INCERTIDUMBRE   POLÍTICA  EN  #ALEMANIA 

Siempre se pone a Alemania como ejemplo por su estabilidad política en los últimos sesenta años. A sus dos grandes partidos: la CDU democristiana (con su socio bávaro CSU) y el SPD socialdemócrata, se les considera un modelo de formaciones políticas que anteponen los intereses generales a los particulares de sus respectivas militancias. La trágica historia de la República de Weimar en el periodo de entreguerras tiene mucho que ver en esto.

Son partidos denominados institucionales por el hecho de haber contribuido de forma alternativa a regir los destinos políticos de Alemania desde 1949, asumiendo responsabilidades de gobierno, tanto a nivel federal como regional (Länder).

Ya sea en solitario al disponer de mayoría parlamentaria o en coalición con partidos más pequeños (liberales, verdes...), tanto la CDU/CSU como el SPD han presidido los gobiernos en estos casi sesenta años ininterrumpidos de democracia en Alemania. Cuando esas pequeñas coaliciones no han sido factibles, los dos grandes partidos no han dudado en superar sus diferencias ideológicas y formar un pacto de gobierno entre ellos, dando lugar a lo que se denomina “gran coalición” (Groβe Koalition).

Eso ocurrió en los años sesenta en el gobierno de gran coalición CDU y SPD presidido por el democristiano Kurt G. Kiesinger (1966-69) (con el socialdemócrata Willy Brandt de vicecanciller). Fue un gobierno de coalición en el que una CDU en crisis y debilitada, encontró el apoyo de un SPD en alza, que utilizó precisamente ese pacto de gobierno para adquirir visibilidad tras quince años de gobiernos democristianos (los cinco gobiernos del canciller Adenauer y los dos de Erhard). Más recientemente se han formado gobiernos de gran coalición presididos por la democristiana Angela Merkel (2005-2009 y 2013-2017).

Llama la atención que, en esas tres experiencias, los socialdemócratas del SPD nunca han presidido el gobierno, sino que han sido el socio menor de la coalición, con lo que eso significaba de tener menos protagonismo y de ser el partido que mayor renuncia hacía de su programa político.

A diferencia del citado cogobierno Kiesinger-Brandt (excepcional por la forma en que se constituyó, tras la dimisión de Erhard, y por la controvertida figura del canciller Kiesinger, con un turbio pasado de militancia en el partido nazi), el SPD no ha salido satisfecho de su participación en las dos grandes coaliciones con Angela Merkel, al ver como pagaba por ello un elevado coste electoral. Ello explica las dudas en el seno del SPD de participar en una nueva gran coalición, y el intenso debate abierto dentro del partido.

Una gran coalición incierta 

Estas dudas y divisiones se han reflejado en lo ajustado de la votación del congreso extraordinario del partido socialdemócrata reunido el pasado 21 de enero en Bonn (362 delegados a favor de participar en una nueva coalición con la CDU/CSU y 279 en contra). Lo acordado en ese congreso es sólo abrir negociaciones con la CDU/CSU para elaborar un programa de gobierno de coalición que tendrá que ser aprobado dentro de unas semanas por los 450.000 afiliados del SPD en votación directa.

Dada la igualdad manifestada entre los partidarios y los opositores en el citado congreso extraordinario en el que sólo votaban delegados, se prevé unos debates intensos de cara a la próxima votación en la que será la militancia la que decida. Los pronósticos son inciertos, dada la fuerte división interna en el SPD y la alta movilización de las juventudes socialdemócratas (los llamados “jusos”) con su líder Kevin Kühnert muy activo en la campaña contra la formación de una nueva gran coalición con la CDU de Angela Merkel y la CSU bávara.

El cambio de posición del líder del SPD Martin Schulz no ha ayudado a cohesionar a las bases socialdemócratas, sino todo lo contrario. Tras anunciar de manera imprudente la noche de la derrota electoral del SPD del pasado septiembre que no habría pacto de gobierno con los democristianos, Schulz se ha manifestado favorable a la gran coalición por razones institucionales al ver fracasar a Merkel en la formación de un gobierno “jamaica” (por el color negro de los democristianos, el verde de los ecologistas y el amarillo de los liberales). Este cambio de posición le ha restado credibilidad a su liderazgo dentro del partido.

Las dudas del SPD en participar por tercera vez en una gran coalición con la CDU/CSU presidida por Angela Merkel, radican en el escaso rédito electoral que, como he señalado, los socialdemócratas han obtenido de las dos últimas experiencias, cosechando en las elecciones de 2017 el peor resultado de su historia.

Algunos dirigentes señalan, no obstante, que ese mal resultado no puede ser atribuido al escaso protagonismo del SPD en el gobierno de coalición, sino a la propia crisis de la socialdemocracia europea, que afecta a muchos partidos de esa ideología política (en Francia, en España, en Reino Unido, en Austria,…) y que les están incapacitando para presentar soluciones creíbles a los grandes retos de la sociedad actual.

Para los dirigentes favorables a la gran coalición, la consecuencia de no participar en ella es, ante la más que probable repetición de las elecciones, seguir cayendo en apoyo electoral hasta niveles aún más bajos al 20% de los últimos comicios. Por el contrario, los que se oponen a repetir una gran coalición presidida por Angela Merkel consideran que el SPD sólo podrá recuperarse volviendo a la oposición para reconstruir su discurso y estrategia.

Sólo un programa de gobierno en el que el SPD pueda introducir medidas de corte social (como el aumento del gasto público para salir de las políticas de austeridad o el incremento del gasto en educación o suavizar la política de asilo y acogida) y en el que se visualice una apuesta clara y firme por la integración europea reactivando la cooperación con la Francia de Macron, podría ser lo suficientemente atractivo como para que la militancia se incline a favor de la gran coalición en la votación de dentro de unas semanas.

Una gran coalición de alto riesgo

En todo caso, no son pocos los riesgos de constituir una gran coalición en una situación en la que los dos grandes partidos están debilitados y sólo agregan algo más de la mitad de los escaños del Bundestag (399 de diputados de un total de 709), cuando en ocasiones anteriores han sumado en torno a los dos tercios de la cámara.

Esta vez se produce además la circunstancia de que el primer partido de la oposición a la gran coalición sería un partido de extrema derecha como el AfD (que tiene 94 diputados y ha obtenido casi 6 millones de votos en las pasadas elecciones). Ello, además de añadir un importante factor de obstruccionismo parlamentario, es una amenaza para el caso de que el gobierno de coalición CDU/CSU y SPD no tenga éxito a la hora del cumplimiento de su programa de gobierno.

Sin embargo, la alternativa a una gran coalición es o un gobierno en minoría de Merkel (o de otro dirigente democristiano), algo que no está en la tradición política alemana (de hecho, nunca en la historia de la Alemania moderna ha gobernado un partido en minoría), o repetición de las elecciones. Repetir las elecciones se ve como una opción de alto riesgo, dado que el electorado podría castigar a los dos grandes partidos por no haber sabido alcanzar un acuerdo de gobierno, propiciando el ascenso del derechista AfD.

Se abre un periodo de incertidumbre política en Alemania, y para Europa, que no sólo durará las semanas que quedan hasta que las bases del SPD voten sobre la gran coalición, sino que continuará después. Si votan en contra, se acrecentará la incertidumbre por el imprevisible panorama que se abriría con la convocatoria de nuevas elecciones, y si votan a favor, continuará la incertidumbre por el escenario fragmentado y de inestabilidad en que deberá desenvolverse la tercera gran coalición entre democristianos y socialdemócratas.

Coda

Introducir sistemas de democracia participativa puede parecer una vía útil para implicar a la militancia en el funcionamiento interno de los partidos políticos, como ocurre con la elección de los dirigentes mediante primarias. Pero incluir esa dinámica en partidos que se mueven en escenarios de democracia representativa, tiene sus riesgos. Por ejemplo, extender la participación directa en decisiones como las de estrategia política (pactos de gobierno), provoca disonancias y disrupciones internas. El SPD se enfrenta ahora al hecho de que su militancia es la que decidirá sobre participar o no en la gran coalición, lo que acentuará las diferencias y hará aumentar la polarización dentro del partido ¿Es eso positivo? Veremos.

APUNTES   POSTELECTORALES 

  TRAS   EL  21-D   EN   #CATALUÑA

Discrepo de los que hacen una lectura en clave plebiscitaria de los comicios del 21-D. A diferencia de las elecciones de 2015, las de ahora no han sido un plebiscito sobre la independencia, ya que se han presentado distintas listas electorales con programas que incluyen temas políticos muy variados.

Si se hace una lectura meramente política, hay un hecho incontestable: Inés Arrimada (y su partido Cs) ha ganado las elecciones catalanas. Pero lo más probable es que no gobierne, dado que, salvo sorpresas, no obtendrá la mayoría necesaria para ser investida Presidenta de la Generalitat por el Parlament.

La excelente campaña de Arrimadas, templada, pero firme en la defensa de la legalidad constitucional, ha servido para que su partido, Cs, sea el primero en votos (con un 25,46%) y en escaños (con 37), ganando, además, en muchos de los grandes municipios catalanes. Pero ha sido insuficiente dado el hundimiento del PP y los pobres resultados del PSC (ambos hechos podrían explicarse por el trasvase de votos a Cs, mostrando los límites expansivos del llamado bloque constitucionalista).

Sin embargo, los tres partidos del bloque independentista (JxCat, ERC y CUP) suman 70 escaños (dos menos que en las elecciones de 2015). Según la mayor parte de los analistas políticos, que están haciendo una lectura plebiscitaria, estos partidos estarían en mejores condiciones de construir una mayoría parlamentaria que les permita formar gobierno. Creo, no obstante, que no le será fácil, ya que el escenario tras el 21-D es más complicado de lo que parece, si se hace otro tipo de lectura no plebiscitaria.

Comparto unas reflexiones sobre este asunto a modo de apuntes postelectorales.

a)  Como se recordará, en las elecciones de 2015, PdCat y ERC concurrieron en una lista conjunta y con un programa en el que se incluía como tema central el “procés” y la declaración unilateral de independencia (DUI). A pesar de las enormes distancias ideológicas con la izquierdista CUP, había, sin embargo, coincidencia entre estos tres partidos respecto a la ruta a seguir hacia la independencia. Por ello, y salvo el problema del veto de investir a Artur Mas como Presidente de la Generalitat, no había otras dificultades para conseguir el apoyo de un partido como la CUP en las antípodas de los herederos del pujolismo en temas sociales y económicos. El cambio de Mas por Puigdemont permitió que el bloque independentista obtuviera el apoyo (crítico) de la CUP, echando a andar el “procés” y todo lo que ello significaba (leyes de desconexión, DUI,…). El objetivo del “procés” tapaba las evidentes diferencias ideológicas entre esos tres partidos.

b)   Sin embargo, el escenario de ahora es diferente. Los tres partidos independentistas han ido por separado en las elecciones del 21-D, y, además, con programas electorales distintos, en los que se apreciaban diferencias relevantes respecto al tema de la independencia. A diferencia de la CUP, firme en su defensa de continuar con el “proces” hasta desembocar en una república catalana (que para ellos tiene que ser, además, anticapitalista, socialista y asamblearia), los programa del PdeCat (a través de su lista JxCat) y de ERC planteaban  este asunto de forma más matizada. La independencia se mantiene como aspiración en estos dos partidos, pero no se propone ahora como un objetivo a alcanzar de forma inmediata y de modo unilateral.

c) Hay, por tanto, una importante diferencia que altera el escenario de las posibles negociaciones con la CUP, si es que se producen, para armar una mayoría parlamentaria. En la noche electoral, las intervenciones de los dirigentes de JxCat y de ERC tuvieron que recuperar el discurso de la unilateralidad para ocultar el fracaso de haber sido derrotados por una clara y firme no independentista Inés Arrimadas y su partido Cs. Puede que las intervenciones de esa noche al fragor de la lucha electoral hayan hecho pensar a muchos analistas que tanto PdeCat, como ERC van a seguir con su estrategia ilegal de confrontación con el Estado, pero me da la impresión de que no va a ser así.

d)  El “procés”, tal como lo hemos conocido, ha tocado techo, y los dirigentes que lo han liderado saben que no es posible continuar con él, dada la fortaleza del Estado y el uso del art. 155 por parte del Gobierno. En ese contexto, se abre un escenario en el que, sin el objetivo inmediato de la independencia, aflorarán las grandes diferencias que existen entre el PdeCat y ERC, además de con la CUP, en temas programáticos y de políticas públicas, unas diferencias que en la pasada legislatura habían sido aparcadas en pro del “procés”. Es por eso por lo que no veo fácil que se reproduzca la pasada mayoría parlamentaria en el bloque independentista, ya que este bloque deja de serlo en el momento en que el pegamento que lo ha mantenido unido (el “procés”) se descompone dejando aflorar las diferencias ideológicas entre ellos.

e)   Además, la situación jurídicamente complicada de algunos de los principales dirigentes independentistas (de Puigdemont y los exconsellers fugados en Bruselas, y de Oriol Junqueras y Forn aún encarcelados), crea un riesgo evidente de no poder hacer efectivo el ejercicio de su actividad parlamentaria, poniendo en riesgo la posibilidad de armar una mayoría. Ese factor puede abocar a JxCat y ERC a diferencias insalvables por el liderazgo dentro del independentismo, haciendo difícil los acuerdos postelectorales entre ellos, incluso a una ruptura, que les llevaría a buscar alianzas con otros partidos. Además, en un contexto sin la independencia como horizonte inmediato, no veo el interés de una coalición para ninguno de estos dos partidos, tan diferentes ideológicamente y con trayectorias tan distintas en la política catalana durante las legislaturas previas al “procés”.

f)  Es ahí en ese nuevo escenario, sin la independencia como objetivo a alcanzar de forma unilateral, donde se abren otras opciones, si bien ninguna de ellas fácil. Quizá la más lógica desde el punto de vista político, es la posibilidad de una alianza ERC, PSC y CeC-Podem, dada la cercanía de sus posiciones ideológicas en temas sociales y políticos. Pero al no sumar los 68 escaños necesarios para alcanzar la mayoría (sino sólo 59), tendría que contar con la abstención de algún otro grupo (CUP o JxCat) en la sesión de investidura, y gobernar en minoría. La perspectiva de incluir en esa negociación otros futuros pactos (como el que tendría que hacerse para el Ayuntamiento de Barcelona) podría ayudar a ello. La negociación por la presidencia del Parlament es otro asunto que puede abrir aún más el escenario de posibles pactos en uno y otro sentido del arco parlamentario, sin descartar ahí en esa búsqueda de transversalidad la implicación directa de Cs.

g)  Una lectura en clave política (eje izquierda-derecha) de los resultados del 21-D muestra que ha sido el centro-derecha (Cs, JxCat y PP) el que ha ganado (51,7% de los votos y 74 escaños). Esto, en circunstancias normales debería asegurar la gobernabilidad mediante un pacto entre esos partidos. Pero dada la aún excepcional situación política de Cataluña, marcada por los ecos del “procés”, es complicado normalizar el panorama político en términos no identitarios. Por ello, el escenario es tan complejo de gestionar, que no hay que descartar la posibilidad de que se tengan que repetir las elecciones dentro de dos meses.

Coda: La victoria incontestable de Inés Arrimada resulta conmovedora, por lo que ella representa de juventud y empuje, y porque, como he señalado, lo más probable es que se quede a las puertas de presidir la Generalitat. No obstante, su prometedora carrera política comienza ahora, y su primera oportunidad será cuando, una vez constituido el Parlament, presente su candidatura a la presidencia de la Generalitat. Aunque es un intento que no tendrá éxito, Arrimadas está obligada a intentarlo y a presentar un programa basado en la transversalidad y la recuperación del diálogo institucional, y dirigido a afrontar los grandes retos de la economía y la sociedad catalana.

HABLEMOS  DE  #SEQUIA  AHORA  QUE  LLUEVE

Ahora que está empezando a llover en algunas zonas de España es el momento de hablar de la sequía. Al igual que se dice que los incendios forestales hay que comenzar a apagarlos en invierno (mediante medidas de prevención y limpieza de los montes), de los problemas de la escasez de agua se debería hablar cuando estemos en periodos de abundancia y no cuando nos asolen, como ahora, años de sequía.

El carácter cíclico del clima mediterráneo

En los países de clima mediterráneo, como España, los ciclos de abundancia de agua y de escasez son uno de sus rasgos característicos. El pasaje bíblico de los sueños del Faraón es un símbolo del carácter cíclico del clima en estos países. Como se recordará, el sueño de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas fue interpretado por el hebreo José anunciando que se avecinaba una alternancia de años de abundancia y años de sequía. En consecuencia, recomendaba al Faraón ser previsor y gestionar con prudencia los recursos disponibles en los graneros de Palacio.

Reconocer el carácter cíclico del clima mediterráneo no significa negar, como hacen algunos, los efectos del cambio climático, ya que este fenómeno se manifiesta, sobre todo, en el problema del calentamiento global o aumento de la temperatura media del planeta, provocando el deshielo de los casquetes polares o el desencadenamiento de catástrofes naturales en forma de grandes inundaciones en determinadas regiones. Ambos fenómenos (sequías cíclicas y calentamiento global) son diferentes, aunque complementarios, en tanto pueden retroalimentarse (un incremento de las temperaturas hace que aumente la evaporación, y, por tanto, que se acreciente la severidad de los efectos de la escasez de lluvia).

El carácter cíclico de las precipitaciones en un país como España (sequía meteorológica) se manifiesta en que, cada cuatro años, se produce una reducción de las lluvias hasta el 80% de la media anual, lo que afecta sobre todo a los cultivos de secano. No obstante, ese descenso de las precipitaciones significa, como señala Joan Corominas (uno de nuestros mejores expertos en temas de agua y regadíos), que si los años secos se repiten, como viene ocurriendo, “empiezan a descender los niveles de los acuíferos, se secan los manantiales y las reservas de los embalses se van agotando”. Se pasa entonces a lo que los especialistas llaman sequía hidrológica, que afecta, sobre todo, al regadío agrícola, y también a otros usos (industria, turismo y producción de energía hidroeléctrica), alcanzando en casos de sequía severa al consumo doméstico.

Todo ello debería obligar a los gobernantes, como el Faraón tras la interpretación de los sueños por José, a ser previsores en materia de agua y a llevar a cabo una adecuada política de gestión de los recursos hídricos sin esperar a que se desencadenen situaciones graves de sequía. Si no se hace así, como es el caso de ahora, sólo cabe poner en marcha planes de sequía, que aseguren el consumo doméstico, y compensar a los agricultores por las pérdidas que les ocasiona la escasez de agua.

La “cuestión hídrica”

Sea como fuere, la utilización de los recursos hídricos suele dar lugar a fuertes debates, y más en periodos de escasez de lluvias, como el actual, que acumula ya cuatro años seguidos de bajos niveles de precipitaciones. Esta situación está dejando nuestros pantanos en niveles de especial gravedad (por debajo del 30% de su capacidad), y, si no se producen lluvias abundantes en las próximas semanas, dará lugar a serias restricciones en determinados usos (sobre todo, en agricultura, pero también en el consumo en los hogares de algunas localidades), además de provocar una subida del precio de la energía eléctrica (al ser mucha de ella producida en los embalses).

La intensidad de esos debates es lo que explica que los especialistas hayan acuñado el término “cuestión hídrica” para referirse a este asunto.  En dichos  debates se confrontan dos formas de abordar el problema del uso y utilización de los recursos hídricos.

a)    Una forma es tratarlo como un problema de “oferta”. Los que lo perciben de este modo (las asociaciones agrarias y diversas organizaciones de regantes) proponen que aumente la oferta de agua mediante la construcción de más pantanos y embalses para acumular la mayor agua posible en tiempos de abundantes precipitaciones. Entienden que España todavía tiene margen para poder ampliar la capacidad de acumulación de agua en sus cuencas. También proponen una política de trasvases que permita trasladar agua de unas cuencas a otras, contribuyendo a una mejor cohesión de los territorios. Para esta posición, el agua es riqueza económica, sobre todo en el regadío agrícola. Por ello, opina que la oferta de agua es lo que tiene que aumentar, estando convencidos de que la solución tecnológica puede ayudar a resolver la “cuestión hídrica” (en forma de nuevos y más eficientes sistemas de regadío). Negar a los agricultores su “derecho al agua” es, desde este punto de vista, condenar a la pobreza a determinadas áreas rurales de nuestro país y renunciar al potencial de desarrollo que tiene la agricultura de regadío, reflexión que extienden a otros sectores como el turístico.

b)   Otra forma de ver este asunto es tratarlo como un problema de “demanda”. Los que piensan de este modo entienden que la oferta de agua es limitada (no puede llover más de lo que lo hace en países como el nuestro) y que ese problema no se resuelve construyendo más pantanos (que acaban vaciándose por el excesivo consumo) o más trasvases, sino reduciendo la demanda de agua por parte de los distintos sectores de usuarios. Esa es la posición de la Fundación “Nueva Cultura del Agua” (FNCA), para la que el agua es un patrimonio humano ambiental, cultural, paisajístico,… que, en sintonía con la Directiva europea sobre Agua, debe ser usado para el beneficio de toda la comunidad de manera sostenible. En esta línea de opinión, se denuncia el elevado consumo de agua en la agricultura por la irresponsable política de ampliación de la superficie de regadío y por la tendencia de los agricultores a la intensificación de los cultivos agrícolas (que ha absorbido el relevante ahorro que se ha venido produciendo en este sector gracias a la importante modernización de regadíos realizada en los últimos años).

Algunas reflexiones sobre la gestión de los recursos hídricos

Ambas posiciones fundamentan bien sus argumentos, y se apoyan en datos que los avalan. Sea como fuere, lo cierto es que España tiene un problema con la gestión de los recursos hídricos, que aún no ha abordado con seriedad y rigor y que exigiría tratarlo como un problema de Estado, dadas las múltiples dimensiones del agua como recurso fundamental para la vida, el desarrollo económico y la sostenibilidad medioambiental.

Las dificultades de hacer efectiva la aplicación del Plan Hidrológico Nacional (PHN), aprobado en 2001 y luego modificado en 2005, así como los problemas (políticos y económicos) de ejecución de los proyectos asociados al programa AGUA (incluido en el último PHN), reflejan que en España aún no nos hemos tomado en serio la gestión de los recursos hídricos como un gran asunto de Estado. Vayan algunas reflexiones.

1)   Es un hecho que se ha incrementado de modo exponencial el consumo de agua, tanto la que se consume en los hogares (pese a que en los últimos años se ha reducido de forma notable su consumo), como la que se consume en el sector agrario o en otros sectores de actividad (industria, servicios,…). A ello ha contribuido, sin duda, nuestro modelo de desarrollo y nuestro estilo de vida, basados en un consumo sin límite de los recursos hídricos y energéticos.

2)   También es una realidad que nuestra capacidad de regulación y almacenamiento de agua en embalses, ha aumentado de manera extraordinaria en los últimos sesenta años, gracias a las importantes obras hidráulicas que se han realizado, que permiten soportar mejor los periodos de sequía. Los expertos dicen que, con la actual capacidad de acumulación de agua, España tiene condiciones para soportar cuatro años seguidos de sequía, aunque también señalan que no lo suficiente, debido al elevado y creciente consumo que hacemos del agua almacenada (según estudios, extraemos de los embalses un 2% más de agua al año de la que reciben). Ello exigiría que, sin esperar a los momentos más graves de la sequía, los organismos de cuenca fueran previsores y redujeran gradualmente las dotaciones de riego cuando se inicien los periodos de escasez de precipitaciones.

3)    El consumo de agua ha alcanzado unas proporciones tales, que exige poner orden en ese aumento exponencial. Se sabe que más del 80% del agua disponible, se consume en el sector agrario (sobre todo, en los regadíos), y el resto en otros sectores de actividad (industria, turismo, servicios,…), además de en los hogares. Sin embargo, sólo es el consumo en la agricultura el que no revierte a los ríos, sino que se transforma en los productos agrícolas, por lo que en términos del ciclo del agua, es el sector agrario el principal consumidor de los recursos hídricos. El consumo de agua en los hogares es sin duda importante, pero, a diferencia del consumo en la agricultura, revierte a los caudales de los ríos, al igual que ocurre con el agua que se consume en el sector industrial o turístico. Por ello, las campañas de ahorro en los hogares y en estos sectores económicos hay que valorarlas por su doble efecto: real (mientras más se ahorre en ellos, menos extraemos agua de los centros de abastecimiento) y simbólico (no se puede seguir con una cultura del despilfarro).

4)    Por ello, sería necesario reducir el consumo de agua en el sector agrario, ya sea evitando que aumente de forma ilimitada la superficie de riego, ya sea continuando con la modernización de los regadíos (introduciendo tecnologías y sistemas de riego que reduzca el consumo de agua por explotación), ya sea neutralizando mediante campañas de sensibilización la irrefrenable tendencia de los agricultores a intensificar sus cultivos. No obstante, el efecto de la modernización de regadíos está llegando ya al límite en algunas regiones (en Andalucía, ya se han modernizado 350.000 has de riego, con un ahorro bruto del 25% del uso de agua) y poco se puede hacer más. Además, como consecuencia del conocido “efecto rebote”, modernizar los regadíos no siempre produce un ahorro neto de agua, ya que, paradójicamente, provoca tanto un aumento de la superficie regable, como una intensificación de cultivos, con el consiguiente incremento del consumo del recurso hídrico.

5)   Salvo la finalización de algunas obras hidráulicas ya iniciadas en algunas cuencas, no estamos en un contexto ni socioeconómico, ni político favorable a la construcción de nuevos embalses. Ni la UE va a autorizar invertir recursos de los fondos estructurales en la ampliación de nuestra capacidad de regulación, ni los programas políticos de los distintos partidos incluyen esta demanda, ni la sociedad en su conjunto tiene entre sus prioridades la construcción de nuevos pantanos.

6)   Sólo cabe por el lado de la oferta abordar una mejora de las actuales infraestructuras hidráulicas, reduciendo las pérdidas en las conducciones y aplicando las nuevas tecnologías para hacer más eficiente la gestión del recurso hídrico. Temas como la construcción de desaladoras no debieran descartarse por principio, pero sí ser bastante cautos a la hora de proponerlo y evitar que se reciba como una panacea cuando sólo es una solución muy concreta a casos puntuales, dado su elevado coste y sus efectos sobre el medio ambiente.

7)   El tema de los trasvases sólo cabe en los que ya están en funcionamiento, pero no en la construcción de otros nuevos, ya que su alto coste económico no lo justifica, ni tampoco su elevado coste político en un país tan poco vertebrado como el nuestro (con 17 centros políticos de decisión). La política de trasvases debe centrarse en hacer más eficiente el funcionamiento de los que ya existen, evitando pérdidas y programando adecuadamente la transferencia de agua de unas cuencas a otras, con plena justificación de las cuotas de trasvase y de los momentos de su realización.

8)   Sería pertinente regular mejor de lo que está ahora el uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas evitando los pozos ilegales y la extracción ilimitada del recurso hídrico de esos acuíferos. Asimismo, los poderes públicos deberían ser más eficaces a la hora de perseguir los vertidos contaminantes en ríos y mares, así como la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos u otros insumos usados en la actividad agrícola y ganadera. Y todo ello, en el marco de la aplicación de la citada Directiva europea sobre Agua, para devolver al buen estado ecológico nuestros ríos, acuíferos y aguas de transición costera, lo que exige incluir en el precio del agua (hoy bastante bajo en comparación con el coste de la energía eléctrica) la recuperación de los costes de las conducciones y los relativos a la depuración.

9)   Sería interesante explorar el tema de los “bancos de agua” con objeto de que el agua de unos determinados usuarios pueda ser utilizada por otros usuarios de la misma cuenca, pero con mayores productividades económicas, previa compensación a los donantes del recurso hídrico. Teniendo en cuenta que, a diferencia de los trasvases, la proximidad territorial facilita esos intercambios y los hace menos costosos, los "bancos de agua" es una opción interesante (ver sobre este tema el excelente artículo de Fernando Garrido, "Los mercados de agua y sus implicaciones sociales", publicado en el Anuario 2017 de la Fundación de Estudios Rurales).

10)  Se debe seguir avanzando en el proceso de instalación de depuradoras en los municipios para hacer posible que el agua que se vierte a los ríos tras su uso doméstico o industrial, esté en condiciones de buena calidad para evitar efectos perniciosos sobre los ecosistemas fluviales y pensando siempre en su utilización por otras comunidades de usuarios aguas abajo. El agua que circula por nuestros ríos no pertenece a ninguna comunidad concreta, sino que es un bien público de carácter universal, y por ello a proteger.

En definitiva, el problema de la sequía es un tema complejo y con muchas dimensiones. En este debate se reflejan aspectos no sólo relacionados con la escasez de las precipitaciones, sino también con sus efectos en la producción agrícola y en la generación de energía hidroeléctrica, y con la viabilidad del modelo de desarrollo económico, un modelo basado en el consumo ilimitado de los recursos naturales. No aplacemos el debate ahora que empieza a llover.

DIEZ APUNTES  TRAS  LA  APLICACIÓN  DEL  ART. 155

Ha transcurrido algo más de un mes desde el 1-O, pero han sido tantos los vaivenes de la situación política catalana, que parece haber pasado un largo periodo de tiempo.

Los hechos se han ido precipitando a un ritmo de vértigo por lo que no viene mal recordarlos: aprobación de las leyes de desconexión y transitoriedad por el Parlament el 7-8 de septiembre en flagrante violación del orden constitucional; intento de celebración del referéndum ilegal el 1-O con la consiguiente intervención policial; detención de los dirigentes de las organizaciones ANC y Omnium cultural; declaración unilateral de independencia por el Parlament el 21 de octubre (tras las dudas hamletianas del President) y aplicación inmediata del art. 155 por el gobierno de la nación; cese del Govern y convocatoria de elecciones catalanas para el día 21-D; salida a Bruselas de Puigdemont con una parte de sus antiguos consellers; comparecencia de otra parte del Govern ante la jueza Lamela de la Audiencia Nacional y su envío a prisión; comparecencia de los miembros de la mesa del Parlament ante el juez Llarena del Tribunal Supremo (debido a su condición de aforados)…

Para complicarlo todo aún más, nos encontramos con una situación en la que se mezcla la lógica política y la lógica judicial, con sus propios ritmos y calendarios, que hacen aún más cambiante el panorama, provocando cambios de estado de ánimo en la ciudadanía (de la euforia a la depresión), cuando no un hartazgo cada vez más insoportable. Es un escenario cargado de pasiones, impregnado de emotividad y salpicado de medias verdades e incluso de mentiras intencionadas.

En definitiva, un panorama enardecido y enrarecido, ante el que hay que detenerse y recapitular para poner orden en las complicadas piezas que lo componen. Con ese propósito comparto las siguientes reflexiones.

1)    Aunque en las redes sociales no dejan de aparecer comentarios jocosos sobre el tema catalán en un frívolo regodeo de los acontecimientos, la realidad es que estamos ante la más grave crisis de la democracia española desde el fallido golpe de estado del 23-F, ya que este tema no es sólo de Cataluña, sino que nos afecta a todos. Es una crisis que, de no encauzarse, podría tener, además, unas implicaciones económicas que harán empequeñecer la que venimos sufriendo desde 2007. El Banco de España ya ha estimado para el año próximo una pérdida de más de 30.000 millones de euros en términos del PIB si la inestabilidad continúa en Cataluña. No debemos olvidar que la economía catalana representa el 20% de la economía española, además del efecto indirecto que la crisis política pueda tener en el empleo y en las inversiones extranjeras en nuestro país.

2)    El procés ha tocado fondo al tropezar con el poder institucional del Estado. Por mucho que el bloque secesionista active estrategias de resistencia, el procés, tal como lo hemos conocido, no tiene ya más recorrido. Después del 21-D, nada será igual, ya que lo más probable es que cambien los interlocutores y sean distintas las estrategias, una vez que sus protagonistas valoren lo ocurrido hasta aquí. El independentismo seguirá, sin duda, presente en la sociedad catalana, y seguro que con una pujanza similar o superior incluso a la de ahora. Pero tras las elecciones autonómicas será distinto el escenario en Cataluña y continuará Rajoy al frente del gobierno de la nación, manteniéndose firme en la defensa del Estado de derecho.

3)    La aplicación del art. 155 se ha realizado dentro de la más escrupulosa legalidad y de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Paradójicamente, una cámara alta tan desprestigiada como el Senado, ha desempeñado un papel crucial en el procedimiento de intervención. Ha sido impecable el modo como se han desarrollado los debates en la comisión y en el pleno hasta conducir a la autorización al gobierno para que aplique las medidas que hagan efectiva la suspensión de las competencias políticas en Cataluña. El control de los Mossos se ha realizado con una sorprendente normalidad, al igual que el de las distintas consejerías de la Generalitat.

4)    El cese del President y de los miembros del Govern estaba dentro de las posibles medidas del art. 155, por lo que no ha causado sorpresa. Sin embargo, la convocatoria electoral para el 21-D ha sido sorprendente por su rapidez, habiendo dejado descolocadas a las fuerzas políticas catalanas y en especial al bloque secesionista. La virtud de una convocatoria electoral tan rápida es que reduce al mínimo el periodo de aplicación del art. 155, y con ello los riesgos que conlleva. Puede que, para los sectores más españolistas, deseosos de prolongar la suspensión de las competencias de la Generalitat en una especie de estrategia de tierra quemada, la medida de aplicar un art. 155 de corta duración les resulte decepcionante por entender que el trabajo de “cirugía” se quedará a medias. Pero Rajoy, con el apoyo de Cs y, sobre  todo, del PSOE, no ha querido arriesgarse a transitar por un camino lleno de incertidumbre y dificultades. No obstante, el mandato del Senado es de seis meses, por lo que la aplicación del art. 155 no acaba el 21-D, pudiendo, además, el Gobierno solicitar su ampliación según cómo se desarrollen los acontecimientos.

5)    La salida del ya expresidente Puigdemont y de parte de su gobierno hacia Bruselas, ha sido interpretada por muchos como una huida y una traición al resto de sus compañeros. Pero en mi opinión hay que entenderla en términos de una estrategia jurídica y política en coordinación con el resto de consellers, si bien una estrategia de alto riesgo. Con su salida, Puigdemont persigue, sin duda, eludir la justicia española (a la que acusa de estar politizada y de no ser independiente), pero también internacionalizar el conflicto, esperando que algún país de la UE ceda a la tentación de dudar de la credibilidad democrática española. Esperemos a cómo se desarrolla la aplicación de la orden europea de detención decretada por la Audiencia Nacional (AN) y ante la cual Puigdemont se ha presentado ante la fiscalía belga, que es la que debe decidir sobre el proceso judicial.

6)   La entrada en prisión sin fianza de los consellers que se han quedado en España, ordenada por la jueza Lamela de la AN, puede ayudarle a Puigdemont en su estrategia, esgrimiendo, aunque sea sin base jurídica alguna, el argumento de la existencia de “presos políticos”. Además, el diferente tratamiento que sobre la misma querella del fiscal ha hecho el juez Llarena del Tribunal Supremo (TS) respecto a los miembros de la mesa del Parlament (que ha rebajado el delito de rebelión y les ha dado un plazo de una semana a los miembros de la mesa del Parlament para que sus abogados tengan más tiempo en preparar sus defensas), da argumentos a la estrategia de Puigdemont de cuestionar el poder judicial español al mostrar que existen distintas varas de medir el mismo delito. Para los que quieran profundizar en la complejidad de este asunto, recomiendo dos excelentes artículos escritos desde posiciones distintas: uno, de Teresa Freixes, argumentando en favor del auto de la jueza Lamela (“Delito de rebelión para el Govern, ¿por qué?”, publicado el 3 de noviembre en la sección Ideas de la revista ED), y el otro, de Miguel Pasquau, cuestionando dicho auto (“Alzamiento, sedición y rebelión” publicado el 1 de noviembre en la revista digital ctxt.es).

7)    Sea como fuere, lo cierto es que la discrepancia entre la AN y el TS no ayuda a la imagen de equidad y profesionalidad de la justicia española, y da alas al victimismo de los secesionistas. Es, por tanto, una situación preocupante, que, si no se remedia en los próximos días unificando criterios entre ambos organismos judiciales, podrá influir en la opinión pública internacional, volátil por naturaleza, y aún más ante la debilidad crónica de la diplomacia española. Además, si continúa esa discrepancia entre el TS y la AN hay riesgo de que el tema acabe en el Tribunal de Derechos Humanos como ya ocurrió con el caso Bultó en los años 1980, lo que empeoraría la imagen de la democracia española.

8)    Por muy ajustado a derecho que esté el encarcelamiento de los dirigentes catalanes dada la gravedad de los delitos que se les imputa, es indudable su efecto político. Celebrar las elecciones del 21-D en unas circunstancias así no es el mejor escenario, ya que los comicios se verán condicionados por ello, tanto en lo que se refiere al ambiente político, como a las estrategias electorales y al desarrollo de la campaña. Serían elecciones celebradas en un escenario aún más polarizado y fracturado de lo que está ahora y fuertemente cargado de emotividad y victimismo, lo que no es lo más indicado para un proceso electoral. Además, la campaña se vería inevitablemente empañada por demandas de amnistía y libertad que, sustituyendo a los programas políticos con los que los partidos suelen presentarse a los comicios, se extenderían de forma transversal monopolizando el eje de los debates. Al favorecer una estrategia frentista, esas demandas, que apelan más al corazón que a la cabeza de los votantes, lograrían ocultar las profundas desavenencias hoy existentes dentro del bloque independentista, además de permitirles a los dirigentes secesionistas envolverse en el manto del victimismo evitando rendir cuentas ante el electorado por los errores cometidos durante el procés. Asimismo, la permanencia en la cárcel de los dirigentes políticos catalanes durante la campaña electoral serviría de acicate a la revitalización del bloque independentista, un bloque en horas bajas tras el fracaso del procés y tras el impacto de la gran movilización no secesionista activada días atrás por la SCC (Societat Civil Catalana). En este sentido, no debe olvidarse que un movimiento como éste de la SCC, logrado a base de mucho esfuerzo, necesita, para verse reflejado en forma de votos en las urnas, un escenario menos enardecido y más sosegado para que los votantes decidan su voto con cierta racionalidad y no con las emociones a flor de piel.

9)    Aún es pronto para hablar de posibles escenarios tras el 21-D, ya que quedan cincuenta días en una campaña que se prevé dura y complicada. Aún no se conocen las estrategias de los partidos soberanistas: si reproducir un frente común para convertir las elecciones de nuevo en plebiscitarias, o si presentar listas por separado para dar lugar a posteriores alianzas en función de los resultados. Parece que sólo el PDdeCat (antigua CiU) está interesado en reeditar el frente independentista, dado que, yendo por separado, corre el riesgo de sufrir una fuerte derrota en favor de ERC. Respecto a los Comunes de Ada Colau y de un sector de Podemos, ya han anunciado que presentarán una lista propia (encabezada por Xavi Doménech), aunque con un programa común lo suficientemente transversal como para dejar abierta posibles alianzas postelectorales con otras fuerzas soberanistas.

10)  Respecto a los partidos no soberanistas, ya se sabe que no habrá frente común a pesar de la insistencia de Cs. Además de las profundas diferencias programáticas entre el PSC y el PP, está en la memoria de ambos partidos la fracasada experiencia frentista de las elecciones vascas de 2001, cuando el frente PSOE-PP (liderado por Nicolás Redondo Terreros y Jaime Mayor Oreja) se vio derrotado por el PNV de Ibarretxe, y no quieren repetirla en Cataluña. Por eso, tanto PP, como PSC y Cs se presentarán por separado, con la esperanza de que el bloque secesionista no alcance la mayoría parlamentaria, algo que se antoja difícil a la luz de las últimas encuestas, que arrojan un escenario muy parecido al actual.

Todo está abierto, por tanto, y nos esperan varias semanas de vértigo hasta llegar a los comicios del 21-D, una fecha que marcará no el final, sino el inicio de un nuevo escenario que habrá que gestionar desde dentro de Cataluña y desde el conjunto del Estado.

Si se gestiona bien, la situación catalana podrá normalizarse encauzándola hacia un nuevo encaje de Cataluña en el Estado, algo que inevitablemente deberá pasar por algún tipo de consulta legal y pactada, tras la correspondiente reforma constitucional (con la que está de acuerdo más de la mitad de los españoles según las últimas encuestas).

Pero si fracasa el diálogo político, y el independentismo persiste en su desafío al Estado de derecho, se agravará aún más la inestabilidad en Cataluña. Ello tendrá graves efectos directos en el resto de España y efectos colaterales en la UE, llevándonos a un abismo al que, si bien algunos, en su delirio, puedan sentirse fascinados a precipitarse por él, muchos otros ciudadanos no están dispuestos a ello.

CATALUÑA (II)

(continuación del texto publicado en este blog el 04/02/2017)

La deriva de ilegalidad (tanto en lo que supone violar las normas de la Constitución, como la del propio Estatut) ha sido algo consustancial con el “procés”, culminando con la aprobación unilateral de la ley de referéndum y las leyes de desconexión.

Sin embargo, el modo como se llevó a cabo su tramitación en el Parlament en las sesiones de los días 6 y 7 de septiembre (transgrediendo las reglas del juego parlamentario, desoyendo los informes de los letrados y del Consejo de Garantías Estatutarias, y violando los derechos de las minorías) ha sido la culminación de otra deriva que no estaba implícita en el “procés”, su deriva autoritaria. Esa deriva ha sido de tal calibre, que incluso ha provocado la desafección de algunos políticos que hasta ahora habían mostrado su apoyo al derecho a decidir (el discurso del diputado Coscubiela, portavoz del grupo “Catalunya Sí que es Pot”, es el mejor ejemplo).

Son bien conocidos los factores que han llevado a la grave situación en que nos encontramos (ver el texto publicado en este blog el 04/02/2017). No un factor, sino una combinación de varios factores, han contribuido en mayor o menor medida a que se llegue a la grave situación actual. De nada vale lamentarse. Hasta ahora, el fracaso de la política ha sido innegable.

Sin embargo, llegados a este punto de deriva autoritaria y de flagrante violación de la legalidad por parte del gobierno de la Generalitat y del Parlament, pocas opciones caben de aquí al 1 de Octubre, más allá de utilizar los instrumentos jurídicos del Estado de derecho (TC, fiscalía,…).

La opción jurídica es la que está utilizando el gobierno de Rajoy, apoyado sin fisuras en este tema por PSOE y Cs, que han visto con claridad la gravedad del desafío soberanista. Significativa, por ambigua, es la posición de Unidos Podemos, paralizado en sus divisiones internas y justificando su ambigüedad con el argumento de respetar la libertad ciudadana a movilizarse y el derecho a decidir de los catalanes (la división mostrada por Podemos en la pasada Diada ha sido paradigmática).

En ese escenario, y en el sector no independentista, se oyen voces de distinto signo. De un lado, están los que critican al gobierno Rajoy por su debilidad y le exigen más contundencia en la respuesta, lo que implicaría la aplicación del art. 155 de la Constitución y la retirada de las competencias al gobierno de la Generalitat.

De otro lado, los que consideran prudente y proporcionada la respuesta del gobierno para no caer en lo que están buscando los secesionistas, y que no es otra cosa que la confrontación con las fuerzas de seguridad del Estado de tal modo que pueda provocarse una situación de violencia que modifique el actual escenario en favor del secesionismo permitiéndole romper el aislamiento internacional que ahora tiene.

También están los que critican la judicialización excesiva del problema catalán y las decisiones adoptadas por la fiscalía (citación de los alcaldes, acusación de sedición a los promotores delas manifestaciones,...) y por algunos jueces (como la detención de algunos funcionarios de la Consejería de Economía de la Generalitat).

Finamente, no son pocos los que, pensando más en el “día después”, abogan por una reforma de la Constitución que defina un nuevo modelo de organización territorial posibilitando no sólo un mejor acomodo de la cuestión catalana, sino un mejor funcionamiento del Estado de las Autonomías (ésa es la intención de la propuesta del PSOE de crear una comisión parlamentaria con ese propósito).

Ante ese panorama, me permito hacer algunas reflexiones.

1)     De acuerdo con la Constitución de 1978, el derecho a decidir en asuntos que afectan a la soberanía nacional y a la estructura territorial del Estado, es un derecho de todos los españoles y no de los que viven en una parte del territorio. Los ciudadanos de un municipio o de una región pueden ser convocados a referéndum sobre temas tales como los estatutos de autonomía, las ordenanzas municipales, las fechas de determinados acontecimientos culturales,…, pero no pueden serlo para decidir sobre temas que afectan al conjunto de la sociedad española, como es el caso del modelo territorial.

2)      Esto es así en cualquier democracia europea (por ejemplo, los ciudadanos de Baviera no pueden decidir por sí solos separarse del Estado alemán y formar un estado independiente; tampoco pueden hacerlo los de la región italiana del Veneto o la Campagna, o los franceses de Córcega). El caso de Escocia es excepcional al no existir en el Reino Unido ninguna carta constitucional que defina la soberanía nacional e impida la autodeterminación de uno de sus territorios, lo que ha propiciado que se pudiera realizar el referéndum escocés previa autorización del gobierno británico. Fuera de la UE, el caso de Quebec en Canadá que tanto se menciona, también es diferente, ya que la constitución canadiense no restringe la posibilidad de que se realice un referéndum de autodeterminación en una de sus provincias (de hecho, se celebró sin tener que llevar a cabo ninguna reforma constitucional, sino aprobando la Ley de Claridad, que “clarificó” las condiciones que tenían que cumplirse para ser válido el referéndum de Quebec).

3)   El derecho de autodeterminación, que es a fin de cuentas lo que se esconde detrás del derecho a decidir, es establecido como principio general en la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, para evitar el riesgo de inestabilidad que implica si se llevara a la práctica de un modo general en todos los casos, se ha ido definiendo en distintas resoluciones para hacerlo efectivo sólo en los casos de descolonización o en situaciones de flagrante violación de los derechos humanos en un territorio. Más allá de esos casos, el derecho de autodeterminación de los pueblos queda en un plano vago y genérico, y de escasa eficacia jurídica como para apelar a él. Los dirigentes catalanes no pueden apelar al derecho internacional para legitimar sus aspiraciones de independencia, ya que Cataluña no es una colonia, sino que goza de autonomía política plena dentro del Estado español y disfruta de amplias libertades civiles al igual que cualquier ciudadano de otro país de la UE. Es por esto que su propuesta de desconexión hacia la independencia no encaja ni en la resolución 2625 de la Carta de Naciones Unidas ni en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos firmado por España, siendo además rechazada por las instituciones europeas.

4)    La Constitución española de 1978 no es un texto inmutable, como no lo es ninguna carta constitucional de cualquier país del mundo. Puede reformarse, pero siempre de acuerdo con el procedimiento que en ella misma se establece. Estas son las reglas de juego que hay que respetar en toda democracia. En el caso español, según el tema que sea objeto de reforma, se exige una mayoría de dos tercios o de tres quintos en el Congreso, y una mayoría absoluta en el Senado, además de, en determinados casos, someter el nuevo texto a referéndum de todos los españoles. Cabe reformar todo, pero dentro de las reglas que se establece en ella.

5)    Nuestra Constitución se ha reformado en dos ocasiones, y no hay motivos para que no se pueda abordar otra reforma. El problema es encontrar el momento adecuado para hacerlo, lo que exige alcanzar un amplio consenso político previo entre los partidos sobre lo que se va a reformar, evitando abrir un proceso de reforma que acabe convirtiéndose en un proceso sin control. En mi opinión, es prioritario y urgente abordar la reforma del título VIII antes que otros asuntos. La forma de estado, la referencia a la UE o una mayor protección de los derechos sociales y económicos, son asuntos, sin duda, importantes, pero podrían esperar a otra fase de la reforma constitucional.

6)  Respecto a la reforma del modelo territorial, hay que tener en cuenta que esa reforma tiene sus límites en la propia definición de soberanía que establece la Constitución. Por ello, para que tenga cabida el derecho a decidir (que es en la práctica el ejercicio del derecho de autodeterminación) sería necesario redefinir el principio de soberanía (hoy radicado en el conjunto de la sociedad española) para trasladarlo a los territorios. ¿Es eso posible?. Teóricamente sí, pero en la práctica no lo veo factible, dada la inestabilidad política que conlleva, ya que eso implicaría reconocer el derecho de autodeterminación no sólo a Cataluña, sino a las demás CC.AA. Lo exigirá, sin duda, el País Vasco, y quien sabe si también Galicia, Andalucía o cualquier otra de las actuales comunidades autónomas para no ser menos. ¿Queremos abrir un proceso así? No parece que esto sea lo que piensen los partidos mayoritarios (PP y PSOE), aunque sí lo piensen otros partidos (como Unidos Podemos), sin valorar su factibilidad y efectos.

7) La propuesta de referéndum de autodeterminación pactado que con tanta ligereza se plantea como posible salida, no la veo factible, ya que eso implicaría hacer vinculantes sus posibles resultados (entre ellos, el de la independencia), cosa que no es posible sin cambiar el significado del principio de soberanía, con los problemas que ello generaría y que he comentado anteriormente. Sólo veo factible, por tanto, reformar el título VIII y, a partir de esa reforma (que sería votada por todos los españoles en referéndum), elaborar un nuevo Estatut (similar al que fue recurrido ante el TC), estatuto que sería votado en referéndum por los catalanes. Es la única salida que le veo al embrollo al que se ha llegado..Los independentistas no estarán de acuerdo, pero ellos no son toda Cataluña, sino sólo una parte de una sociedad como la catalana que es plural y en la que coexisten diversas opciones que podrán medir su peso en dicho referéndum.
 

8)   La cuestión es si hay consenso político suficiente para hacerlo así. Parece que un acuerdo entre PP, PSOE y Cs, y algunos otros grupos minoritarios, lo haría posible, siendo conveniente que el nacionalismo vasco moderado (PNV) y el catalán (una vez que las aguas se calmen tras el 1-O) se unieran a ese consenso en torno a la reforma del título VIII. La posición de Unidos Podemos, que plantea un proceso constituyente (es decir, una nueva Constitución) y un referéndum sobre la forma de Estado (dada su evidente posición republicana), no permite pensar en que pueda unirse al consenso en pro de una reforma constitucional acotada sólo al título VIII, pero en política nunca se sabe, y no puede descartarse nada a priori. Por supuesto que sería deseable que Unidos Podemos estuviera también en ese consenso sobre la reforma del Título VIII, pero si no lo está, se podría seguir adelante sin ellos, aunque es verdad que ello daría lugar a un escenario poco deseable.

9)  Ante la actual situación en Cataluña, sólo cabe esperar a que pase sin mayores incidencias el 1-O, y, por supuesto, sin confrontaciones que desemboquen en violencia (confiemos en la lealtad de los Mossos a la legalidad constitucional, y en la profesionalidad de las fuerzas de seguridad para gestionar posibles altercados o provocaciones). Una vez transcurrida esa fecha, la “cuestión catalana” seguirá presente, aunque el contexto será otro. Probablemente, habrá convocatoria de elecciones en Cataluña cuyos resultados determinarán, sin duda, un nuevo escenario parlamentario, con una recomposición de la jerarquía política dentro de las fuerzas nacionalistas y con una redefinición de las correspondientes estrategias.

10)  Ello abrirá un escenario de oportunidades para que, desde el gobierno del Estado y desde la Generalitat, pueda gestionarse el problema catalán con nuevos bríos y con propuestas concretas. Es verdad que el nacionalismo soberanista es insaciable y que siempre le sabrá a poco todo lo que no sea dar pasos hacia la independencia, pero tras el 1-O tendrán que replantearse sus objetivos y estrategias. Con iniciativas políticas y nuevos marcos de negociación que den voz al conjunto de la sociedad catalana, se podrá, al menos, evitar que el independentismo (con su apelación victimista y emocional) continúe ampliando sus bases de apoyo en una población huérfana de alternativas creíbles, y necesitada, ahora más que nunca, de respuestas claras y verosímiles que permita superar el callejón sin salida al que ha conducido el “procés”. Es un escenario de oportunidad que no debiera desaprovecharse después del 1-O.