LA   ABSTENCIÓN   TIENE   UN   PRECIO

 El PSOE está recibiendo fuertes presiones, ya sea para formar parte de una “gran coalición” con el PP (opción descartada por inconveniente), ya sea para abstenerse en la sesión de investidura facilitando así que Mariano Rajoy pueda formar gobierno. El debate interno en las filas socialistas está abierto, y no sólo entre sus dirigentes, sino entre sus militantes y simpatizantes. Ese debate refleja la compleja situación en que se encuentra el PSOE ante una decisión que puede condicionar la gobernabilidad de nuestro país.

Lo primero que debe quedar claro, es que, en una democracia parlamentaria, lo que importa no es el número de votos y escaños obtenidos en las elecciones, sino la capacidad de formar una mayoría que permita superar la sesión de investidura y formar gobierno. De nada sirve esgrimir el derecho, que no existe, a que gobierne la lista más votada. Ya le ocurrió al PP en las elecciones del 20-D, incapaz, por su inmovilismo, de armar una mayoría parlamentaria. Y puede ocurrirle de nuevo ahora si no ofrece propuestas atractivas a los demás partidos para obtener su apoyo o, al menos, su abstención en la sesión de investidura, a la que, esta vez parece que sí, se someterá Rajoy. De ahí que la mayor responsabilidad de que no se tengan que repetir las elecciones está en el PP, no en los demás partidos. Es el PP el que tiene que moverse y seducir a otros partidos con propuestas que les convenzan de que el apoyo a la investidura merece la pena en términos de coste/beneficio.

Ante esa situación, y si el PP no logra los apoyos suficientes entre los partidos más afines, a los socialistas sólo le caben dos opciones: abstenerse en la sesión de investidura para facilitar el gobierno del PP, o votar en contra e intentar formar una mayoría de izquierda (con Pds e IU y apoyo nacionalista) o de centro-izquierda (ampliada a Cs). Desde mi punto de vista, y en contra de lo que han escrito algunos articulistas y han expresado incluso algunos “barones” socialistas, la opción de armar una mayoría alternativa al PP, aun siendo legítima, no me parece viable por varias razones.

La primera, porque sería una coalición construida sobre un objetivo negativo (su hilo conductor sería echar al PP y en concreto a Rajoy), y eso en política no conduce a buen puerto. La segunda razón, porque los socios de esa posible coalición se sustentan sobre la base de una profunda desconfianza entre ellos, que incluso ha aumentado tras la desgraciada experiencia de la pasada y corta legislatura (Es un hecho que, desde el 20D, se ha incrementado el recelo entre Sánchez e Iglesias, y la incompatibilidad entre éste y Rivera es manifiesta, no siendo tampoco muy fluida las relaciones entre ciertos sectores de Pds y de IU).

Pero hay una tercera razón, de mayor calado, y es el hecho de que los partidos de esa posible coalición están sumidos, tras los malos resultados del 26-J, en crisis internas que deben resolver antes de asumir responsabilidades de gobierno. El PSOE ha caído a los más bajos resultados de su historia y necesita una renovación profunda; Pds e IU aún se preguntan por las causas de que no le haya funcionado la coalición “Unidos Podemos”; y Cs está en un grave momento de indefinición sobre el papel que le toca jugar en el centro del tablero político.

Hay finalmente una cuarta razón, y es la escasa fiabilidad que ofrece Pds como socio de gobierno al ser todavía un partido internamente poco cohesionado. No olvidemos que Pds es el resultado de la confluencia de cinco movimientos políticos que aún no han sabido construir estructuras políticas idóneas para ejercer con eficacia el papel que les corresponde en un sistema de democracia representativa como el nuestro (y eso debe resolverlo antes de asumir tareas de gobierno a nivel nacional).

Ante un panorama de crisis económica, de inestabilidad internacional, de amenaza a la seguridad por el terrorismo yihadista, España necesita un gobierno estable, y eso a día de hoy no lo pueden ofrecer unos partidos que precisan todavía de un largo rodaje en el Parlamento para construir relaciones de confianza entre ellos antes de participar en gobiernos de coalición. Recordemos que el PSOE de Felipe González perdió las elecciones de 1977 y de 1979 antes de su victoria de 1982, a la que llegó como un partido internamente cohesionado, territorialmente vertebrado y con la experiencia acumulada tras varios años en la oposición parlamentaria (habiendo desempeñado un papel fundamental en la elaboración del proyecto constitucional).

En esta situación, y si el PP necesita la abstención del PSOE para superar la investidura, los socialistas deben abstenerse para facilitar la gobernabilidad. Pero eso no puede salir gratis, sino que tiene un precio. El precio más alto sería forzar al PP a que presente otro candidato a la investidura. Sin embargo, tal exigencia no parece factible tras el positivo resultado electoral del PP presidido por Rajoy (casi ocho millones de votos y 14 escaños más). Tampoco la considero recomendable por cuanto que abriría de forma precipitada una crisis de sucesión en el PP, que se uniría a las otras crisis internas que, como he señalado, tienen que afrontar los demás partidos, y eso no sería bueno para la gobernabilidad. El PSOE tiene argumentos de sobra para exigir la sustitución de Rajoy (su responsabilidad en los temas de corrupción sistémica que asolan a su partido, su inacción ante el comportamiento infame del ministro del Interior,…) y tiene el derecho a plantearlo en una negociación por la investidura, pero no sería conveniente para la estabilidad política del país.

Descartada, por tanto, la sustitución de Rajoy, el PSOE puede ponerle precio a su abstención con algunas exigencias menos llamativas, pero quizá más útiles. Por ejemplo, exigir al PP comprometerse con la reforma constitucional (especialmente en lo relativo al título VIII), modificar algunos aspectos de la reforma laboral, elevar el salario mínimo, afrontar el pacto educativo, asumir las exigencias de Bruselas en materia de déficit público (pero sin que haya recortes en salud y educación), aprobar un plan de choque en materia de empleo juvenil, reunir el Pacto de Toledo para plantear con claridad la crisis del sistema de pensiones, activar algunas leyes hoy en el olvido (como la de dependencia), reformar el Código Penal para endurecer las penas contra el delito de corrupción, despolitizar los nombramientos del CGPJ, del Tribunal de Cuentas, de la CNMV y de RTVE, potenciar la lucha contra el fraude fiscal aumentando la dotación de la Inspección de Hacienda,…

Esos serían algunos ejemplos de lo que podría valer la abstención del PSOE, una abstención que, además, permitiría reconstruir consensos rotos entre ambos partidos en un momento en el que España está muy necesitada de ellos. Si se explica bien, la ciudadanía española en general, y los votantes socialistas en particular, podrían entender ese cambio de posición del PSOE en aras de la gobernabilidad.

Es verdad que el mayor riesgo para el PSOE estaría en que el PP incumpla lo acordado y que, en ese caso, sea el blanco de las críticas por parte de Pds e IU (vosotros, los socialistas, fuisteis unos ingenuos y sois ahora los responsables de que Rajoy siga en el gobierno cuatro años más). Pero siempre tendrá la baza el PSOE de bloquear los presupuestos económicos, paralizar la aprobación de algunas leyes o de plantear incluso una moción de censura.

En definitiva, la izquierda, hoy dividida, dispersa y con crisis internas pendientes de resolución, no está en condiciones de ofrecer una alternativa viable a un gobierno del PP. El PSOE, por su larga trayectoria de partido de gobierno, debe facilitar con su abstención que el PP gobierne (si es con Cs mejor) ante la imposibilidad de que Rajoy obtenga los apoyos necesarios de otros partidos. Una abstención que, como he señalado, tendría un precio que le correspondería a Rajoy pagar.

En momentos de crisis económica como la actual, en la que habrá que continuar haciendo ajustes severos, quizá sea más interesante para la izquierda ejercer con rigor su papel de oposición parlamentaria, sirviendo de aglutinador de las demandas sociales y estableciendo puentes y relaciones de confianza entre sus dirigentes para la construcción de futuras alianzas. Parece eso más inteligente para la izquierda, y en concreto para el PSOE, que participar, de forma precipitada, en un gobierno pentapartido, poco cohesionado y con el riesgo de verse sometido a tensiones internas nada más constituirse; además de ser un gobierno incapacitado para emprender reformas constitucionales ante la mayoría del PP en el Senado.

LA   CAPACIDAD   PREDICTIVA  DE  LAS   ENCUESTAS   ELECTORALES  

Y   LOS   RESULTADOS  DEL  26-J

Las encuestas electorales están siendo cuestionadas tras los resultados del 26-J, sobre todo por haber sobrevalorado los votos y escaños de Unidos-Podemos y haber minusvalorado los del PP. Mucho se ha escrito para buscar alguna explicación sobre ello. En este breve artículo quiero centrarme en un aspecto poco comentado, y es la influencia que han podido tener en la capacidad predictiva de las encuestas algunos acontecimientos surgidos entre la fecha de realización del trabajo de campo y el día en que se celebraron las elecciones.

Factores que limitan la capacidad predictiva de las encuestas

Las encuestas predicen bien el voto si las elecciones se celebraran justo en el momento en que se realiza el trabajo de campo, pero su capacidad de predicción se reduce conforme aumenta la distancia respecto a la fecha de los comicios. No olvidemos que las encuestas son una fotografía del estado de ánimo y de la intención de voto de los encuestados, fotografía que se realiza justo en el momento en que se aplica el cuestionario. Tanto el ánimo como la intención de voto pueden cambiar en los días posteriores a la realización de las encuestas, y puede que en ello influya el hecho de conocer el propio resultado de los sondeos (reflexividad) y las situaciones de preocupación e incertidumbre que puedan producirse por algún acontecimiento sobrevenido.

Además de la fecha en que se realiza el trabajo de campo, la probabilidad de que las encuestas acierten depende de otros factores: i) la “muestra”, tanto en lo que se refiere a su tamaño (cuanto mayor sea, menor será el nivel de error), como a su composición (debe reflejar la estructura de la sociedad a la que se dirige, en términos de edad, sexo, nivel de estudios, renta, localización geográfica,…); ii) el “tipo de cuestionario” (con preguntas bien formuladas y con opciones claras de respuesta); iii) el “modo de realizarlas” (si en domicilios o por teléfono) y iv) la “capacidad y motivación de los encuestadores” para conseguir que los encuestados respondan a las preguntas que se les hacen.

Esos factores están muy condicionados por los recursos económicos de que dispongan las empresas demoscópicas. Si los recursos son bajos, las muestras serán pequeñas, no habrá control de calidad para garantizar que la estructura de la muestra sea la correcta, se utilizarán listados telefónicos ya obsoletos, los encuestadores estarán mal remunerados y harán las encuestas de forma apresurada,…

Luego, está el trabajo de “cocina” para imputar una probabilidad de voto a los que no han dicho a quién votarían. Para ello se tienen en cuenta las respuestas de los encuestados al resto de preguntas del cuestionario (recuerdo de voto, valoración de líderes, nivel de confianza y/o rechazo en un determinado partido, percepción de la situación económica,…). Sin “cocina” la capacidad de predicción de escaños será muy baja en situaciones en las que sea elevado el porcentaje de los que no han expresado en la encuesta su intención de voto.

El efecto Brexit en un escenario de previsible ascenso de Unidos Podemos

En el caso de las pasadas elecciones del 26-J, y dando por supuesto que los factores antes citados han sido los correctos en todas las empresas demoscópica (lo cual es mucho suponer), creo que hay algunos factores que podrían explicar el escaso acierto que han tenido las encuestas (sobre todo, en la estimación del voto y escaños del PP y Unidos Podemos).

Me refiero a la incidencia de acontecimientos que pudieron alterar la percepción social de la situación política en los últimos días, pero que no podían ser detectados por unas encuestas que, por razones legales, sólo pudieron publicarse la semana anterior. En esas encuestas previas no sólo se aseguraba el sorpasso de Unidos Podemos, sino que arrojaban un empate técnico con el PP (con diferencias porcentuales de apenas tres puntos entre ambos partidos).

Entre esos acontecimientos cabe destacar el resultado del referéndum británico sobre la permanencia del Reino Unido en la UE. La inesperada victoria del Brexit impactó en la opinión pública como una piedra arrojada en un estanque, generando un pánico generalizado en los mercados bursátiles y provocando una situación de incertidumbre en la población. Aunque la población española no estuviera muy informada sobre lo que significaba el Brexit, lo cierto es que, entre el viernes 24 y el domingo 26, los medios de comunicación estuvieron informando de una fuerte caída de las bolsas internacionales (con la española como la más afectada) y del panorama de preocupación que eso generaba.

Dicha situación reforzaba la estrategia del miedo en la que se venía basando la campaña electoral de Rajoy ante la amenaza que, en su opinión, representaba Unidos Podemos, y potenciaba aún más la idea de que el PP era el partido que ofrecía seguridad frente al caos e inestabilidad de las otras opciones.

En tal contexto de incertidumbre, al igual que muchos inversores se refugiaron en valores seguros (dólar, oro,…), es probable que muchos votantes acabaran refugiándose en los partidos tradicionales (PP y PSOE), prefiriendo no arriesgar con unos nuevos y bisoños partidos (Cs y Unidos Podemos) que poco sólido habían ofrecido en una campaña electoral bastante anodina, algo infantil y de mucho marketing, pero de escasas y atractivas propuestas.

En el caso de los votantes más tradicionales de IU, es probable que la incertidumbre de los últimos días les llevara a dudar (aún más de lo que ya estaban) sobre su apoyo a la coalición con Podemos. Dada su histórica fobia socialista, no es verosímil pensar que esas dudas les hubieran conducido a votar al PSOE, pero sí es posible que eligieran abstenerse o votar en  blanco como forma de expresar así su descontento con el modo como se había realizado el pacto entre Garzón e Iglesias. (Ver el excelente artículo de Ignacio Sánchez-Cuenca publicado el día 28 de junio en Infolibre con el título “La caída de Podemos” en el que observa cómo en las provincias donde mayor había sido el voto de IU en las elecciones del 20-D, es donde menos votos ha recogido la coalición con Podemos).

Ese cambio de actitud del electorado no pudo ser recogido por las encuestas, debido, como he señalado, a la prohibición de no publicar sondeos de opinión en la última semana. Por ejemplo, el trabajo de campo de la encuesta del CIS se realizó en el mes de mayo, y el de las últimas publicadas por otras empresas tuvo lugar semanas antes de la fecha de las elecciones.

En esas condiciones tan volátiles, era difícil predecir lo que ocurriría el 26-J. Como señala J.J. Toharia en su artículo del 28 de junio en El País, una encuesta realizada (y no publicada) por Metroscopia la misma tarde-noche del viernes previo al 26-J, indicaba que el efecto Brexit ya había hecho cambiar el voto en un 1% del electorado y que el 3% se lo estaba pensando (un millón de posibles votantes). No es descartable, por tanto, que, en la jornada de reflexión, un porcentaje aún mayor decidiera cambiar su voto refugiándose, como he señalado, en las opciones tradicionales.

Algunas reflexiones finales

Este hecho (el Brexit en un contexto de ascenso de Unidos Podemos, pronosticado desde semanas antes por las encuestas) explicaría el ascenso final del PP hacia el 33,02% (con un aumento de más de 600.000 votos) y la pérdida de casi 400.000 votos de Cs (probablemente transferidos a los conservadores). Asimismo, podría explicar la movilización final de los votantes del PSOE y que este partido mantuviera prácticamente sus votos en torno a los 5 millones y medio (22,68%) evitando el anunciado sorpasso de Unidos Podemos (que perdió más de un millón de votos respecto a lo que obtuvieron por separado los dos partidos el 20-D). El reparto de los últimos escaños en algunas provincias por un puñado de votos, explicaría la composición final del Parlamento.

Todas estas cuestiones habrá que analizarlas en estudios postelectorales. En todo caso, hay que admitir que las encuestas electorales tienen una limitada capacidad predictiva, aún menor a la hora de estimar el número de escaños. Está bien que las empresas demoscópicas debatan sobre lo que ha ocurrido, que mejoren los métodos de muestreo y estimación de las encuestas y que destinen más recursos económicos a su realización. Pero nunca aumentará su capacidad de predicción si la fecha del trabajo de campo se distancia mucho del día de las elecciones. Por eso, es perentorio exigir que se elimine la absurda norma de prohibir la realización de encuestas en los días previos a la fecha electoral.

Termino con una petición final: no hagamos encuestas a pie de urna, que sólo sirven para desprestigiar a los sociólogos y para entretener durante dos horas las tertulias televisivas y radiofónicas hasta conocer los primeros resultados reales.

IN  MEMORIAM 

A la muerte de Edgar Pisani.   

El pasado 20 de junio murió en París a la edad de 97 años, Edgar Pisani, político francés cuya trayectoria ha marcado la vida política de Francia y de la UE durante casi tres cuartos de siglo. Nacido en Túnez (cuando aún era protectorado francés), hijo de una familia de origen maltés, su vida ha estado vinculada a cuatro grandes pasiones: el servicio público, la agricultura, el europeísmo y la dos orillas del Mediterráneo.

Después de una participación activa en la resistencia francesa contra la ocupación nazi (fue decisiva su participación en la defensa de la prefectura de París, recogida en la película “Arde París”), se unió al equipo del General De Gaulle al finalizar la II Guerra Mundial, ocupando diversos cargos de responsabilidad en el gobierno de concentración nacional.

Desde entonces emprendió una carrera política desde los puestos locales (alcalde, prefecto,…) hasta los provinciales y nacionales (diputado y senador, ministro en varias ocasiones). Siendo un político de izquierda vinculado al partido socialista, pero abierto al diálogo con otros grupos políticos, fue por, encima de todo, una persona al servicio de los intereses generales, lo que le llevó a participar en gobiernos de coalición de amplio espectro. Su conciencia de servidor público se imponía sobre sus lealtades partidarias.

Al comienzo de la V República con el regreso del general de Gaulle a la escena política francesa tras la crisis de Argelia, el primer ministro francés Michel Debré lo nombraría Ministro de Agricultura en 1961, cargo que ocuparía hasta 1966. Desde ese puesto de responsabilidad, Edgar Pisani sería el artífice de las grandes leyes de orientación de la agricultura francesa (1962) que impulsaron el proceso de modernización agraria en ese país. En esas dos leyes plasmaría su gran pasión por la agricultura, promoviendo programas tales como los de regulación del mercado de tierras, ordenación del territorio, instalación de jóvenes agricultores, cooperativismo, vertebración de la cadena alimentaria,… Y todo ello en estrecha concertación con el sindicalismo agrario según un modelo de cogestión que se convertiría en un ejemplo a imitar en otros países y en la base de la Política Agraria Común europea.

Su pasión europeísta le llevó a ocupar en 1981 el puesto de Comisario de Desarrollo en la Comisión Europea presidida por Gaston Thorn, puesto que mantuvo hasta 1985, cuando fue nombrado por el gobierno francés Alto Comisionado para la Nueva Caledonia, en un momento muy convulso en la colonia francesa.

Su pasión por el diálogo intercultural, le hizo asumir el puesto de Presidente del “Instituto del Mundo Arabe” entre 1988 y 1991 y, más tarde, su pasión por el Mediterráneo le condujo a la presidencia del “Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes” con sede en Montpellier.

Sus últimos años los dedicó Pisani a impulsar la creación de diversos grupos de reflexión sobre la agricultura y el mundo rural, en los que reunió a expertos de distintas disciplinas académicas (agrónomos, economistas, sociólogos, geógrafos,…) y a personas vinculadas al mundo sindical y cooperativo. Primero fue, a escala francesa, el llamado “Grupo de Seillac”, y más tarde, a nivel europeo, el “Grupo de Brugge” (Brujas), del que tuve la fortuna de formar parte durante varios años participando en la traducción del documento “Por un cambio necesario en la agricultura” (publicado en español en 1997 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

En los grupos que promovió, su magisterio, su gran capacidad para comunicar y escuchar y, sobre todo, sus largos e intensos silencios (le gustaba autodefinirse como un “místico agnóstico”), le hizo asumir un auténtico liderazgo que siempre quedará en nuestro recuerdo.

Su libro de memorias agrarias y rurales “Un vieil homme et la terre” (“El viejo y la tierra”) es un libro apasionante, de lectura obligada, sobre el amor por la tierra de un hombre ya mayor, que continuó hasta sus últimos días pensando en cómo mejorar la agricultura y el mundo rural.

Descanse en paz.

 DESPUÉS   DEL   BREXIT

Los británicos han decidido en referéndum salirse de la UE. El Brexit ha ganado con claridad, con más de un millón de votos de diferencia sobre los partidarios del Brin. Ya se ha cobrado la primera víctima en la persona de David Cameron, quien, asumiendo la responsabilidad que le faltó al convocar el referéndum británico, ha anunciado su dimisión como Primer Ministro.

Más allá de las esperadas turbulencias en los mercados bursátiles, que se irán calmando en los próximos días, el resultado del referéndum plantea un problema interno de legitimidad entre, de una parte, un Parlamento mayoritariamente favorable a la permanencia en la UE y, de otra, una población que se ha manifestado en contra y que ha sido movilizada por partidos, como el UKIP, con sólo un parlamentario. Veremos cómo lo resuelven los británicos en las próximas semanas.

A nivel de la UE, el art. 50 del Tratado de Lisboa, establece el procedimiento de salida de un Estado miembro, pero no se tiene experiencia de cómo hacerlo, por lo que no será fácil su implementación. En todo caso, no se espera que haya novedades antes de dos años, plazo máximo que tendrán los negociadores de una y otra parte para fijar el nuevo marco de relaciones entre la UE y el Reino Unido.

En este sentido puede haber diversas formas de encaje para evitar grandes trastornos en ambas partes. Una posibilidad, entre otras, es que el Reino Unido forme parte, como Noruega, del llamado Espacio Económico Europeo, un mercado interior común que permite la libertad de personas, bienes, servicios y capitales. Además, el Reino Unido podría continuar participando en acuerdos de cooperación intergubernamental con la UE en materias como seguridad, investigación, educación, medio ambiente,… aunque no en las políticas comunes, como la agraria y pesquera. De este modo se podrán minimizar los efectos negativos del Brexit, aunque es verdad que si, como se prevé, se produce una recesión económica en el Reino Unido y una devaluación de la libra, eso repercutirá en las economías de los países de la UE.

Sin minimizar los efectos económicos de la salida del Reino Unido, lo que me interesa resaltar en este breve artículo, son sus consecuencias políticas, y los efectos que puede tener sobre el proceso de integración europea. Porque debemos tener en cuenta que los problemas de la UE siguen estando ahí después del Brexit, unos problemas pendientes de un tratamiento serio y responsable por parte de las instituciones comunitarias. Quizá la salida del Reino Unido acelere ese tratamiento para evitar que las cosas vayan a peor e impedir que se produzca un efecto contagio en otros países, como Holanda, Austria, Francia o la misma Alemania, donde los partidos nacionalistas antieuropeos están en claro ascenso.

El efecto contagio es la más grave consecuencia política que podría tener la victoria del Brexit, ya que les daría argumentos a esos dirigentes populistas para exigir referéndums similares al británico, creando tensiones internas de difícil gestión en un momento tan delicado como el actual (con una crisis económica aún no resuelta, con la amenaza del terrorismo yihadista y con la inestabilidad instalada en las fronteras europeas que provoca la llegada masiva de refugiados en busca de asilo).

Sea como fuere, la UE necesita una reflexión seria sobre el estado de debilidad en que se encuentra y precisa de un diagnóstico correcto, así como de un adecuado tratamiento que no excluya ninguna posible solución. Simplificando en aras de ordenar un debate tan complejo como éste, las posiciones programáticas respecto al futuro de la UE pueden resumirse en las tres siguientes.

En primer lugar, la europeísta de “más Europa”, favorable a que la UE avance hacia una federación de estados, que implique mayor cesión de competencias a Bruselas, que aumente el rango de las políticas comunes y que incremente las aportaciones de los Estados miembros al presupuesto común (hoy fijado en un irrisorio 1% del PIB europeo).

En segundo lugar, la posición euroescéptica de “menos Europa”, que aboga por que la UE se limite a consolidar el mercado único y a desarrollar una zona de libre cambio, devolviendo competencias a los Estados miembros, incluso en políticas que son hoy comunes (como la agraria, que, en opinión de los euroescépticos, sería renacionalizada).

Y en tercer lugar, la posición europosibilista (o europragmática) que aboga por una integración flexible en el marco de una “Europa a varias velocidades” que existe ya de hecho en la UE (por ejemplo, sólo 19 países están en el euro). Esta posición apuesta por avanzar hacia una mayor integración sólo en algunas políticas (como las correspondientes al euro y la UEM, y las relativas a la regulación del derecho de asilo), pero dejando otras áreas a la lógica de la cooperación intergubernamental y ofreciendo una especie de estatuto a la carta para que cada Estado encuentre su acomodo en la UE.

En definitiva, la victoria del Brexit, siendo una mala noticia, hay que verla como una oportunidad para debatir sobre el futuro de la UE, reflexionando con sensatez sobre los grandes problemas que tenemos por delante (por supuesto, el de reactivar la economía y gestionar la llegada de refugiados e inmigrantes, pero también el de afrontar el problema de la seguridad interior).

No es el momento ni de las flagelaciones, ni de las huidas hacia adelante, ni tampoco del resentimiento contra los que han votado libremente salirse de la UE. Es momento de mantener la calma y la serenidad, de hacer un buen diagnóstico sobre las debilidades del proyecto europeo y de buscar, con realismo, las mejores soluciones para reactivarlo.

EL   REFERENDUM   DEL   BREXIT   Y   LA  INTEGRACIÓN   EUROPEA      

Hoy jueves 23 de junio tendrá lugar el referéndum sobre la salida (Brexit) o permanencia (Brin) del Reino Unido en la UE, La campaña se ha visto empañada de manera trágica por el asesinato de Jo Cox, joven diputada laborista partidaria de la permanencia británica en la UE, y activa militante en favor de los derechos humanos (en especial, de los refugiados e inmigrantes). Al grito de "Muerte a los traidores. Por la libertad del Reino Unido", el asesino, Thomas Mair, mostraba así el carácter político de su crimen, corroborado más tarde al descubrirle la policía británica estrechos vínculos con movimientos neonazis.

Las encuestas muestran un empate técnico, por lo que los próximos días de campaña serán decisivos para inclinar la balanza hacia el Brexit o hacia el Brin. El referéndum fue impulsado por el propio David Cameron en una arriesgada e irresponsable táctica para frenar las divisiones internas en el Partido Conservador. Esa decisión se le ha convertido al premier británico en una pesadilla, y de paso a todos los europeos, al ser incapaz de frenar el avance del ala euroescéptica de su partido, liderada por Boris Johnson (anterior alcalde de Londres) y alineada en este tema con el líder derechista Nigel Farage y su partido UKIP (Partido por la Independencia del Reino Unido).

Lo paradójico de todo esto es que el futuro de Cameron (firme partidario de la permanencia) está en manos del Partido Laborista, que, aun siendo crítico con las actuales políticas neoliberales europeas, está haciendo campaña por la continuidad del Reino Unido en la UE, una actitud coherente con la tradición reformista/posibilista del laborismo británico. Es sintomático de esta alianza coyuntural, el acto conjunto realizado hace unos días por Cameron y Corbyn (líder laborista) en el lugar donde fue asesinada la diputada Cox.

Como ocurre en todos los referéndums, el voto suele ser más emotivo que racional. Por ello, los partidarios del Brexit lo han tenido más fácil apelando al aspecto emocional del orgullo británico, frente a unos partidarios del Brin que difícilmente han podido emocionar al electorado con las bondades de un proyecto europeo en horas bajas. De poco han servido las controvertidas concesiones realizadas al Reino Unido por el Consejo Europeo, que Cameron ha presentado en la campaña como una conquista, pero que no parece haber tenido mucha influencia en los votantes, dado el carácter técnico de las mismas.

Sea como fuere, y con independencia del resultado del referéndum, creo que ésta es una buena oportunidad para reflexionar sobre el proceso de integración europea, un proceso cada vez más complejo y con muchas incertidumbres sobre su viabilidad. La amenaza de salida de un socio tan importante como el Reino Unido nos debe hacer reflexionar sobre cuál es el camino que mejor se ajusta a las reales posibilidades de la integración: si debe acelerarse en la dirección de “más Europa” (federación de estados), como desean los más entusiastas europeístas; si debe ponerse la marcha atrás e ir hacia “menos Europa” (mercado único y zona de libre cambio), como proponen los más euroescépticos, o avanzar lentamente hacia una Europa a “varias velocidades” (según el modelo flexible y asimétrico de los antiguos imperios), como proponen los más realistas (ver el artículo de Josep María Colomer, publicado en El País, 8/03/2016).

No es la primera vez que un socio de la UE amenaza con salirse, ni tampoco que esa amenaza implique cambios en el proceso de integración. Recordemos el incidente de 1965 conocido como “crisis de la silla vacía”, cuando el gobierno francés (presidido por De Gaulle) abandonó las instituciones comunitarias por no estar conforme con el modo como la Comisión Europea (presidida entonces por el alemán Hallstein) estaba aplicando la PAC (política agraria común). Francia regresaría seis meses más tarde (enero de 1966) tras firmarse el llamado “compromiso de Luxemburgo”, en el que los seis jefes de Estado y de Gobierno de la entonces CEE aceptaban las exigencias francesas reduciendo el poder de la Comisión Europea en materia de política agraria e introduciendo el derecho de veto de los gobiernos nacionales.

La anomalía británica

Gran Bretaña siempre ha sido un socio incómodo, aunque necesario, en la UE. A pesar del relevante papel que desempeñó en la victoria aliada en la II Guerra Mundial y de sus convicciones democráticas en favor de los valores occidentales, los británicos no se unieron al proceso de construcción europea a finales de los años 50.

Se mantuvieron al margen, confiados en poder mantener por sí solos su lugar en el mundo, gracias a su tradicional alianza transatlántica con los EE.UU., al poder financiero de la City y a las relaciones comerciales con sus antiguas colonias en el marco de la Commonwealth. Razones históricas hay en todo ello, que se remontan a la construcción de la propia Gran Bretaña como estado-nación y a su insularidad, tema éste que nos llevaría demasiado lejos en este breve artículo.

A principios de los 70s, el gobierno conservador de Edward Heath acordó solicitar la incorporación del Reino Unido al club europeo, lo que lograría en 1973 a pesar de las reticencias de la Francia post-De Gaulle, siempre desconfiada de las intenciones británicas. La entrada del Reino Unido en la UE reforzaba la presencia internacional del proyecto europeo y su vocación transatlántica, pero introducía una anomalía respecto a las bases franco-alemanas en las que se sustentaba.

Esa anomalía, que aún persiste, ha sido de dos clases. Una, económica, al incorporarse a la UE un país, como el Reino Unido, con una economía muy diferente de las del resto de países fundadores: menos intervenida por el Estado; más confiada en el funcionamiento de los mercados; poco complementaria de la francesa y la alemana, y con el relevante poder financiero de la City londinense (lo que explica su opt-out en el Tratado de Maastricht para quedarse fuera de la UEM y no aceptar el euro como moneda única).

La otra anomalía es política, debido al singular funcionamiento de la democracia británica: predominio del poder legislativo (parlamento) sobre el poder ejecutivo; acentuada cultura de accountability (rendición de cuentas) de los responsables políticos; alto grado de flexibilidad en la aplicación de las leyes, y bajo nivel de burocratización de sus administraciones públicas. Su siempre pertinaz oposición a que la Comisión y el Parlamento europeos acaparen nuevas competencias en detrimento de los gobiernos y parlamentos nacionales, es una buena muestra de la desconfianza británica hacia el poder de Bruselas (desconfianza reafirmada ahora al incluir este asunto en sus exigencias para permanecer en la UE).

Esta singular cultura económica y política hace que el Reino Unido haya sido un socio distinto de todos los demás, y hasta incómodo para la adopción de acuerdos que signifiquen avanzar en un proceso de integración política y económica del que los británicos siempre han desconfiado. De hecho, una de las exigencias de Cameron para contrarrestar el Brexit es que desaparezca de toda directiva o reglamento comunitario la mención a “una mayor integración europea” (ever closer union), lo que demuestra la clara oposición británica a un modelo federal europeo.

Aun así, la presencia del Reino Unido ha sido, y es, muy importante para la UE, ya que, con su pragmatismo y flexibilidad, y con el intenso dinamismo de su sociedad civil, neutraliza la cultura jacobina francesa y la hegeliana cultura alemana, basadas ambas en el influjo de las ideas, en una fuerte presencia estatal y en el rígido cumplimiento de las reglas y el derecho. Los franceses han sido siempre los ideólogos de la UE, tomando la iniciativa y proponiendo nuevos retos en el proceso de integración europea, al tiempo que los alemanes han sido los más preocupados por darle la adecuada forma jurídica.

Por el contrario, los británicos, con su pragmatismo, son los que preguntan “esto para qué”, “cuánto cuesta” o “qué consecuencias va a tener en la práctica”. En este sentido, la presencia del Reino Unido puede verse como una especie de “atranca ruedas” dentro de la UE, que muchos desean perder de vista para no verse molestados con preguntas siempre incómodas. Sin embargo, otros, entre los que me incluyo, consideran que la participación del Reino Unido en la UE es positiva, ya que, además de su peso económico y de su indudable contribución a la cultura europea, el pragmatismo británico nos obliga a pensar si un proyecto merece la pena sacarlo adelante y si será viable una vez puesto en marcha. Voy a poner un par de ejemplos, que están hoy en el debate sobre el Brexit.

La inviabilidad de la integración política europea

Después de la inevitable y sobrevenida ampliación de la UE a los países europeos del Este en los años 90s, muchos pensábamos, pero sin decirlo, que el proyecto de integración política hacia un modelo federal era inviable con una Europa a 28, y que sólo podríamos aspirar a organizar, que no es poco, un mercado único para la libre circulación de bienes, servicios y personas. Los británicos nunca han ocultado su desconfianza, dudando incluso de la viabilidad de la libre circulación de la mano de obra en áreas geopolíticas muy heterogéneas desde el punto de vista económico, como es el caso de la UE tras la ampliación.  De hecho, el Reino Unido nunca ha formado parte del espacio Schengen, y se ha reservado la facultad de controlar la entrada de ciudadanos europeos al territorio británico.

Otro ejemplo está relacionado con la resistencia británica a extender los derechos sociales a los europeos que residen en el Reino Unido, pero que no tienen la nacionalidad, como es el caso de conceder a todos ellos las ayudas sociales previstas en la legislación británica (tax credits) como complemento de los “minijobs”. Este tema es uno de los que planteó Cameron al Consejo Europeo como condición para defender en el referéndum la permanencia en la UE. Cameron propuso que esas ayudas sólo puedan concederse cuando el residente lleve cuatro años en territorio británico, propuesta calificada por políticos de los países afectados como inaceptable “línea roja” que la UE no debería admitir so pena de perder uno de los pilares de la cohesión.

Sin embargo, las exigencias británicas, lejos de descalificarlas por principio, deberían hacernos pensar sobre algunos ambiciosos objetivos de la UE que, por mucho que estén incluidos en los Tratados, serán inviables si no van acompañados de la correspondiente política común y del consiguiente incremento del presupuesto europeo. En el caso de los citados derechos sociales que implican ayudas económicas (tax credits), creo que tendría sentido exigir su extensión a todos los ciudadanos europeos con independencia de su nacionalidad si esas ayudas fueran financiadas por el presupuesto común de la UE, pero tendría menos sentido si son los propios Estados los que tienen que financiarlas. Se dan casos de gobiernos que bajan la presión fiscal y reducen el gasto público en política social dentro de su país, y que, sin embargo, exigen a otros gobiernos de la UE, más generosos en estas cuestiones, extender las ayudas a compatriotas que han tenido que trasladarse a esos países buscando el empleo y la protección social que no tienen en el suyo. Ese es el caso de los varios cientos de miles de polacos que residen en el Reino Unido, pero también el de los más de 100.000 españoles registrados en ese país.

Una reflexión similar cabe hacer sobre el ambicioso reto de crear la UEM (euro), que siempre criticó el Reino Unido. Las dificultades en las que se ve envuelto este enorme desafío radican, entre otras cosas, en la precipitación de su puesta en marcha (sin una adecuada arquitectura institucional) y en no haberse abordado una política fiscal común. Tal vez en eso hubiera sido útil haber prestado atención a las llamadas de alarma realizadas por el pragmatismo británico sobre la viabilidad de poner en marcha la UEM.

En definitiva, el referéndum sobre el Brexit  hay que verlo como una oportunidad para debatir con realismo sobre el futuro de la UE, reflexionando con sensatez y pragmatismo sobre los grandes problemas que tenemos por delante (por supuesto, el de los refugiados e inmigrantes, pero también el de la reactivación económica y la lucha contra el terrorismo yihadista, para lo cual es fundamental contar con el Reino Unido). No es el momento de plantear grandes proyectos de integración que sólo sirven para despertar emociones, pero que carecen de viabilidad en una Unión como la actual cuyo presupuesto común sólo representa el 1% del PIB europeo. Es el momento de seguir avanzando con cautela (a pequeños pasos, como recomendaba Jean Monnet) y a varias velocidades (cosa que ya es una realidad en varios temas), echando incluso el “freno de emergencia” cuando haga falta como única vía para que el proyecto de integración no descarrile.

Tal vez haya que avanzar hacia modelos flexibles y asimétricos de integración que permitan el acomodo en el proyecto europeo de una estructura tan compleja y heterogénea de países como la que existe hoy en la UE. Es indudable que los actuales 19 países de la zona euro deben avanzar rápidamente en la integración política para consolidar la Unión Económica y Monetaria. También es indudable la necesidad de avanzar en la construcción de una política común de asilo y extranjería en el conjunto de la UE. Pero no se tiene por qué avanzar con el mismo ritmo e intensidad en otras políticas, en las que bastaría con una eficaz cooperación intergubernamental. En resumen, con el Reino Unido dentro (Brin) o fuera (Brexit), la UE se verá abocada a iniciar un debate serio y realista sobre su futuro, que le permita salir de la parálisis actual y abrir un nuevo horizonte de expectativas reales (no ficticias). 

SOBRE   LAS   “RESERVAS   DE   LA   BIOSFERA”

(texto basado en los resultados de la tesis doctoral de Joel Maximiliano Martínez sobre la reserva de “La Sepultura”, en el estado mexicano de Chiapas, realizada bajo mi dirección

en la Universidad de Córdoba y leída el pasado mes de mayo)

Casi el 13% de la superficie terrestre a nivel mundial y casi el 2% del área oceánica, se ven afectados por algún programa de protección de la naturaleza, habiendo aumentado en los últimos diez años. Ello significa que la gestión de dichos espacios naturales está bajo la responsabilidad de entidades públicas (sobre todo, de las que tienen competencias en materia de medio ambiente).

Algunos autores señalan que no se puede caer en la autocomplacencia, ya que, a pesar de las políticas de protección, el deterioro de los espacios naturales avanza de forma inexorable, mostrando las limitaciones de esas políticas. De ahí que se considere que proteger la naturaleza no es sólo un tema de conservación de determinadas áreas, sino una cuestión más compleja que exige tener en cuenta no sólo los elementos que afectan directamente a los ecosistemas, sino también los que se refieren a las condiciones de vida de la población que reside en ellos.

Lo que se plantea es, por tanto, ampliar el paradigma de la protección de la naturaleza sacándolo del reducido ámbito ecológico para integrarlo en el paradigma de la sostenibilidad (económica, social y ambiental).

El programa MaB de la UNESCO

El Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO (en adelante, MaB) (Man and Biosphere) iniciado en los años 1970, aborda de un modo integral el tema de la conservación de la naturaleza al hacer compatible este objetivo con el de la mejora del bienestar de la población que reside en los espacios naturales y que utiliza los recursos asociados a dichos territorios. A lo largo de sus más de cuarenta años de funcionamiento, el Programa ha ido centrando sus actuaciones en la figura de la “reserva de la biosfera” (REBI).

Las REBIs son, por tanto, un reconocimiento que concede la UNESCO a determinados espacios naturales que, por su valor emblemático en materia de biodiversidad, deben ser protegidos mediante políticas destinadas a conciliar el objetivo de la “conservación” de la naturaleza y el del “desarrollo económico y social”.

El reconocimiento puede concederse, por tanto, a áreas terrestres, costeras o marinas representativas por su valor único desde el punto de vista de la biodiversidad, y siempre que la población humana y sus actividades sean parte integral de ellas. La declaración de una zona como REBI debe implicar el desarrollo de programas de protección apoyados en bases científicas, así como en el conocimiento y saberes locales y en la identidad cultural de la población.

Actualmente, existen a nivel mundial 650 reservas de la biosfera reconocidas por el programa MaB de la UNESCO e integradas en la “Red Mundial de Reservas de la Biosfera”. En España son 47 las áreas naturales reconocidas por la UNESCO como reservas (en Andalucía, están las de Sierra de Grazalema, Doñana, Cabo de Gata-Níjar, Sierra Nevada o Sierra de las Nieves, Cazorla-Segura-Las Villas, Dehesas de Sierra Morena)

En toda REBI deben quedar bien delimitadas tres zonas geográficas. La primera es la “zona núcleo”, cuyos rasgos ecológicos son los que justifican la creación de la reserva, siendo, por ello, la zona mejor conservada por contener el mayor grado de biodiversidad. Esta zona debe estar dotada, por tanto, de instrumentos legales de máxima protección en el marco de cada legislación nacional (en el caso español, la zona núcleo de nuestras REBIs está protegida por la figura de “parque natural”). De ese modo se garantiza tanto la conservación de los componentes más valiosos y representativos del correspondiente espacio natural, como la preservación de los servicios ambientales que proporciona.

Alrededor de la “zona núcleo” se encuentra la “zona de amortiguamiento o tampón” (buffer zone), donde se puede permitir la realización de actividades que sean compatibles con la conservación y que puedan contribuir al desarrollo de la investigación, la educación ambiental, la utilización de los modelos tradicionales de aprovechamiento,… En esta “zona tampón” se pueden autorizar, por tanto, actividades productivas, pero siempre que sean de bajo impacto e intensidad, con objeto de reducir sus posibles efectos sobre la “zona núcleo”.

Rodeando a esta segunda zona existe la “zona de transición”, donde se pueden autorizar actividades agrarias e industriales y donde tiene lugar la realización de acciones destinadas específicamente a promover el “desarrollo y bienestar” de la población local, pero con criterios de sostenibilidad. Para el cumplimento de las funciones de cada zona, se utilizan ciertas herramientas de actuación sobre el territorio, tales como la planificación territorial, los procesos participativos de los agentes implicados (decisores, técnicos, población local, grupos de interés,…), los sistemas de gobernanza o los mecanismos de coordinación.

La política de REBIs es la única política de protección de espacios naturales cuyo objetivo específico es preservar la biodiversidad conciliándolo con el desarrollo y el bienestar de las poblaciones locales. Constituye, por tanto, una figura de protección en la que explícitamente se incluye a la población local como actor clave en la gestión de los espacios naturales. Además, son políticas que permiten construir una relación de mutuo acercamiento entre los gestores públicos, la comunidad científica y las poblaciones locales.

Limitaciones de las políticas de protección

Análisis comparados entre REBIS situadas en diferentes contextos sociales y económicos, muestran las limitaciones que encuentran estas políticas de protección de la naturaleza en territorios donde se carece de las infraestructuras y equipamientos necesarios para asegurar el desarrollo y bienestar de la población local. En tales casos se manifiestan las contradicciones de políticas como ésta de la REBIs.

Si bien persiguen objetivos integrales de sostenibilidad ambiental, económica y social, estas políticas son, sin embargo, diseñadas por departamentos sectoriales, como los de medio ambiente, cuya lógica de conservación de los ecosistemas les lleva a estar más preocupados por el logro de los objetivos ambientales que de los relacionados con el desarrollo y el bienestar de la población.

De ese modo, las acciones emprendidas desde los departamentos de medio ambiente, aunque puedan obtener algunos resultados positivos gracias a los sistemas de incentivos económicos (por ejemplo, los “pagos por servicios ambientales”), se ven limitadas por las carencias existentes en esos otros ámbitos. Así, los objetivos de conservación acaban siendo negativamente afectados por la falta de infraestructuras y equipamientos en el territorio de la reserva.

Esto nos conduce a la reflexión final de que no es posible conciliar mediante políticas sectoriales los objetivos de la “conservación de los ecosistemas” y el “desarrollo y bienestar de la población” en territorios donde existen graves carencias en infraestructuras, servicios y equipamientos básicos. Sólo políticas integrales, diseñadas y aplicadas de manera coordinada por diversas instancias administrativas (medio ambiente, educación, salud, servicios sociales, fomento,…), pueden hacer posible la conciliación de esos dos objetivos. Estos dos objetivos son los que le dan a la figura de la REBI su singularidad respecto a otras figuras de protección de la naturaleza (como las de la red Natura 2000 de la UE, cuyo objetivo fundamental es la conservación).

Esta es la principal conclusión del trabajo de tesis doctoral realizada, bajo mi dirección, por el doctorando Joel Maximiliano Martínez en la Reserva de la Biosfera de “La Sepultura”, en el estado mexicano de Chiapas.

EL   "ACUERDO   DE   PARIS"  

SOBRE   CAMBIO   CLIMATICO

Hay problemas que, por su dimensión global, no pueden ser tratados a nivel de un solo país, ni siquiera de un grupo de países, por lo que sólo cabe hacerlo en instituciones internacionales como Naciones Unidas. Ese es el caso del cambio climático, reconocido ya como uno de los más graves problemas globales que afectan a nuestro planeta y que, por ello, trasciende el ámbito regional o nacional.

El “Acuerdo de París”, suscrito el pasado 12 de diciembre en la capital francesa y firmado solemnemente en Nueva York el 22 de abril de este año 2016 (con motivo del Día de la Tierra), es una buena muestra de la utilidad de algunas instituciones internacionales para tratar asuntos globales.

El contexto

Nuestro planeta ha experimentado, por razones naturales, variaciones en el clima a lo largo de su historia (las glaciaciones son un ejemplo). Sin embargo, cuando hablamos del problema del “cambio climático” nos estamos refiriendo a variaciones climáticas ocasionadas por la acción de los seres humanos, vinculada a nuestros sistemas de desarrollo económico.

Este  problema se manifiesta de varias maneras, siendo la más relevante la subida de la temperatura media del planeta (calentamiento global) y la alteración de las estaciones climáticas y de la intensidad pluviométrica. Asociados al fenómeno del cambio climático, están los problemas de disminución de especies naturales (pérdida de biodiversidad biológica) y de aumento de la superficie de zonas áridas (desertificación).

Respecto a sus causas más inmediatas, cada vez hay más evidencia científica de que, en relación al calentamiento global, una de esas causas es la elevada concentración en la atmósfera de los llamados “gases de efecto invernadero” (GEI) (sobre todo, CO₂ y metano), provocada por las emisiones que generan los modelos productivos basados en la masiva utilización de combustibles fósiles como fuente de energía.

Dado que, según el grado de desarrollo económico, los países emiten diferentes niveles de estos gases (GEI), ha habido serias divergencias sobre cómo abordar este problema, debido a las distintas repercusiones que su tratamiento podría tener en los sistemas económicos y sociales. Una reducción de las emisiones conllevaría inevitablemente un cambio en los modelos productivos, que no todos los países están en condiciones de afrontar. Además, los países menos desarrollados consideran, con razón, que no tienen la misma responsabilidad que los más desarrollados en la generación del problema del cambio climático al emitir menores cantidades de gases GEI a la atmósfera, aunque lo sufran de igual modo y con menos recursos para hacerle frente. Y consideran también que no se les puede limitar el desarrollo de sus economías, ya de por sí bastante atrasadas, con la excusa de que es necesario disminuir el uso de combustibles fósiles para combatir el cambio climático.

A pesar de esas divergencias, siempre ha existido un amplio consenso sobre la necesidad de la cooperación internacional para afrontar este problema, dada la imposibilidad de solucionarlo con medidas adoptadas de manera separada por cada gobierno nacional. De ahí que haya sido el marco de las Naciones Unidas el más apropiado para tratar los asuntos relacionados con el cambio climático, considerado ya como un problema “global” que forma parte de la agenda política internacional.

Los antecedentes

La primera vez que se habló a nivel internacional sobre el problema del cambio climático fue en la Conferencia Mundial sobre el Clima, celebrada en Ginebra en 1979 y organizada por la OMM (Organización Meteorológica Mundial), organismo especializado de la ONU.

A raíz de ello, Naciones Unidas aprobó el Programa Mundial sobre el Clima, y en 1988 creó un Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) encargado de elaborar informes científicos sobre la evolución de este problema. Consciente de la magnitud que iba tomando el problema del cambio climático y de la necesidad de la cooperación internacional para abordarlo, el IPCC propuso la redacción de un tratado internacional sobre este asunto.

Fue a raíz de la llamada “Cumbre de la Tierra” celebrada en Río de Janeiro (1992), que Naciones Unidas dio a conocer tres convenciones internacionales relacionadas con esta materia: una convención-marco sobre cambio climático (CMNUCC) y otras dos asociadas a aquélla (la CNUDB sobre biodiversidad y la CNULD sobre desertificación). Son convenciones a las que, desde su constitución, se han ido adhiriendo de forma voluntaria los distintos Estados miembros de la ONU (denominadas “partes contratantes”).

Al estar los tres temas interrelacionados, se ha creado incluso un “grupo común de enlace” para coordinar las acciones promovidas desde cada uno de esos tratados o convenciones, y para organizar las correspondientes conferencias anuales de las partes contratantes (COP). Desde que en 1994 entró en vigor la citada convención-marco sobre cambio climático (CMNUCC), se han celebrado 21 de esas conferencias internacionales, siendo la última la que tuvo lugar en París en los meses de noviembre-diciembre del pasado año.

La COP-21 celebrada en la capital francesa finalizó, como he señalado, con la firma del llamado “Acuerdo de París”, suscrito en esta primera fase por los representantes de los Estados allí presentes. Este Acuerdo sucede al “Protocolo de Kioto” (1997), y se pretende que entre en vigor a partir del año 2020, siempre que sea ratificado al máximo nivel político por un mínimo de 55 Estados que sean responsables de, al menos, el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

La importancia del Acuerdo

La importancia del “Acuerdo de París” ha sido reconocida desde diversos círculos de opinión (incluidos los vinculados a las organizaciones ecologistas) sobre la base de los siguientes aspectos.

En primer lugar, se destaca su alcance político, al haber sido firmado por los representantes de 195 países (la práctica totalidad de los Estados que forman parte de la CMNUCC). Para medir ese alcance, baste recordar que el “Protocolo de Kioto” sólo fue suscrito por 37 países, que representaban entonces un exiguo 11% del total de las emisiones de gases GEI, y no lo suscribieron países de la talla de EE.UU., China, Rusia, Canadá y Japón, ni tampoco la mayor parte de los países en desarrollo.

En segundo lugar, su importancia radica en que, por primera vez, se reconoce, al más alto nivel político y con un amplio acuerdo internacional, que el problema del cambio climático es un hecho evidente y que las elevadas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) son las principales responsables del aumento de la temperatura del planeta. Se admite también que esas emisiones no son naturales, sino provocadas por el alto consumo de combustibles fósiles en los modelos productivos imperantes. Se cierra así un largo periodo de discrepancias sobre la realidad del problema del “calentamiento global” y sus causas, al haberse alcanzado en París un amplio consenso en torno a la evidencia de que el problema existe y a la necesidad de abordarlo mediante la cooperación internacional.

En tercer lugar, la importancia del “Acuerdo de París” estriba en el status de tratado internacional que tiene. Eso significa que es legalmente vinculante, si bien es verdad que los mecanismos sancionadores para los países que lo incumplan se han dejado para un desarrollo posterior. No obstante, en el Acuerdo se establecen protocolos de supervisión y seguimiento para comprobar cada cinco años su grado de cumplimiento por parte de los Estados firmantes. En ausencia de sanciones, esto puede parecer un brindis al sol, pero no lo es, ya que los informes de seguimiento darán sólidos argumentos a las opiniones públicas nacionales e internacionales, y a los medios de comunicación, para señalar y criticar a los países que incumplan sus compromisos, además de su incidencia en las relaciones entre los Estados. Es una especie de sanción moral, con más efectividad de lo que pudiera pensarse, en estos tiempos en los que la opinión pública adquiere una influencia colosal en las sociedades democráticas.

En cuarto lugar, el Acuerdo fija objetivos concretos, como el de que no suba la temperatura media del planeta por encima de los 2ºC respecto a la que tenía en la época preindustrial (mediados del siglo XIX). Los informes de los expertos del IPCC indican que ya ha subido en torno a 1ºC y que si se continúa con el actual modelo productivo puede aumentar hasta 3ºC, lo que provocaría la subida del nivel del mar como consecuencia del deshielo polar, con resultados catastróficos para el conjunto del planeta. Conscientes de la gravedad del problema, los firmantes del “Acuerdo de París” han apostado de forma clara por impulsar modelos de producción menos dependientes de los combustibles fósiles, con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Pero también han apostado por frenar la deforestación e incluso impulsar una ampliación de la superficie forestal, dada la importancia de los bosques como sumideros en la fijación de CO₂ gracias a la función de fotosíntesis que realizan y que sirve para contrarrestar la excesiva concentración de estos gases en la atmósfera.

En quinto lugar, se reconoce en el Acuerdo que, si bien el problema del cambio climático afecta al conjunto del planeta, no todos los países tienen la misma responsabilidad en ello (al emitir distintas cantidades de gases GEI a la atmósfera), ni tampoco la misma capacidad para reorientar sus modelos productivos al ser diferentes sus niveles de desarrollo económico. Por eso, se plantea en el Acuerdo la necesidad de ayudar a los países pobres en la lucha contra el cambio climático, creándose para ello un fondo económico (fondo verde) dotado con recursos procedentes de los países más desarrollados. Se establece incluso el compromiso de dotar ese fondo con 100.000 millones de dólares anuales a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, con posibilidad de que pueda aumentarse y de que los países emergentes que lo deseen puedan contribuir también al mismo.

En sexto lugar, otra novedad significativa del “Acuerdo de París” es que afecta a la práctica totalidad de las fuentes causantes de las emisiones de gases GEI, incluyendo los modelos de agricultura intensiva de alto consumo de productos químicos (fertilizantes, pesticidas, herbicidas,…), aunque excluyendo, por ahora, a la aviación y el transporte marítimo (que sólo representan el 10% de las emisiones, pero que son los sectores en los que se ha producido un mayor crecimiento en las dos últimas décadas).

En séptimo lugar, cabe destacar el compromiso adquirido por los países firmantes del Acuerdo de presentar “planes nacionales de reducción de emisiones”, algo que ya hicieron 187 países en la conferencia de París, mostrando así su firme voluntad de contribuir a la lucha contra el cambio climático. Estos planes, que deberán ser revisados al alza en los próximos años, incluye compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), pero también de promover modelos agrícolas y forestales más extensivos y sostenibles por, como he señalado, las funciones positivas que realizan en la absorción y captura del carbono presente en la atmósfera.

Conclusiones

Por todo lo anteriormente expuesto, cabe señalar que el “Acuerdo de París” supone un importante paso adelante respecto al “Protocolo de Kioto” en la lucha contra el cambio climático, al plantear objetivos equilibrados para reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, con el horizonte puesto en el año 2050.

Como en todo acuerdo internacional, la valoración puede centrarse en lo acordado o en lo que queda excluido del acuerdo. Desde mi punto de vista son más los aspectos positivos de lo aprobado en París, que los que pueden ponerse en el platillo negativo de la balanza por no haberse ido más lejos en los compromisos contraídos, tal como critican algunas ONGs que trabajan sobre estos temas.

Pero hay que recordar que, en el ámbito de la política (y el “Acuerdo de París” se sitúa en ese ámbito al ser sus firmantes los gobiernos de los Estados), las decisiones se toman según la lógica de lo posible (no de lo deseable). Lo acordado en París es el mínimo común denominador que ha sido posible consensuar entre los representantes de casi doscientos gobiernos con realidades e intereses muy distintos en relación a las causas y efectos del cambio climático.

Dada la complejidad de las negociaciones, se entiende la satisfacción de Laurent Fabius, ministro francés de Asuntos Exteriores, anfitrión de la COP-21, cuando al final de la conferencia se felicitaba por haberse alcanzado un acuerdo tan amplio sobre tantas cosas, aunque reconocía que todavía quedan pendientes asuntos importantes.

Ahora es el turno de las responsabilidades de los gobiernos para cumplir los compromisos contraídos. La primera prueba será cuando toque ratificar el “Acuerdo de París” en los respectivos parlamentos nacionales, cosa que, en algunos casos, no será fácil de lograr como ya ocurrió cuando la ratificación del “Protocolo de Kioto”, en la que muchos de los países que inicialmente lo suscribieron no lo ratificaron después.

Esperemos que no ocurra lo mismo con el “Acuerdo de París”, y que pueda entrar en vigor en 2020. Necesitamos que sea así por el bien de nuestro planeta y de todos los que vivimos en él.