso la idea de que haya un candidato de consenso (¿Patxi López?) que, en una etapa de transición, desempeñe un papel de apaciguamiento. De ese modo, dentro de tres años, el partido estaría en mejores condiciones que ahora para realizar la renovación definitiva de sus cuadros dirigentes y para definir con más calma sus principios programáticos.

Mientras tanto, el PSOE intenta recomponer su estrategia parlamentaria para hacerse visible ante la opinión pública como el primer partido de la oposición de izquierda, en clara disputa con Unidos Podemos. Hasta ahora, y con la buena interlocución que mantiene con el grupo parlamentario del PP, parece que lo está logrando al haber alcanzado acuerdos en temas importantes (como la subida del salario mínimo o el bono social). Pero la legislatura es larga y veremos si se mantiene la buena relación PP-PSOE a la vista de futuros acontecimientos (entre ellos el desenlace final del congreso socialista).

En lo que se refiere a Cs, el partido de Albert Rivera está pagando el precio de no haber querido formar parte de un gobierno de coalición con el PP. La fuerte beligerancia que mostró en las dos campañas electorales ante los temas de la corrupción en el PP, y la feroz crítica de Rivera contra Rajoy, hicieron que Cs tuviera las manos atadas para negociar su posición de cara a la formación del nuevo gobierno. Después del voto favorable a la investidura, lo más razonable hubiera sido que Cs entrara en el gobierno de Rajoy asumiendo dos o tres carteras ministeriales, pero estrechó tanto su margen de maniobra, que acabó siendo presa de sus propias exigencias. Fuera del gobierno, Cs está ahora en una posición extraña, en la que corre el riesgo de perder visibilidad y de diluirse en la oposición. Por eso, afronta su próximo congreso en una situación delicada, ya que tiene que definir bien su estrategia para la legislatura si no quiere quedar reducido a una posición irrelevante a pesar de haber sido, con su voto favorable, el artífice de que Rajoy esté hoy en el gobierno.

Por su parte, Podemos está sometido a fuertes tensiones internas de cara a su próximo congreso (Vistalegre 2). Dada su cultura abierta y participativa, esas tensiones se manifiestan con claridad y de manera algo infantil en las redes sociales, habiéndose expresado ya en las distintas asambleas regionales y en los “círculos”. Más allá de lo que ocurra dentro de las “mareas” y otras formas de organización, que, como se sabe, son partidos federados, pero independientes del partido que dirige Pablo Iglesias, la realidad nos dice que, dentro de Podemos, hay una fuerte lucha por el poder en la que se dirimen, además de disputas personales, modelos distintos de concebir la estructura del partido y estrategias políticas diferentes. En ese debate, demasiado personalizado en las figuras de Iglesias y Errejón (puesto que el grupo de los llamados “anticapitalistas” desempeña un papel fundamental), lo que se discute es el futuro modelo de Podemos como partido político.

La estrategia de Iglesias (cual un nuevo Anguita) es consolidar la alianza con la IU de Garzón y, abandonando su populismo inicial, refundar una izquierda que se oponga frontalmente al PSOE hasta superarlo y, si fuera posible, destruirlo. Esta ha sido siempre la gran aspiración de la izquierda comunista, que ahora confía en Iglesias para lograrlo en una estrategia de difícil ejecución, dada la todavía escasa vertebración interna de Unidos Podemos.

Frente a esa estrategia se sitúa Errejón, quien, coherente con el discurso populista que siempre ha defendido y que ha contribuido con sus escritos a darle cuerpo teórico e intelectual, defiende lo que llama “transversalidad” (pues, no olvidemos que el verdadero populista es Errejón, dicho esto sin ningún sentido peyorativo). Con el término de “transversalidad” lo que Errejón y sus seguidores pretenden es construir una alternativa de gobierno que no tenga por eje la clásica identidad de clase que ha caracterizado a los tradicionales partidos de izquierda, sino que agrupe de manera “transversal” al pueblo, a la “gente”. Con actitudes menos radicales y frentistas, sino más moderadas y amables, y con presencia más activa en las instituciones, aspiran a que Podemos logre atraer a un electorado diverso (de todo el espectro ideológico) desencantado con los grandes partidos.

El objetivo de los ya denominados “errejonistas” no es, por tanto, superar ni destruir al PSOE a corto plazo con una estrategia frontal, como pretende Iglesias, sino ir socavando poco a poco, sin prisas, las bases de apoyo socialista (y también las de Cs e incluso las del PP) para atraerlas a un partido con una cultura nueva y diferente de la tradicional y con una imagen institucional que lo haga creíble como alternativa de gobierno.

Por eso, Errejón y su grupo se empeñan en actuar de manera propositiva en las instituciones y en defender el modelo de democracia participativa que está en la esencia de Podemos como legado del 15M. Y por eso, se resisten a aceptar lo que entienden es la deriva autoritaria en que han caído Iglesias y sus seguidores al asumir la herencia del más rancio centralismo democrático de los viejos partidos comunistas. Ahí radica la clave del pulso que han tenido ambos grupos sobre el modo en que deben desarrollarse las deliberaciones en el próximo congreso de “Vista Alegre 2”, un congreso que, si es de integración, supondrá un fuerte impulso al proyecto de Podemos, pero que si profundiza las divisiones internas será el comienzo de su defunción.

En definitiva, el panorama político del año 2017 parece presentarse relativamente tranquilo en nuestro país, si bien con el tema del secesionismo catalán en el horizonte. Pero eso no es ninguna novedad, ya que también ha estado presente durante los dos años anteriores. El “bloque constitucionalista” (llamado así porque está formado por los partidos PP, PSOE, Cs y CC, que no cuestionan el actual marco constitucional, sino sólo reformarlo parcialmente cuando se den las condiciones propicias) es lo suficientemente amplio y cohesionado en el tema del modelo territorial como para poder gestionar la “cuestión catalana”. Con una equilibrada combinación entre los instrumentos que el ordenamiento jurídico vigente pone a disposición del gobierno, y una apuesta firme por introducir reformas en el tema de la financiación, el “bloque constitucionalista” espera socavar la base de apoyo de los partidos independentistas.

Es bueno que la legislatura sea larga y estable, ya que eso irá en beneficio de la recuperación económica, que es hoy por hoy la principal preocupación de los españoles tal como se viene reflejando en las sucesivas encuestas del CIS. A esa estabilidad contribuirá, sin duda, un buen entendimiento entre los partidos políticos (especialmente entre PP, PSOE, Cs y PNV), para lo cual es necesario que el PP sea consciente de que gobierna en minoría y precisa de pactos para sacar adelante su programa de gobierno. Pero también es necesario que esos otros partidos comprendan que una legislatura larga les beneficia a ellos de igual modo y que por ese motivo deben evitar estrategias obstruccionistas que sólo provocarían un adelanto electoral.

EL  BOOM  DEL  RUNNING   

En los años 1960 y 1970, fue el cross country (o “campo a través”, con el palentino Mariano Haro como estrella española). Luego, cuando esta práctica deportiva pasó a los parques y calles de las ciudades, se extendió el uso del término footing y, más tarde, el de jogging. Ahora es #running el término que utilizamos para denominar lo que es simplemente “correr”. 

“¡Corre Forrest… corre!” y Forrest Gump no paraba de correr. Tras él, por efecto imitación, una hilera de corredores le seguían sin saber muy bien por qué lo hacían. Yo llevo cincuenta años corriendo sin parar, desde que comencé a practicar el cross allá por mediados de los años 1960, y aún sigo disfrutando de un deporte que me apasiona.

Hace unos días un amigo, también corredor, pero de maratones y carreras populares, me preguntaba, en un programa de radio, cuáles eran las razones que, desde el punto de vista del sociólogo, explicarían el boom del running. Las improvisé en esa conversación radiofónica, y ahora, algo más organizadas, las comparto en mi blog.

Los especialistas deportivos dirían que, mientras el jogging hace referencia a correr a trote (a ritmo lento) sin afán competitivo, el running implica un mayor ritmo de carrera y una cierta preparación física. Sin embargo, a los efectos de este breve texto, no haré distinción entre ambas palabras. Simplemente usaré de un modo general el término running para calificar de un modo genérico la práctica de correr por las calles y los parques de las ciudades.

Un deporte libre e individual, aunque también gregario

Correr quizá sea, junto con el montañismo, una de las prácticas deportivas más libres e individualistas que existen. Uno puede correr cuando y donde quiera, sin depender de nadie para hacerlo, como ocurre, por el contrario, con los deportes de equipo. Se puede correr de noche, al amanecer, de día, por la tarde, con lluvia o con un sol de justicia. Uno puede correr por las calles de una ciudad, en un parque, por una carretera, por un camino rural.

Correr es sinónimo de libertad. Cualquier sitio es bueno. Basta ponerse unas zapatillas apropiadas (no tienen que ser caras) y un atuendo deportivo adecuado (pantalón y camiseta de esas usadas que uno guarda en el armario). El coste económico es mínimo, a diferencia de otros deportes, que exigen un desembolso económico considerable. 

Pero también es un deporte que, si uno lo desea, puede practicarlo en grupo. No hay reglas para ello. Por eso, es también un deporte gregario, que no es lo mismo que de equipo. Uno se integra libremente en un grupo de corredores sin que ello le obligue a nada. Puede incluso integrarse en una multitud en las carreras populares sin perder la individualidad, ya que uno corre a su ritmo sin preocuparse de lo que hagan los demás. Es sólo el placer de sentirse acompañado corriendo por las calles de la ciudad.

Un deporte sano, natural, solidario y no competitivo

Correr es la práctica deportiva más natural. No exige aprendizaje alguno, ya que sólo tenemos que utilizar las capacidades que nos ha dado la naturaleza desde que el ser humano perseguía a los animales para cazarlos o huía de los depredadores. Por eso, iniciarse en el running es lo más fácil del mundo, sólo se necesita voluntad.

Basta con unos buenos ejercicios de precalentamiento y de postcarrera para poder practicarlo sin riesgo de lesión. Si uno dosifica el esfuerzo en función de sus capacidades físicas, y no se lo toma de manera obsesiva, el running es un deporte sano y saludable, tanto física como mentalmente. Ayuda a cuidar nuestro cuerpo, relaja nuestra mente, nos hace autodisciplinados (la constancia es condición para una buena práctica del running) y mejora nuestra autoestima al comprobar que somos capaces de alcanzar retos, siempre que éstos sean razonables.

Es, además, un deporte natural, en el sentido de que se practica por escenarios que no exigen construcciones artificiales para ello (ni estadios, ni pistas, ni piscinas cubiertas, ni canchas,…). Los corredores agradecemos si en un parque se habilita algún circuito para correr, pero no es necesario. El contacto con la naturaleza forma parte del running: la brisa del mar, el aire fresco de la mañana, el paisaje de un atardecer, una puesta de sol,… son elementos que pueden ser disfrutados mientras se corre.

Aparte de los pocos runners que participan en las carreras populares con el objetivo de lograr algún trofeo, la práctica del running no es competitiva. Uno no corre para vencer a los demás, sino para lograr un reto personal (llegar a la meta, bajar una marca,…) y disfrutar del mero hecho de correr, lo que no significa que no haya sufrimiento. Entre el dolor y el placer hay una línea muy fina de separación, y los runners saben muy bien a lo que me refiero.

Salvo para los que compiten hasta jugando a las canicas, la ausencia de competitividad es lo que convierte al running en un deporte solidario, ya que no ves al otro como un competidor, sino como un compañero que se plantea el mismo reto que tú (llegar a la meta).

Un deporte popular, universal y de intercambio cultural

El running es también un deporte muy popular, que no discrimina a nadie. Los niños, los jóvenes, los mayores y hasta los abuelos, pueden practicarlo según las capacidades de cada uno. Todo es cuestión de saber dónde están nuestros propios límites. Hasta personas con alguna discapacidad pueden incluso practicarlo ayudándose de algún artificio (sillas de ruedas o similares), como puede observarse en la participación de discapacitados físicos en las carreras populares.

Al ser un deporte fácilmente imitable (el ejemplo de Forrest Gump) se ha convertido en una práctica universal que se extiende por todo el mundo. Uno puede encontrarse con corredores en plenas calles de tu ciudad practicando running, sin tener necesidad de acudir a ninguna cancha o estadio deportivo para contemplarlo. Eso, junto con la facilidad de su práctica, provoca un efecto de imitación (si ése puede correr, por qué yo no), lo que explica su universalización. En cualquier parte del mundo puedes ver gente corriendo, y unirte a ellos como si tal cosa.

Ese carácter universal del running lo convierte en un deporte donde se puede combinar la práctica deportiva y el turismo. Al participar en las miles de carreras populares que se celebran cada año en los lugares más recónditos del mundo, los corredores conocen nuevas ciudades mientras practican el running por sus calles, y cuando finaliza la carrera aprovechan para visitar la ciudad con sus acompañantes (amigos o familiares).

Además de que no hay edad para practicarlo, un hecho importante es que ha posibilitado la masiva incorporación de las mujeres a la actividad deportiva. Hace tres décadas, era raro encontrar, al menos en España, mujeres que practicaran deporte, y mucho menos en el atletismo. Eran, por supuesto, auténticas  excepciones. En el cross country, recuerdo como un caso excepcional el de la aragonesa Carmen Valero, campeona del mundo en 1976 y 1977.

Pero gracias al boom de las carreras populares, la participación de las mujeres ha ido creciendo de forma exponencial, y hoy se las puede ver como algo normal en cualquier maratón o media maratón de las que se celebran en nuestro país. Además, el running quizá sea el único deporte en el que hombres y mujeres pueden participar conjuntamente, sin división sexual alguna. Al no ser un deporte competitivo, la diferencia de sexo no es un factor que discrimine. Es más, la práctica del running por las mujeres suele arrastrar a su pareja, y suele ser habitual que hombres y mujeres lo practiquen conjuntamente.

Un deporte transgresor y festivo

A pesar de su simpleza, el #running es un deporte transgresor, en el sentido de que rompe con las reglas habituales de la vida cotidiana. Al ponerse las zapatillas de correr, colocarse el pantalón corto, el maillot y la camiseta, el corredor se libera de la rigidez de su vida laboral, se quita la chaqueta y la corbata, y durante una hora se lanza a una experiencia de liberación y superación personal.

Es una experiencia en la que, a modo de psicoterapia, el corredor hace un alto en el camino, abandona el ordenador, desconecta las llamadas del teléfono móvil, reflexiona sin prisa sobre su vida o simplemente se deja llevar disfrutando del momento, dejándose atrapar por el canto de unos pájaros, por el silencio del entorno, por la lluvia o la nieve que cae sobre el terreno que pisa, o por la música que escucha en su dispositivo de audio.

En las carreras populares, la transgresión es aún mayor. Por un día, los #runners toman las calles de la ciudad y relegan a un segundo plano el dominio implacable del automóvil. El carácter festivo de algunas carreras populares (como la San Silvestre del día 31 de diciembre) es incluso una oportunidad para que los corredores se disfracen con las indumentarias más variopintas, llevando la transgresión hasta su máximo nivel.

En definitiva, el boom del running se debe a muchos factores, cada uno de ellos importante en alguna medida. En este breve texto sólo he expuesto algunos de ellos, dejando fuera del análisis la influencia que puede estar teniendo la inversión en publicidad de las marcas deportivas, ya que, en mi opinión, influye no sólo en el running, sino en todos los deportes.

Creo que es un deporte que está aquí para quedarse, dada su facilidad para practicarlo, su bajo coste económico, el efecto imitación que produce y su adaptación a las necesidades de expansión y esparcimiento que tiene la población en las modernas sociedades urbanas. Sólo se necesitan unas zapatillas (no necesariamente caras), un atuendo sencillo para correr, un buen ejercicio de precalentamiento, unos retos asequibles (en cuanto a distancia y ritmo de carrera) y seguir los consejos de los fisioterapeutas (los mejores amigos del #runner).

Ah, por cierto, y cuando el cuerpo no aguante los esfuerzos del running (pues llegará un día en que nuestro cuerpo diga ¡basta!), nos pasamos al footing, que consiste simplemente en "andar rápido" y que es también un ejercicio de lo más saludable.

¿REFORMAR   LA  CONSTITUCIÓN?   

Desde hace varios años, se viene hablando de reformar nuestra Constitución para adaptarla a la realidad de una sociedad como la española que ha experimentado un fuerte proceso de cambio en las cuatro décadas transcurridas desde su aprobación en 1978. 

Es un debate que suele intensificarse en los actos conmemorativos anuales del 6 de diciembre, pero que está más presente en los dirigentes políticos, que en las preocupaciones de la ciudadanía, más interesada en cómo salir de la crisis económica y en afrontar las dificultades del día a día.

Todos los partidos políticos admiten que hay cuestiones pendientes que justificarían una reforma constitucional. Temas como el de la sucesión en la Corona (la actual Constitución proclama la prioridad del varón sobre la mujer), la integración de España en la Unión Europea (que no está recogida en el texto constitucional al haberse producido con posterioridad a 1978), la estructura territorial (regulada de forma poco eficiente en el Título VIII) o la protección de derechos sociales (como sanidad, educación y dependencia, que no están suficientemente garantizados), son algunos de los temas que se esgrimen para justificar la reforma de nuestra Constitución.

Obviamente, la carta constitucional es un texto que puede ser modificado (ya lo ha sido en dos ocasiones), y en su Título X se establece el procedimiento a seguir para reformarlo. Muchos países han reformado su Constitución, como los EE.UU., que, en sus más de doscientos años de vida, han introducido veintisiete enmiendas (la última en 1991); Alemania ha reformado la suya de 1949 en varias ocasiones (la última en 2006 para modificar el reparto de competencias entre el gobierno central y los gobiernos regionales de los Länder). No tiene, por tanto, nada de extraño que se plantee la reforma de la nuestra.

Sin embargo, en España, desde La Pepa de 1812, se tiene una larga (y trágica) historia constitucional, en la que han brillado más las derogaciones y cambios violentos de nuestras Constituciones, que las reformas consensuadas. La falta de amplios acuerdos políticos ha conducido a que nuestras cartas constitucionales hayan sido derogadas, antes que reformadas, propiciando con ello cambios de régimen político.

Es por eso que, en nuestro país, se trata con bastante cautela el tema de la reforma de una Constitución como la de 1978, que ha dado lugar a un largo periodo de cuarenta años de estabilidad política. Es tal esa cautela, que el citado título X establece un procedimiento bastante complicado para ello, exigiendo amplias y reforzadas mayorías tanto en el Congreso, como en el Senado. Exige también su aprobación por referéndum si la reforma afecta a determinadas partes del texto constitucional (por ejemplo, al Título Preliminar sobre Principios Fundamentales; al capítulo 2 del Título Primero sobre Derechos Fundamentales y Libertades Públicas; o a todo el Titulo Segundo, sobre la Corona).

Por ese motivo, se dice, y con razón, que para reformar la Constitución se necesita que exista un amplio consenso político, y que, si ese consenso no se da, es mejor no abordarla. El ejemplo reciente de Italia es significativo. Plantear, como ha hecho el ya exprimer ministro Matteo Renzi, una reforma constitucional y someterla a referéndum sin tener el apoyo suficiente, es un acto político del máximo riesgo. Por esta razón, se comprende que Rajoy, como presidente de gobierno, se niegue a abrir el tema de la reforma constitucional si no percibe que haya un gran acuerdo sobre lo que se quiere reformar.

No obstante, cabe preguntarse si existe en España el consenso suficiente para abordar la reforma de la actual Constitución. No lo parece. Todos los partidos coinciden en la conveniencia de modificarla, pero no hay coincidencia en lo que se quiere reformar.

El PP y Cs hablan de introducir mínimas reformas que no alteren el cuerpo central del texto constitucional y que no precisen de un referéndum de aprobación (reforma exprés). El PSOE plantea reformas parciales en algunos artículos, y la modificación del título VIII para sancionar un modelo federal de organización territorial. A la luz de esas posiciones, podría pensarse que habría posibilidad de un consenso entre esos tres partidos, pero la situación es más compleja de lo que parece.

Unidos Podemos no habla de reformar la Constitución, sino de derogarla para abrir un proceso constituyente que dé lugar a un texto completamente nuevo al aprobado en 1978. Si Unidos Podemos fuera un partido marginal en la escena política española, los demás partidos podrían plantear sin ningún riesgo una reforma constitucional de calado que atraiga un amplio apoyo político y social, similar al que obtuvo la actual Constitución.

Pero Unidos Podemos no es marginal, sino que tiene una presencia importante en la vida política (con más de cinco millones de votos en las pasadas elecciones) y una fuerte capacidad de movilización social. Además, con sus 71 diputados, puede exigir un referéndum para cualquier reforma por pequeña que sea. Recordemos que el art. 167.3 establece que todo proyecto de reforma, incluso aunque sólo afecte a una parte del texto constitucional que no requiera un referéndum de aprobación, tendría que ser sometido a refrendo popular si así lo solicita la décima parte de los miembros de cualquiera de las dos Cámaras, y Unidos Podemos disponen del número necesario de diputados en el Congreso para ejercer esa prerrogativa.

Por eso, al igual que se dice que, sin el PP, no es posible reformar la Constitución, dada su mayoría absoluta en el Senado, cabe decir también que, sin el apoyo de Podemos, habría un riesgo elevado de que la reforma fuera rechazada por la población en referéndum, lo que, si ocurriera, generaría una grave crisis política. Dadas las pretensiones de Unidos Podemos de abrir un proceso constituyente que ni PP, PSOE y Cs ven necesario, y dada su negativa a abordar reformas parciales, no parece que se den las condiciones para afrontar con garantía de éxito la modificación de nuestra Carta Magna.

Además, la reforma de la Constitución no es, hoy, algo perentorio. A diferencia de lo ocurrido en 1978, cuando era urgente disponer de un texto constitucional para llenar el vacío del proceso de reforma política y avanzar en el camino hacia la democracia, ahora esa urgencia no existe. Puede que sea necesario reformar la Constitución, pero lo que está claro es que no hay urgencia en hacerlo, y que se puede esperar a encontrar el momento adecuado y a lograr el amplio consenso que ello exige.

No parece que la actual legislatura (polarizada, sin mayorías claras, con algunos partidos sometidos a complicados procesos de reestructuración interna) y la persistencia de una grave crisis económica aún sin resolver, sean el momento propicio para abordar la reforma del texto constitucional.

Pero no reformar la Constitución no debe ser sinónimo de parálisis política. Los temas ya mencionados, y que, sin duda, justifican la reforma de nuestra Constitución pueden ser gestionados mientras tanto por la vía legislativa o por una acción eficaz del gobierno.

El tema territorial, por ejemplo, podría clarificarse utilizando el potencial que encierra el actual articulado de la Constitución (en concreto, del art. 149), y el tema catalán podría desatascarse con una reforma del modelo de financiación y con una política de gestos, de buen entendimiento y de cooperación, que quite presión y vaya minando la base de apoyo que tiene hoy la opción secesionista.

En lo que se refiere a los derechos sociales, no parece que se hayan visto socavados por no estar suficientemente protegidos en nuestra Constitución, sino más bien como consecuencia de los recortes ocasionados por la crisis económica que sufre nuestro país desde 2007. Por su parte, los temas europeos se han gestionado razonablemente bien desde 1986 sin necesidad de reformar la Constitución, y podría seguir siendo así. Finalmente, el tema del orden sucesorio en la Corona, puede esperar, dada la circunstancia de que el rey Felipe VI no tiene varón en su descendencia

En definitiva, reformar la Constitución es algo necesario, pero no es urgente. Si no se cuenta con un amplio consenso, y no parece que exista por ahora dada la polarización existente en nuestra vida política, sería mejor dejar la reforma para otro momento más propicio.

Mientras tanto, es necesario que el gobierno y los partidos de la oposición se esmeren en sacar adelante una complicada legislatura, construyendo puentes que permitan recuperar la cultura del consenso y el diálogo para asegurar la gobernabilidad de nuestro país. Sólo así se podrán crear las condiciones adecuadas para abordar la reforma de nuestra Constitución.

SOBRE  EL  SALARIO  MINIMO  INTERPROFESIONAL 

Y  EL  COMPLEMENTO  SALARIAL  GARANTIZADO

(actualizado a 2 de diciembre de 2016)

El pasado mes de noviembre el pleno del Congreso de los Diputados aprobó (con el apoyo de PSOE, Podemos y nacionalistas) la tramitación de una proposición de ley para subir el SMI (salario mínimo interprofesional), desde los actuales 655,20 euros mensuales hasta 800 euros en 2018 y a 1.000 euros al final de la legislatura. Es decir, un aumento del 40% en cuatro años.

Dadas las discrepancias entre los grupos políticos respecto a este tema, la proposición tendrá que seguir un largo y complicado proceso de presentación de enmiendas en la correspondiente comisión parlamentaria, que ocupará todo el año próximo.

Mientras tanto, y a la espera de lo que pueda suceder en la tramitación parlamentaria de la citada proposición de ley, el PP y el PSOE han acordado una subida más moderada del SMI, aumentándolo un 8% para 2017, lo que lo situaría en 707,6 euros mensuales.

Los que apoyan la fuerte subida del 40% en el SMI consideran que contribuirá a disminuir la desigualdad, aumentar el consumo, activar la economía y, de paso, incrementar el volumen de las cotizaciones a la Seguridad Social. Por el contrario, los que la rechazan, señalan que la economía española no puede soportar una subida de tal magnitud, ya que repercutiría en los costes laborales de las empresas y le haría disminuir su competitividad.

Más allá del tema concreto de la subida del SMI y ante la evidencia de que, debido a los bajos salarios, estar hoy empleado no siempre asegura a los trabajadores unas condiciones dignas de vida, la proposición de ley es una buena oportunidad para abrir un debate sobre la conveniencia de introducir en nuestro país sistemas de protección que garanticen una renta mínima a los ciudadanos para así reducir la pobreza y la desigualdad.

No pretendo en este breve artículo abordar en su totalidad un tema tan complejo como éste, sino sólo centrarme en un aspecto del mismo, que, por cierto, se viene aplicando desde hace años en algunos países europeos y en los Estados Unidos. Me refiero a la posibilidad de conceder, con cargo a los presupuestos generales del Estado, un complemento salarial a las personas cuyos salarios estén por debajo de un determinado nivel, abonándose justo en el momento de la declaración del IRPF, como una especie de "impuesto negativo de la renta". El análisis de otras fórmulas más extensivas de protección social, como la “renta básica” (dirigida a todos los ciudadanos, estén o no trabajando), las dejo para otra ocasión.

El debate es interesante, ya que combina, al menos, tres cuestiones: los costes laborales de las empresas; el poder adquisitivo de los trabajadores cuyos ingresos proceden de los salarios, y la financiación del sistema de pensiones. Para profundizar en ello, cabe hacer algunas observaciones.

En primer lugar, parece claro que, actualmente, mientras no cambie su modelo productivo (y eso lleva su tiempo), la mayor parte de la economía española sólo es competitiva reduciendo los costes laborales de las empresas. Y no sólo en sectores, como el agro-alimentario y el turístico, que se basan en la contratación de mano de obra muy poco cualificada, sino también en sectores escasamente cualificados de la manufactura y bienes de equipo. Esto es una evidencia que no sólo afecta a la economía española, sino que cabe extender a otras economías europeas, en las que se han implantado “minijobs” cuyos salarios apenas superan los 500 euros mensuales.

Se podría responder a esto diciendo que la competitividad de las empresas no sólo depende de los costes laborales, sino de otros tipos de costes (energéticos, de producción, financieros, organizativos, comerciales,…) incluyendo los beneficios empresariales, y que habría que actuar también sobre éstos y no sólo sobre los salarios (eso es lo que opina, por ejemplo, algunos empresarios, como Antonio Catalán, de la cadena hotelera AC by Marriot).

Sin embargo, es un hecho que, tras la reforma laboral, la asimetría de las relaciones laborales en el seno de las empresas (sobre todo, en las pequeñas y medianas) se ha visto acentuada por la reducción del papel de los sindicatos y la negociación colectiva, debilitándose, hasta situaciones inimaginables hace unos años, la posición de los trabajadores en el actual escenario de deregulación y alto nivel de paro. Eso explica que, en ese contexto, la decisión de reducir (o no aumentar) los salarios sea mucho más tentadora para las empresas que controlar los beneficios, siendo aquélla la estrategia elegida con más frecuencia, lo que no quiere decir que sea la más adecuada a medio plazo.

Por eso, no son pocos los expertos que opinan que, si bien es necesario subir el SMI, no es conveniente hacerlo hasta un nivel tan elevado, como el que se propone en la citada proposición de ley, ya que eso provocaría que muchas empresas recurran a la contratación parcial/temporal o incluso al despido de trabajadores (dado lo mucho que la reforma laboral ha abaratado las indemnizaciones). Añaden, además, que, en la realidad actual de nuestro mercado laboral, muchos trabajadores son remunerados por debajo del SMI, sobre todo en pequeñas empresas que no están reguladas por convenio, por lo que la subida tendría un efecto menor del esperado.

En segundo lugar, cabe señalar que el poder adquisitivo de las familias no sólo depende de los ingresos salariales, sino de otros ingresos, sean directos (intereses del capital mobiliario, pensiones, subsidios varios, ayudas agrícolas,…) o sean indirectos (prestación de los servicios de educación y sanidad, costes subvencionados del servicio de transporte,…). Por tanto, una persona que gane un salario bajo puede tener unas condiciones de vida dignas y mantener su poder adquisitivo, siempre que reciba ingresos de otras fuentes de renta (directas/indirectas, públicas/privadas). De ahí cabe deducir que el poder adquisitivo no depende exclusivamente del salario, y que una subida del SMI, siendo necesaria, no es el único factor que influye en ello.

En tercer lugar, y respecto al tema de la financiación del sistema de pensiones, puede señalarse que, si bien se basa actualmente en las cotizaciones asociadas a los salarios, no tiene por qué ser así. Puede haber otras fórmulas, como financiarlo parcialmente mediante impuestos (es decir, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado), algo que ya ha sugerido el propio gobierno en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo reunida el pasado miércoles 23 de noviembre al afirmar su disposición a asumir algunas pensiones (viudedad y orfandad) o los 9.200 millones de la llamada “tarifa plana” de reducción de cotizaciones. Lo que parece claro es que por mucho que crezca la economía española y de la manera que lo está haciendo (con contratos temporales y bajos salarios), el sistema de pensiones tendrá que financiarse con un mix de cotizaciones e impuestos. Por eso, si bien la incidencia de una subida del SMI en la recaudación de la Seguridad Social es evidente, sus efectos en la sostenibilidad del sistema de pensiones no lo son tanto.

Todo lo anterior hace que se plantee cada vez más la cuestión de si no ha llegado ya el momento de complementar las rentas de las personas cuyos salarios anuales estén por debajo de un cierto nivel de referencia (por ejemplo, 12.000 euros). Esto significaría que los trabajadores que ingresen menos de esa cantidad recibirían un complemento de renta hasta alcanzar dicho umbral. De ese modo, los trabajadores con bajos ingresos salariales tendrían asegurado un nivel mínimo de ingresos anuales para disponer de poder de compra y garantizar su poder adquisitivo.

Como he señalado, éste no es un sistema de “renta básica universal” (según la cual los beneficiarios son la totalidad de los ciudadanos con independencia de sus ingresos), sino un complemento salarial garantizado, que se activaría sólo cuando el nivel de ingresos salariales esté por debajo de ese umbral. Hoy, tener trabajo no es garantía de escapar del riesgo de pobreza y exclusión, por lo que sistemas como éste, dirigidos a complementar la renta de determinados grupos de personas empleadas, pero con salarios bajos, podrían ser de gran utilidad. Es un sistema que, como ya he indicado, se aplica con resultados satisfactorios en algunos países de nuestro entorno económico (por ejemplo, en los EE.UU., bajo el nombre de “Earned Income Tax Credit”).  

Propuestas de este tipo o similares parece abrirse paso en la agenda política. Con algunas diferencias, y con diversos nombres, hay propuestas de este tenor en el programa electoral de la mayor parte de los partidos políticos (ingreso mínimo vital en el PSOE, renta básica en Podemos, impuesto negativo en Cs,…). Incluso en el pacto PP-Cs, y en el que anteriormente firmó Cs y PSOE, hay una propuesta muy similar al complemento salarial garantizado.

Además, ya hay estimaciones sobre cuánto podría costar una propuesta como ésta (oscilan en torno a los 10.000 millones de euros anuales, es decir, el 1% de nuestro PIB) y no parece que esté fuera del alcance de las posibilidades de una economía como la nuestra, siempre que, obviamente, haya una reforma fiscal que aumente la recaudación y se persiga con eficiencia el fraude aumentando la dotación de los inspectores de hacienda.

En opinión de los defensores de este sistema, el complemento salarial garantizado sería una fórmula que, sin poner en riesgo la competitividad de las empresas españolas (ya que no elevaría los costes laborales), aseguraría un nivel de renta suficiente para dinamizar el poder de compra de los trabajadores empleados. Junto con las ayudas no contributivas nacionales o autonómicas (renta mínima de inserción, renta garantizada,…), consideran que esta fórmula tendría efectos positivos en la economía y la cohesión social.

Señalan, en definitiva, que más que una fuerte subida del SMI que podría tener efectos no deseados en nuestra economía y que no beneficiaría al conjunto de los trabajadores, parece más útil introducir un sistema que, con cargo al presupuesto público, complemente la renta de las personas cuyos salarios estén por debajo de un cierto nivel de referencia. Merece la pena el debate.

LA   VICTORIA   DE   TRUMP

Las encuestas pronosticaron que sería una elección muy igualada, y así ha sido. Cualquiera de los dos candidatos podía ganar. Sólo unas décimas los han separado en porcentaje de votos. El mayor número de votos obtenidos por Hillary Clinton (47,7%) de poco le ha servido en unas elecciones indirectas en las que lo que importa es el número de electores, no el de sufragios.

Teniendo casi 300 mil votos menos (47,5%), pero mejor distribuidos en los 50 estados de la Unión, Trump ha logrado de forma holgada más de los 270 electores (compromisarios) que necesita para ser elegido Presidente cuando se reúna el colegio de compromisarios dentro de unas semanas. Así es como funcionan las elecciones presidenciales americanas, a diferencia de otras, como las francesas, en las que el Presidente es elegido por sufragio directo y en las que sólo cuentan los votos totales obtenidos a nivel nacional.

Se ha escrito mucho para explicar la victoria de Trump o la derrota de Clinton, y no hay que insistir en lo ya sabido. No obstante, me interesa destacar varias cosas sobre las que, desde mi punto de vista, merece la pena hacer algunos comentarios.

Unas elecciones casi plebiscitarias

El primer comentario se refiere al hecho de que las elecciones americanas, en las que al final todo se decanta entre elegir a los compromisarios del Partido Demócrata o a los del Partido Republicano (los otros candidatos suelen ser residuales), se parecen mucho a un referéndum.

Son en la práctica elecciones plebiscitarias, donde el electorado que decide ir a votar se encuentra, de hecho, ante un dilema binario: o votar demócrata o votar republicano. Eso hace que el voto emocional tenga mucha más importancia que en otro tipo de elecciones en las que las opciones son más variadas.

En tales circunstancias, el candidato que sepa apelar a los sentimientos y las emociones del elector tiene mucho ganado, y en eso Trump se ha movido mejor en ese gran teatro que son las campañas electorales.

Hillary lo tenía difícil en ese tipo de escenario. A pesar de estar más preparada y tener mucha más experiencia política, su carácter de persona reflexiva y racional, hacía que la candidata demócrata fuera poco dada a la demagogia, al chiste fácil, a responder con las mismas armas al ataque personal sin contemplaciones de Trump. En ese terreno, tenía poco que hacer frente a Trump.

Hillary Clinton y el lastre de su pasado

Un segundo comentario se refiere al lastre que ha acompañado a la candidatura de Hillary Clinton y que le ha pesado como una losa en su derrota. Un lastre con varias cargas. De un lado, le ha pesado el precio que ha tenido que pagar en las filas del Partido Demócrata tras su apretada victoria en las primarias frente a un político de trayectoria impecable como Bernie Sanders, que encarnaba las aspiraciones de regeneración democrática de una gran mayoría del electorado joven progresista.

Ese precio lo ha pagado Hillary en forma de desafección de una parte importante del electorado demócrata que ha preferido no votar antes que darle el voto a una candidata con la que no se identificaba. Mucho voto de la población negra o hispana o el de las mujeres, que fue decisivo en la elección de Obama, no ha ido esta vez de forma masiva a Hillary Clinton, sino que ha estado más repartido entre los dos candidatos o se ha ido a la abstención.

De otro lado, le ha pesado, y mucho, la carga de su desgastada imagen pública, que la convertía en una candidata “dejá vue” después de llevar más de media vida en la élite política y haber ocupado puestos de la máxima responsabilidad (el ejemplo típico de lo que los populistas llaman la “casta”). Llevar la mochila llena de experiencia le suponía llevarla también llena de los inevitables errores que se cometen en una larga carrera política como la de ella (su voto a favor de la guerra de Irak, el affaire de la embajada americana en Libia, el caso de los emails privados, la controvertida financiación de la Fundación Clinton,…).

Esa mochila llena de experiencia, pero también de errores, hacía de Hillary un blanco fácil al ataque despiadado del populista Trump. El analista Nathan J. Robinson ya avisaba en un artículo premonitorio publicado en el mes de marzo pasado en la revista “Current Affairs”, que Sanders podría ser mejor candidato que Clinton para enfrentarse a un personaje como Trump, precisamente por tener menos flancos débiles por donde ser atacado.

A todo ello habría que añadir el lastre que significa la tradicional alternancia en un país, como los EE.UU., donde en los últimos sesenta años ningún partido ha repetido tres mandatos presidenciales seguidos (salvo el PR con Reagan y Bush entre 1981 y 1993). Y ese lastre hacía aún más difícil que ganara un candidato demócrata tras los ocho años de Obama, más aún si ese candidato era una persona tan gastada en su imagen pública como Hillary Clinton.

Y ahora qué

El tercer comentario que quiero destacar tiene que ver con el futuro, con lo que cabe esperar del nuevo Presidente. Ciertamente ha sorprendido el discurso de Trump tras su victoria. Un discurso  moderado que nada tiene que ver con el cáustico, insultante y ofensivo utilizado en sus mítines de campaña. ¿Cuándo está mintiendo? ¿Ahora o hace unos días? ¿Qué Trump va a gobernar a los estadounidenses? ¿El machista, xenófobo y racista, o el que dice que será el presidente de todos los americanos y apela a la unidad de demócratas y republicanos? Ya veremos.

Lo que está claro es que la sociedad norteamericana suele fragmentarse en dos mitades en las elecciones presidenciales al polarizarse el electorado en torno a solo dos candidatos, sobre todo si son muy concurridas (como sucedió en 1960 cuando Kennedy sólo le ganó a Nixon por cien mil votos o en las de 2000 cuando Al Gore perdió ante G.W. Bush por sólo cinco electores, aunque le ganara en votos).

Esto ha vuelto a ocurrir ahora, aunque es verdad que los EE.UU. es un país con una capacidad envidiable para volverse a unir en torno a sus instituciones tras las encarnizadas batallas electorales. Para confirmarlo basta con escuchar las impecables declaraciones de Hillary en su comparecencia tras la derrota apelando a la unidad nacional, o las igualmente impecables de Obama ofreciendo colaboración a Trump para el traspaso de poderes. Veremos si Trump como Presidente está a la altura de sus adversarios demócratas, a los que ha vilipendiado de forma inmisericorde durante la campaña electoral.

Los contrapesos de la democracia norteamericana

Tras la apariencia de ser los políticos más poderosos del planeta, los presidentes de los EE.UU. suelen estar bastante limitados en su acción de gobierno, debido a la fuerza del establishment económico y militar y al complejo equilibrio de poderes que existe en la democracia norteamericana.

Eso lo saben todos los presidentes, y procuran gestionar como pueden la presión a la que están sometidos durante sus mandatos. Obama, por ejemplo, no ha podido sacar adelante algunas de sus promesas electorales (como el cierre de Guantánamo) y ha visto limitada su política exterior (como el mantenimiento del embargo a Cuba a pesar de la apertura de relaciones diplomáticas), y eso no sólo por no disponer de mayoría en la Cámara de Representantes, sino por la fuerza del establishment.

Además, el alto grado de autonomía que tienen los estados federados de la Unión, hace que la capacidad de influencia de la política presidencial sobre la vida interna de los norteamericanos se vea muy condicionada por las políticas de los gobernadores en sus correspondientes territorios. A veces, afecta más a la vida de un estadounidense el cambio del color político de un gobernador, que la entrada de un nuevo presidente.

No quiero con esto minimizar la magnitud del cambio que supone la llegada a la Casa Blanca de una persona sin experiencia política como Trump, que va a contar con mayoría republicana en el Senado y en la Cámara de Representantes, y con un Tribunal Supremo de mayoría conservadora.

Sólo quiero situar en su justa medida la capacidad de Trump de hacer realidad algunas de sus controvertidas promesas electorales, como la expulsión de los varios millones de inmigrantes ilegales (y la construcción de un muro en la frontera con México), la paralización de los tratados de libre comercio (como el TPP con los países de Asia y Pacífico o el TTIP con la UE) o la supresión de la contribución norteamericana a los programas de ayuda al desarrollo y a la lucha contra el cambio climático.

No sólo se encontrará con la resistencia del establishment económico, encarnado en las empresas norteamericanas altamente internacionalizadas y en las más domésticas que utilizan la mano de obra barata que les proporciona la gran cantidad de inmigrantes ilegales, sino también con la resistencia de muchos diputados republicanos en el Senado y en la Cámara de Representantes. A pesar de contar, como he señalado, con mayoría republicana en ambas cámaras, los diputados, haciendo uso de la independencia de que gozan en su actividad parlamentaria, pueden bloquear la acción gubernamental de Trump si perjudica a sus intereses electorales.

En definitiva, Trump no ha ganado en votos, pero sí ha obtenido el número de electores necesarios para ser investido Presidente dentro de unas semanas. Se abre una etapa de incertidumbre en los EE.UU. ante una persona tan imprevisible, por su inexperiencia política, como el candidato Trump. No obstante, la solidez institucional de una democracia tan madura como la estadounidense, y los fuertes contrapesos al poder presidencial, hacen que sea limitado el margen de maniobra de un político tan temerario como Trump y que su acción de gobierno sea más previsible de lo que pudiera pensarse escuchando sus incendiarios mítines y sus inverosímiles promesas electorales. Esperemos que así sea.

Una apostilla

Finalmente, quiero señalar algo realmente preocupante de la victoria de Trump. Me refiero al efecto que pudiera tener en el auge de los populismos en suelo europeo. Es elevado el riesgo de que cunda en el electorado de los países europeos el modelo populista representado por el político estadounidense. Ello puede significar el aumento del apoyo electoral a partidos populistas que ya tienen una presencia significativa en países como Francia, Italia, Austria o Hungría, o que también están irrumpiendo con fuerza en Alemania. Eso sería fatal para el proyecto de construcción europea.