ABSTENCIÓN  SOCIALISTA  E  INTERESES  GENERALES
(actualizado después de la votación en el Comité Federal del PSOE)   

Entramos en unos días cruciales para que se produzca el desbloqueo de la actual situación política en España. En el Comité Federal del PSOE del domingo, se ha decidido por 139 votos a favor y 96 en contra, abstenerse en la segunda votación de la sesión de investidura de Rajoy, lo que facilitará la formación de un gobierno del PP.

Ha sido una sesión impecable en términos democráticos, tras más de 50 intervenciones (unas a favor de la abstención y otras en contra). Consultar a la militancia era una propuesta legítima, pero también la de no hacerlo, ya que los estatutos del PSOE indican que es el Comité Federal el órgano competente en temas relacionados con la política de pactos. Por tanto, el PSOE ha hecho un buen ejercicio de democracia interna. Ahora toca explicar la decisión y asumir las críticas internas y externas que puedan venir.

Lo que me interesa aquí es reflexionar sobre el tema de la gobernabilidad y el interés general, un tema que ha sido tenido poco en cuenta en este endemoniado carrusel táctico en el que cada dirigente socialista, cada militante y muchos votantes del PSOE, han hecho sus cábalas y valoraciones pensando siempre desde una perspectiva de partido.

También este tema ha estado ausente en la estrategia inmovilista del PP desde el 20-D, una estrategia guiada por intereses partidistas, esperando que sean los demás partidos los que se agoten, sin importarle ni un ápice el problema de la gobernabilidad y los intereses generales del país. Si le hubiera importado, se habría abstenido ante el pacto PSOE-Cs o incluso habría propuesto otro candidato distinto a Rajoy en la pasada sesión de investidura.

Centrándonos en el entorno socialista, encontramos, de un lado, a los que defienden la abstención, y así lo han planteado en el Comité Federal, a entender que es la mejor opción para el PSOE si se quería evitar unas terceras elecciones que conducirían a un empeoramiento de la situación del partido ante las expectativas de que el PP incremente su apoyo electoral y Podemos logre el sorpasso que no consiguió el 26-J. El dirigente extremeño Fernández Vara, uno de los más firmes defensores de la abstención, ha sido claro en este sentido: “No estamos eligiendo entre que gobierne o no Rajoy, sino entre que gobierne hoy o lo haga dentro de 55 días en mejores condiciones que ahora”. Es éste un planteamiento defensivo con la mirada puesta en los intereses a corto plazo del PSOE.

De otro lado, están los que han venido opinando que no se debe permitir que gobierne un partido corrupto como el PP, presidido por un dirigente como Rajoy, cómplice por acción u omisión de los desmanes de la trama Gürtel o de los papeles de Bárcenas. Esa posición, defendida con firmeza en el Comité Federal, y apoyada aparentemente en una base ética (es inmoral facilitar el gobierno a Rajoy), está también marcada por un objetivo táctico (si el PSOE se abstiene, cavará su propia tumba y será sustituido por Podemos en el liderazgo de la izquierda).

Entre los partidarios de alguna de esas dos opciones no he escuchado argumentos guiados por el interés general y que vayan más allá de los intereses partidistas. Salvo alguna excepción (como la de Ramón Jáuregui), no he oído decir a los actuales dirigentes socialistas que, en ausencia de mayoría alternativa, la abstención deba justificarse por el objetivo de favorecer la gobernabilidad de un país como el nuestro sumido en una coyuntura tan compleja como la actual. Tampoco he escuchado apelar al interés general entre los que apuestan por la no abstención y el rechazo a la investidura de Rajoy. Sólo he escuchado posicionamientos tácticos guiados por el interés de partido.

Sin embargo, creo que el tema de la gobernabilidad y el interés general es relevante y debería haber estado presente en los debates del Comité Federal del PSOE. Una vez tomada, la abstención no debe presentarse como un mal menor, como una mera justificación táctica planteándola como si fuera algo vergonzante para el partido, sino explicarla en positivo, en términos de la gobernabilidad y los intereses generales, y obrar en consecuencia. No sentir vergüenza por abstenerse, sino hacerlo con el orgullo de contribuir a la gobernabilidad de nuestro país en un momento tan complicado como el de ahora y ante la magnitud de los retos que tenemos por delante.

Sólo así el PSOE podrá marcar un territorio diferenciado respecto a otros grupos (como Podemos) y podrá estar en condiciones de recuperar ante la ciudadanía la credibilidad como alternativa de gobierno, aunque ello le suponga costes elevados entre sus militantes. Sólo desde esa base, la abstención tendrá alturas de miras y no será una decisión política de vuelo bajo pensando sólo en los intereses del partido.

Porque si, guiada por un objetivo táctico, la abstención queda como una decisión coyuntural para permitir que Rajoy forme gobierno, pero el PSOE opta, como ya han señalado algunos dirigentes socialistas (como Iceta o Madina), por una estrategia obstruccionista en el Parlamento para hacer imposible que el PP gobierne, me temo que el recorrido de la legislatura será muy corto, y tendremos nuevas elecciones de aquí a un año. Lo único que se habría conseguido con ello es desbloquear temporalmente la situación política de hoy, pero para continuar con el bloqueo al día siguiente de la formación del nuevo gobierno. Para ese viaje, el PSOE no necesita las alforjas de la abstención, salvo que con ello sólo busque ganar tiempo con la esperanza de recomponer sus hoy mermadas y divididas bases de apoyo y hacer frente al empuje de Podemos.

Comprendo que en la lógica interna de todos los partidos políticos, cuya aspiración es alcanzar el poder, las decisiones se suelen tomar pensando en los intereses del partido, y así ha sido desde que se fundó la democracia en Atenas. Pero en partidos con vocación de gobierno se debe pensar también en el interés general, contribuyendo a asegurar la gobernabilidad, generando certidumbre y garantizando la estabilidad política.

Y eso, en el caso del PSOE, no sólo consiste en que el aún primer partido de la oposición se abstenga para, ante la imposibilidad de armar una mayoría alternativa, facilitar el gobierno del partido que ganó las elecciones el 26-J. Es necesario, además, que adopte una actitud colaboradora y apueste por una estrategia basada en la cultura del pacto y el acuerdo sobre los grandes retos que tiene pendiente nuestro país, en vez dejarse atrapar por la táctica de Podemos de bloquear desde el minuto uno la acción del gobierno.

Obviamente, para alcanzar acuerdos es necesario que el futuro gobierno del PP tenga una actitud favorable a ello, abandonando posiciones excluyentes y estableciendo puentes con los grupos de la oposición para abordar materias tan importantes como la reforma constitucional (para tratar de darle una salida a las tensiones territoriales), la reforma educativa, la seguridad ciudadana, la lucha contra el terrorismo yihadista, la reforma de las pensiones o la participación activa en las instituciones europeas.

La primera prueba de toque se verá en el próximo discurso de investidura de Rajoy, donde el candidato del PP tendrá oportunidad de mostrar cual será la actitud de su gobierno para la próxima legislatura y cómo piensa gobernar en situación de minoría. Ahí, en la sesión de investidura, Javier Fernández, el presidente de la Comisión Gestora del PSOE, tendrá también la oportunidad de mostrar ante los ciudadanos qué actitud van a desarrollar los diputados socialistas en su labor de oposición: si cooperadora u obstruccionista.

Si el PSOE es capaz de definir en el debate de investidura una estrategia propia (no seguidista ni dependiente de lo que haga Podemos) y es capaz de mostrar su voluntad de alcanzar grandes acuerdos de gobernabilidad con el PP, siempre que éste muestre también una actitud abierta y colaboradora, le habrá merecido la pena el enorme esfuerzo de abstenerse. Marcará con ello un territorio propio en su estrategia de oposición, un territorio acorde con la trayectoria reformista y de vocación de gobierno que ha tenido el PSOE desde 1978, y que está en la esencia de su ideología socialdemócrata, aunque ello le genere deserciones entre su militancia.

Pero si la estrategia de la abstención va a consistir en desbloquear la actual situación política para bloquear más tarde la acción de gobierno apuntándose a tácticas obstruccionistas y de movilización permanente, de poco le habrá servido al PSOE abstenerse salvo para ver cómo se amplían las divisiones y desgarros internos que ha sufrido en estos últimos meses y cómo se achica su espacio político en beneficio de otros partidos.

EL   PLEBISCITO   COLOMBIANO,    

O  LOS  RIESGOS  DE  LA   DEMOCRACIA   DIRECTA

El pasado referéndum o plebiscito colombiano, su sorprendente resultado y el modo como se desarrolló la campaña, permiten reflexionar sobre los riesgos de la democracia directa cuando temas complejos y de una elevada carga emocional se someten a consulta popular de carácter binario en la que no cabe más respuesta que el sí o el no.

Las fórmulas participativas y de democracia directa son variadas (presupuestos participativos, encuestas deliberativas, jurados ciudadanos,…) y han producido interesantes resultados en el mayor acercamiento de la ciudadanía a la gestión de los asuntos públicos. 

No obstante, son los plebiscitos o referéndum los que tienen más implicaciones políticas, por lo que suelen ser objeto de mayor controversia, sobre todo cuando los resultados que provocan no son los esperados, como fue el caso del Brexit en el Reino Unido o ha sido ahora el plebiscito sobre los acuerdos de paz en Colombia.

Con objeto de contribuir al debate sobre la conveniencia y oportunidad de la democracia directa sobre determinados temas y en contextos donde predominan los sistemas de democracia representativa, voy a dar algunas opiniones aprovechando la experiencia del plebiscito colombiano.

La “cuestión guerrillera” en Colombia

La insurrección guerrillera en Colombia se explica, entre otras cosas, como reacción popular al pacto excluyente formalizado en los años 1950 por las élites tradicionales (una especie de alternancia caciquil entre conservadores y liberales, que ponía fin a un largo periodo de guerras civiles, bien narrado por García Márquez en una de las partes de su célebre novela “Cien años de soledad”).

Era aquél un pacto que dejaba fuera de la participación política a amplias capas de la sociedad colombiana y bloqueaba cualquier proyecto reformista, condenando a la marginalidad y la pobreza a vastas áreas del medio rural en las que la concentración de la propiedad de la tierra había alcanzado elevadas cotas de desigualdad.

La reacción contra el pacto de las élites políticas tradicionales fue protagonizada entonces por sectores universitarios urbanos y por grupos campesinos, influidos ambos por la teología de la liberación, el castrismo y, sobre todo, por el guevarismo y su estrategia “foquista”, tan en boga en los años 1960 en Latinoamérica.

Ello dio lugar a la creación de diversos grupos armados (urbanos en unos casos, rurales en otros), hasta el punto de que, en los años 1980, llegó a haber en Colombia hasta seis organizaciones guerrilleras, siendo la más importante las FARC.

Después del fracaso de las estrategias guerrilleras en los países latinoamericanos y de la crisis del castrismo, tras el desplome soviético y la caída del muro, la gran mayoría de los movimientos insurgentes acabaron rindiéndose a la acción militar de los gobiernos e incorporándose a la vida política, en algunos casos con relativo éxito (por ejemplo, en Salvador o en Uruguay).

Colombia sería la excepción, sólo explicable por su compleja orografía y por la ausencia de poder estatal y de políticas públicas en amplias zonas afectadas por la más extrema pobreza (y en las que la guerrilla se convirtió en un poder de facto), a lo que habría que añadir la posterior imbricación de las organizaciones guerrilleras con el narcotráfico (su gran fuente de ingresos económicos).

Tras los efectos del llamado Plan Colombia (bajo la presidencia de Alvaro Uribe), con una importante ayuda económica y militar de los EE.UU., los movimientos guerrilleros fueron debilitándose hasta alcanzar ese punto en el que buscaban una salida a una situación ya insostenible (en los años 80 ya había emprendido ese camino el movimiento guerrillero M19, cuyos líderes se incorporaron sin problemas a la vida civil y política).

En ese contexto de acoso militar, influido sin duda por el favorable escenario de la apertura cubana y la presidencia de Obama, el gobierno liberal de J. Manuel Santos emprende unas negociaciones de paz con las FARC, el más importante, aunque no el único, de los movimientos guerrilleros que quedaban en Colombia y que, si bien debilitado, no había sido derrotado por el ejército.

Tras varios años de encuentros y de sucesivos altibajos, las negociaciones finalizaron con la firma de los acuerdos de La Habana el pasado 26 de septiembre ante la comunidad internacional.

La complejidad de los acuerdos de La Habana y el recurso al plebiscito

Los acuerdos de La Habana son de una enorme complejidad, incluyendo medidas que provocaron gran controversia en la sociedad colombiana (principalmente, el tema de la justicia transicional y el cupo garantizado de escaños para facilitar la participación política de los antiguos guerrilleros).

Ante la complejidad del tema y la carga emocional que arrastra un conflicto que se ha cobrado miles de víctimas en sus 50 años de historia, cabe preguntarse si era conveniente someter ese tipo de acuerdos a un referéndum, si no estaría corriendo un riesgo innecesario el proceso de paz y si no habría sido mejor limitarse a aprobarlos en sede parlamentaria.

Como había ocurrido con el Brexit británico, ese tipo de plebiscitos no parece que sea el método más adecuado para decidir sobre temas complejos, ya que es fácil que se contaminen con otros asuntos, y que, en torno a ellos, acabe imponiéndose el apasionamiento sobre la razón.

Para los negociadores de los acuerdos de paz, recurrir al referéndum se justificaba porque era darle a lo acordado un plus de legitimidad, superior al que pudiera otorgarle su aprobación parlamentaria. Además, se buscaba con el referéndum incorporar a la Constitución colombiana el contenido de las 297 páginas de los acuerdos, incluyendo algunas medidas de difícil encaje constitucional.

Aun así no parecían convincentes esas razones por cuanto significaban forzar una reforma constitucional mediante un referéndum al que se le había rebajado al 15% el porcentaje de participación necesario para que sus resultados fueran considerados jurídicamente válidos, al preverse una elevada abstención. Con una exigencia tan baja de participación, sería bastante escaso el plus de legitimidad que el referéndum pudiera darle a los acuerdos de paz.

El riesgo que se corría con la consulta superaba los posibles beneficios que el referéndum podría proporcionarle a un proceso de paz tan complejo y laborioso, y a una negociación que tanto esfuerzo y renuncia había exigido a todas las partes implicadas.

Ahora, tenemos el resultado de un referéndum en el que ha ganado el No (por la escasa diferencia de algo más de 50.000 votos) y donde se ha dado el más bajo nivel de participación de los últimos veinte años de Colombia (no ha llegado al 40%, influido por los efectos del huracán Matthews en algunas zonas).

Más allá de las explicaciones que den los especialistas al resultado, no cabe duda de que ha sido un fracaso para los promotores de la consulta, además de un fiasco para el conjunto del país por lo que supone de división interna, dejando una situación grave y difícil de gestionar.

Una sociedad polarizada

Durante la campaña del referéndum, el masivo apoyo internacional al proceso de paz, con implicación directa de organismos como la FAO (con un artículo firmado por su director general el brasileño José Graziano da Silva), de cantantes como Juanes y Carlos Vives, de deportistas como el ciclista Nairo Quintana y el futbolista Falcao o de escritores como Vargas Llosa (que fue interpelado en una interesante carta abierta por su amigo colombiano el también escritor Plinio Apuleyo Mendoza), trasladaba la impresión de que era mayoritaria en Colombia la opinión favorable a los acuerdos con las FARC.

En términos ético-normativos, se había construido un relato en el que la razón y el bien parecían estar de parte del presidente Santos y de los partidarios del Sí, mientras que la sinrazón y el mal se les atribuían al expresidente Uribe y a los que defendían el No en el referéndum.

En un escenario así dibujado, donde de manera tan simplificada se planteaba el referéndum colombiano como una lucha entre el Bien y el Mal, era fácil caer en el espejismo de que vencería el Sí, es decir, los representantes del Bien. La sorprendente escenificación de los acuerdos en un solemne acto previo al referéndum (con la presencia de altos mandatarios internacionales, todos vestidos de blanco) contribuyó a la euforia del Sí, aunque, viéndolo, cabía pensar si no se estaba vendiendo la piel del oso antes de cazarlo.

Por eso, cuando se supo la noticia (inesperada) de que la victoria había correspondido a los partidarios del No, la primera reacción ha sido preguntarnos ¿cómo ha podido ocurrir esto?, ¿se han vuelto locos los colombianos?.

Sin embargo, la realidad es que no era todo tan simple, sino mucho más complicado y lleno de matices y paradojas. Debajo de la imagen idílica que se había construido sobre un país al que se le suponía cabalgando a lomos de un caballo blanco hacia la paz, había la realidad de una sociedad colombiana que estaba ya bastante polarizada desde hacía varios años y que ahora se polarizaba aún más en torno a un tema cargado de emoción y resentimiento y donde se mezclaban afanes de venganza y revanchismo con actitudes sinceras de reconciliación.

Junto a los admirables y bien publicitados testimonios de perdón por parte de víctimas de la violencia provocada por las FARC, había también actitudes no tan proclives al olvido ni tan dispuestas al perdón, pero eran testimonios que apenas habían ocupado el foco de atención de los medios internacionales de comunicación.

Cuando el sábado, último día de campaña, se lee la entrevista que, casi a deshora y como disculpándose, le hizo el diario El País al diputado Iván Duque (responsable de la campaña de los partidarios del No), uno se da cuenta de la complejidad de la situación y de que no era tan segura la victoria del Sí.

Son interesantes las razones (nada malévolas) que éste esgrimía para oponerse a los acuerdos de paz (la seguridad jurídica, la impunidad, la ausencia de pena carcelaria por delitos de sangre, la interpretación forzada del texto constitucional, la concesión de curules en el Congreso colombiano,…). Llamaba también la atención su último comentario, en el que decía que, fuera cual fuese el resultado del referéndum, su principal efecto sería haber dividido a la sociedad colombiana, si bien obviaba el hecho de que su propio partido (el uribista Centro Democrático) era el que más había contribuido a esa polarización.

La democracia directa y sus riesgos

La experiencia del plebiscito de Colombia y su desenlace, es una buena oportunidad para reflexionar sobre si era necesario provocar aún más división en la sociedad recurriendo a métodos de democracia directa cuando la democracia representativa tiene vías suficientes para legitimar las decisiones de los representantes políticos, sobre todo si estamos ante cuestiones complejas.

Además, como ha ocurrido en otros referéndums, sabemos de los riesgos de este tipo de plebiscitos, que se llenan de burdas simplificaciones proclives a las medias verdades y la mentira, y que se contaminan fácilmente con otros temas, como el malestar por la situación económica, el desgaste del gobierno que los convoca o las propias estrategias particularistas de los partidos políticos.

Todo eso ha sucedido en Colombia, donde dirigentes, como el presidente Santos, el procurador (fiscal) general del estado Ordóñez, el vicepresidente Germán Vargas y el propio Uribe, han aprovechado el referéndum para medir sus respectivas agendas políticas.

Ésa es la enseñanza que, junto al Brexit, nos da el plebiscito colombiano. A veces, en demasiadas ocasiones, la política, que debería servir para la resolución de los problemas de los ciudadanos, provoca el efecto contrario, y acaba agravándolos, cuando los políticos, impulsados por buenas intenciones o por perversos cálculos electoralistas, deciden sobre temas complejos recurrir a métodos de democracia directa haciendo dejación de sus responsabilidades como representantes elegidos.

De ese modo, se termina denostando los métodos participativos en general, sin diferenciar unos de otros y sin tener en cuenta que, bien utilizados, son de gran utilidad para conocer la opinión de los ciudadanos sobre determinadas cuestiones políticas y para implicar a la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos.

CANCION   TRISTE   DEL   PSOE
(Texto escrito antes de la reunión del Comité Federal del sábado 1 de octubre
y de la dimisión de Pedro Sánchez)

No era necesario tamaño despropósito como el que están protagonizando los dirigentes del PSOE ante la vergüenza de sus militantes, la indignación de sus votantes y el estupor de la sociedad española en general. No era necesario tan lamentable espectáculo para certificar el estado calamitoso en que se encuentra el partido socialista. Su agonía puede prolongarse aún más, como en los primeros versos del poema de César Vallejo, cuando dice que “…el cadáver ¡ay! seguía muriendo”.

Las diferencias se podían haber dirimido en el seno de los órganos del partido (en el Comité Federal convocado para el próximo sábado). Pero el sector crítico, ante el miedo a que esa batalla se perdiera, decidió actuar antes, anticipándose con la dimisión de la mitad de los miembros de la Comisión Ejecutiva. Desde el punto de vista orgánico, Pedro Sánchez y su equipo se encuentran en minoría, lo que debería conducirle en situaciones normales a la dimisión, lo estipule o no los estatutos. Pero la situación del PSOE no es normal sino excepcional.

No obstante, no cabe hablar de "golpe", sino simplemente de lucha por el poder utilizando unos y otros los resortes estatutarios existentes, e interpretándolos cada grupo en su propio beneficio. Para "golpe" el que Pedro Sánchez y su actual ejecutiva fraguaron contra Tomás Gómez en la FSM (madrileña). Lo de ahora es algo tan viejo como la propia política, y tan común a todos los partidos: pugna por conquistar el poder en el seno de un partido político.

Sea como fuere, lo cierto es que el enroque de la actual dirección, apelando a la militancia, está provocando el choque entre dos legitimidades dentro del PSOE: la que apela a las bases de afiliados (democracia directa), y la que proviene de los órganos de dirección del partido (democracia representativa). Es un conflicto de legitimidades que no se resuelve por la vía de recurrir de forma oportunista a las primarias, un recurso éste que, planteado de forma precipitada, genera más problemas que soluciones.

El espectáculo de ayer ante las puertas de Ferraz fue bochornoso. Lo de Verónica Pérez, atribuyéndose la autoridad del partido, mientras ni siquiera le dejaban entrar en la sede, es una escena berlanguiana para enmarcar. Y todo puede ir a peor si, como se ha difundido en las redes sociales, los militantes que apoyan a Pedro Sánchez se concentran mañana en Madrid como si de una guardia pretoriana se tratara.

Así las cosas, el próximo Comité Federal se presenta tenso, con los puentes rotos y con las divisiones y rencillas a flor de piel. No es el escenario más idóneo ni para debatir sobre el futuro inmediato del partido (fecha del congreso y de las primarias) ni para dirimir la gran cuestión que interesa al conjunto de la ciudadanía: si el PSOE se va a abstener para facilitar el gobierno del PP en una futura sesión de investidura; si va a votar en contra y formar una opción alternativa por la izquierda, o si apuesta por ir a terceras elecciones.

Ante esta confrontación táctica por hacerse con los restos del naufragio socialista, me voy a permitir dar algunas opiniones. En primer lugar, el citado conflicto entre legitimidades es un falso debate. Apelar, como hace Pedro Sánchez, a la fuerza de la  militancia frente a los órganos de dirección en un partido que lleva desangrándose varios años hasta apenas alcanzar los actuales 190.000 afiliados (¿cuántos de ellos están realmente activos?), es cuando menos una apelación ridícula. Aún más, cuando las propias bases del PSOE y los órganos directivos están divididos sobre cuál debería ser la mejor estrategia en estos momentos (si la abstención o la formación de una alternativa por la izquierda). La mejor prueba de esa división es la fractura producida en la comisión ejecutiva.

No obstante, no se aprecia respecto a este tema un claro enfrentamiento entre esas dos legitimidades, ya que las diferencias atraviesan tanto a la militancia, como a los dirigentes. Lo mismo ocurre entre los votantes socialistas, que también están divididos sobre este asunto. Por eso, la apelación a las bases como representantes de la “pureza” democrática en el PSOE frente a unos dirigentes orgánicos a los que se les estigmatiza como “casta”, no es justificable y tiene mucho de populismo, lo que demuestra hasta qué punto el lenguaje de Podemos ha calado en las filas socialistas. 

En segundo lugar, la convocatoria urgente de un congreso y de unas primarias para elegir al secretario general del PSOE, es de una gran irresponsabilidad, rayana en la frivolidad, ante el calendario que tenemos por delante. Con la posibilidad de una nueva sesión de investidura, y, si fracasa, con el horizonte de unas terceras elecciones a mediados de diciembre, no acierto a comprender la utilidad de embarcar al PSOE en un congreso que, por fuerza, tendrá que organizarse de forma precipitada y con las heridas abiertas de la actual conflagración interna. Pero ya no hay vuelta atrás; tanto los oficialistas, como los críticos, ambos con su actitud irresponsable, abocan al partido a la convocatoria de un congreso extraordinario que tendrá que celebrarse en las próximas semanas. Sería el mejor entrenamiento para una nueva derrota electoral socialista, que dejaría en un recuerdo glorioso los actuales 85 diputados, y que no sólo conduciría al sorpasso de Podemos, sino al batacazo del propio PSOE y su descenso a niveles nunca alcanzados en su larga historia.

En tercer lugar, el actual conflicto tiene que dirimirse en el seno del Comité Federal, quizá no en la reunión de mañana sábado, pero sí en otras posteriores. Debe reunirse tantas veces como sean necesarias hasta coser, en lo posible, y si no aplazar, las actuales heridas, y alcanzar una posición unitaria, aunque eso pueda significar la salida de algunos dirigentes y la desafección de parte de la militancia. El PSOE debe pensar más en el amplio número de votantes que aún conserva, que en su exigua militancia, y para ello es más urgente intentar definir una estrategia clara ante el actual escenario político (qué hacer ante una nueva sesión de investidura), que intentar resolver de forma precipitada las diferencias internas del partido.

En cuarto lugar, y en consonancia con esto último, el Comité Federal del PSOE debe resolver el trilema del “no, no y no”. Empecemos por el último “no”. Si no quiere ir a terceras elecciones, que le serían mortales, tiene que decidirse entre formar una mayoría alternativa, con el apoyo de Pdms y los partidos nacionalistas (ya que ante el rechazo de Cs, es la única opción posible), o abstenerse para facilitar el gobierno del PP. Las dos opciones tienen sus costes, pero el PSOE tiene que elegir una de ellas. La política es el arte de elegir entre soluciones imperfectas.

Ya no estaría el PSOE ante un “trilema”, sino ante un “dilema”. Sólo así, eligiendo una de esas dos opciones dolorosas, el PSOE dejaría de “seguir muriendo”. Y, como en el último verso del mencionado poema de César Vallejo, el cadáver, dolorido (del PSOE), podría lentamente incorporarse, para de nuevo “echarse a andar” si encuentra el sosiego necesario para cerrar sus heridas y emprender su recuperación. No sé por cuánto tiempo, ni por qué camino, ni con qué compañías… Pero eso, será objeto de otro artículo.

SOBRE   IMPUTADOS,   AFORADOS  Y  RESPONSABILIDADES   POLÍTICAS

No me gustan los juicios paralelos, previos al conocimiento de las sentencias en firme. Menos me gustan esos juicios si afectan a políticos en el ejercicio de sus cargos públicos. Y no es sólo por el daño que se le hace al encausado en detrimento de su derecho a la presunción de inocencia, sino también por el daño que representa para el propio sistema democrático.

Cuando un político es imputado, los medios de comunicación, afectados como están por una grave crisis de lectores y/o audiencia, se hacen eco de la noticia magnificándola de tal modo (en grandes titulares, en primera plana o en la cabecera de los telediarios), que impactan en la opinión pública como si ya hubiera sido condenado. Diarios (en papel o digitales), emisoras de radio y canales de TV pugnan entre sí por ver cuál da la noticia con mayor sensacionalismo e impacto mediático.

Pero, luego, meses o años más tarde, cuando se hace pública la sentencia y ese mismo político es absuelto o condenado a una pena mucho menor que la solicitada por el fiscal, la noticia no se difunde con la misma amplitud e intensidad. Y si se difunde, la reacción que entonces genera en gran parte de la opinión pública es la de acusar al poder judicial de someterse al dictado de los políticos. “¿Ves? Le han rebajado la pena o lo han absuelto porque los jueces son cómplices del poder político. Son todos de la misma calaña”. Es la credibilidad del sistema democrático la que se ve afectada por este tipo de reacciones.

El fundamento de una democracia radica en la separación de poderes, y el poder judicial tiene sus procedimientos y sus ritmos. En no pocas ocasiones, son procesos exasperadamente lentos, debido a la complejidad de los casos y a la escasez de recursos con que cuentan los jueces para abordar largas y tortuosas investigaciones en la fase de instrucción. Lo importante es que el poder judicial sea independiente a la hora de desarrollar sus funciones y que el poder político no interfiera las decisiones de los jueces, aunque como cualquier ciudadano los políticos pueden criticar las sentencias y recurrirlas si ha lugar. También los jueces deben ejercer con mesura sus funciones y no sobreactuar cuando tienen delante una "presa" de valor político.

En ese contexto cabe plantearse varias cuestiones. La primera se refiere a la actitud personal que debe tener el político que es imputado (investigado) si el juez de instrucción ve indicios de culpabilidad. En países democráticos ya maduros, ni siquiera se espera a la imputación. Basta con que caiga la más mínima sospecha sobre un político en el ejercicio de su cargo o incluso en su vida privada, para que se vea en el deber (que no en la obligación) de dimitir.

Tenemos múltiples ejemplos de políticos norteamericanos, británicos, alemanes o suecos, que han visto truncadas sus carreras políticas por comportamientos reprobables en el ámbito de sus vidas públicas o privadas. Para dimitir no han tenido que esperar a ser imputados por un juez, ni a que se apliquen los códigos éticos de sus correspondientes partidos, ni al conocimiento de una sentencia. Su retirada de la vida política es fruto del imperativo moral que impregna las culturas democráticas ya maduras y que es interiorizado por quien se dedica a la política, ya que la sociedad en la que vive también se rige por ese código ético en todo lo relativo a la utilización de los recursos públicos. Por desgracia, en nuestro país, la dimisión por imperativo moral es la excepción y no la regla.

La segunda cuestión se refiere a la norma que deben aplicar los partidos políticos cuando en sus filas surjan casos de corrupción o de comportamientos reprobables que afectan a algunos de sus dirigentes o afiliados. En un momento de crisis económica e institucional como la actual, los partidos políticos, conscientes de su debilidad y escasa credibilidad en la opinión pública, responden de forma precipitada y errática ante la presión mediática, 

Todo eso lleva a partidos políticos y a medios de comunicación a no establecer una clara distinción entre las diferentes categorías de corrupción (prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho,…) a la hora de reaccionar cuando un dirigente es imputado. Lo mismo da que haya sólo prevaricado en el ejercicio de su cargo sin haberse enriquecido personalmente; que haya malversado fondos o recibido comisiones a cambio de determinadas decisiones, o simplemente que haya ejercido tráfico de influencia. En ese contexto paranoico, todo es corrupción, sin importar de qué grado y gravedad. No es extraño, por tanto, que dé la impresión de que nuestro país esté inmerso en un lodazal de corrupción, cuando la realidad no es así (hay más de cien mil cargos políticos electos en España, y en su gran mayoría desarrollan su actividad de manera honesta).

En una frenética carrera, los partidos, presionados por los medios de comunicación, compiten entre sí por ver cual pone el listón más alto a la hora de pedir responsabilidades a los políticos envueltos en casos de corrupción. Eso les lleva a exigir el cese de un alto cargo o la expulsión de un afiliado por el solo hecho de ser imputado, sin esperar a la apertura del juicio oral o a la terminación del proceso judicial con el dictado de la correspondiente sentencia.

En principio, y como ideal, sólo la condena en firme debería ser el criterio de un partido para actuar contra el afiliado que ocupe un cargo público y sea encausado en un proceso judicial. Actuar en el momento de la imputación, en pleno proceso de instrucción del sumario, sería atentar contra la presunción de inocencia. Actuando así, los partidos políticos contribuyen a los juicios paralelos con actuaciones efectistas que responden más a presiones mediáticas, que a la aplicación de un código ético coherente, generando daños irreparables en los militantes afectados por ello,

Otra cosa diferente es que, determinados cargos institucionales, deberían renunciar a sus puestos en caso de ser imputados o citados a la apertura en el juicio oral, para evitar el descrédito de la institución a la que representan cuando llegue el momento de sentarse en el banquillo de los acusados. Debería ser una renuncia movida por el imperativo moral a que antes me he referido, pero, si no se produjera, el partido tendría que actuar en esos casos forzando la dimisión para evitar males mayores.

Otra cuestión es el tema del aforamiento, muy unido a las dos cuestiones anteriores y que exigiría una reflexión más amplia, ya que la opinión pública identifica el hecho de estar aforado con la impunidad, cuando no es realmente así. Ser aforado no significa ser impune a la justicia, sino ser juzgado por tribunales especiales (tribunal supremo o tribunales de justicia de las Comunidades Autónomas).

Sea como fuere, lo cierto es que España es el país con mayor número de aforados, y que debe reducirse de modo sensible, debiendo quedar limitado a cargos institucionales de alto nivel (la corona, las presidencias de los gobiernos nacional y autonómicos, las presidencias del Congreso y Senado, los magistrados del TC, y poco más). De ese modo, un diputado o senador, por ejemplo, no verá en la retención de su escaño una vía para protegerse por estar aforado ante una imputación por parte del poder judicial ordinario.

Estas son algunas reflexiones sobre un tema que está permanentemente en la agenda pública, y actualmente aún más por casos tan significativos como el de los socialistas Chaves o Griñán o el de la popular Rita Barberá. Los medios de comunicación, y la propia opinión pública, ya los han condenado en un juicio paralelo, mucho antes de que se sienten en el banquillo y el tribunal sentenciador proceda a interrogarlos y dictar sentencia. 

¿Qué ocurriría si fueran declarados inocentes de los cargos que se les imputan o si las condenas fuesen mucho menores que las solicitadas por el fiscal anticorrupción? Me temo que, debido a esos juicios paralelos previos, en tales circunstancias la justicia saldrá muy mal parada en su imagen de independencia, y la democracia perderá un grado más de credibilidad.

¿HAY  ALTERNATIVA  VIABLE  POR  LA  IZQUIERDA?

Fracasado el intento de Rajoy de ser investido Presidente de Gobierno, el líder del PP insiste en perseverar en el intento, con el argumento (poco consistente) de que él obtuvo 137 escaños y casi ocho millones de votos. Y digo poco consistente porque en los sistemas parlamentarios como el español, los que obtienen los escaños y los votos son los partidos, no sus presidentes o secretarios generales. Y esto vale también para Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera.

En el caso de Rajoy, es verdad que obtuvo un importante porcentaje de votos en la circunscripción por la que se presentó (Madrid), pero el cómputo final referido a toda España corresponde al PP no a su presidente.

Es por eso que los máximos dirigentes de los partidos políticos no pueden esgrimir ningún derecho a ser candidatos para someterse a la sesión de investidura, ya que ésa es una decisión que le corresponde adoptar a los órganos directivos de cada partido valorando la idoneidad del candidato para obtener la mayoría parlamentaria.

Por eso, fracasada la candidatura de Rajoy, el PP podría elegir a otra persona para una nueva sesión de investidura. Por ahora, el PP apoya sin fisuras a Rajoy, pero no se sabe por cuánto tiempo mantendrá ese “prietas las filas” si necesitara mover alguna ficha para lograr más apoyos de los obtenidos en la pasada sesión.

Sea como fuere, lo cierto es que se abre un nuevo escenario donde caben otras opciones alternativas. Una de ellas es que el PSOE intente, de nuevo, construir lo que denomina una “mayoría progresista por el cambio” con el apoyo (activo o pasivo) de Cs y de Pdms. Pero, dado que se mantiene el veto entre Cs y Pdms, no parece probable que Pedro Sánchez vuelva a intentar esa fórmula, aunque nunca se sabe, dadas las nuevas circunstancias y la amenaza de unas terceras elecciones. Para evitarlas, cabe incluso la posibilidad, como una variante de esa opción, que el PSOE gobierne en minoría con sólo sus 84 diputados tras lograr que Cs y Pdms apoyen al candidato socialista en la investidura, pero sería un gobierno tan débil y sometido a una triple pinza, que dudo que el propio PSOE se atreva a intentarlo.

Otra opción es que la alternativa al PP la intente el PSOE por la izquierda, mediante una alianza con Pdms e IU. Dicha alianza, al sumar sólo 156 escaños, necesitaría, además, para superar la investidura, el apoyo de los partidos nacionalistas (algunos con claras estrategias independentistas). A esta opción es a la que quiero dedicarle algunas reflexiones.

Desde la aritmética, las cuentas podrían salir. Por tanto, una alternativa de izquierda (PSOE, Pdms e IU, con el apoyo en la investidura de los grupos nacionalistas) es posible, y además legítima. Pero en términos políticos, cabe preguntarse si es viable y conveniente que, con los actuales mimbres, la izquierda forme un gobierno alternativo al del PP. En mi opinión, hay razones para dudar de su viabilidad y conveniencia.

La primera duda radica en la profunda desconfianza que existe entre los socios de la posible coalición de izquierda. Es una desconfianza que incluso ha aumentado tras la desgraciada experiencia de la pasada y corta legislatura, en la que la actitud negativa de Pdms, y especialmente de su líder Pablo Iglesias (obsesionado por el sorpasso), hizo naufragar el intento de PSOE y Cs de formar un gobierno por el cambio.

Una segunda razón para dudar de esa alternativa se debe a que los partidos de la posible coalición de izquierda están sumidos, tras los malos resultados del 26-J, en crisis internas que deben resolver antes de aceptar responsabilidades de gobierno. El PSOE ha caído a los más bajos resultados de su historia y necesita una renovación profunda, mientras que Pdms e IU aún se preguntan por las causas de que no le haya funcionado la coalición “Unidos Podemos”.

Hay finalmente una tercera razón, y es la escasa fiabilidad que ofrece Pdms como socio de gobierno al ser todavía un partido internamente poco cohesionado. No olvidemos que Pdms es el resultado de la confluencia de, al menos, cinco plataformas políticas (mareas) que aún no han sabido construir estructuras políticas idóneas para ejercer con eficacia el papel que le corresponde en un sistema de democracia representativa como el nuestro. Eso le llevará su tiempo y un rodaje parlamentario (en forma de pactos y acuerdos entre fuerzas políticas) que aún no tienen los dirigentes de Pdms. Su experiencia en los gobiernos locales y regionales es aún limitada. Recordemos que el PSOE dirigido por Felipe González perdió dos elecciones antes de su victoria en octubre de 1982.

Por todo ello, en momentos de crisis económica como la actual, cuando habrá que continuar haciendo recortes severos e impopulares y cuando el margen de maniobra en materia de política económica es muy escaso, no acabo de entender qué ventajas puede tener para la izquierda formar un débil gobierno de coalición entre una amalgama de partidos y plataformas políticas, que, nada más constituirse, tendrá que gobernar en un escenario económico muy restrictivo y que deberá gestionar complejas reivindicaciones soberanistas (especialmente, la catalana). ¿Le merecerá la pena a la izquierda el esfuerzo y el coste político de tener que aplicar políticas de ajuste en las que no cree? ¿Podrá soportar las presiones soberanistas un gobierno tan dispar y con tan diferentes sensibilidades internas sobre la articulación territorial de nuestro país?.

El objetivo común de expulsar a Rajoy del gobierno no es suficiente argamasa con la que construir un proyecto político de cambio. Se necesita algo más sólido, y eso, a día de hoy, no existe en una posible alianza PSOE-Pdms. Creo, por tanto, que, en esas circunstancias, sería más conveniente para la izquierda estar en la oposición sirviendo de aglutinador de las demandas sociales y estableciendo puentes y relaciones de confianza entre sus dirigentes para la construcción de futuras alianzas.

En tal situación, y si el Comité Federal rechaza pactar con Pdms, al PSOE sólo le cabe o abstenerse para facilitar un gobierno del PP (con o sin Rajoy), o mantener su negativa y quedar abocado a nuevas elecciones en diciembre, o esperar a que el actual trilema se lo resuelvan los resultados de las elecciones vascas.

En el caso de que decida abstenerse, cabe preguntarse si le conviene al PSOE poner precio a esa abstención o debería sólo hacerlo por razones de gobernabilidad sin pedir nada a cambio. Ambas opciones tienen sus pros y sus contras.

En principio puede parecer más lógico exigirle al PP un precio por la abstención en forma de reformas pactadas, tal como planteé en mi anterior artículo (ver texto publicado en el blog el pasado 9 de julio). Pero eso implica, de algún modo, hacerse cómplice  de esas reformas sin tener la facultad de desarrollarlas al renunciar a formar parte de un gobierno de coalición. Dada la desconfianza que el PP le genera al PSOE, implicarse en ese compromiso tiene sus riesgos si el PP no cumple lo acordado. Y entonces, el PSOE sería blanco de las críticas de Pdms (vosotros, los socialistas, fuisteis ingenuos y sois ahora los responsables de que un PP corrupto siga en el gobierno cuatro años más).

Por eso, no les falta razón a los que piensan que si el PSOE optara por la abstención lo debería hacer sin exigirle al PP nada a cambio, en aras sólo de la gobernabilidad y pensando en evitar unas terceras elecciones. En tal caso, el PSOE tendría las manos más libres para ejercer de primer partido de la oposición y resistir los embates de Pdms. Pero esto es algo que tendrán que valorar los dirigentes socialistas llegado el caso.

En definitiva, la izquierda no está en condiciones de ofrecer una alternativa viable y consistente al PP. Puede desempeñar un papel más útil y positivo desde la oposición en unas circunstancias en las que la función del Parlamento será más importante en sus tareas de control y de iniciativa legislativa.

SOBRE  LA  PROPUESTA  DE  LIMITAR  LA DURACIÓN DE  LOS  CARGOS  POLÍTICOS

(Versión actualizada del texto publicado el 28/02/2016)

Resulta siempre atractiva la propuesta de limitar el tiempo para ocupar cargos políticos, y suele plantearse como un elemento de regeneración democrática. De hecho muchos partidos lo llevan en sus programas.

Cs lo incluyó en el paquete de reformas para el frustrado pacto de gobierno con el PSOE en la anterior y breve legislatura y lo ha incluido ahora entre las seis condiciones exigidas al PP para apoyar la investidura de Rajoy.

Sin embargo, merece la pena dedicarle algo de atención a este asunto, para ver en qué medida una propuesta como ésta puede contribuir a regenerar la vida política.

Uno de los argumentos en que se basa la propuesta de limitación temporal de los cargos políticos radica en considerar que una prolongación excesiva de las mismas personas en un cargo aumenta el riesgo de corrupción.

Este argumento no tiene una base lógica ni se sostiene en la realidad empírica. Si la propensión a ser corrupto anida en la codicia de las personas y en su falta de valores cívicos, sería lógico pensar lo contrario, a saber: que mientras más corto sea el periodo de ocupación de un cargo, mayor prisa e interés tendrá el político corrupto en sacar el máximo provecho de la situación de poder que ostenta.

A nivel empírico, hay casos de corrupción en personas que han estado poco tiempo en el ejercicio de un cargo político, y casos de personas honestas que han estado en la vida política un largo periodo de tiempo. Por tanto, esa premisa me parece discutible.

El segundo argumento es el que considera que limitando el tiempo de ocupación de un cargo público por las mismas personas, se posibilitaría la renovación de las élites políticas abriendo la puerta a la entrada de nuevas generaciones de políticos. Este argumento no tiene que ver con el riesgo de corrupción, sino con la idea de que lo nuevo siempre es mejor que lo viejo. Se plantea así que sería bueno para la democracia que, cada cierto tiempo (ocho años, por ejemplo), las instituciones fuesen renovadas para que entre aire fresco en ellas.

Este segundo argumento me parece también discutible, ya que, en democracia, la experiencia es un valor que se adquiere con el ejercicio del poder y mediante la asunción de responsabilidades públicas. Sin duda que es positiva la renovación de los cargos políticos, pero no mediante una limpieza general cada ocho años, que puede llevarse por delante un valioso capital de experiencia política en un país, como el nuestro, no sobrado precisamente de buenos políticos.

Los políticos deben ser renovados no por ser viejos (es decir, no por llevar mucho tiempo en un cargo), sino por ser ineficaces en el ejercicio de sus responsabilidades públicas o bien por mostrar signos de agotamiento. Correspondería a los partidos proceder a la renovación de sus cuadros dirigentes si quieren evitar que su imagen aparezca anquilosada y poco creible ante los electores, que son los que, en última instancia, deben decidir si esa renovación es o no la acertada.

Sea por un argunento o por otro, lo cierto es que el tema de la limitación temporal de los cargos públicos ha irrumpido en la agenda política. Y esto a pesar de que la excesiva permanencia en la presidencia del gobierno de la nacion no sea un problema en España, donde sólo Felipe González superó los ocho años al frente del gobierno.

Además de no ver ni necesaria ni conveniente la propuesta, lo que me parece más discutible es el hecho de que la limitación temporal se “constitucionalice”, es decir, se incorpore en la reforma constitucional, tal como ha propuesto Albert Rivera.

En mi opinión, una propuesta como ésa tendría sentido en sistemas presidencialistas puros, en los que el Jefe del Estado (que además tiene poderes ejecutivos) es elegido directamente por los ciudadanos (como es el caso de las repúblicas latinoamericanas, de los EE.UU. y de países europeos como Francia, Austria o Portugal).

Sin embargo, no veo ningún sentido introducir en la Constitución española la limitación del tiempo de mandato de los presidentes de gobierno en sistemas parlamentaristas como el nuestro. Su mandato emana del Parlamento y su continuidad depende de que el poder legislativo apoye su investidura, y le siga dando la confianza necesaria para aprobar los proyectos de ley que presente como presidente de gobierno. En caso contrario, será revocado de su puesto al frente del poder ejecutivo.

Dicho esto, cabe otra posibilidad, mucho más interesante. Me refiero a que sean los propios partidos políticos los que incorporen en sus estatutos la limitación temporal de cargos orgánicos y, como extensión, limiten la permanencia de sus dirigentes en puestos de responsabilidad pública.

En efecto, podría ser una vía interesante de regeneración de nuestra democracia que los partidos pongan límite al tiempo en que un presidente o secretario general pueda desempeñar ese cargo orgánico, o limiten el tiempo en que una misma persona del partido pueda ser incluida como candidata en las elecciones municipales, regionales o nacionales.

Hacer eso tendría un efecto directo en la renovación interna de los partidos, y de paso renovaría los cargos públicos ostentados por sus afiliados.

Pero ésta sería una decisión a tomar por los partidos políticos en el ámbito de su libertad como asociaciones privadas que son, y de acuerdo con la estrategia que consideren más adecuada.

En definitiva, no me parece bien que, en aras de la regeneración democrática, se reforme la Constitución para incorporar la lógica presidencialista en un sistema de naturaleza parlamentaria como el nuestro.

Es mejor que la regeneración comience en el seno de cada partido, buscando la mejor fórmula para recuperar la confianza de los ciudadanos. No sería mala fórmula que empezaran por limitar temporalmente sus cargos orgánicos y por acotar el tiempo de permanencia en las listas electorales.

TURQUIA   Y   LA   PARADOJA   DEMOCRÁTICA

El fallido intento de golpe de Estado en Turquía el pasado 15-16 de julio forma parte de la cadena de insurrecciones militares que ha caracterizado a este país desde la creación de la República en 1923, mostrando la fuerte presencia del ejército en la vida política turca.

Para comprender este hecho, hay que tener en cuenta que la República de Turquía se creó como resultado de un movimiento militar protagonizado por jóvenes oficiales del antiguo ejército otomano tras la derrota del Imperio en la Primera Guerra Mundial. Ello explica que, desde sus orígenes, el estamento castrense haya tenido funciones y poderes que superan los habituales en las democracias de corte occidental.

Rechazando las condiciones impuestas a Turquía en el Tratado de Sevrés (1920), el coronel del ejército otomano Mustafá Kemal (más tarde conocido como Ataturk, padre de la patria turca) emprendería, desde el interior de Anatolia y negando la autoridad del sultán Mehmed VI, una guerra de liberación nacional que le conduciría a la victoria en octubre de 1923, logrando que el Tratado de Lausanne reconociera la integridad territorial turca y sus actuales fronteras. Una vez abolido el Imperio y disuelta la dinastía otomana, la nueva República iniciaría un largo camino de modernización “desde arriba” en la que el ejército se convertirá en garante de las conquistas republicanas.

Convencido de la obsolescencia del viejo orden otomano y del retraso secular que significaba la presencia hegemónica de la religión musulmana en la sociedad turca, Ataturk vinculará la nueva República a la puesta en marcha de un gran proyecto modernizador. Para ello, declarará el laicismo como principio vertebrador, pondrá bajo control político la gestión de las mezquitas y tomará como referencia el sistema educativo occidental (sustituyendo el alfabeto árabe por el latino y creando una amplia red de escuelas públicas en todo el territorio). Además, reconocerá el derecho de voto a las mujeres y trasladará la capital de la República desde la histórica Estambul (centro neurálgico del imperio otomano) a Ankara (en el interior de Anatolia, símbolo de la guerra de liberación y de la independencia nacional).

Desde el punto de vista político, ese proyecto se basará en dos pilares: i) un sistema restringido de partidos, vertebrado en torno a una organización política hegemónica (el partido CHP, identificado con el proyecto reformador de la nueva República) y ii) un fuerte ejército, formado por los oficiales que, junto al coronel Mustafá Kemal, protagonizaron la guerra de independencia y que, más tarde, asumirían la misión de garantizar (y tutelar) el nuevo orden republicano.

El mencionado Partido Republicano del Pueblo (CHP), partido creado por el propio Kemal (Ataturk), será el instrumento encargado de llevar a cabo la modernización del país, siendo, además, la base de reclutamiento de los funcionarios que ocuparán los puestos de responsabilidad en las distintas escalas de la administración pública. Esto producirá una simbiosis entre el partido CHP, el ejército y la administración kemalista, dando lugar a un proceso de circulación de élites entre esas tres esferas del sistema institucional republicano. Este proceso permanecerá vigente durante veinte años, justo hasta la muerte de Kemal (Ataturk) en 1937 y el acceso a la presidencia de la República de su antiguo compañero de armas Mustafá Ismet (Inönu).

El cambio de escenario tras la victoria de las potencias democráticas en la Segunda Guerra Mundial en 1945, y la opción de Turquía por integrarse en el bloque occidental, dieron lugar a la definitiva adopción de un régimen pluralista de partidos. De hecho, la implantación de la democracia parlamentaria y el pluralismo político en Turquía fue, de algún modo, una imposición de las potencias occidentales como condición previa para integrar a este país en la OTAN.

Desde entonces, Turquía vivirá la paradoja democrática de contar con un régimen parlamentario (elecciones libres, división de poderes, libertades civiles y partidos políticos), pero sometido a la tutela del estamento militar como garante de la democracia y del legado laico y republicano kemalista.

No obstante, y debido al limitado alcance que tuvo el proyecto de secularización y modernización emprendido por el kemalismo, Turquía no logrará convertirse en un país cohesionado en torno a los valores laicos y republicanos. Por el contrario, acabará siendo una sociedad heterogénea en la que coexistirán, de un lado, sectores de la población formados en el laicismo y los valores de la cultura europea (localizados, sobre todo, en las ciudades del Egeo y también en algunas zonas del Kurdistán) y, de otro, amplias capas de la sociedad ancladas en la tradición y cohesionadas en torno a la religión islámica (situadas principalmente en la región de la Anatolia, pero extendidas al resto del país debido al éxodo rural).

Ello ha dado lugar a una democracia frágil, sometida a fuertes tensiones y con dificultades para satisfacer las demandas de una sociedad tan fragmentada como la turca, lo que explica que la República laica creada por el kemalismo haya tenido que apoyarse en el ejército como garante de su viabilidad. Asimismo, el papel del estamento militar se ha ido reforzando por la constante inestabilidad generada por la compleja situación geopolítica de Turquía, sometida a las tensiones entre Oriente y Occidente y a la vulnerabilidad de unas fronteras volcadas a países en conflictos constantes (Irak, Irán, Siria, antigua URSS,…). A ello habría que añadir la dificultad de gestionar un complejo problema de integridad territorial en una parte de su territorio (“cuestión kurda”), problema que, al ser tratado por la vía militar, constituye un elemento más para explicar el protagonismo del ejército en la vida política turca.

De hecho, hasta comienzos del siglo XXI, y en los cincuenta años de democracia, la hegemonía cada vez más debilitada del kemalismo se ha tenido que apoyar en el papel de cohesión autoritaria desempeñado por un ejército plenamente identificado con el legado de Ataturk y convertido en un auténtico poder dentro del Estado (no sólo militar, sino también económico, controlando importantes sectores del complejo industrial). De hecho, las sucesivas intervenciones militares en ese periodo han solido coincidir con situaciones en las que ese legado (y el poder del estamento castrense) se ponía en peligro.

Cabe agrupar esos levantamientos militares en tres tipos de situaciones contra las que el Ejército ha reaccionado: i) la amenaza representada por el acceso al gobierno de partidos políticos surgidos de disidencias internas dentro del CHP y no identificados ni con el kemalismo ni con el significativo papel del estamento militar; ii) el desorden e inestabilidad provocados por el enfrentamiento violento entre el extremismo de izquierda y de derecha, y iii) la emergencia y llegada al poder de partidos de corte islamista que amenazaban la continuidad del laicismo republicano.

Respecto a la primera situación (evitar la consolidación de gobiernos no kemalistas), el primer objetivo del golpe de estado de mayo de 1960 era expulsar del poder al Partido Demócrata (DP) (disidente del kemalista CHP), y eso a pesar de haber ganado tres elecciones consecutivas entre 1950 y 1957, condenando a muerte y ejecutando a su presidente Menderes. El segundo objetivo era facilitar el retorno del kemalismo al poder, promoviendo un gobierno presidido por el viejo dirigente Inönu y recuperando el papel central del Ejército. En lo que se refiere al levantamiento militar de marzo de 1971, aun siendo diferente en su ejecución al anterior, tiene en común el objetivo de poner fin a un gobierno no kemalista, como era el gobierno elegido democráticamente de Demirel y su Partido de la Justicia (AP) (heredero del anterior DP), por lo que cabe incluirlo en este primer tipo de insurrecciones castrenses.

Respecto a la segunda situación (reaccionar ante la inestabilidad provocada por los extremismos de diverso signo), el golpe de septiembre de 1980 constituye un ejemplo evidente. El objetivo de los altos mandos militares era reprimir las revueltas de los grupos extremos de izquierda y derecha, que, organizados en guerrillas urbanas, representaban una amenaza a la estabilidad política y ponían en riesgo la continuidad del régimen kemalista. El resultado de la intervención militar fue un duro proceso de represión, la aplicación de la ley marcial, la ilegalización de los partidos políticos y la elaboración de una nueva Constitución como paso previo a la restauración de la democracia en 1983.

En lo que se refiere a la tercera situación de las comentadas (impedir el acceso de los islamistas al poder), el levantamiento de febrero 1997 (que no fue una insurrección armada, sino un golpe de timón desde las altas instituciones del Ejército presionando a la Presidencia de la República) tenía por objetivo descabalgar del gobierno al islamista Partido del Bienestar (RP) de Erbakan ganador de las elecciones de 1995 (en el que ya figuraba Erdogan en su condición de alcalde de Estambul). El resultado fue que el Tribunal Constitucional declarara ilegal el citado partido islamista RP, y se formaran débiles gobiernos de coalición que, a duras penas, lograron mantenerse en el poder hasta la convocatoria electoral de noviembre de 2002.

La paulatina descomposición de la herencia política kemalista, sumida en una fuerte división interna y perdiendo a raudales legitimidad entre sus tradicionales bases de apoyo (por causa de la corrupción de sus dirigentes y de su incapacidad para gestionar la grave crisis económica de los años 1990), hizo que el régimen republicano perdiera su pilar político.

El vacío generado en las filas laicas y republicanas, y las dificultades de renovarse para integrar a las nuevas generaciones, además de la siempre presente “cuestión kurda”, romperían el equilibrio de los dos pilares en los que se había sostenido la República, quedando el Ejército en un terreno indefinido al descomponerse el pilar político que históricamente estaba destinado a proteger. 

Ese vacío abriría la puerta a un refundado partido islamista (con las siglas de Partido de la Justicia y el Desarrollo, AKP), dirigido ya por Erdogan. Tras asumir públicamente el legado kemalista republicano, sería tolerado por el Ejército permitiendo el acceso al poder del AKP tras su victoria electoral de 2002, repetida en cuatro ocasiones (la última con mayoría absoluta en noviembre del pasado año).

Desde entonces, el AKP se ha erigido en el partido mayoritario de Turquía, con unas bases sociales de clase media, fuertemente cohesionadas en torno a la identidad religiosa y a un programa económico de corte neoliberal. El AKP ha procurado combinar, de un lado, su compromiso con el régimen republicano, y de otro, la implementación de su propia agenda política, basada en un islamismo moderado y en el desmantelamiento progresivo del papel tutelar del ejército en el sistema político turco provocando la deriva corporativista del estamento castrense.

Y es ahí donde surgen los recelos respecto al AKP por parte de un sector del Ejército y de los grupos laicos y republicanos de la sociedad turca, unos grupos que se encuentran divididos en varias facciones, pero en el que aún destaca un refundado CHP que ha encontrado en la socialdemocracia la fuente de su renovación (obtuvo un 25% de los votos en las últimas elecciones, mientras que la izquierda no kemalista representada por la plataforma ecologista y prokurda del HDP obtuvo casi el 11%). La dispersa y dividida oposición al AKP ha venido observando, con cierta impotencia, la deriva autoritaria de Erdogan, que, desde hace años, viene aspirando, sin éxito todavía, a reformar la Constitución para fortalecer aún más el carácter presidencialista de la República y reducir el poder del estamento militar poniéndolo bajo control del poder político.

La novedad del frustrado golpe del pasado 15-16 de julio es que no tuvo por objetivo, como en ocasiones anteriores, garantizar el orden republicano y asegurar el legado kemalista, por lo que no cabe incluirlo en ninguna de las tres situaciones antes comentadas. Su motivación parece haber sido más prosaica y corporativista: un arreglo de cuentas entre el gobierno de Erdogan y sectores del ejército (vinculados a la poderosa cofradía islámica Hizmet del clérigo Gülen) por motivos relacionados con su política de nombramientos, lo que muestra los profundos cambios y divisiones que han tenido lugar en el segundo pilar (militar) del régimen republicano.

Carente de los dos pilares en los que se ha venido sustentando desde 1923 (el político del CHP y el militar del Ejército), la República turca se encuentra ante el difícil reto de vencer la paradoja de una democracia tutelada para avanzar hacia una democracia moderna, con plena separación de poderes, pluralismo, libertades civiles y respeto de los derechos humanos. La extremadamente dura reacción del AKP y del presidente Erdogan a la frustrada intentona militar, declarando el estado de excepción y ampliando la purga a los estamentos judicial y educativo y a los medios de comunicación, no parece que vaya en la buena dirección.

No obstante, el hecho de que todas las fuerzas políticas sin excepción, y amplios sectores de la cultura (entre ellos el Premio Nobel Orhan Pamuk, firme opositor de Erdogan), hayan mostrado su rechazo al golpe militar y apostado por la defensa de la democracia, es una buena señal de que la sociedad civil turca está empeñada en avanzar hacia un sistema democrático pleno.

El reto de la actual oposición política (laica, republicana y proeuropea) está ahora en lograr organizarse y plantar cara de forma coordinada a las pretensiones autoritarias de Erdogan, evitando que se produzca una involución en el proceso de democratización, algo que, de producirse, tendría graves efectos en sus relaciones con la UE y situaría a Turquía en un escenario geopolítico de imprevisibles consecuencias.