DIEZ APUNTES  TRAS  LA  APLICACIÓN  DEL  ART. 155

Ha transcurrido algo más de un mes desde el 1-O, pero han sido tantos los vaivenes de la situación política catalana, que parece haber pasado un largo periodo de tiempo.

Los hechos se han ido precipitando a un ritmo de vértigo por lo que no viene mal recordarlos: aprobación de las leyes de desconexión y transitoriedad por el Parlament el 7-8 de septiembre en flagrante violación del orden constitucional; intento de celebración del referéndum ilegal el 1-O con la consiguiente intervención policial; detención de los dirigentes de las organizaciones ANC y Omnium cultural; declaración unilateral de independencia por el Parlament el 21 de octubre (tras las dudas hamletianas del President) y aplicación inmediata del art. 155 por el gobierno de la nación; cese del Govern y convocatoria de elecciones catalanas para el día 21-D; salida a Bruselas de Puigdemont con una parte de sus antiguos consellers; comparecencia de otra parte del Govern ante la jueza Lamela de la Audiencia Nacional y su envío a prisión; comparecencia de los miembros de la mesa del Parlament ante el juez Llarena del Tribunal Supremo (debido a su condición de aforados)…

Para complicarlo todo aún más, nos encontramos con una situación en la que se mezcla la lógica política y la lógica judicial, con sus propios ritmos y calendarios, que hacen aún más cambiante el panorama, provocando cambios de estado de ánimo en la ciudadanía (de la euforia a la depresión), cuando no un hartazgo cada vez más insoportable. Es un escenario cargado de pasiones, impregnado de emotividad y salpicado de medias verdades e incluso de mentiras intencionadas.

En definitiva, un panorama enardecido y enrarecido, ante el que hay que detenerse y recapitular para poner orden en las complicadas piezas que lo componen. Con ese propósito comparto las siguientes reflexiones.

1)    Aunque en las redes sociales no dejan de aparecer comentarios jocosos sobre el tema catalán en un frívolo regodeo de los acontecimientos, la realidad es que estamos ante la más grave crisis de la democracia española desde el fallido golpe de estado del 23-F, ya que este tema no es sólo de Cataluña, sino que nos afecta a todos. Es una crisis que, de no encauzarse, podría tener, además, unas implicaciones económicas que harán empequeñecer la que venimos sufriendo desde 2007. El Banco de España ya ha estimado para el año próximo una pérdida de más de 30.000 millones de euros en términos del PIB si la inestabilidad continúa en Cataluña. No debemos olvidar que la economía catalana representa el 20% de la economía española, además del efecto indirecto que la crisis política pueda tener en el empleo y en las inversiones extranjeras en nuestro país.

2)    El procés ha tocado fondo al tropezar con el poder institucional del Estado. Por mucho que el bloque secesionista active estrategias de resistencia, el procés, tal como lo hemos conocido, no tiene ya más recorrido. Después del 21-D, nada será igual, ya que lo más probable es que cambien los interlocutores y sean distintas las estrategias, una vez que sus protagonistas valoren lo ocurrido hasta aquí. El independentismo seguirá, sin duda, presente en la sociedad catalana, y seguro que con una pujanza similar o superior incluso a la de ahora. Pero tras las elecciones autonómicas será distinto el escenario en Cataluña y continuará Rajoy al frente del gobierno de la nación, manteniéndose firme en la defensa del Estado de derecho.

3)    La aplicación del art. 155 se ha realizado dentro de la más escrupulosa legalidad y de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Paradójicamente, una cámara alta tan desprestigiada como el Senado, ha desempeñado un papel crucial en el procedimiento de intervención. Ha sido impecable el modo como se han desarrollado los debates en la comisión y en el pleno hasta conducir a la autorización al gobierno para que aplique las medidas que hagan efectiva la suspensión de las competencias políticas en Cataluña. El control de los Mossos se ha realizado con una sorprendente normalidad, al igual que el de las distintas consejerías de la Generalitat.

4)    El cese del President y de los miembros del Govern estaba dentro de las posibles medidas del art. 155, por lo que no ha causado sorpresa. Sin embargo, la convocatoria electoral para el 21-D ha sido sorprendente por su rapidez, habiendo dejado descolocadas a las fuerzas políticas catalanas y en especial al bloque secesionista. La virtud de una convocatoria electoral tan rápida es que reduce al mínimo el periodo de aplicación del art. 155, y con ello los riesgos que conlleva. Puede que, para los sectores más españolistas, deseosos de prolongar la suspensión de las competencias de la Generalitat en una especie de estrategia de tierra quemada, la medida de aplicar un art. 155 de corta duración les resulte decepcionante por entender que el trabajo de “cirugía” se quedará a medias. Pero Rajoy, con el apoyo de Cs y, sobre  todo, del PSOE, no ha querido arriesgarse a transitar por un camino lleno de incertidumbre y dificultades. No obstante, el mandato del Senado es de seis meses, por lo que la aplicación del art. 155 no acaba el 21-D, pudiendo, además, el Gobierno solicitar su ampliación según cómo se desarrollen los acontecimientos.

5)    La salida del ya expresidente Puigdemont y de parte de su gobierno hacia Bruselas, ha sido interpretada por muchos como una huida y una traición al resto de sus compañeros. Pero en mi opinión hay que entenderla en términos de una estrategia jurídica y política en coordinación con el resto de consellers, si bien una estrategia de alto riesgo. Con su salida, Puigdemont persigue, sin duda, eludir la justicia española (a la que acusa de estar politizada y de no ser independiente), pero también internacionalizar el conflicto, esperando que algún país de la UE ceda a la tentación de dudar de la credibilidad democrática española. Esperemos a cómo se desarrolla la aplicación de la orden europea de detención decretada por la Audiencia Nacional (AN) y ante la cual Puigdemont se ha presentado ante la fiscalía belga, que es la que debe decidir sobre el proceso judicial.

6)   La entrada en prisión sin fianza de los consellers que se han quedado en España, ordenada por la jueza Lamela de la AN, puede ayudarle a Puigdemont en su estrategia, esgrimiendo, aunque sea sin base jurídica alguna, el argumento de la existencia de “presos políticos”. Además, el diferente tratamiento que sobre la misma querella del fiscal ha hecho el juez Llarena del Tribunal Supremo (TS) respecto a los miembros de la mesa del Parlament (que ha rebajado el delito de rebelión y les ha dado un plazo de una semana a los miembros de la mesa del Parlament para que sus abogados tengan más tiempo en preparar sus defensas), da argumentos a la estrategia de Puigdemont de cuestionar el poder judicial español al mostrar que existen distintas varas de medir el mismo delito. Para los que quieran profundizar en la complejidad de este asunto, recomiendo dos excelentes artículos escritos desde posiciones distintas: uno, de Teresa Freixes, argumentando en favor del auto de la jueza Lamela (“Delito de rebelión para el Govern, ¿por qué?”, publicado el 3 de noviembre en la sección Ideas de la revista ED), y el otro, de Miguel Pasquau, cuestionando dicho auto (“Alzamiento, sedición y rebelión” publicado el 1 de noviembre en la revista digital ctxt.es).

7)    Sea como fuere, lo cierto es que la discrepancia entre la AN y el TS no ayuda a la imagen de equidad y profesionalidad de la justicia española, y da alas al victimismo de los secesionistas. Es, por tanto, una situación preocupante, que, si no se remedia en los próximos días unificando criterios entre ambos organismos judiciales, podrá influir en la opinión pública internacional, volátil por naturaleza, y aún más ante la debilidad crónica de la diplomacia española. Además, si continúa esa discrepancia entre el TS y la AN hay riesgo de que el tema acabe en el Tribunal de Derechos Humanos como ya ocurrió con el caso Bultó en los años 1980, lo que empeoraría la imagen de la democracia española.

8)    Por muy ajustado a derecho que esté el encarcelamiento de los dirigentes catalanes dada la gravedad de los delitos que se les imputa, es indudable su efecto político. Celebrar las elecciones del 21-D en unas circunstancias así no es el mejor escenario, ya que los comicios se verán condicionados por ello, tanto en lo que se refiere al ambiente político, como a las estrategias electorales y al desarrollo de la campaña. Serían elecciones celebradas en un escenario aún más polarizado y fracturado de lo que está ahora y fuertemente cargado de emotividad y victimismo, lo que no es lo más indicado para un proceso electoral. Además, la campaña se vería inevitablemente empañada por demandas de amnistía y libertad que, sustituyendo a los programas políticos con los que los partidos suelen presentarse a los comicios, se extenderían de forma transversal monopolizando el eje de los debates. Al favorecer una estrategia frentista, esas demandas, que apelan más al corazón que a la cabeza de los votantes, lograrían ocultar las profundas desavenencias hoy existentes dentro del bloque independentista, además de permitirles a los dirigentes secesionistas envolverse en el manto del victimismo evitando rendir cuentas ante el electorado por los errores cometidos durante el procés. Asimismo, la permanencia en la cárcel de los dirigentes políticos catalanes durante la campaña electoral serviría de acicate a la revitalización del bloque independentista, un bloque en horas bajas tras el fracaso del procés y tras el impacto de la gran movilización no secesionista activada días atrás por la SCC (Societat Civil Catalana). En este sentido, no debe olvidarse que un movimiento como éste de la SCC, logrado a base de mucho esfuerzo, necesita, para verse reflejado en forma de votos en las urnas, un escenario menos enardecido y más sosegado para que los votantes decidan su voto con cierta racionalidad y no con las emociones a flor de piel.

9)    Aún es pronto para hablar de posibles escenarios tras el 21-D, ya que quedan cincuenta días en una campaña que se prevé dura y complicada. Aún no se conocen las estrategias de los partidos soberanistas: si reproducir un frente común para convertir las elecciones de nuevo en plebiscitarias, o si presentar listas por separado para dar lugar a posteriores alianzas en función de los resultados. Parece que sólo el PDdeCat (antigua CiU) está interesado en reeditar el frente independentista, dado que, yendo por separado, corre el riesgo de sufrir una fuerte derrota en favor de ERC. Respecto a los Comunes de Ada Colau y de un sector de Podemos, ya han anunciado que presentarán una lista propia (encabezada por Xavi Doménech), aunque con un programa común lo suficientemente transversal como para dejar abierta posibles alianzas postelectorales con otras fuerzas soberanistas.

10)  Respecto a los partidos no soberanistas, ya se sabe que no habrá frente común a pesar de la insistencia de Cs. Además de las profundas diferencias programáticas entre el PSC y el PP, está en la memoria de ambos partidos la fracasada experiencia frentista de las elecciones vascas de 2001, cuando el frente PSOE-PP (liderado por Nicolás Redondo Terreros y Jaime Mayor Oreja) se vio derrotado por el PNV de Ibarretxe, y no quieren repetirla en Cataluña. Por eso, tanto PP, como PSC y Cs se presentarán por separado, con la esperanza de que el bloque secesionista no alcance la mayoría parlamentaria, algo que se antoja difícil a la luz de las últimas encuestas, que arrojan un escenario muy parecido al actual.

Todo está abierto, por tanto, y nos esperan varias semanas de vértigo hasta llegar a los comicios del 21-D, una fecha que marcará no el final, sino el inicio de un nuevo escenario que habrá que gestionar desde dentro de Cataluña y desde el conjunto del Estado.

Si se gestiona bien, la situación catalana podrá normalizarse encauzándola hacia un nuevo encaje de Cataluña en el Estado, algo que inevitablemente deberá pasar por algún tipo de consulta legal y pactada, tras la correspondiente reforma constitucional (con la que está de acuerdo más de la mitad de los españoles según las últimas encuestas).

Pero si fracasa el diálogo político, y el independentismo persiste en su desafío al Estado de derecho, se agravará aún más la inestabilidad en Cataluña. Ello tendrá graves efectos directos en el resto de España y efectos colaterales en la UE, llevándonos a un abismo al que, si bien algunos, en su delirio, puedan sentirse fascinados a precipitarse por él, muchos otros ciudadanos no están dispuestos a ello.

CATALUÑA (II)

(continuación del texto publicado en este blog el 04/02/2017)

La deriva de ilegalidad (tanto en lo que supone violar las normas de la Constitución, como la del propio Estatut) ha sido algo consustancial con el “procés”, culminando con la aprobación unilateral de la ley de referéndum y las leyes de desconexión.

Sin embargo, el modo como se llevó a cabo su tramitación en el Parlament en las sesiones de los días 6 y 7 de septiembre (transgrediendo las reglas del juego parlamentario, desoyendo los informes de los letrados y del Consejo de Garantías Estatutarias, y violando los derechos de las minorías) ha sido la culminación de otra deriva que no estaba implícita en el “procés”, su deriva autoritaria. Esa deriva ha sido de tal calibre, que incluso ha provocado la desafección de algunos políticos que hasta ahora habían mostrado su apoyo al derecho a decidir (el discurso del diputado Coscubiela, portavoz del grupo “Catalunya Sí que es Pot”, es el mejor ejemplo).

Son bien conocidos los factores que han llevado a la grave situación en que nos encontramos (ver el texto publicado en este blog el 04/02/2017). No un factor, sino una combinación de varios factores, han contribuido en mayor o menor medida a que se llegue a la grave situación actual. De nada vale lamentarse. Hasta ahora, el fracaso de la política ha sido innegable.

Sin embargo, llegados a este punto de deriva autoritaria y de flagrante violación de la legalidad por parte del gobierno de la Generalitat y del Parlament, pocas opciones caben de aquí al 1 de Octubre, más allá de utilizar los instrumentos jurídicos del Estado de derecho (TC, fiscalía,…).

La opción jurídica es la que está utilizando el gobierno de Rajoy, apoyado sin fisuras en este tema por PSOE y Cs, que han visto con claridad la gravedad del desafío soberanista. Significativa, por ambigua, es la posición de Unidos Podemos, paralizado en sus divisiones internas y justificando su ambigüedad con el argumento de respetar la libertad ciudadana a movilizarse y el derecho a decidir de los catalanes (la división mostrada por Podemos en la pasada Diada ha sido paradigmática).

En ese escenario, y en el sector no independentista, se oyen voces de distinto signo. De un lado, están los que critican al gobierno Rajoy por su debilidad y le exigen más contundencia en la respuesta, lo que implicaría la aplicación del art. 155 de la Constitución y la retirada de las competencias al gobierno de la Generalitat.

De otro lado, los que consideran prudente y proporcionada la respuesta del gobierno para no caer en lo que están buscando los secesionistas, y que no es otra cosa que la confrontación con las fuerzas de seguridad del Estado de tal modo que pueda provocarse una situación de violencia que modifique el actual escenario en favor del secesionismo permitiéndole romper el aislamiento internacional que ahora tiene.

También están los que critican la judicialización excesiva del problema catalán y las decisiones adoptadas por la fiscalía (citación de los alcaldes, acusación de sedición a los promotores delas manifestaciones,...) y por algunos jueces (como la detención de algunos funcionarios de la Consejería de Economía de la Generalitat).

Finamente, no son pocos los que, pensando más en el “día después”, abogan por una reforma de la Constitución que defina un nuevo modelo de organización territorial posibilitando no sólo un mejor acomodo de la cuestión catalana, sino un mejor funcionamiento del Estado de las Autonomías (ésa es la intención de la propuesta del PSOE de crear una comisión parlamentaria con ese propósito).

Ante ese panorama, me permito hacer algunas reflexiones.

1)     De acuerdo con la Constitución de 1978, el derecho a decidir en asuntos que afectan a la soberanía nacional y a la estructura territorial del Estado, es un derecho de todos los españoles y no de los que viven en una parte del territorio. Los ciudadanos de un municipio o de una región pueden ser convocados a referéndum sobre temas tales como los estatutos de autonomía, las ordenanzas municipales, las fechas de determinados acontecimientos culturales,…, pero no pueden serlo para decidir sobre temas que afectan al conjunto de la sociedad española, como es el caso del modelo territorial.

2)      Esto es así en cualquier democracia europea (por ejemplo, los ciudadanos de Baviera no pueden decidir por sí solos separarse del Estado alemán y formar un estado independiente; tampoco pueden hacerlo los de la región italiana del Veneto o la Campagna, o los franceses de Córcega). El caso de Escocia es excepcional al no existir en el Reino Unido ninguna carta constitucional que defina la soberanía nacional e impida la autodeterminación de uno de sus territorios, lo que ha propiciado que se pudiera realizar el referéndum escocés previa autorización del gobierno británico. Fuera de la UE, el caso de Quebec en Canadá que tanto se menciona, también es diferente, ya que la constitución canadiense no restringe la posibilidad de que se realice un referéndum de autodeterminación en una de sus provincias (de hecho, se celebró sin tener que llevar a cabo ninguna reforma constitucional, sino aprobando la Ley de Claridad, que “clarificó” las condiciones que tenían que cumplirse para ser válido el referéndum de Quebec).

3)   El derecho de autodeterminación, que es a fin de cuentas lo que se esconde detrás del derecho a decidir, es establecido como principio general en la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, para evitar el riesgo de inestabilidad que implica si se llevara a la práctica de un modo general en todos los casos, se ha ido definiendo en distintas resoluciones para hacerlo efectivo sólo en los casos de descolonización o en situaciones de flagrante violación de los derechos humanos en un territorio. Más allá de esos casos, el derecho de autodeterminación de los pueblos queda en un plano vago y genérico, y de escasa eficacia jurídica como para apelar a él. Los dirigentes catalanes no pueden apelar al derecho internacional para legitimar sus aspiraciones de independencia, ya que Cataluña no es una colonia, sino que goza de autonomía política plena dentro del Estado español y disfruta de amplias libertades civiles al igual que cualquier ciudadano de otro país de la UE. Es por esto que su propuesta de desconexión hacia la independencia no encaja ni en la resolución 2625 de la Carta de Naciones Unidas ni en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos firmado por España, siendo además rechazada por las instituciones europeas.

4)    La Constitución española de 1978 no es un texto inmutable, como no lo es ninguna carta constitucional de cualquier país del mundo. Puede reformarse, pero siempre de acuerdo con el procedimiento que en ella misma se establece. Estas son las reglas de juego que hay que respetar en toda democracia. En el caso español, según el tema que sea objeto de reforma, se exige una mayoría de dos tercios o de tres quintos en el Congreso, y una mayoría absoluta en el Senado, además de, en determinados casos, someter el nuevo texto a referéndum de todos los españoles. Cabe reformar todo, pero dentro de las reglas que se establece en ella.

5)    Nuestra Constitución se ha reformado en dos ocasiones, y no hay motivos para que no se pueda abordar otra reforma. El problema es encontrar el momento adecuado para hacerlo, lo que exige alcanzar un amplio consenso político previo entre los partidos sobre lo que se va a reformar, evitando abrir un proceso de reforma que acabe convirtiéndose en un proceso sin control. En mi opinión, es prioritario y urgente abordar la reforma del título VIII antes que otros asuntos. La forma de estado, la referencia a la UE o una mayor protección de los derechos sociales y económicos, son asuntos, sin duda, importantes, pero podrían esperar a otra fase de la reforma constitucional.

6)  Respecto a la reforma del modelo territorial, hay que tener en cuenta que esa reforma tiene sus límites en la propia definición de soberanía que establece la Constitución. Por ello, para que tenga cabida el derecho a decidir (que es en la práctica el ejercicio del derecho de autodeterminación) sería necesario redefinir el principio de soberanía (hoy radicado en el conjunto de la sociedad española) para trasladarlo a los territorios. ¿Es eso posible?. Teóricamente sí, pero en la práctica no lo veo factible, dada la inestabilidad política que conlleva, ya que eso implicaría reconocer el derecho de autodeterminación no sólo a Cataluña, sino a las demás CC.AA. Lo exigirá, sin duda, el País Vasco, y quien sabe si también Galicia, Andalucía o cualquier otra de las actuales comunidades autónomas para no ser menos. ¿Queremos abrir un proceso así? No parece que esto sea lo que piensen los partidos mayoritarios (PP y PSOE), aunque sí lo piensen otros partidos (como Unidos Podemos), sin valorar su factibilidad y efectos.

7) La propuesta de referéndum de autodeterminación pactado que con tanta ligereza se plantea como posible salida, no la veo factible, ya que eso implicaría hacer vinculantes sus posibles resultados (entre ellos, el de la independencia), cosa que no es posible sin cambiar el significado del principio de soberanía, con los problemas que ello generaría y que he comentado anteriormente. Sólo veo factible, por tanto, reformar el título VIII y, a partir de esa reforma (que sería votada por todos los españoles en referéndum), elaborar un nuevo Estatut (similar al que fue recurrido ante el TC), estatuto que sería votado en referéndum por los catalanes. Es la única salida que le veo al embrollo al que se ha llegado..Los independentistas no estarán de acuerdo, pero ellos no son toda Cataluña, sino sólo una parte de una sociedad como la catalana que es plural y en la que coexisten diversas opciones que podrán medir su peso en dicho referéndum.
 

8)   La cuestión es si hay consenso político suficiente para hacerlo así. Parece que un acuerdo entre PP, PSOE y Cs, y algunos otros grupos minoritarios, lo haría posible, siendo conveniente que el nacionalismo vasco moderado (PNV) y el catalán (una vez que las aguas se calmen tras el 1-O) se unieran a ese consenso en torno a la reforma del título VIII. La posición de Unidos Podemos, que plantea un proceso constituyente (es decir, una nueva Constitución) y un referéndum sobre la forma de Estado (dada su evidente posición republicana), no permite pensar en que pueda unirse al consenso en pro de una reforma constitucional acotada sólo al título VIII, pero en política nunca se sabe, y no puede descartarse nada a priori. Por supuesto que sería deseable que Unidos Podemos estuviera también en ese consenso sobre la reforma del Título VIII, pero si no lo está, se podría seguir adelante sin ellos, aunque es verdad que ello daría lugar a un escenario poco deseable.

9)  Ante la actual situación en Cataluña, sólo cabe esperar a que pase sin mayores incidencias el 1-O, y, por supuesto, sin confrontaciones que desemboquen en violencia (confiemos en la lealtad de los Mossos a la legalidad constitucional, y en la profesionalidad de las fuerzas de seguridad para gestionar posibles altercados o provocaciones). Una vez transcurrida esa fecha, la “cuestión catalana” seguirá presente, aunque el contexto será otro. Probablemente, habrá convocatoria de elecciones en Cataluña cuyos resultados determinarán, sin duda, un nuevo escenario parlamentario, con una recomposición de la jerarquía política dentro de las fuerzas nacionalistas y con una redefinición de las correspondientes estrategias.

10)  Ello abrirá un escenario de oportunidades para que, desde el gobierno del Estado y desde la Generalitat, pueda gestionarse el problema catalán con nuevos bríos y con propuestas concretas. Es verdad que el nacionalismo soberanista es insaciable y que siempre le sabrá a poco todo lo que no sea dar pasos hacia la independencia, pero tras el 1-O tendrán que replantearse sus objetivos y estrategias. Con iniciativas políticas y nuevos marcos de negociación que den voz al conjunto de la sociedad catalana, se podrá, al menos, evitar que el independentismo (con su apelación victimista y emocional) continúe ampliando sus bases de apoyo en una población huérfana de alternativas creíbles, y necesitada, ahora más que nunca, de respuestas claras y verosímiles que permita superar el callejón sin salida al que ha conducido el “procés”. Es un escenario de oportunidad que no debiera desaprovecharse después del 1-O.

LIBERTAD Y SEGURIDAD TRAS LOS ATENTADOS DE CATALUÑA

Siempre que se produce un atentado terrorista, el debate sobre libertad y seguridad se intensifica en los medios de comunicación y en las tertulias políticas, siendo tema de discusión entre los propios ciudadanos.

Es normal que así sea. El fuerte impacto que tienen hechos de esta índole y el temor a que vuelvan a producirse, generan una lógica alarma en la población, agudizándose la exigencia de reforzar las medidas de seguridad.

Un dilema complejo

El dilema entre libertad y seguridad es complejo. Su complejidad explica alguna, no todas, de las dificultades para prevenir las acciones terroristas en las democracias europeas.

Sintomático de esa complejidad es lo ocurrido con Es Satty, el imán de la mezquita de Ripoll, muerto en la explosión de Alcanar (Tarragona) y cerebro de los atentados. A pesar de estar vigilado por la policía nacional en 2005 a raíz del atentado de Casablanca y pasar cuatro años en prisión por narcotráfico, las diferencias de criterio entre la policía y la judicatura le permitieron obtener residencia en España y campear libremente por nuestro país desde 2014.

Casos similares de desajuste entre la lógica de la seguridad (que guía las acciones de la policía y fuerzas de orden público) y la lógica de la libertad y defensa de los derechos humanos (que guía las del poder judicial), ocurrieron en los atentados de Bruselas, Paris, Niza o Londres.

En estos casos, los terroristas y sus colaboradores, a pesar de estar fichados por la policía, gozaron de una libertad que, otorgada por el poder judicial, les permitió actuar con total licencia para cometer sus actos criminales.

Por un lado, la policía los detiene como sospechosos de atentar contra la seguridad y los retiene el tiempo que establece la legislación vigente. Pero, por otro lado, la judicatura, anteponiendo el derecho a la libertad al de la seguridad, los deja libres si no ve indicios claros de culpabilidad en las acusaciones policiales.

Este es un dilema que las democracias europeas aún no han sabido resolver. Menos todavía se ha resuelto en el caso de la democracia española, mucho más celosa en respetar el derecho a la libertad por haberse construido después de una larga dictadura.

Es éste un complicado asunto que vuelve a plantearse ahora con motivo de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils. Como en tantos otros temas, el debate sobre libertad y seguridad se ve atravesado por las diferencias ideológicas existentes entre los partidos políticos y las que se producen entre la propia ciudadanía.

Los partidos situados a la derecha y los ciudadanos afines con ellos, suelen ser más proclives a incrementar las medidas de seguridad, aunque sea en detrimento de la libertad. Por su parte, la cultura de la izquierda suele dar prioridad al derecho a la libertad y ser más reacia a apoyar cualquier medida que lo coarte, aunque ésta sea con el argumento de garantizar la seguridad ciudadana.

La falta de consenso en torno a la llamada “ley mordaza”, o el rechazo de algunos grupos de la izquierda (como Unidos Podemos o ERC) a participar en el “pacto antiyihadista”, es un buen ejemplo de ello.

Para tratar de resolver este dilema, el reto es, por tanto, encontrar un punto de equilibrio entre esos dos derechos, que permita alcanzar un amplio consenso político sobre ello. Este es un tema de la máxima relevancia, que no puede ser objeto de una política de gobierno, sino de una política de estado.

La seguridad como garantía de la libertad

La libertad es, sin duda, uno de los más importantes derechos, por no decir el más importante, que debe ser protegido en una democracia. Pero la libertad sin seguridad queda en papel mojado, ya que el ciudadano sólo puede ser libre si se siente seguro para ejercer sus derechos y satisfacer libremente sus deseos.

Aumentar la seguridad coarta, sin duda, la libertad en alguna medida. Lo percibimos, por ejemplo, cuando se ponen cámaras de vigilancia en las calles, se instalan arcos de control de viajeros en estaciones y aeropuertos o se intensifican los controles policiales en las carreteras. La cuestión es saber si la reducción de la libertad que tales controles conllevan, está justificada por la gravedad de los hechos y si es recompensada con una mejora de la seguridad.

Cuando se producen atentados terroristas, suele generarse en la ciudadanía un justificado temor que, sin embargo, no es proporcional al riesgo real de ser víctima de alguno de esos atentados.

Son significativos los datos que ofrece al respecto Ignacio Sánchez-Cuenca en el artículo “¿Y si ponemos el terrorismo en perspectiva?” publicado el 22 de agosto en la revista digital CTXT. A partir de la información proporcionada por uno de los máximos expertos en cuestiones de seguridad internacional (el norteamericano John Mueller), se indica en dicho artículo que el riesgo por terrorismo en las democracias occidentales es mucho más bajo que el que se produce en otros ámbitos de nuestra vida cotidiana.

Ello no impide que nos sintamos amenazados cuando ocurren atentados, al tenerse la sensación de poder ser víctima del siguiente que vaya a producirse. Tampoco ese bajo riesgo de sufrir un atentado elude la responsabilidad que tienen los gobiernos de reforzar la seguridad para evitarlos o minimizarlos.

El riesgo cero no existe en sociedades abiertas como las democracias actuales. Nadie está exento de ser víctima de un atentado terrorista, como tampoco de sufrir un accidente de avión o de automóvil o de quedar atrapado en un incendio o sacudido por una inundación o un terremoto. La eficacia policial en el celo por la seguridad contribuye, sin duda, a minimizar ese riesgo, pero nunca lo elimina del todo.

Ante un acto terrorista, respuestas como “No tenemos miedo” o “Los terroristas no alterarán nuestra vida en libertad”, son el resultado de un esfuerzo de la voluntad con el que procuramos exorcizar el temor que inevitablemente nos invade en estos casos. Pero suelen ir acompañadas de la exigencia de más seguridad.

Por eso, si queremos continuar viviendo en libertad tendremos que aceptar que se aumenten hasta ciertos límites los controles de seguridad. La cuestión es dónde poner esos límites, y eso corresponde al ámbito de la política, que es donde se debe legislar para, con el máximo consenso posible, acotar el campo de la libertad y de la seguridad.

La ley, como instrumento regulador

De las leyes emanan las normas que guían las actuaciones de las fuerzas de seguridad, de la fiscalía y de la judicatura. Son las leyes la principal garantía de los derechos ciudadanos en una sociedad democrática.

Por eso, en este delicado asunto, las leyes que velan por la seguridad (reformas del código penal, legislaciones contraterroristas,…) no pueden ser fruto de la imposición de unos grupos políticos sobre otros, sino de la cooperación. Deben ser, como he señalado, políticas de estado, no de gobierno.

Las limitaciones de la libertad en aras de la seguridad no pueden establecerse de forma general, sino sólo para situaciones excepcionales. Dada la relevancia del derecho a la libertad en las sociedades democráticas, deben tipificarse con la máxima escrupulosidad y el máximo rigor jurídico los delitos para los cuales estaría justificado que se coarte el derecho de todo ciudadano a llevar una vida libre, pero también segura.

Por ejemplo, no se debe equiparar a un acto de exaltación del terrorismo la libre expresión de opiniones en un twitter o en la letra de una canción, por muy radicales y ofensivas que sean, ni tampoco la representación de una obra de teatro callejero por mucho que hiera determinadas sensibilidades. Son expresiones de libertad de las que sus autores sólo son responsables ante las personas que puedan sentirse ofendidas por tales manifestaciones; para dirimir el conflicto que se genere en torno a ellas deben actuar los jueces, más que la fiscalía.

La seguridad es, en definitiva, un derecho que tiene sus límites, al igual que los tiene la libertad. Para resolver este complejo dilema, las respectivas posiciones de los partidos políticos sobre la libertad y la seguridad deben rebajar sus maximalismos y encontrar un denominador común.

Sólo así puede ser posible un funcionamiento práctico y eficaz de la democracia en los actuales contextos de amenaza terrorista global.

ELOGIO  DEL  AUTOBÚS  INTERURBANO    

(Versión ampliada del texto publicado en el Diario Córdoba el 15/08/2017)

A mi amigo Francisco Entrena,

profesor de sociología de la
Universidad de Granada 

e impenitente usuario del autobús interurbano.

La movilidad de las personas es el signo de los tiempos. Aunque el deseo de desplazarse libremente de unos lugares a otros ha sido una constante a lo largo de la historia, su intensidad es hoy un rasgo característico de nuestra cultura. 

Disponer de buenas infraestructuras viarias y tener acceso a eficientes medios de transporte facilita la movilidad, rompiendo el aislamiento tradicional que condenaba a muchos pueblos a la marginación. En el caso de las zonas rurales, la movilidad es un problema fundamental dada la dispersión y el menor tamaño de los núcleos de población.

Desde que se le ha dado prioridad a la alta velocidad, el tren ha dejado de ser hoy el medio de transporte público que cohesiona los territorios, al haberse cerrado estaciones y suprimido líneas regionales/comarcales. Su lugar ha sido ocupado por el autobús.

La modernización de la flota de autobuses, junto a la mejora de las carreteras, lo convierte en un medio seguro y de coste asequible para amplias capas de la población, además de ser un medio eficiente en términos energéticos. Contribuye a la lucha contra los efectos del cambio climático, ya que sus emisiones de CO2 por viajero son seis veces más bajas que las del automóvil, y consume tres veces menos combustible por km y viajero. Es además un medio eficiente desde el punto de vista social, ya que produce el doble de viajeros por km que el ferrocarril, y el triple que el avión.

En nuestro país, la red “Autobuses de España” presta un servicio público mediante 86 contratos de gestión de operadores privados con la Administración General del Estado. Esta Red recoge viajeros en 3.350 paradas, repartidas entre poblaciones que se extienden por más de 2.000 municipios, y la longitud total de líneas es de 76.275 kms (con una longitud media de 886,9 Km por concesión). La flota está formada por 1.179 autobuses (el 38,3% dispone de medidas de accesibilidad para las personas con discapacidad). El volumen global de viajeros transportados en 2015 fue de casi 30 millones y la cifra de viajero-km durante ese año fue de más de 5 millones.

Me gusta viajar en autobús para desplazarme a pueblos o ciudades a los que no llega el tren o llega con horarios inapropiados, y lo hago en bastantes ocasiones, prefiriéndolo al automóvil. Comprendo que hay que cambiar el chip, y asimilar que se viaja a otro ritmo (slow-slow) y en condiciones diferentes a las habituales, tan frenéticas (fast-fast) Pero compensa, créanme. 

He comprobado a lo largo de los años la mejora que se ha producido en el servicio de autobús, tanto en puntualidad, como en comodidad y confort para los viajeros. A ello ha contribuido la competencia y la aparición de sistemas colaborativos de transporte, tales como el blablacar. Como todo en la vida, el sistema de transporte colectivo en autobús interurbano es mejorable, pero hemos de reconocer que ha alcanzado un grado de confortabilidad tal, que permite prestar un buen servicio a los ciudadanos.

El mundo del autobús es, además, un mundo singular, distinto al de las estaciones ferroviarias, cada vez más parecidas a pequeños aeropuertos. Es otro país. En torno al autobús gira una variada configuración de grupos sociales: inmigrantes que se desplazan en sus habituales itinerarios en busca de empleo; trabajadores que residen en una determinada localidad y se desplazan a otra por razones laborales; estudiantes que van y vienen de la capital de la provincia a los pueblos donde residen; personas con menos recursos económicos para los que el alto coste del automóvil les resulta prohibitivo; personas discapacitadas que sólo tienen el autobús como medio accesible para desplazarse; personas de la tercera edad que ya no pueden o no se atreven a utilizar el automóvil,…

Estos grupos forman el paisaje de una España rural y urbana que quiere continuar viviendo en sus pueblos, que ve en la movilidad un modo de mejorar sus condiciones de vida y que encuentra en el autobús el medio ideal para sus desplazamientos.

Es por ello que la red de autobuses contribuye a que puedan interconectarse los municipios entre sí y, por ende, a que aumente la cohesión entre ellos. Por ese motivo, la potenciación y mejora de este sistema de transporte colectivo debería formar parte de los grandes ejes de actuación de los programas de desarrollo territorial, al ser, además, una pieza fundamental en la lucha contra el despoblamiento rural.

A veces, en ciudades de tamaño medio, nos obcecamos en buscar soluciones muy costosas para interconectar a los pueblos de la provincia con la capital (por ejemplo, trenes de cercanías,...) y olvidamos que la mejor y más eficiente solución es disponer de un buen sistema de transporte en autobuses interurbanos.

Hay un amplio margen de mejora en este campo de la movilidad sostenible en las zonas rurales (ver el artículo de Gonzalo de Ana http://ecomovilidad.net/global). En lo que respecta al transporte en autobús, es indudable que se debe continuar mejorando en calidad, confort y seguridad, así como en aumentar la flota de autobuses y en mejorar la eficiencia del sistema de paradas (frecuencias de paso), para lo cual se están experimentando con éxito modelos como el "transporte a la demanda".

Muchas de esas innovaciones pueden hacerse desde la iniciativa privada, pero otras, que exigen mayor inversión, necesitan apoyo público para poder llevarlas a cabo. Es por eso el interés de incluir este eje del transporte sostenible en los programas europeos de desarrollo territorial financiados por los fondos estructurales (tales como el FEDER y el FEADER) y de cohesión.

SOBRE  EL  DESPOBLAMIENTO  RURAL EN  ESPAÑA

(Una versión más amplia puede verse en el artículo "¿Está vacía la España rural?" publicado en el Anuario 2017 de la Fundación de Estudios Rurales)

La mejora de las comunicaciones viarias y de los servicios (educación, salud,...), así como las crecientes dinámicas de interacción rural-urbana que han acompañado al fuerte proceso de cambio ocurrido en nuestro país en los últimos cincuenta años, han dado lugar a una mayor convergencia entre el medio rural y el medio urbano.

Esto ha hecho que se haya superado el tradicional discurso ruralista, que anteponía una España rural (símbolo del atraso, la pobreza y el aislamiento) y una España urbana (símbolo de la modernidad y el dinamismo cultural).

Ello no impide reconocer que el medio rural continúa siendo un espacio geográfico singular, cuya singularidad radica en la existencia de municipios de tamaño relativamente pequeño y de un hábitat disperso y de menor densidad poblacional (menos de 100 hab/km2), en contraste con las aglomeraciones urbanas.

Los espacios rurales continúan marcados, además, por la presencia dominante del paisaje natural y por una intensa interacción de la población rural con la naturaleza, debido sobre todo al predominio de la actividad agraria.

Un ruralismo revisitado

Sin embargo, está surgiendo ahora un nuevo discurso ruralista de la mano de algunos trabajos periodísticos (como el de Sergio del Molino con su libro “La España vacía”), de reportajes televisivos (como el titulado “Tierra de nadie” del programa “Salvados” de Jordi Evole) o de algunas obras literarias (como las novelas de Julio Llamazares, la de Francisco Cerdá “Los últimos” o la más reciente de López Andrada “El viento derruido”).

A diferencia del viejo discurso ruralista, y ante la imposibilidad de mantener hoy, por irreal, la idea del atraso y la pobreza como rasgo del medio rural español, los que reactivan actualmente el ruralismo lo envuelven ahora en el manto del despoblamiento y el abandono de algunos pueblos rurales.

Es verdad que la diversidad del medio rural español es tan grande, que siempre es posible encontrar pueblos o territorios abandonados que den pábulo al periodismo de denuncia bien intencionado o a cualquier construcción literaria inspirada en la nostalgia del pasado o en el sentimiento del paraíso perdido, como forma de compensar el malestar de la vida en la gran ciudad. Tales escenarios literarios son marcos de libertad creativa que no tienen por qué ser representativos de nada, ya que su misión es servir al objetivo final del artista. Hasta aquí nada que objetar al nuevo discurso "ruralista" revisitado por estos escritores.

El problema es cuando una categoría literaria o periodística sobrepasa el terreno de la ficción o de la simple denuncia, y aspira a convertirse en la expresión realmente fidedigna de una realidad social. Para ello, es necesario ampliar el análisis, asumir la diversidad de los hechos sociales, comparar situaciones y apoyarse en datos empíricos sólidos, que es lo que se suele hacer en el ámbito de las ciencias sociales (ver en este sentido el artículo “La España profunda” del geógrafo Fernando Molinero, publicado el pasado 12 de julio en el Anuario de la Fundación de Estudios Rurales).

El citado programa de Jordi Evole o el libro del mencionado Sergio del Molino, representan, sin duda, una llamada de atención, una toma de conciencia sobre los problemas de los pequeños pueblos rurales y de las zonas más interiores de nuestra ruralidad.

Pero no podemos evitar cierta incomodidad con estos trabajos por lo que significan de simplificación de una realidad que es mucho más variada y compleja de la que muestran. Nos preocupa que, poniendo el foco de atención en los casos más llamativos y de más potencial dramático, se esté dando una imagen distorsionada del medio rural español ignorándose amplios territorios cuyos problemas no son los del despoblamiento y el abandono, sino de otra índole.

Como señala García Alvarez-Coque, en su artículo “Serranía Celtibérica”, publicado en Agronegocios el pasado 16 de abril, no debería interesarnos sólo por qué, en lo que llevamos de siglo, más de un millar de municipios de esa comarca han perdido población, sino por qué se ha mantenido o incluso ganado población en más de 2.000 localidades.

En esta misma línea de reflexión, considero más interesante fijarse en los municipios que no se despueblan, que lamentarse por los que están vacíos y abandonados, procurando conocer las causas del porqué hay territorios rurales que se mantienen vivos y activos y en los que su población muestra un evidente dinamismo.

El despoblamiento entra en la agenda política

No obstante, es un hecho innegable que existen pueblos vacíos y en claro riesgo de ser abandonados, tal como lo ha señalado el informe de la Federación Española de Municipios y Provincias, que sitúa en 4.000 el número de municipios en peligro de extinción a corto y medio plazo.

Ya la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (diciembre de 2007) identificaba 105 comarcas “a revitalizar” por tener serios problemas reales de despoblamiento, y otras 84 comarcas calificadas de “intermedias” por estar en riesgo de abandono.

Es verdad que no es lo mismo hablar de municipios vacíos, que de comarcas despobladas, pues en estos temas la escala importa. Pero nadie en su sano juicio puede negar la evidencia de este problema en algunas áreas rurales de nuestro país. De hecho, el problema del despoblamiento en la España rural ha entrado en el debate político, y eso es también una buena noticia, ya que se asume como un problema de Estado y no como un problema local o regional.

El Senado ha creado una Comisión Especial sobre este tema, y en la VI Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas se acordó la elaboración una Estrategia Nacional a ese respecto, dando lugar a que el Gobierno Rajoy creara un Comisionado presidido por Edelmira Barreira.

Un mundo rural diverso

Sin embargo, además de las comarcas y municipios en riesgo de despoblamiento, existen en nuestra geografía muchos otros territorios rurales donde no es ése el problema que les afecta, sino de otro tipo.

En estos territorios viven agricultores que se esfuerzan diariamente por sacar adelante sus explotaciones, luchando contra la pérdida de rentabilidad de la agricultura, la imposición de los precios agrícolas por parte de las grandes cadenas alimentarias, la debilidad de las fórmulas asociativas, el relevo generacional en las explotaciones agrarias, los efectos negativos del cambio climático, la erosión de los suelos, la escasez de recursos hídricos,…

Y existen también territorios que son hoy un ejemplo de dinamismo social y económico y de innovación. En ellos, nuevos agentes económicos encuentran en los pueblos rurales ventajas competitivas para el desarrollo de proyectos empresariales, así como jóvenes emprendedores aprovechan los espacios rurales como oportunidades de negocio en ámbitos muy diversos (deportes de naturaleza, actividades recreativas, artesanía, turismo rural,…).

Asimismo, profesionales de los más variados oficios (carpintería metálica, escayolistas, alicatadores, electricistas,…) residen en sus pueblos, y gracias a la mejora que han experimentado las infraestructuras viarias, se desplazan diariamente a los núcleos urbanos para desarrollar las actividades que le son propias.

Un despoblamiento desigual y diferenciado

Hay, sin duda, territorios vacíos y despoblados en la España rural que requieren ser tratados con planes específicos de desarrollo con la finalidad de intentar reactivarlos. Pero en no pocos territorios continuará el proceso inexorable de despoblamiento de sus pequeños municipios sin posibilidad alguna de invertir esa tendencia.

En estos casos, puede que no tenga sentido volcar esfuerzos y recursos en reactivar algo que está condenado a desaparecer por la ley de los tiempos que le ha tocado vivir. No se puede aspirar en España a mantener viva una estructura muy desigual de municipios, que procede de la Edad Media y que nunca ha sido objeto de una ordenación racional y moderna, a diferencia de lo que se ha hecho en otros países de nuestro entorno.

En un contexto de recursos públicos escasos en el que hay que establecer prioridades, es preciso definir en cada tipo de espacios rurales las estrategias más adecuadas de inversión en infraestructuras y equipamientos (centros escolares y de salud,...), planteándolas siempre a una escala comarcal y no municipal, y con criterios de racionalidad y eficiencia.

En algunas comarcas, se tendrá que emplear recursos públicos para avanzar en el proceso de modernización de la agricultura, promover el relevo generacional, impulsar los modelos asociativos y favorecer la renovación formativa de los agricultores para que estén más capacitados para acceder al mundo digital y de las nuevas tecnologías.

En otras comarcas, habrá que diseñar estrategias integrales de desarrollo, que favorezcan la interacción rural-urbana, la diversificación de actividades (agrarias y no agrarias), la instalación en el medio rural de nuevos emprendedores,… facilitándoles la movilidad y el transporte.

Habrá también territorios en los que la fuente de supervivencia de las familias que en ellos residen descansa en los ingresos obtenidos de manera temporal por la afluencia de visitantes en determinadas épocas del año (fines de semana y/o periodos vacacionales) que buscan lugares de ocio y esparcimiento. En estos casos habrá que promover planes de habilitación de las casas rurales para que sirvan de acogida a esos visitantes, extendiendo la banda ancha de las telecomunicaciones por todo el territorio.

Pero habrá, como he señalado, territorios condenados sin remisión al despoblamiento, en los que sólo cabe aplicar medidas paliativas para que, en consenso con las poblaciones locales, ese proceso se produzca con el menor daño posible para los que allí viven.

EL  #CETA  COMO  SINTOMA  DEL  NUEVO  PSOE

La decisión del PSOE de abstenerse en la votación del Pleno del Congreso de los Diputados sobre el CETA (tratado entre la UE y Canadá) es un síntoma de lo que sucede en las filas socialistas tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias. Hay prisa en la nueva dirección por ocupar el espacio de la izquierda, y cualquier atajo vale. Y eso no siempre es bueno. El dicho popular de “vísteme despacio que tengo prisa” quizá sea un buen consejo para el nuevo PSOE, al que habría que recomendar calma, mucha calma, si quiere ser una alternativa fiable al PP.

Como ha señalado Fernando Vallespín en un reciente artículo publicado en el diario El País (“Ser de izquierdas”, 23/06/2017), el nuevo PSOE se ve obligado a sobreactuar para ir ocupando el espacio que dejó vacante tras las “idus de octubre” y evitar que se lo ocupe Unidos Podemos.

Pero, en el gran teatro de la política, las sobreactuaciones tienen que hacerse bien, con buenos actores y con interpretaciones solventes que hagan creíbles a los personajes y al relato que pretenden representar en el escenario. Por ejemplo, en el debate de la moción de censura de Unidos Podemos contra Rajoy, la interpretación del portavoz socialista Ábalos fue impecable, por su solvencia, su desenvoltura y su puesta en escena.

Sin embargo, no se puede decir lo mismo en el caso de la decisión de abstenerse en la votación sobre el CETA. Ofrece poca credibilidad una decisión apenas debatida en el pasado congreso socialista, y anunciada por twitter por la presidenta del partido Cristina Narbona, cuando todos sabemos el papel nada ejecutivo que desempeña este cargo en la estructura del partido socialista.

Tampoco ofrece credibilidad un giro de esta naturaleza, cuando días antes la portavoz del PSOE en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados había expresado su voto a favor del CETA y había alabado las bondades de un tratado que los propios eurodiputados del PSOE habían votado a favor en el Parlamento Europeo (PE) el pasado febrero.

Entonces, los eurodiputados socialistas, con Ramón Jáuregui al frente, señalaron que había que apoyar el CETA por ser un tratado de los llamados de “segunda generación”. Un tratado cuyo objetivo no es sólo eliminar aranceles y jugar sin más al libre comercio, sino precisamente regular las relaciones comerciales entre la UE y Canadá y establecer reglas para evitar la globalización salvaje (Un análisis de este tipo de tratados, entre ellos el TTIP, puede verse en el texto publicado en este blog el 05/06/2016).

No es extraño, por tanto, que este cambio de posición haya dejado perplejos a más de uno y confundidos a muchos analistas sobre las verdaderas razones del giro del PSOE en este tema de tanta importancia. Además, ha creado un fuerte malestar dentro del partido, especialmente entre el grupo de eurodiputados socialistas, y ha hecho dudar de la credibilidad del PSOE a nivel europeo.

Las razones expuestas por Manuel Escudero (responsable del área de política económica de la Ejecutiva socialista) para explicar lo que denomina “abstención razonada” sobre el CETA, no han resultado convincentes. Su apelación a la vaga resolución del 39 Congreso socialista de "establecer altos estándares sociolaborales y medioambientales en todo tratado comercial futuro", no se sostiene, por cuanto que el CETA no es un futuro tratado, sino que está ya aprobado, ha entrado en vigor, aunque provisionalmente, y sólo está pendiente de ratificación por los Estados miembros de la UE.

El CETA puede ser cuestionado, sin duda, y hay aspectos del mismo que pueden generar preocupación (por ejemplo, el tema de los sistemas de arbitraje semipúblicos). Pero, después de siete años de negociaciones, en las que los eurodiputados (entre ellos, los socialistas españoles) han introducido cambios importantes en el proyecto inicial, hay que explicar por qué se produce ahora el cambio de posición del PSOE.

Como el CETA no ha cambiado desde la votación de febrero en el PE, y tampoco ha cambiado la positiva consideración de los socialistas por Canadá (un país valorado hasta ayer mismo como adalid de la defensa del medio ambiente, ejemplo de la multiculturalidad y la acogida de refugiados, y referencia de la sostenibilidad ambiental y de la economía verde, siendo su primer ministro Trudeau calificado como la antítesis de Trump), cabe preguntarse, por tanto, qué es entonces lo que ha cambiado en el PSOE para que dé este giro.

Puede que el cambio de posición del PSOE respecto al CETA sea sólo una simple sobreactuación (como parece, al decidirse sólo por abstenerse, sin poner en riesgo la aprobación del tratado). Pero si es sólo eso, permítanme que exprese mi desagrado con el modo como ha sido representada en el escenario de la política. El “nuevo” partido de los militantes, como preconiza la nueva dirección socialista, se comporta en un asunto de tanta importancia como el “viejo” partido, tomando decisiones desde la cúpula sin debatirlo con la militancia.

Pero se podría pensar que no hay sobreactuación, sino que es el juicio sobre la globalización económica y el libre comercio lo que se ha modificado en el PSOE. Las declaraciones de los nuevos dirigentes del PSOE para justificar su rechazo al CETA, arguyendo que es un acuerdo comercial guiado por los intereses de las grandes multinacionales y que será una puerta abierta a que los mercados se impongan sobre los gobiernos y los ciudadanos, recuerdan las que en su día planteaban los partidos comunistas al proyecto de integración europea calificándolo de la “Europa de los mercados” frente a la “Europa de los ciudadanos”, y que justificaban su rechazo a integrarse en la entonces CEE.

Entonces, los partidos socialdemócratas defendieron el proyecto europeo (bien es verdad que con algunas reservas iniciales), apostando por su naturaleza política y no sólo económica y considerando que la creación de un mercado común debería ser el primer paso hacia la integración política. Era la apuesta por una integración que, a duras penas, se ha ido produciendo, y que, con todas sus limitaciones, es hoy un hecho en muchas áreas (agricultura y desarrollo rural, cohesión territorial, moneda única, libre circulación de personas, protección del medio ambiente,…).

Pero ahora los nuevos dirigentes del PSOE parecen distanciarse de la que ha sido la posición del partido en estos temas. Este giro también está ocurriendo en otros partidos socialistas europeos (por ejemplo, los británicos o los franceses) con desigual éxito. De hecho, refleja las dificultades que encuentra actualmente la socialdemocracia para afrontar los problemas del proceso de globalización económica, asumiendo, ya sea por oportunismo o por meras razones tácticas, los discursos de los movimientos y organizaciones más críticas con ese proceso.

Todos los partidos tienen derecho a cambiar de posición cuando cambia el escenario donde emprender la acción política, ya que si no lo hacen, corren el riesgo de quedarse obsoletos. Pero deben hacerlo explicando las razones que les llevan a ello, para evitar dar la imagen de partidos erráticos y de posiciones volubles.

Si el cambio del PSOE en este tema es puro tacticismo frente a Unidos Podemos, creo que no le sirve para consolidar una posición autónoma y creíble respecto a este otro partido con el que pugna por el liderazgo de la izquierda, ya que da la sensación de seguidismo y de que la agenda socialista está siendo marcada por Pablo Iglesias y su grupo. Pero si es el síntoma de un cambio estratégico, creo que debería ser objeto de un debate más profundo en el seno del PSOE.

Este asunto es demasiado importante como para despacharlo con un simple twitter y una rueda de prensa de un miembro de la Ejecutiva. Haciéndolo así, el PSOE pierde credibilidad como partido con vocación de gobierno, no sólo ante sus posibles votantes, sino ante los demás socios europeos.

Y la pierde también ante los técnicos de la Comisión y el Parlamento europeos, que han dedicado mucho esfuerzo para sacar adelante un tratado que está ya en vigor y que pone las bases de una colaboración entre la UE y Canadá, uno de los países más respetados en la esfera internacional y de mayor cercanía con los valores europeos.

AMANCIO   ORTEGA   Y   LA   #SANIDAD   PÚBLICA

Desde posiciones de defensa de la sanidad pública, se ha criticado, hasta incluso proponer su rechazo, la donación de más de 300 millones de euros de Amancio Ortega para financiar inversiones en equipamientos en el área de oncología de las distintas Comunidades Autónomas.

Pero tambie desde esas mismas posiciones, se puede aceptar la decisión del dueño de Zara sin caer en la incoherencia respecto a la defensa del sistema público de salud. Esto es lo que me propongo en este breve artículo.

El área de salud es de todas las políticas públicas la que está sometida a mayor presión debido al aumento exponencial del gasto. Y esto se debe al inexorable avance de la investigación médica y farmacéutica, a la necesidad imperiosa de incorporar los nuevos hallazgos científicos y tecnológicos, y al creciente aumento de la esperanza de vida de una población que requiere más y mejores atenciones en las etapas finales de su existencia.

Mientras que una reducción del gasto público en infraestructuras o en educación conlleva efectos que se perciben a medio o largo plazo, los recortes en sanidad tienen efectos inmediatos, que son percibidos de manera clara por la población, y que provocan reacciones críticas e incluso indignadas contra los responsables políticos. Es por ello que el de la salud es un área de la política pública de las consideradas “calientes”, siendo proclive a convertirse en un terreno de confrontación.

Sin embargo, los recursos públicos son limitados, y ningún país, por muy boyante que sea su economía, puede atender de manera adecuada las demandas crecientes del sistema público de salud, debido precisamente, como he señalado, al incremento exponencial del gasto en este área.

Por eso, los poderes públicos buscan fórmulas diversas para hacer frente a esta realidad, y evitar el deterioro de la calidad de los servicios sanitarios.

Desde la privatización de determinados servicios, hasta la firma de conciertos con entidades privadas para gestionar determinadas prestaciones, pasando por la redefinición de la cartera de servicios básicos o por el copago sanitario y/o farmacéutico, los gobiernos buscan salidas al colapso que puede producirse cuando las cuentas del sistema público de salud no puede cubrirse con los ingresos fiscales. 

El mayor o menor énfasis en una u otra de esas fórmulas depende, sin duda, de la ideología del partido que gobierna. Sin embargo, cada vez más se observan convergencias en las políticas sanitarias de los distintos partidos, y apenas pueden observarse grandes diferencias entre ellos cuando asumen responsabilidades de gobierno. Por ejemplo, conciertos con entidades privadas existen en Comunidades Autónomas donde gobierna el PP, pero también donde gobierna el PSOE. Lo mismo cabe decir del copago o de la redefinición de la cartera de servicios básicos.

A diferencia de otros países, en España no se ha desarrollado suficientemente la cultura del mecenazgo, por lo que aún tiene que estar mejor regulada. Sólo algunas fundaciones de entidades financieras (como Caixabank, el BBVA o el Banco de Santander) o aseguradoras (como la Fundación MAPFRE), tienen programas de mecenazgo en el ámbito de la cultura o de la política social, o en la financiación de algunas becas o proyectos de investigación científica.

No es frecuente en nuestro país que particulares intervengan en el área del mecenazgo, lo que explica, por sorprendente, el impacto mediático que ha tenido la decisión de Amancio Ortega de donar una cantidad considerable a la adquisición de material y equipo en los servicios públicos de oncología.

Lo que en otros países es habitual (pensemos en la labor de mecenazgo de la Fundación Bill y Melinda Gates), en España resulta tan extraño, que se duda de las buenas intenciones de unas donaciones a las que se les califica de “filantropía barata” o de las que se sospecha oscuros fines de lavado de imagen o de evasión fiscal.

Eso está ocurriendo con la donación del dueño de ZARA, que, junto a los que la elogian y agradecen, se encuentran los que la rechazan.

El rechazo se basa en dos argumentos: uno, que lo que deben hacer los empresarios y propietarios de grandes fortunas como Amancio Ortega es pagar más impuestos y ofrecer a sus trabajadores unas condiciones laborales dignas; y otro, que el sistema público de salud no debe abrir la puerta a esas donaciones, sino recibir una adecuada financiación por parte de los poderes públicos. La controversia ha llegado incluso al ámbito de la política, hasta el punto de que algunos partidos (como Unidos Podemos) se han manifestado en contra de aceptar la donación de Ortega.

Creo que el debate está errado. Como he afirmado al principio, el sistema público de salud necesita fuentes diversas de financiación si queremos que mantenga el alto nivel que ha alcanzado en nuestro país. Todos los españoles nos sentimos orgullosos de nuestro sistema público de salud, especialmente cuando se pasa por la experiencia de ser usuarios directos del mismo o de haber acompañado a algún familiar en situación de enfermedad grave. Sin embargo, somos conscientes de que es una joya frágil, que puede deteriorarse si no se le presta la debida atención y se le dedica los recursos necesarios.

Y para eso hay que explorar todas las fuentes posibles de financiación para que funcione prestando unos servicios de calidad. Para un enfermo de cáncer poco le importa si el servicio que recibe es público o privado, o si los recursos que financian los costosos equipos médicos proceden de la donación de un particular. Lo que le interesa es que el derecho a la sanidad sea un derecho de ciudadanía protegido por los poderes públicos, y que el servicio que reciba sea de calidad.

Bienvenida sea la donación de Amancio Ortega, y ojalá eso anime a otras personas a practicar el mecenazgo, y no sólo en el ámbito sanitario, sino en otras áreas.

No mezclemos churras con merinas. Es evidente que, como cualquier ciudadano, los empresarios deben pagar los impuestos que les corresponden y deben tratar a sus trabajadores de acuerdo con la normativa laboral vigente, y si no lo hacen, que caiga el peso de la ley sobre ellos.

Los gobiernos deben dedicar los recursos que sean necesarios para financiar unas políticas públicas a tono con el nivel de nuestra economía y con la riqueza que se genera en nuestro país, debiendo aplicar la política fiscal más conveniente (aún estamos varios puntos por debajo en presión fiscal respecto de la media de la UE-15).

Pero eso no impide reconocer que los recursos públicos son limitados, y que se deben diversificar las fuentes de financiación si queremos mantener un sistema de bienestar como el alcanzado en estos cuarenta años de democracia que acabamos de cumplir.