LAS POLÍTICAS  AGRARIAS   EN   LAS  REGIONES   #ULTRAPERIFÉRICAS  DE  LA  U.E.  

Texto resumido de la conferencia pronunciada en Los Llanos de Aridane (Isla de La Palma)

en el curso organizado por la Universidad de La Laguna (23 de agosto de 2018)

Desde la creación de las Comunidades Europeas, el tema de las regiones ultraperiféricas ha sido objeto de una atención especial por parte de las políticas comunitarias, debido a los problemas generados por el alejamiento, la fragmentación y el aislamiento de los territorios insulares y de las pequeñas islas pertenecientes a la Unión Europea.

El marco legislativo

La presencia de los territorios franceses de ultramar (Nueva Caledonia, Martinica, Guadalupe, Guayana, Reunión, Polinesia,…) fue una de las principales razones de esa atención. Dicha atención se intensificaría tras la entrada en la UE de Grecia (con la singularidad de las islas pequeñas del mar Egeo), Portugal (con las islas de Azores y Madeira) y España (con las islas de Baleares y de Canarias).

En 1997, el Tratado de Amsterdam, en su artículo 299.2 ya reconocía la especificidad de las regiones ultraperiféricas de la UE, e incluía al archipiélago de las Canarias dentro de ellas (no así a las Baleares). Este reconocimiento se ha ido prorrogando y ampliando en los sucesivos tratados, el último de ellos el TFUE de Lisboa, que dedica el art. 349 a este tipo de regiones.

El tratamiento de los problemas del desarrollo de las regiones ultraperiféricas por parte de la UE se ha canalizado a través de dos vías. La primera vía ha consistido en incluir en los programas y políticas comunes algunas excepciones relativas a la singularidad de este tipo de regiones (por ej. aumentando los porcentajes de financiación del FEADER para las acciones del segundo pilar de la PAC).

Una segunda vía ha consistido en aprobar programas específicos de abastecimiento alimentario y de apoyo a ciertos sectores considerados fundamentales para el desarrollo de estas regiones (por ej. para el sector agrario, los programas POSEI, Programme d’Options Spécifiques á l’Eloinement et Insularité).

En 2006 los diversos reglamentos agrícolas destinados a las regiones europeas de naturaleza ultraperiférica se agruparon en un único instrumento jurídico, el Reg. (UE) 247/2006. Este reglamento fue más tarde sustituido por el Reg. 228/2013 (para las regiones de Francia, Portugal y España) y por el Reg. 229/2013 (para las islas menores griegas del Mar Egeo), que son los que regulan actualmente los sistemas de ayuda y los fondos de financiación.

La propuesta legislativa de la Comisión Europea para el periodo 2021-2027 mantiene con cargo al fondo FEAGA los sistemas de ayuda a los agricultores de las regiones ultraperiféricas, ejecutados a través de los citados programas POSEI, que sustituyen en estas regiones al primer pilar de la PAC.

Aunque hay una reducción de algo más del 3% del presupuesto de los POSEI respecto a la actual programación, la ayuda global prevista para el nuevo periodo asciende a 627,63 millones de euros anuales durante todo el septenio de programación. Además, se autoriza a que los pagos directos fijados en los POSEI puedan mantenerse por encima del nivel de las ayudas directas abonadas a través de la PAC en el resto de los Estados Miembros (EE.MM.)

A las ayudas asociadas a los POSEI hay que unir la financiación adicional con cargo al fondo FEADER del segundo pilar de la PAC, que continuará aplicándose en estas regiones, y con porcentajes de cofinanciación más elevados que en el resto de las regiones europeas.

Los POSEI, como instrumento de programación

Los POSEI (en Canarias, el POSEICAN) sustituyen, como he señalado, al primer pilar de la PAC en las regiones ultraperiféricas de la UE. Su objeto es fijar medidas específicas de intervención en el sector agrario de estas regiones para paliar las dificultades ocasionadas por su excepcional situación geográfica (alejamiento, aislamiento, reducida superficie, relieve, orografía, clima,...).

De acuerdo con el citado Reg. 228/2013, esas medidas deben contribuir, por un lado, a garantizar el suministro a estas regiones de bienes agrícolas no producidos en ellas, y, por otro lado, a garantizar el desarrollo de las producciones agrarias locales.

Las medidas se integran en un programa nacional (el citado POSEI) cuya estructura se basa, por tanto, en dos tipos de intervenciones, cada uno de ellos para los objetivos antes mencionados: i) “régimen específico de abastecimiento” y ii) “régimen de apoyo a las producciones agrarias locales”.

Régimen específico de abastecimiento (REA)

Este régimen de intervención es aplicable a los productos agrarios cuyo abastecimiento se garantiza por ser considerados esenciales para el consumo humano y no poderse producir en la correspondiente región ultraperiférica, debido a sus condiciones geográficas. Asimismo, se aplica a aquellas materias primas que tampoco pueden producirse en la región, pero que son necesarias para la elaboración industrial de determinados productos alimentarios, o para su utilización como insumos agrícolas. 

Cada EE.MM. debe elaborar cada año un “plan de previsiones de abastecimiento” en el que cuantifica las necesidades anuales de abastecimiento de la región en relación con los productos que son objeto de intervención en el POSEI. El “régimen específico de abastecimiento” consta de las siguientes medidas e intervenciones:

a) No aplicación de derecho alguno a la importación de productos directamente procedentes de terceros países (dentro de los límites cuantitativos fijados en el “plan de previsiones de abastecimiento” y para los productos previstos en dicho plan).

b) Concesión de una ayuda para el abastecimiento de productos procedentes de la UE. El importe de la ayuda se determinará para cada tipo de productos y en función de los costes adicionales de transporte hacia la región ultraperiférica.

Los beneficios de este régimen de ayudas deben repercutir de manera efectiva en el usuario final, sea la industria transformadora (en caso de productos destinados a la transformación), sea el consumidor final (cuando se trate de productos destinados al consumo), sea el agricultor (cuando se trate de insumos agrícolas).

Régimen de fomento de las producciones agrarias locales

Este régimen de intervención tiene por objetivo fomentar las producciones agrarias locales con el fin de asegurar su continuidad y desarrollo en las regiones ultraperiféricas. El EE.MM. elaborará previamente un informe en el que defina y justifique su estrategia de actuación, debiendo incluir una descripción cuantificada de la situación del sector productivo de que se trate y en la que se demuestren sus carencias y potencialidades, así como una descripción de las medidas previstas y de los regímenes de ayuda.

Las medidas pueden ser muy diversas y serán definidas por cada EE.MM. en su correspondiente POSEI, pudiendo incluir las siguientes modalidades de intervención:

a) ayudas para establecer un “símbolo gráfico” a fin de aumentar el conocimiento y el consumo de los productos agrarios locales de calidad;

b) ayudas a la producción, transformación y/o comercialización de los productos agrarios locales de las regiones ultraperiféricas;

c) ayudas de funcionamiento a determinados sectores de la producción, transformación y comercialización, con el fin de paliar las limitaciones específicas generadas por el aislamiento, la insularidad y otras desventajas derivadas de la situación ultraperiférica;

d) programas fitosanitarios para hacer frente a los organismos parásitos típicos de cada región ultraperiférica;

e) programas específicos para el vino, el plátano y el tabaco (Canarias), la leche (Azores) y la ganadería de carne (bovino) (Madeira y departamentos franceses de ultramar).

Resultados y limitaciones de los POSEI

El reconocimiento específico de las regiones ultraperiféricas en la UE es, sin duda, una forma de atender la singularidad de estas regiones y de compensarlas por las dificultades que representa en ellas el desarrollo de la agricultura y el abastecimiento de alimentos a sus poblaciones.

En ese sentido, programas como el POSEI están bien justificados, y han supuesto incentivos importantes para garantizar el abastecimiento y para evitar el declive de las producciones agrarias locales en este tipo de regiones.

No obstante, son programas que deben ser constantemente actualizados para evitar que se anquilosen y dejen de reflejar la realidad de los cambios experimentados por estas regiones, convirtiéndose en un obstáculo al desarrollo. La tentación en este tipo de programas es la inercia, fruto, a veces, de los intereses que con el tiempo se instalan en torno a las ayudas provenientes tanto del régimen de abastecimiento, como del régimen de fomento de las producciones locales.

Por ejemplo, en lo que se refiere al “régimen específico de abastecimiento”, hay productos que si se mantienen de forma permanente dentro de este sistema de ayudas, no habrá incentivos para que puedan producirse en la propia región, lo que coartaría las posibilidades de desarrollar nuevos sectores productivos.

Además, si no se vigila el efecto de las ayudas de abastecimiento, puede resultar que no repercutan de manera positiva en el consumidor final de determinados productos, sino que tales ayudas sólo aumenten el margen de beneficio de proveedores e intermediarios. De ahí que deban incrementarse los controles de inspección en los mercados para garantizar el cumplimiento de ese objetivo.

Asimismo, y en lo que se refiere al régimen de ayudas a las producciones locales, es necesario definir bien lo que se entiende por “producción local” y justificar por qué un determinado producto se incluye en la lista de los beneficiarios de dicho régimen de protección. De hecho, esto es algo que el reglamento de los POSEI exige al EE.MM. en el informe previo que el gobierno nacional debe presentar a la Comisión Europea para la aprobación del programa.

En este sentido, al amparo de los POSEI se han formado grupos de presión interesados en que un determinado producto local sea incluido en la lista de beneficiarios de este régimen de ayudas. Por ello, es necesario que los poderes públicos velen por que esto se haga bajo el criterio del interés general y no de los intereses particulares de este o aquel sector, por mucha influencia que sus representantes tengan en las esferas políticas de la región.

Habrá productos locales con potencial suficiente para ser competitivos en los mercados (internos, nacionales o internacionales) sin necesidad de que sean objeto de una ayuda directa con cargo al POSEI, estando más necesitados de planes estratégicos de mayor alcance, que no de seguir viviendo de las subvenciones directas. En demasiadas ocasiones, la lista de productos locales incluidos en los POSEI es fruto de la inercia o de los intereses creados de un determinado sector, sin que se haya definido previamente un plan estratégico adecuado sobre el desarrollo agrario de la región y sobre las repercusiones reales que dicha inclusión pueda tener.

Tanto en unos casos como en otros, se corre el riesgo de que los dos regímenes de ayudas establecidos por los POSEI pasen de ser un buen instrumento de protección a convertirse en un obstáculo para el desarrollo de la agricultura en la correspondiente región ultraperiférica, dificultando además el aprovechamiento de otras oportunidades de desarrollo.

LA  VICTORIA  DE  LÓPEZ  OBRADOR  EN  MEXICO

A mis doctorandos mexicanos
por lo mucho que me han enseñado

sobre la realidad social y política de México

No por esperada, la contundente victoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las elecciones presidenciales representa, por su magnitud, un auténtico tsunami en México (un país de 123 millones de personas y con una economía entre las quince primeras del mundo).

Al igual que la victoria en 2000 de Vicente Fox y el PAN (Partido Acción Nacional) rompía con la hegemonía de setenta años del PRI (Partido Revolucionario Institucional), la de AMLO y su partido MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) rompe la alternancia de dos décadas entre los dos grandes partidos mexicanos. La de AMLO es, por sus características (a través de una formación política nueva y transversal), una victoria que recuerda a la de Lula en Brasil hace quince años o a la más reciente de Macron en Francia, por citar dos países con sistemas políticos presidencialistas.

No obstante, para valorar la dimensión de la victoria de AMLO hay que señalar que ha sido el candidato a presidente que ha obtenido el mayor porcentaje de votos en la historia de la república (el 53% en un sistema electoral de una sola vuelta) y que ha ganado en 31 de los 32 estados mexicanos (en algunos con más del 60% de votos). Sus principales rivales Ricardo Anaya (PAN) y José Antonio Meade (PRI) han quedado a mucha distancia (22% y 16%, respectivamente). Asimismo, su partido MORENA, en coalición con dos pequeños partidos (el PES, con amplias conexiones con el movimiento evangélico, y el izquierdista PT), controlará las dos cámaras parlamentarias (diputados y senadores), al obtener una amplia mayoría.

Un político de clase media y con experiencia

A diferencia de otros dirigentes de la izquierda latinoamericana (como el brasileño Lula, de origen obrero), AMLO proviene de la clase media (de familia comerciante y nieto de exiliados españoles republicanos). Aunque no dispone de máster en prestigiosas universidades estadounidenses como es lo habitual en las élites políticas mexicanas, AMLO es titulado superior en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), habiendo impartido durante algunos años actividades docentes en la Universidad Autónoma de Tabasco (su estado natal). Ha tenido también experiencia en el ámbito de la gestión de entidades públicas al haber formado parte de la dirección del Instituto Nacional Indigenista (1977-1982) y del Instituto Nacional del Consumidor (1984-1988).

Es además AMLO un político veterano (64 años), que ha conocido el éxito como jefe de gobierno de la Ciudad de México entre 2000 y 2005, recibiendo su gestión una elevada valoración en los medios nacionales e internacionales (por ejemplo, la Fundación Internacional City Mayor lo designó entre los mejores alcaldes del mundo en 2004).

Pero también ha conocido el fracaso de varias derrotas electorales: dos de ellas en las elecciones a gobernador del estado de Tabasco (1988 y 1994), y otras dos en las elecciones presidenciales de 2006 (perdiendo por un puñado de votos frente al “panista” Felipe Calderón, en unas votaciones cuyos resultados no fueron reconocidos por el propio AMLO) y en 2012 (derrotado con claridad por el “priísta” Enrique Peña Nieto).

Del PRI a MORENA pasando por el PRD

A mediados de los años 1980, el sistema del “dedazo” en el PRI para designar a los candidatos presidenciales comenzó a ser cuestionado por las nuevas generaciones de políticos priístas, provocando importantes tensiones que dieron lugar a corrientes críticas internas. Una de ellas fue la llamada “Corriente Democrática”, promovida en 1988 por Cuauhtémoc Cárdenas y en la que se integró un joven, pero ya conocido, López Obrador.

Dichas tensiones acabaron por dividir al PRI, dando lugar a una escisión por la izquierda bajo el liderazgo del propio Cárdenas, que culminaría con la creación del PRD (Partido de la Revolución Democrática), en el que AMLO iría adquiriendo un importante protagonismo desde el estado de Tabasco, hasta escalar a las instancias federales del nuevo partido, que presidiría entre 1996 y 1999.

Es precisamente en las filas del PRD que AMLO obtendría, como se ha comentado, el gobierno de la Ciudad de México entre 2000 y 2006, gobierno que dejaría para presentarse por primera vez como candidato a las elecciones presidenciales. Sin embargo, las divisiones dentro del PRD, que convirtieron a este partido en un proyecto cada vez más agotado como alternativa de izquierda al PRI en la política mexicana, hicieron que AMLO acabara promoviendo la creación de su propio partido, culminando en 2011 con la formación del actual MORENA.

El contexto de la victoria de AMLO

Para entender el significado de la victoria de AMLO hay que remontarse, al menos, a las décadas de 1980 y 1990, cuando los gobiernos del PRI presididos por Miguel de la Madrid (1982-1988), Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000) apostaron por las políticas neoliberales para insertar a México en la economía global, pero sin acompañarlas de programas sociales lo suficientemente eficaces como para paliar sus negativos efectos. Esa apuesta sería continuada más tarde por los gobiernos del PAN, presididos por Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), y más recientemente por el gobierno príista de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En ese tiempo (1992), se firmó, además, con los EE.UU. y Canadá el tratado de libre comercio TLCAN (en inglés, NAFTA) y se eliminaron los obstáculos que se oponían a ello. Así, se derogó el art. 27 de la Constitución dando fin al reparto agrario, se liberalizaron los ejidos, se redujo la presencia del Estado en la economía y se desmantelaron las políticas sociales que durante décadas habían actuado de amortiguadores de la desigualdad y pobreza crónicas.

Todo ello condujo a una situación de desprotección de amplias capas sociales, provocando revueltas de diverso tipo (entre ellas, la del zapatista EZLN en Chiapas en enero de 1994). La retirada del Estado y la pobreza generalizada fueron aprovechadas por el narcotráfico para extender en algunas zonas sus tentáculos y establecer una red clientelar, infestando las instituciones con los más sofisticados sistemas de corrupción.

Ese descontento de la población mexicana y la desafección con los dos grandes partidos (el PRI y el PAN), así como el hartazgo hacia unas élites incapaces de conducir a México por la senda de una modernización económica equilibrada con políticas sociales eficientes, creó un buen caldo de cultivo para la aparición de nuevas opciones políticas capaces de inducir esperanza e ilusión en la sociedad mexicana.

El ya citado agotamiento del proyecto del PRD de Cárdenas hizo que fueran cristalizando otras opciones por la izquierda, entre ellas el mencionado movimiento MORENA creado por AMLO como base para las elecciones presidenciales de 2012, que perdería frente a Peña Nieto.

La constancia de AMLO tras las derrotas de 2006 y 2012, y su gran capacidad de movilización recorriendo el país mexicano de parte a parte durante los últimos años (con sus célebres caravanas por la democracia), hicieron que su carrera política no finalizara, sino que continuara viva a la espera de nuevas oportunidades.

AMLO dio muestras de prudencia prometiendo a la población cosas concretas y tangibles ya probadas con éxito durante su mandato como jefe de gobierno de Ciudad de México (rentas básicas de inserción, programas de reducción de la pobreza, políticas sociales,…). También dio muestras de pragmatismo (oportunismo, para algunos críticos) buscando alianzas transversales con otros grupos (algunas de difícil explicación como la del conservador PES, de inspiración evangélica). Todo ello, le condujo a él y a su partido MORENA a convertirse en una seria alternativa al PRI y al PAN, cuyos dirigentes no supieron reaccionar a tiempo, y cuando reaccionaron, lo hicieron con extrañas estrategias electorales.

Por ejemplo, el PRI recurrió a José Antonio Meade, brillante, y controvertido, ministro de Hacienda con Peña Nieto, pero no afiliado al partido, despertando, por ello, recelo en las filas priístas. Por su parte, el PAN recurrió a Ricardo Anaya, un joven político conservador que, en una estrategia a la desesperada, decidió aliarse de forma sorprendente en un “Frente Amplio” con los restos del PRD (unidos éstos solo por el resentimiento hacia su antiguo correligionario López Obrador). Era este “Frente Amplio” de Anaya una amalgama de fuerzas diversas y aglutinadas más por el rechazo a terceros que por la convergencia de ideas y programas.

En ese panorama, la victoria de AMLO, pronosticada en las primeras encuestas, se fue haciendo cada vez más probable conforme avanzaba la campaña electoral, hasta desembocar en su inapelable victoria del pasado domingo 1 de julio, una victoria transversal a lo Macron obteniendo votos de todos los sectores y capas sociales de la sociedad mexicana y superando el viejo sistema político basado en la alternancia entre el PRI y el PAN.

Limitaciones del cambio en un sistema sólidamente anclado

Debido al sistema electoral mexicano de una vuelta, la victoria de López Obrador le permitirá, en efecto, acceder a la presidencia sin las hipotecas de pactos previos con otros partidos, salvo con los dos partidos minoritarios (PT y PES) que, como se ha señalado, han acompañado a MORENA en la coalición “Juntos Haremos Historia” (JHH) para las elecciones legislativas y regionales, celebradas simultáneamente a las presidenciales.

Aun así, la presencia en la coalición JHH de partidos de corte conservador en cuestiones morales y de familia (como el citado PES, de inspiración evangélica), así como el apoyo de controvertidas personalidades cercanas al mundo empresarial y de tránsfugas del PRI e incluso del PAN, es lo que ha generado cierta desconfianza entre sectores de votantes de izquierda respecto a la credibilidad de AMLO para afrontar el cambio en México, tachándole por ello de oportunista. En este sentido han sido muy significativas las declaraciones críticas de los dirigentes zapatistas del EZLN, justo después de los resultados electorales, marcando distancias con el proyecto de AMLO.

Cuando se constituya el nuevo gobierno dentro de unos meses, y se sepan los nombres de los que ocuparán las secretarías clave, será ocasión de valorar el tipo de acuerdos y pactos a los que habrá tenido que llegar el nuevo Presidente para afrontar su mandato y de medir la profundidad del cambio que se propone.

En todo caso, López Obrador (AMLO) gozará en las dos cámaras del parlamento mexicano (diputados y senadores) de una cómoda mayoría para poner en marcha su programa de gobierno. No obstante, y para medir el alcance de los cambios previstos, hay que tener en cuenta que la República de México tiene un sólido sistema institucional que, si bien sufre altos grados de corrupción, estando incluso en algunos estados fuertemente penetrado por los carteles del narcotráfico, ofrece altos niveles de estabilidad, debido a los cien años ininterrumpidos de funcionamiento democrático, aun con sus evidentes imperfecciones en asuntos relativos a la libertad de prensa o a la separación de poderes.

Es por esto, y por los apoyos transversales que AMLO ha recibido de grupos muy diversos, que no cabe esperar grandes reformas que afecten al meollo del sistema económico y al marco constitucional, dado también las fuertes exigencias que se requieren en ambas cámaras para modificar la Constitución, y que MORENA no cumple a pesar de la mayoría parlamentaria de la que va a disponer.

Asimismo, la inclusión de México en el citado tratado de libre comercio con EE.UU. y Canadá (TLCAN-NAFTA), supone también un mayor anclaje de las instituciones mexicanas en la economía global de la región norteamericana, lo que le da un plus adicional de estabilidad política y aleja al nuevo gobierno de posibles veleidades en asuntos de política internacional.

AMLO y la lucha contra la pobreza, la corrupción y la inseguridad

En ese contexto de limitaciones y posibilidades, los tres principales retos a los que ha hecho referencia AMLO en la campaña electoral son: reducir la pobreza en México, luchar contra la corrupción y erradicar la violencia garantizando la seguridad ciudadana.

Respecto al primer desafío, la pobreza alcanza cifras muy significativas como resultado de la inserción desigual de la economía mexicana en los mercados globales y la aplicación de políticas neoliberales del PRI y el PAN sin programas eficaces de corrección social. Más del 50% de la población (alrededor de 50 millones de personas) está por debajo de la línea de bienestar, y casi el 10% (12 millones) en situación de pobreza extrema. Ello ha hecho que, ante una gran mayoría de los mexicanos, ambos partidos vengan a ser lo mismo, a pesar de tener raíces y bases ideológicas diferentes.

Ahí, el reto es de una enorme envergadura, aunque factible si se ejecutan programas sociales al estilo de las que aplicó Lula en Brasil. Son programas que, si bien no podrán alterar las bases estructurales de la pobreza y la desigualdad (intrínsecas al modelo de desarrollo vigente en México), podrá, al menos, paliar sus efectos y sacar a amplias capas de la población de la actual situación de marginalidad.

En relación con la corrupción, el desafío de AMLO es regenerar la vida política de México mediante un comportamiento ejemplar de los diversos cargos públicos, que permita erradicar la práctica clientelar tan presente en los periodos anteriores y que han conducido a verdaderos escándalos en el ámbito de la política mexicana (el caso Odebrech, contratos oscuros de obras públicas, el asunto "la casa blanca", los papeles de Panamá, la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa,...) En este tema de la corrupción, AMLO puede aspirar, al menos, a que, en lo relativo al entorno presidencial y a los cargos electos de MORENA, se apliquen códigos éticos que moralicen la vida pública, lo cual no es poco en un país tan infestado de las prácticas corruptas y clientelares.

Respecto al tema de la violencia e inseguridad, un país como México, donde se contabilizaron más de treinta mil muertes violentas en el año 2017 (entre ellas varias decenas de periodistas y de políticos locales y regionales), tiene que reconocer la gravedad de este problema e intentar abordarlo. Es éste un tema de gran complejidad por cuanto se ve contagiado por el narcotráfico, que encuentra su caldo de cultivo en las áreas más depauperadas de la sociedad mexicana. A pesar de sus buenos propósitos, es un hecho que los gobiernos del PRI y el PAN no han logrado erradicar la violencia, por lo que AMLO tiene ante sí un reto complejo y de una enorme envergadura, en el que no basta con las soluciones meramente policiales.

AMLO y el populismo

Ha sido habitual tachar a AMLO de populista por sus promesas de lucha contra la pobreza y la corrupción. Pero esa acusación, además de ambigua, no tiene mucho sentido a la vista del contenido bastante pragmático de su programa electoral, en el que no se perciben las quimeras que suelen caracterizar a los partidos populistas.

En un sistema político como el mexicano cuyos dos grandes partidos (PRI y PAN) han dado muestras de estar afectados de corrupción y de una incapacidad manifiesta para sacar a México del atraso y de la pobreza y desigualdad crónicas, prometer, por ejemplo, que se luchará contra las prácticas corruptas y la pobreza no es populismo, sino un imperativo moral, además de un objetivo político.

Por otra parte, acusar a AMLO de populista, cuando en los EE.UU. se tiene a Trump, no deja de provocar sonrojo en la opinión pública mexicana, aunque algún analista, como Jorge Castañeda, ha escrito recientemente sobre la victoria de AMLO un articulo con el llamativo título "México ya tiene su propio Trump" (https://www.project-syndicate.org/commentary/mexico-presidential-election-winner-versus-trump-by-jorge-g--castaneda-2018-07)

Compararlo con Chávez, como algunos hacen para descalificarlo, tampoco se sostiene, entre otras cosas porque México no es Venezuela (no es un petroestado, su economía está mucho más diversificada que la venezolana y la presencia del sector privado es muy significativa), sin contar con que la trayectoria política de AMLO está en las antípodas de la del comandante venezolano.

En todo caso los retos de AMLO son inmensos. Pero si es capaz de centrarse en dos o tres grandes objetivos, implementados a través de políticas públicas concretas (la lucha contra el hambre y la pobreza o la puesta en marcha de un sistema fiscal más progresivo), y no dedicarse a perseguir objetivos imposibles (como cambiar el sistema económico o alterar el posicionamiento de México en el concierto internacional), tal vez AMLO pueda pasar a la historia como el presidente que redujo la pobreza y que fue capaz de devolver la esperanza a los mexicanos y su confianza en la política.

Su gran desafío será volver a cohesionar a un país profundamente polarizado por las políticas neoliberales implementadas sin alma ni sensibilidad social por los dos grandes partidos (PRI y PAN) que han estado gobernando México en los últimos treinta años. El fuerte apoyo recibido de amplias y diversas capas sociales puede ayudarle a ello.

Como dice el escritor Jorge Volpi en el artículo “Otro México”, ha "ganado el México de los jóvenes, los desfavorecidos y los derechos humanos, y ha sido derrotado el de las élites, la desigualdad y la corrupción"
(https://elpais.com/elpais/2018/07/02/opinion/1530529282_084575.html).

Es un retrato más bien poético de lo ocurrido, contrarrestado con otros más prosaicos que plantean dudas sobre las posibilidades reales del cambio prometido por AMLO (ver el artículo de David Pavón-Cuéllar, “Incertidumbre de la izquierda en México”) 

http://michoacantrespuntocero.com/incertidumbre).

Sea como fuere, veremos si López Obrador (AMLO) y MORENA serán capaces de cumplir, en los seis años que tienen por delante, con las enormes expectativas de cambio que anidan hoy en la sociedad mexicana. Es ésta, sin embargo, una sociedad de más de cien millones de habitantes, marcada por el escepticismo después de haber visto pasar muchos gobiernos con grandes promesas de transformaciones sociales, pero que en la práctica han dado lugar a resultados poco satisfactorios en la reducción de la desigualdad y la pobreza, y en la mejora de las condiciones de vida del conjunto de la población.

Quizá eso explica, ante la victoria de AMLO, el contraste entre la esperanza de los más desfavorecidos, el entusiasmo de los más jóvenes, la desconfianza y el recelo de la desencantada izquierda y las dudas e incertidumbre de las élites económicas.

APUNTES  SOBRE  EL  GOBIERNO  #SÁNCHEZ  

Muchos han sido los calificativos (por lo general, elogiosos) que ha recibido el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Algunos, desde el lado de la izquierda, se han apresurado a calificarlo incluso de “gobierno de la dignidad”, un término de una evidente carga moral que no me gusta para el ámbito de la política, ya que al menor traspié (y ya lo ha habido) se vuelve contra quien alardea de ello. Ya ocurrió con los “cien años de honradez” del primer gobierno socialista de 1982 o con los gobiernos Aznar de 1996 y 2000 que alardeaban de ser los adalides de la lucha contra la corrupción, y también con los de Rajoy, ocurriendo ahora en el gobierno Sánchez con la dimisión del recién nombrado ministro Maxim Huertas por fraude fiscal.

Por eso, prefiero utilizar calificativos con menos significado moralista, y se me ocurre el de “gobierno estelar”, no sólo por haber incorporado al astronauta Pedro Duque, sino también por la constelación de figuras relevantes en sus correspondientes campos profesionales, destacando una mayoría de mujeres como rasgo significativo. Por eso, lo de "estelar" lo uso en términos sólo descriptivos y no valorativos.

A continuación expongo algunas reflexiones sobre las características más destacadas del nuevo gobierno.

a) Es un gobierno confeccionado por el propio Pedro Sánchez, sin mediar imposiciones ni cuotas partidarias, en contra de lo que suele ser habitual. No hay cuotas regionales, ni nombres impuestos por las baronías, sino personas seleccionadas por su valía y con independencia de su mayor o menor vinculación a la familia socialista (en su mayoría mujeres, en un claro mensaje a la gran movilización del 8 de marzo). La no militancia en el PSOE de muchos de los miembros del Gobierno es algo positivo, en el sentido de la independencia con la que pueden ejercer sus cargos ministeriales, pero no lo es tanto en lo que se refiere a trabajar como un equipo cohesionado en torno a un proyecto común. No será fácil gestionar un equipo "galáctico", con muchas estrellas fulgurantes poco acostumbradas a guiarse por la lógica política. Ese será un reto no menor para Pedro Sánchez.

b) Es un gobierno que no ha estado condicionado en su formación por pactos previos con las fuerzas políticas que apoyaron la moción de censura presentada por el grupo parlamentario socialista. Es, por tanto, un gobierno monocolor que sólo tiene el apoyo directo de unos escasos 85 diputados (los socialistas y el de Nueva Canarias), radicando en ello su fortaleza y su debilidad. Fortaleza por cuanto los ministros sólo deben lealtad al presidente Sánchez, que es quien los nombró. Mas también debilidad en tanto que el apoyo parlamentario es tan escaso, que sus comparecencias en las correspondientes comisiones del Congreso y el Senado serán sometidas a un duro escrutinio y a un fuerte control de los demás grupos, incluidos los que inicialmente se alinearon a favor de la censura contra Rajoy y que, una vez logrado el cambio de gobierno, se ocuparán en marcar espacio frente al PSOE y el gobierno socialista. Tendrán que esmerarse los ministros en preparar bien esas comparecencias, a sabiendas de que cualquier error será magnificado y criticado de manera feroz.

c) Lejos de ser un gobierno que refleja la sociedad española, como se han apresurado a comentar algunos analistas, es más bien un reflejo de las clases medias y, dentro de ellas, de unas élites profesionales que, sin duda, han construido sus carreras con su esfuerzo y sobre la base del mérito, más que por su pertenencia  a determinadas castas o dinastías. Entre esa constelación de figuras destacadas, es precisamente Pedro Sánchez quien presenta un perfil más cercano a la media de la sociedad española, por su edad, su trayectoria y su extracción social. Es un político “normal” al frente de un gobierno “estelar”.

d) Por ello, y dado que cada ministro estará ocupado en gestionar y dar lustre con su presencia al correspondiente departamento y dado también que a no pocos de ellos le falta el bagaje político de fajarse con la realidad de la calle, el papel de Pedro Sánchez adquiere un importante significado. Es él quien debería asumir la conexión con la sociedad que peor lo está pasando con los efectos de la crisis económica, mostrándose sensible a sus problemas y afrontando varios retos importantes: pobreza, desigualdad, brecha salarial, precariedad laboral, pensiones,…

e) Muchos de esos retos no podrán ser abordados en el escaso tiempo que el gobierno va a tener por delante, pero al menos Pedro Sánchez debería incluirlos de forma permanente en su agenda política, recordándolos siempre que tenga ocasión. La idea de crear un Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, asociado a la propia presidencia de Gobierno, va en esa buena dirección, al igual que podría hacer con el problema del despoblamiento rural. Su decisión de acoger a los casi 600 inmigrantes subsaharianos del barco “Aquarius” es también una forma de mostrar sensibilidad a este tipo de asuntos, si bien debe luego canalizarlos hacia otras instancias (en este caso, al Consejo Europeo de las próximas semanas) para que no se quede en un mero gesto de buen voluntad.

f) Es un gobierno que tiene gran potencial para que el PSOE, después de dos años en estado de coma, pueda afrontar los comicios electorales, que, meses arriba, meses abajo, tendrán lugar de aquí a un año poco más o menos. Le bastaría con algunos gestos para darle a la población española la sensación de que ha merecido la pena el cambio de gobierno y de que se han abierto las ventanas de una casa común en la que el aire se había hecho irrespirable. Gestos como reformar la “ley mordaza” (sobre todo en lo relativo a los artículos que atentan contra el derecho a la libertad de expresión), cambiar algunas partes de la reforma laboral (como las que afectan a la negociación colectiva), llevar la pluralidad a la RTVE, asegurar al menos el poder adquisitivo de las pensiones, aprobar un nuevo modelo de financiación de las CC.AA.… se podrían llevar a cabo sin gran dificultad, ya que sobre muchos de ellos se habían alcanzado acuerdos previos en el Parlamento. Otros gestos tendrán que ver con el cambio de estilo y la rendición de cuentas, debiéndose mostrar Pedro Sánchez implacable con los casos de corrupción que puedan producirse y que ya se han producido.

g) Será también importante realizar algunos gestos para recuperar la normalidad en las relaciones con el gobierno de la Generalitat catalana, sin menoscabo de mantener la firme defensa del orden constitucional. Es verdad que los temas judiciales han de seguir su cauce (prisión preventiva de los políticos catalanes presos, peticiones de extradición de los políticos fugados, desarrollo de los autos de procesamiento, aperturas de juicio,…), pero la política tiene un espacio que debe ser usado para rebajar la tensión. El levantamiento del control de las cuentas de la Generalitat es un gesto, que no significa dejar de estar vigilante sobre cómo se gastan los recursos transferidos desde la Administración, al igual que se hace con cualquier otra Comunidad Autónoma. La nueva ministra de Administración Territorial (la catalana Meritxell Batet) está utilizando un lenguaje de diálogo, que abre puertas y reduce la confrontación, aunque todos sabemos que el independentismo es insaciable y que continuará con sus aspiraciones. Aun así, una reunión de Pedro Sánchez con Quim Torra en La Moncloa debe ser vista como una vuelta a la normalidad, si bien se le debe exigir al President no presentarse a esa reunión con el lazo amarillo en la solapa y sin antes haberlo retirado de la fachada del Palacio de la Generalitat.

h) Es también un gobierno preparado para recuperar la centralidad en los futuros debates europeos. Es verdad que Rajoy ha recuperado la imagen de España por su buena gestión de la crisis económica al cumplir los cánones marcados por la Comisión Europea, pero ahora toca ocupar también otros espacios y hacerlo con buenas propuestas e iniciativas y buscando situarse en el grupo de los que van a liderar el futuro de la UE tras el Brexit. Temas como la reforma de la UEM, la creación del pilar de defensa, la lucha contra el terrorismo yihadista, los acuerdos sobre cambio climático, el fortalecimiento del multilateralismo frente al repliegue proteccionista de los EE.UU. de Trump, la política migratoria, el desarrollo del pilar de justicia e interior (euro-órdenes), la reforma de la política agraria y pesquera,… son asuntos en los que el nuevo gobierno de España tiene cosas que decir, y debe decirlas.

En definitiva, tras la moción de censura del grupo socialista utilizando los instrumentos que permite nuestra Constitución, el nuevo gobierno presidido por Pedro Sánchez abre una interesante ventana de oportunidad para que entre aire fresco en la política española. No sabemos por cuanto tiempo, ya que se sustenta en una mayoría parlamentaria muy escasa, pero aprovechémoslo para introducir algo de serenidad en una sociedad demasiado polarizada como la española, antes de afrontar los grandes retos que tenemos por delante. Sirva también para que el PP realice la renovación que necesita, ya que la política española precisa de un partido conservador estable y bien cohesionado.

CINCUENTA   AÑOS   DE   LA ESCUELA   DE   INGENIEROS   AGRÓNOMOS   EN   CÓRDOBA

(versión ampliada del artículo publicado en el Diario Córdoba el 08/05/2018)

En los primeros años d ye 1960, cuando España avanzaba en su década desarrollista, se pone en marcha el proyecto de creación de una escuela de ingenieros agrónomos en Andalucía, región agrícola por antonomasia.

La elección de Córdoba se debió sin duda al empeño de su impulsor, el ingeniero agrónomo José Ruiz Santaella (1904-1997), natural del municipio cordobés de Baena. Su trayectoria como agregado agrícola en la embajada española en Alemania en los años 1940, y su prestigio profesional, le avalaban a la hora de hacer su propuesta ante el correspondiente ministerio.

Entonces, sólo existía la escuela de agrónomos de Madrid, como ocurría con la mayoría de las escuelas de ingeniería, y una recién creada escuela de Agrónomos en Valencia (que inició su actividad en el cuso 1960-1961). Crear otra escuela en la periferia era un proyecto osado, pero no carente de fundamento.

A finales de los años 1950 y principios de la década de 1960, el gobierno español había emprendido ya una política de modernización de la agricultura que, con criterio descentralizador y con un objetivo eminentemente práctico y empírico, se basaba en varios pilares.

Un pilar estaba formado por la política de concentración parcelaria, dirigida a las áreas de minifundio. Otro, por la política de colonización y transformación de zonas regales a través del INC (luego convertido en IRYDA), que permitió extender el regadío en las regiones latifundistas de secano sin alterar la estructura de la propiedad. El tercer pilar era la creación del Servicio de Extensión Agraria para llevar las nuevas técnicas de modernización agrícola directamente a los agricultores a través de oficinas de extensión asentadas en los territorios rurales, y a cuyo frente solía estar un ingeniero agrónomo. El cuarto pilar era la puesta en marcha de los primeros cimientos de un sistema de investigación agraria, a través de los diversos laboratorios que formarían más tarde la red de centros del INIA.

Todas esas políticas fueron financiadas con fondos internacionales (sobre todo, del Banco Mundial), gracias a los acuerdos de España con los EE.UU. tras dos décadas de aislamiento internacional.

La creación, tras la de Valencia, de otra Escuela de Ingenieros Agrónomos fuera de Madrid era, por tanto, un proyecto acorde con los nuevos tiempos del régimen de Franco, pero necesitaba del apoyo político y de los recursos económicos que lo financiara. Y ahí se produce un hecho a destacar, y que siempre me lo recordaba mi abuelo cuando comencé a estudiar Agrónomos.

Me refiero a la contribución que hicieron los propios agricultores a través de una derrama especial en su cuota a las entonces Hermandades de Labradores y Ganaderos. Esa cuota extraordinaria sirvió para contribuir parcialmente a la financiación del proyecto de la Escuela de Agrónomos y para que el gobierno de entonces decidiera ubicarla en la capital de la provincia de Córdoba, justo donde existía ya un incipiente centro de investigación agraria en los terrenos de la finca Alameda del Obispo (centro conocido en la ciudad como la Granja del Estado).

El proyecto se aprobó en 1963 y se puso en marcha en 1968. Para el primer claustro de profesores, Ruiz Santaella recurrió entonces a ingenieros agrónomos ya experimentados (funcionarios de la delegación de agricultura de Córdoba) y a jóvenes recién titulados de la escuela de Madrid y de la de Valencia.

Con esa combinación de veteranía y juventud echó andar la ETSIA, cuya primera promoción saldría en 1973, erigiéndose, junto a la Facultad de Veterinaria, en uno de los pilares sobre los que se asentará la futura Universidad de Córdoba. Años más tarde, en 1989, se ampliaría su oferta docente al incorporar la titulación de ingeniería de Montes, convirtiéndose desde entonces la ETSIA de ayer en la ETSIAM de hoy, plenamente integrada en el sistema público universitario.

En estos cincuenta años, los más de 6.000 egresados de la Escuela han renovado las estructuras funcionariales de las administraciones agrarias (tanto en el ámbito nacional como regional) y trasladado al sector privado una red cualificada de expertos y científicos bien formados y preparados para afrontar los retos del proceso de modernización en sus diversas fases.

La  Escuela ha sabido adaptar sus enseñanzas a los cambios que se han producido en el sector agroalimentario y forestal  y en el medio rural, así como a las demandas de la sociedad y a los retos del cambio científico y tecnológico.

Inicialmente, era una enseñanza orientada sobre todo a la formación de ingenieros agrónomos preparados para impulsar el desarrollo productivo del sector agrario a partir de los avances tecnológicos de la Revolución Verde de los años 1960 y 1970. Era ésta una revolución técnico-científica en el campo de la mejora vegetal, con importantes crecimientos productivos en determinados cultivos, como los cereales, gracias a las investigaciones desarrolladas en centros internacionales de investigación como el CIMYT de México, financiado por la Fundación Rockefeller y dirigido por el científico N. Borlaug, Premio Nobel de la Paz en 1970.

Más tarde en los años finales del siglo XX, se pasaría a unas enseñanzas más diversificadas, en las que lo agrario, lo forestal, lo rural y lo medioambiental tenían que ir de la mano para responder a los nuevos retos del desarrollo sostenible y la multifuncionalidad.

Desde el comienzo del actual siglo XXI, los retos se han ampliado, con el imparable avance de las nuevas tecnologías, la biotecnología, la cibernética, los big data,… que han revolucionado el modo de gestionar la agricultura y los espacios rurales. La emergencia de nuevos problemas como el cambio climático o la calidad y seguridad de las producciones alimentarias constituye otro desafío para la profesión de los ingenieros agrónomos y de montes.

A esos nuevos retos da respuesta la ETSIAM desde el campus universitario de Rabanales, ofreciendo una formación polivalente y cualificada a través de departamentos interfacultativos en los que se combina docencia e investigación y en un marco de creciente internacionalización.

Para ello colabora estrechamente con otras instituciones especializadas en el campo de la transferencia e investigación agraria, forestal y de desarrollo rural (como el IFAPA de la Junta de Andalucía o los centros del CSIC). En el caso de los dos institutos del CSIC ubicados en Córdoba (IAS e IESA), cabe señalar que, en su creación allá por la década de 1990, tuvieron un papel decisivo profesores de la ETSIA que apostaron por la colaboración institucional.

Asimismo, fue decisiva la participación de profesores de la ETSIA en la creación del ISEC (Instituto de Sociología y Estudios Campesinos) en los años 1980, un instituto universitario orientado a difundir las ideas de la Agroecología como reacción a los efectos negativos ya percibidos sobre el medio ambiente y la sostenibilidad de las explotaciones campesinas, del modelo agroquímico de la citada Revolución Verde.

Además, fiel a su espíritu originario de ser un escuela con una clara vocación de servicio a la sociedad, la ETSIAM ha mantenido una intensa relación con entidades públicas y privadas del sector agroalimentario y forestal, buscando sinergias con ellas y enriqueciendo con la actividad práctica la formación de sus estudiantes (denominaciones de origen, cooperativas, bodegas, almazaras, industrias agrarias, grupos de desarrollo rural,...)

Son cincuenta años de enseñanza de calidad, de investigación de excelencia y de compromiso social, que llenan de satisfacción a los alumnos que hemos pasado por sus aulas, y llenan de orgullo al sector agrario y forestal y a la propia ciudad de Córdoba, cuyo Jardín Botánico no habría sido posible sin la participación de los profesores de la Escuela.

Hoy, en un mundo cada vez más abierto y competitivo, una ETSIAM plenamente integrada en el campus de Rabanales de la UCO se esfuerza por ofrecer una enseñanza de calidad sabiendo que tiene que competir con otras escuelas y universidades dentro y fuera de España para atraer buenos alumnos y seguir estando en la vanguardia de la investigación científica. Ese es el reto que tiene por delante y en el que deberá concentrar sus esfuerzos y recursos en las próximas décadas.

DE   #MÁSTERES   Y   #POLÍTICOS    

Otra    lectura   

(versión ampliada del artículo publicado en el Diario Córdoba el 21/04/2018)      

En memoria de Miguel Manaute,

quien fuera Consejero de Agricultura

de la Junta de Andalucía (1982-1990)

con sólo bachillerato elemental.

Aún recuerdo cuando, al comienzo de los años 1980, no pocos empresarios agrícolas se escandalizaban al ver cómo el presidente de la Junta de Andalucía (Rafael Escuredo) nombraba Consejero de Agricultura a Miguel Manaute, pequeño parcelista de El Arahal (Sevilla), sin estudios superiores que le avalaran.

Se preguntaban ¿cómo era posible que al frente de una Consejería tan significativa para Andalucía se pusiera a una persona iletrada con sólo bachillerato elemental, y no a un ingeniero agrónomo de prestigio? Luego, resultó que Manaute supo rodearse de un excelente equipo de técnicos y funcionarios, ingenieros, sociólogos y economistas, con capacidad más que sobrada para poner las bases de lo que es hoy la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de esta Comunidad Autónoma.

Traigo esto a colación con motivo del debate sobre el falso máster de Cristina Cifuentes y el asunto de los políticos que han “inflado” sus CV, e incluso falseado, en una carrera frenética por no sentirse descalificados ante la opinión pública si no muestran tener una licenciatura o un máster de postgrado. Dado que se ha escrito y hablado lo suficiente sobre ambos asuntos, no es mi propósito abundar más en ello, pero sí analizarlos desde una perspectiva que, en mi opinión, no ha sido tratada, y sobre la que expongo algunas reflexiones.

La "titulitis", como patología

En una sociedad, como la española de hoy, en la que crece el porcentaje de la población que tiene título universitario, es bueno que también lo tengan los que se dedican a la política, reflejando mejor la realidad social que representan. Pero no me parece acertado ni tampoco conveniente magnificar la importancia de los títulos universitarios en la política, ya que eso puede tener efectos perversos.

Está claro que tener un título académico no es garantía de buen político. Pero la realidad es que criticamos cuando se produce el nombramiento de un cargo político que no reúne títulos suficientes, y menospreciamos su experiencia en otras áreas, incluida la de la propia política.

El problema de la “titulitis” entre los políticos puede explicarse por varios factores, de los que me centro en dos de ellos. El primero, de efectos negativos, es la fuerte presión que los políticos reciben de la opinión pública, en el sentido de que si un político no tiene un título universitario, no se le considera capaz de ejercer eficazmente su actividad. Con la extensión generalizada de las licenciaturas, le exigimos incluso tener un máster para poder considerarlo capaz de desarrollar su tarea política. Se da la paradoja de que en una actividad, como la política, en la que no se pide ningún título académico para acceder a ella, es donde estamos ahora exigiendo que los políticos tengan títulos superiores (y a ser posible de postgrado) para recibir reconocimiento social.

Esta presión es uno de los factores que incitan a los políticos a sacarse másteres (y si es con buenas calificaciones, mejor) sin disponer de tiempo suficiente para dedicarle el esfuerzo que eso requiere. Para ello aprovechan las facilidades que ofrecen algunas universidades en los programas de postgrado, más preocupadas por captar alumnos (y hacer caja con el elevado coste de las matrículas), que por el rendimiento, calidad y excelencia del programa.

El otro factor explicativo, éste de carácter positivo, está relacionado con el deseo de aprender y mejorar su formación que muchos políticos sienten cuando ocupan cargos públicos de cierta relevancia y comprueban sus carencias en determinadas materias. Este sentimiento se da sobre todo en personas que desde muy jóvenes están en la política y que, debido a su temprana y plena dedicación a esta actividad, no han completado sus estudios o los han abandonado justo al terminar el bachillerato o en medio de una licenciatura.

En estos casos, resulta loable su afán por mejorar la formación, su inquietud por prepararse mejor para el desempeño de sus tareas políticas. No es criticable, por tanto, que se matriculen en cursos de especialización o másteres de postgrado, siempre que dediquen el esfuerzo y el tiempo que ello les exige. El problema está, como en la situación antes analizada, en que no disponen del tiempo necesario para realizar un estudio universitario de postgrado con la intensidad y dedicación que se les exige a los alumnos, y entonces buscan la fórmula de poder compatibilizarlo con su actividad política, aprovechando su influencia o redes clientelares con el mundo académico y las mencionadas ventajas que ofrecen algunas universidades.

El resultado de todo ello es doble. De un lado, aumenta la degradación de la actividad política, que se ve contaminada por la corrupción en un tema, como éste de la formación, tan sensible a la opinión pública y donde se supone que rigen los criterios del mérito y el esfuerzo. De otro lado, produce una degradación de nuestro sistema universitario, al ofrecer su cara más gris ante la falta de rigor y seriedad de algunas universidades en la concesión de títulos de postgrado por los que cobran elevadas tasas académicas y cuyos requisitos relajan cuando en ellos se matricula algún profesional muy ocupado o un político de cierta relevancia.

Catarsis

La indignación está servida y el daño está ya hecho. Sólo confío en que esto sirva de catarsis en un triple sentido.

En primer lugar, espero que la opinión pública rebaje su presión sobre los políticos respecto a la exigencia de títulos académicos como vía del reconocimiento social para ejercer su actividad, y valoremos más la experiencia y capacidad. Tener un título no es garantía de nada en el ámbito de la política. Se puede ser un excelente político sin tener másteres o títulos de postgrado; basta con saber escuchar la opinión de los expertos y rodearse de un buen equipo técnico en el desempeño de sus responsabilidades públicas, además, por supuesto, de ser capaz de tomar decisiones, que es la principal tarea de un político.

En segundo lugar, confío en que, tras esta catarsis, los políticos no “inflen” sus CV de manera innecesaria, sino que sólo reflejen en ellos sus verdaderos méritos, unos méritos que no tienen por qué estar relacionados con la posesión de un título de máster, sino con las capacidades adquiridas por su experiencia en otras esferas profesionales.

Y en tercer lugar, espero que todo esto sirva para que el sistema universitario ponga orden en sus estudios de postgrado, estableciendo los controles necesarios para garantizar la calidad y la excelencia de unos títulos por los que las universidades cobran elevadas tasas, pero que, en no pocos casos, dejan mucho que desear.

INCERTIDUMBRE  ANTE  LA  #PAC  POST  2020 

(una versión reducida se publicó en el Anuario del Diario Córdoba el pasado mes de marzo)

Estamos ante un nuevo proceso de reforma de la política agraria común europea (PAC), que nos debe conducir a la PAC post-2020. Ya se han publicado los primeros documentos de la Comisión Europea, entre ellos la Comunicación “El futuro de la alimentación y de la agricultura” (del pasado 27 de noviembre), y la Comunicación (del 14 de febrero) con el marco financiero plurianual 2021-2027.

De las declaraciones del Comisario de Agricultura Phil Hogan, se podría esperar un escenario de continuidad con el propósito de mantener la estructura de la PAC (en sus actuales dos pilares) y de orientarla hacia una mayor simplificación. Sin embargo, más allá de este mensaje de continuidad, lo cierto es que el escenario en el que se va a negociar la PAC post-2020 es un escenario restrictivo en términos económicos y está cargado de factores de incertidumbre. Ello implicará cambios en la arquitectura de la PAC y conducirá a una reducción del presupuesto dedicado a la financiación de esta política común que, como sabemos, absorbe casi el 40% del gasto europeo (aunque sólo recibe un 0,4% del PIB de la UE-28).

El efecto Brexit

Uno de esos factores es el indudable efecto que va a tener el Brexit en el presupuesto común europeo, dado que el Reino Unido es contribuyente neto a las arcas de la UE. El Presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker, en la presentación pública del marco financiero plurianual, afirmaba que el Brexit podría representar una reducción de entre 13.000 y 15.000 mil millones de euros anuales del presupuesto europeo, y que, si no se incrementan las aportaciones de los EE.MM., habrá una reducción inevitable de los recursos de la PAC.

La Comisión plantea tres posibles escenarios para la PAC: uno, de mantenimiento del status quo (el menos probable, ya que no habría forma de cuadrar las cuentas) y dos escenarios de recortes (uno, el más desfavorable, en el que se plantea una reducción del 30% del presupuesto de la PAC; y otro, algo menos desfavorable, con una reducción del 15%).

Las nuevas prioridades de la UE

Otro factor tiene que ver con las nuevas prioridades que hoy se plantea la UE. Unas prioridades están relacionadas con el nuevo modelo alimentario que demandan los ciudadanos europeos, tal como muestra la consulta pública promovida por el comisario Hogan (con casi medio millón de aportaciones).

Me refiero a temas relativos a la sanidad de los alimentos, a los problemas nutricionales, al coste medioambiental de las producciones agrícolas y ganaderas (huella ecológica), al consumo de agua, al bienestar de los animales,… Son temas que cada vez estarán más presentes en las orientaciones de la nueva PAC, por encima de los objetivos productivistas que le habían caracterizado en sus primeras tres décadas.

Otras prioridades guardan relación con los compromisos adquiridos por la UE tras la firma del Acuerdo de París sobre Cambio Climático en la COP 21 (diciembre de 2015) y con la agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) (firmada en septiembre de 2015 en Naciones Unidas). Estas prioridades incluyen, entre otros objetivos, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio del modelo de consumo energético,…

Más allá de las prácticas agrícolas del actual greening (planteadas desde una lógica interna para cubrir algunas carencias del modelo agrícola europeo), las nuevas exigencias de ahora responden a una lógica externa, a saber: la marcada por los citados compromisos del Acuerdo de París y de la agenda ODS.

  

A todo ello habría que añadir los grandes temas de política general que son hoy prioritarios en la UE y que absorberán una parte considerable del gasto europeo. Me refiero a las prioridades en defensa, control de fronteras, seguridad, biotecnología, digitalización y robótica, movilidad de los jóvenes, acogida a refugiados, inversiones en infraestructuras de comunicaciones (interconexiones eléctricas entre países, corredor mediterráneo,…),…

La PAC, ante un escenario de recortes

Todas ellas son prioridades que, sin duda, absorberán una parte considerable del gasto europeo, y que afectarán a la PAC. La cuestión es, por tanto, cómo distribuir los recortes dentro de la PAC, si cargándolos sobre el primer pilar (y dentro de éste, sobre los pagos directos del FEAGA o sobre los mecanismos de intervención asociados a la OCM única) o recortando los recursos destinados al segundo pilar (afectando al fondo FEADER, que es el que financia las acciones de desarrollo rural).

Lo más probable es que, una vez más, sea el segundo pilar de la PAC el más afectado, dada la mayor sensibilidad política que tiene todo lo relativo al primer pilar (en concreto, los pagos directos) y dado también que los intereses de los grupos de desarrollo rural están peor representados en Bruselas que los de los agricultores.

No obstante, es probable que también haya recortes en el sistema de pagos directos, e incluso algunos cambios. Se habla incluso de extender a todo el primer pilar de la PAC el modelo de “planes estratégicos” (similar a los actuales “programas operativos de desarrollo rural" del segundo pilar), un modelo que estaría basado en resultados y en “pagos por bienes públicos”.

Ello cambiaría la filosofía actual de los pagos directos y los convertirían en ayudas finalistas, es decir, ayudas asociadas a resultados y ligadas a los grandes objetivos de la UE (lucha contra el cambio climático, prevención de la erosión de los suelos, mantenimiento de la biodiversidad, generación de empleo, cohesión social, bienestar animal,…). Eso implicaría que los agricultores recibirían las ayudas directas a cambio de abordar determinados proyectos de innovación en sus explotaciones.

Hacia el final de una PAC sectorial

Todo esto marca, en mi opinión, el final definitivo de la política sectorial que ha caracterizado a la PAC desde su creación. Es un final que conduce a la transición hacia una política basada ya en una lógica territorial, alimentaria y de sostenibilidad ambiental, y más proactiva en la promoción del desarrollo y la cohesión social de los territorios rurales europeos.

Esto significa dejar el tema de la competitividad en manos de los agricultores y de su capacidad para desenvolverse en un mercado cada vez más abierto y globalizado, lo que tiene sus riesgos para el conjunto de la agricultura europea, ya que no todos los agricultores están en condiciones de afrontar por sí solos ese desafío.

Es por ello, que, en ese escenario, debería modificarse la actual filosofía de las ayudas directas (concedidas de forma generalizada) para concentrarlas en los agricultores que realmente las necesitan y asegurarles así la continuidad de su actividad (una especie de renta agraria de garantía), siempre a cambio de cumplir las condicionalidades antes comentadas.

La negociación está abierta. La Comisión Europea ha hecho sus deberes tomando la iniciativa y presentando las primeras propuestas para la PAC post-2020. Ahora es el turno del Consejo de Ministros de Agricultura y del Parlamento Europeo.

Será una negociación compleja a tres bandas (trílogos), y con la incertidumbre del resultado de las negociaciones del Brexit, sin las cuales no se podrá aprobar el marco financiero 2021-2027, ni, por tanto, tampoco los reglamentos de la nueva PAC. Otro factor de incertidumbre es el cierre de la actual legislatura europea y la celebración de elecciones al Parlamento en junio de 2019.

Todo esto hace aún más improbable que la PAC post-2020 pueda estar en marcha en 2021 como desea la Comisión Europea, y que se tenga que retrasar su aplicación prorrogándose unos años los actuales reglamentos. Veremos.