INNOVACIONES  EN  EL  #COOPERATIVISMO  AGRARIO   

La creciente integración de las cooperativas en la economía de mercado, los efectos del proceso de globalización económica y financiera, los cambios en el uso de las tecnologías en los procesos productivos y comerciales,… han modificado el escenario en que se desenvuelve el cooperativismo.

Como consecuencia de ello, los modelos cooperativos también han ido cambiando para adaptarse a ese nuevo contexto.

Es en ese sentido en el que deben entenderse las reformas adoptadas en la legislación para regular las nuevas formas de cooperativismo, flexibilizando la aplicación de los principios cooperativos.

Por ejemplo, con la reforma del principio “un hombre, un voto” se pretende ponderar el poder de decisión del socio que utiliza todos los servicios de la cooperativa respecto al que los utiliza muy poco o incluso al que está ya jubilado.

El cooperativismo agrario

A diferencia de otros sectores cooperativos, como el de trabajo asociado, el cooperativismo agrario es, sobre todo, un cooperativismo de servicios.

Además, se caracteriza por la gran variedad de sus modelos cooperativos, debido a la singularidad de cada subsector agrario en términos socioeconómicos, pero también productivos y de comercialización.

Por ejemplo, son tan distintos los subsectores de cereales, vino, ganadería, hortofrutícola o aceite de oliva, que el cooperativismo ha tenido que hacer gala de una gran flexibilidad para poder integrar toda esa variedad de situaciones.

Por ello, debido a los cambios producidos en el sector agrario, el cooperativismo ha tenido que  adaptarse a este nuevo escenario modificando sus estrategias y formas de organización.

Como resultado de ello, muchas de las cooperativas agrarias de hoy poco tienen que ver en su funcionamiento y organización con las que ayer se extendían ampliamente por los territorios rurales.

En las cooperativas de antaño, se producía una identificación entre el socio y la cooperativa, basada en una relación no sólo económica, sino también afectiva, sentimental e incluso ideológica. Esta relación surgía de la necesidad de los agricultores (por lo general, titulares de pequeñas explotaciones agrarias) de asociarse para afrontar problemas que no podían resolver de modo satisfactorio individualmente.

Este  tipo  de relación identitaria poco tiene que ver con la más instrumental que hoy predomina en la mayoría de las cooperativas del sector agroalimentario, y que se basa sobre todo en la valoración que hacen los socios de los servicios que su cooperativa les presta.

Por eso, no debe sorprender que, en muchas cooperativas agrarias del siglo XXI, lo que más le interese a muchos socios no sea el beneficio económico directo que pueda proporcionarle el hecho de estar asociado (es decir, el “retorno cooperativo”, según el viejo lenguaje). Les interesa tanto o más que eso, los servicios que les pueda prestar la cooperativa en forma de suministro de insumos (piensos, pesticidas, semillas, fertilizantes,…), de asesoramiento técnico y jurídico, de garantía de cobro, de utilización en común de maquinaria o de uso, en beneficio propio, de las infraestructuras comunes de transformación.

Recuerdo una visita a una gran cooperativa cafetalera en la región brasileña de Minas Gerais, en la que cada socio tenía plena autonomía para determinar cómo comercializar su producción siguiendo sus propios intereses y sin someterse a la estrategia comercial de la cooperativa. Era el socio quien decidía cuándo, cuánto y a quién vender “su” producción almacenada en la cooperativa, siguiendo una estrategia en la que predomina el interés individual sobre el interés general.

Aquí, en España, y en diversos sectores, como el aceite de oliva, se vienen observando en algunas cooperativas casos de socios que actúan y deciden según su propia estrategia comercial. Entregan la producción de aceituna a su cooperativa, que es la que la moltura en sus instalaciones para transformarla en aceite, y la que luego lo almacena, pero es el socio quien decide cómo, cuándo, a quién y a cuánto vender su producción. Ni siquiera es la cooperativa la que se encarga de la comercialización, ya que es el socio el que elige al comprador y el canal comercial que más le interesa (en algunos casos a través de plataformas en internet).

En estas situaciones, la cooperativa ya no es, por tanto, el resultado de la acción colectiva de los socios, sino la suma de acciones y estrategias individuales, lo que supone una importante innovación.

Es verdad que esta situación no es aún mayoritaria en el sector del aceite de oliva, donde predomina todavía el discurso (y la práctica) de la integración y la concentración, que va precisamente en la dirección contraria a las citadas estrategias individuales de algunos socios. También es verdad que muchos agricultores integrados en cooperativas no tienen los recursos ni el empuje necesario para emprender estrategias propias de comercialización.

Pero es ésta una tendencia digna de ser estudiada, pues de extenderse cambiaría la idea de lo que es una cooperativa en los tiempos actuales.

Coexistencia entre modelos de cooperación

Estamos, no obstante, en una etapa de transición, en la que coexisten diversos modelos de cooperativismo.

En un extremo encontramos el modelo que he comentado anteriormente, y que está más cercano al modelo empresarial individual, siendo la cooperativa un instrumento al servicio del socio para que éste pueda desarrollar su propia estrategia como empresario.

En el otro extremo está el tradicional modelo mutualista, en el que se conserva el ideal de la cooperación y en el que el interés del socio se supedita al interés general de la cooperativa, beneficiándose de un retorno (beneficio) que espera sea superior al que obtendría si no estuviera asociado.

En medio encontramos modelos mixtos de cooperativismo (empresarial y mutualista) en los que se concilia el interés individual del socio (autorizándosele a decidir qué hacer con su producción) y el interés general de la cooperativa (poniendo unos límites a la cantidad que puede utilizar el socio en su estrategia de venta).

Todos estos cambios e innovaciones, que están transformando el escenario de la agricultura y que afectan a los modelos cooperativos, nos llevan a reflexionar sobre cuál es el modelo de cooperativismo vigente en el sector agroalimentario del siglo XXI.

Es cierto que los modelos aquí comentados, siguen siendo sociedades de personas y no de capitales, por lo que su naturaleza cooperativa es indudable desde el punto de vista jurídico. Pero también lo es que están cada vez más orientados por una lógica individualista en la que los antiguos principios de ayuda mutua, participación y solidaridad son cada vez menos utilizados por sus socios para afrontar los retos del mercado.

Es indudable que la misión de concentrar la oferta, que es algo que está en la esencia del cooperativismo agrario, sigue siendo importante de cara a los grandes operadores del mercado, pero hay factores que están contribuyendo a fragmentarla, dando lugar a modelos privados o pseudocooperativos que son bastante eficientes.

Entre esos factores destaca la mejora de la calidad en productos como el aceite de oliva, calidad que hoy no es algo exclusivo del cooperativismo y que está al alcance de modernas almazaras de carácter privado.

Otro factor es el fuerte desarrollo de las redes sociales (que permiten a productores y consumidores relacionarse directamente sin intermediarios) o las mejoras experimentadas en los aspectos logísticos (con plataformas de distribución, como Amazon).

Todos ellos son factores que, al abrir las opciones estratégicas de los productores, contribuyen a fragmentar la producción agregada de los socios de una cooperativa a la hora de comercializar el producto final en un mercado que es cada vez más abierto y diversificado, y que ofrece posibilidades muy variadas de acceder al mismo.

En ese contexto, cabe elogiar el dinamismo que muestra el cooperativismo para adaptarse a los cambios del entorno. Pero también cabe preguntarse si tiene sentido seguir calificando de cooperativos estos modelos de indudable éxito económico allí donde se aplican, o habría que llamarlos de otra forma.

#ALTERNANCIA  POLÍTICA  EN  #ANDALUCÍA   

(versión ampliada del texto publicado en el Diario Córdoba el 18/01/2019)

Es indudable que en democracia los gobiernos cambian cuando así lo decide el electorado. Por eso, no pierde legitimidad un gobierno salido de las urnas por el hecho de que un mismo partido lleve largo tiempo al frente del poder ejecutivo. Tenemos el caso de Baviera, la región europea con mayor tiempo de un partido (el democristiano CSU) al frente del gobierno regional (más de sesenta años).

Sin embargo, la alternancia en el poder suele ser un buen indicador para medir la salud democrática de un país, si bien hay otros, como la separación de poderes, la transparencia, la rendición de cuentas, la libertad de expresión, el respeto de las minorías,… 

En España, comunidades como el País Vasco o Cataluña, gobernadas durante varias décadas por partidos nacionalistas, ya experimentaron cambios de gobierno. Sólo quedaba Andalucía para cerrar el círculo de la alternancia política (con casi cuarenta años ininterrumpidos de gobiernos socialistas, si contamos la etapa de la preautonomía), y los resultados del 2-D la han hecho posible.

No obstante, es una alternancia atípica, presidida por un partido (el PP) que ha obtenido uno de los peores resultados de su historia. Sólo la debacle del PSOE y de Adelante-Andalucía (A-A), propiciada por la desmovilización de la izquierda y por su inexplicable paralización postelectoral, ha permitido la formación de un gobierno de centro-derecha PP-Cs, apoyado por el partido de ultraderecha Vox.

Desde un punto de vista formal, la alternancia es impecable, ya que esos tres partidos han sido capaces de formar una mayoría suficiente en el Parlamento andaluz, que es realmente lo que vale en un sistema parlamentario como el nuestro. Por eso, no tiene sentido en sistemas parlamentarios hablar de “lista más votada”, ya que gobierna quien logra armar una mayoría en el parlamento. La apelación de Susana Díaz a que el PSOE ha sido la lista más votada, es tan poco convincente, como la de Arenas (PP) cuando ganó las elecciones de 2012 y no consiguió la mayoría parlamentaria.

Ahora bien, la alternancia no siempre asegura la gobernabilidad, que es otra cosa. Por eso, hay dudas fundadas sobre si la nueva mayoría parlamentaria PP+Cs+Vox conducirá a una situación de gobernabilidad que permita al nuevo poder ejecutivo emprender su acción de gobierno con la estabilidad que toda democracia requiere.

De hecho, la escenificación del pacto tripartito no augura nada bueno. Los dirigentes de Cs no han querido saber nada de Vox, que, lo quieran o no, será su socio, haciéndose más que evidente la profunda desconfianza entre ambos partidos. Ni una foto ha sido posible entre los dirigentes de los tres partidos. Parece como si la comprensible alegría por haber logrado la alternancia en Andalucía, sea una alegría fragmentada, experimentándola cada partido a su manera y mirando de reojo al socio del tripartito, como si fuera un adversario.

Además de la desconfianza, hay otras razones que hacen dudar de la gobernabilidad en Andalucía. La primera es que la alternancia descansa en tres partidos (PP, Cs y Vox) que compiten por la misma base electoral. Ello generará inevitablemente tensiones entre ellos, teniendo en cuenta que en este año 2019 habrá diversos comicios (municipales, autonómicas, europeas y previsiblemente nacionales) y tendrán que hacer visibles sus diferencias.

La segunda razón estriba en el hecho de que el programa del nuevo gobierno ha sido acordado sólo entre dos partidos (PP y Cs) que no tienen la mayoría necesaria para sacar adelante los proyectos de ley en los que deben concretarse las reformas propuestas. En su discurso de investidura, Moreno Bonilla ha afirmado, consciente de su debilidad parlamentaria, de que el diálogo con todas las fuerzas políticas será el eje de su actuación. 

Pero la realidad es la que es, y el poder ejecutivo se verá obligado, mal que le pese a Cs, a contar con el apoyo de los doce diputados de Vox para llevar a cabo su acción de gobierno. Es el de Vox un apoyo que, al no estar comprometido por un programa previo, tendrá que ser negociado día a día, con el consiguiente desgaste que ello conlleva para los dos partidos de la coalición gobernante.

Y ahí estriba la tercera razón sobre el riesgo de inestabilidad, ya que muchas de las medidas acordadas entre PP y Cs, entran en colisión con el programa de Vox, por lo que no tienen asegurado el apoyo de este partido cuando el gobierno las presente en el Parlamento.

Por ejemplo, las medidas relativas al compromiso de asegurar el funcionamiento del modelo autonómico en temas como salud y educación, entran en conflicto con la posición de Vox respecto a las CC.AA., que ha hecho de la centralización y la recuperación por parte del gobierno central de esas competencias su principal banderín de enganche.

Lo mismo cabe decir del compromiso de PP y Cs de seguir avanzando en las políticas de lucha contra la violencia machista, cuya paralización y reforma es otro de los temas estrella de Vox. Algo similar puede decirse en relación con la aplicación en territorio andaluz de las políticas relativas a los temas de acogida de inmigrantes, sobre las que hay serias discrepancias entre los tres partidos.

La oposición, formada por PSOE y Adelante-Andalucía, estará al acecho, pendiente no sólo de si la gobernabilidad funciona, sino también ocupada de obstruir la acción de gobierno con las herramientas habituales en toda democracia: sesiones de control en el parlamento; presentación de mociones que muestren los flancos débiles del gobierno provocando divisiones en su precaria mayoría parlamentaria,… Está por ver si habrá cooperación entre PSOE y A-A (cuya desconfianza mutua es manifiesta) o si se embarcarán en una carrera por ver cuál de los dos partidos es más radical en su oposición al gobierno.

En definitiva, ha habido alternancia en Andalucía. Pero el hecho de que no esté asegurada la gobernabilidad es un mal augurio para una Comunidad como la andaluza que, para seguir avanzando, necesita una estabilidad política que hoy por hoy es incierta.

#ALTERNANCIA  Y   #GOBERNABILIDAD
  EN   #BRASIL   

Desde el pasado 1 de enero, Jair Bolsonaro es el nuevo presidente de Brasil, tras su victoria en segunda vuelta en unas elecciones en las que participó casi el 80% de la población con derecho a voto. Obtuvo el 55,13% de los votos frente al 44,87% de Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores (PT).

La campaña electoral fue de una inusitada dureza, especialmente por parte de Bolsonaro, planteándose la disputa entre los dos candidatos como una confrontación dramática en la que se barajaron términos como barbarie frente a civilización, democracia frente a totalitarismo,...

Ello muestra el alto grado de polarización a que se ha llegado en la sociedad brasileña, superándose los niveles de confrontación que son habituales en sistemas electorales a doble vuelta, en los que se reduce la competición (pero también se intensifica) a los dos candidatos que pasan al segundo turno.

Polarización y exclusión

Con esos antecedentes de polarización, es comprensible la preocupación de una parte de la población brasileña por el discurso excluyente de Bolsonaro en su toma de posesión, con expresiones impropias de un acto de la máxima relevancia institucional como ése.

Por ejemplo, muchos brasileños se quedaron perplejos, cuando no indignados, al escucharle decir al nuevo Presidente, con la banda presidencial y la bandera nacional en la mano, que Brasil “nunca más será roja”, en clara alusión al PT de Lula y Haddad, un partido constitucional votado por casi la mitad de los brasileños y que aún tiene el mayor número de representantes (56) en la actual Cámara de Diputados.

Ha generado también preocupación la composición de su gobierno, que incluye a siete jefes militares en la reserva al frente de importantes carteras ministeriales. Pero también preocupa a muchos brasileños la supresión de ministerios y secretarías de gran relevancia social, como las relativas a igualdad, educación en la diversidad, inclusión o derechos humanos, en lo que se interpreta como un retroceso de las conquistas obtenidas en estas áreas durante los gobiernos del PT de Lula y Dilma Rousseff.

Asimismo, algunos de los primeros decretos de Bolsonaro son percibidos como un ataque en toda regla a derechos que se consideraban blindados. Uno de esos decretos es el que, en detrimento de la FUNAI (Fundación Nacional del Indígena), da plenos poderes al Ministerio de Agricultura para delimitar las tierras indígenas, satisfaciendo así las demandas de los intereses agrarios y eliminando las trabas a la explotación comercial de la Amazonía.

Junto a ello, existe un fundado temor al revanchismo que pueda producirse contra el personal más vulnerable de la administración pública (personal interino y contratado). Es un temor centrado sobre todo en el área de las entidades federales por cuanto que en los estados federados y en los municipios continúan gobernando partidos de distinto signo al de Bolsonaro (en algunos, el PT conserva todavía importantes parcelas de poder).

No obstante, más allá de esa comprensible preocupación de una parte de la sociedad brasileña, la realidad es que, a la vista de los resultados electorales, puede decirse que ha sido un proceso formalmente impecable de alternancia en el gobierno de la mayor democracia latinoamericana, como ha venido ocurriendo desde la recuperación de las libertades en 1985 tras veinte años de dictadura militar. Sólo el acceso a la presidencia del vicepresidente Michel Temer en agosto de 2016 tras el controvertido impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, rompió el ciclo normal de alternancia en Brasil.

Se  han escrito numerosos artículos sobre el giro a la derecha extrema que representa la victoria de Bolsonaro y que se percibe como una tendencia extendida por otros países y articulada en una red de nuevas alianzas internacionales entre sus dirigentes (Trump, Orban, Netanyahu,...) que preconiza el retorno a valores como el nacionalismo, la autoridad, la familia, la religión,...

Asimismo, se ha analizado con amplitud el importante apoyo que ha recibido de la iglesia evangélica, y mostrado con suficiente claridad la cultura militarista en la que se inspira el propio Bolsonaro (capitán del ejército en la reserva) y que guía muchas de sus actitudes autoritarias.

Pero no es mi objetivo abundar en estos asuntos, que son importantes, sin duda, mas ya analizados con profusión en los distintos medios de comunicación.

El problema de la gobernabilidad

Lo que me interesa tratar aquí es un tema al que se le ha prestado poca atención. Me refiero al problema de la gobernabilidad en países con sistemas presidencialistas. Es éste un tema relevante por cuanto está en la raíz de la inestabilidad que suele estar presente en estos países si no se le trata con sistemas electorales adecuados. Aportaré a continuación algunas reflexiones sobre este asunto, tomando como referencia el caso de Brasil.

Lo primero a tener en cuenta es que, en este tipo de sistemas políticos, la alternancia no es siempre sinónimo de gobernabilidad, y el caso brasileño lo confirma. Ha habido alternancia y cambio de gobierno, pero Brasil sigue teniendo un problema de gobernabilidad.

Este problema lo arrastra Brasil precisamente desde la aprobación de su Constitución en 1988 y la celebración del referéndum de 1993, que apostó por un sistema presidencialista y dio paso a la aprobación de una ley electoral que ha provocado la fragmentación de las dos cámaras parlamentarias en múltiples grupos políticos.

Como se sabe por el derecho político comparado, los sistemas presidencialistas aseguran la gobernabilidad de un país si van acompañados de leyes electorales que garanticen un cierto grado de concentración de la pluralidad política en los parlamentos.

El de los EE.UU. es un caso paradigmático, con dos partidos (el Republicano y el Demócrata) que concentran la representación en las dos cámaras (Congreso y Senado). México es también un sistema presidencialista en el que la Cámara de Diputados está formada por tres grandes grupos parlamentarios: uno, mayoritario, liderado por Morena, del presidente López Obrador; y dos en la oposición (el del PAN, y el del PRI).

Por el contrario, en países con sistemas presidencialistas que no van acompañados de una cierta concentración parlamentaria, suelen darse problemas de gobernabilidad. En esos casos, el Presidente de la República, que preside además el poder ejecutivo, suele tener serias dificultades para obtener el apoyo de una cámara legislativa fragmentada y, por tanto, para emprender su acción de gobierno de acuerdo con el programa con el que se presentó a las elecciones.

Eso es lo que ha venido ocurriendo en países como Brasil, cuyo problema de gobernabilidad tiene su raíz en la combinación de un sistema presidencialista y una legislación electoral que no propicia la concentración parlamentaria. Eso ha ido conduciendo elección tras elección a un parlamento extremadamente fragmentado, que hace muy difícil la constitución de gobiernos apoyados en mayorías estables y cohesionadas.

De hecho, el parlamento salido de las elecciones de octubre de 2018 está fragmentado en treinta formaciones políticas en la Cámara de Diputados y en veinte en el Senado. En la Cámara (513 escaños) el PSL del nuevo presidente Bolsonaro sólo tiene 53 diputados, y el PT del derrotado Haddad 56, distribuyéndose los más de 400 escaños restantes en una miríada de partidos, muchos de ellos plataformas personales creadas expresamente para las elecciones, y que sólo persiguen intereses particularistas.

En el Senado, de gran importancia en el sistema político brasileño, la fragmentación es aún mayor, ya que sus 81 senadores se distribuyen en veinte partidos, entre los cuales el PSL de Bolsonaro sólo cuenta con 4 senadores y el PT con 6.

Esto puede darnos una idea de las dificultades que tendrá el nuevo Presidente para desarrollar su acción de gobierno.  Al no disponer de mayoría parlamentaria, tendrá que buscar pactos sin fin con gran parte de los partidos presentes en las dos cámaras, ya que muchos de los decretos deberán ser refrendados en la Cámara de Diputados y en el Senado.

Esto no es una novedad, ya que ha sido la pauta en el sistema político brasileño de los últimos treinta años. Pero es un factor de inestabilidad que va en detrimento de la gobernabilidad del propio sistema y abre la puerta a la corrupción política generalizada.

Recordemos que incluso en la época dorada del PT, ni Lula ni Dilma lograron formar gobiernos exclusivamente “petistas”, debiendo incluir políticos de otros partidos y teniendo que pasar por un verdadero calvario para sacar adelante sus proyectos en unas cámaras parlamentarias tan fragmentadas. Ello les provocó un importante desgaste, contaminó de corrupción a parte de sus dirigentes y causó no poca decepción entre sus votantes al ver limitadas sus expectativas de cambio. Fue, por ello, uno de los factores (si bien no el único) que desencadenaron la crisis y caída del PT (ver mi artículo "La agonía de Dilma" publicado en este blog en marzo de 2016, y que puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://eduardomoyanoestrada.blogspot.com/2016/03/laagonia-de-dilma-la-situacion-politica.html

Puede que la red de intereses que lidera Bolsonaro le facilite alcanzar acuerdos clientelares con otros grupos afines. Pero en todo caso, su minoría parlamentaria le obligará a hacer concesiones más amplias en detrimento de sus propuestas iniciales, algunas de ellas necesitadas de leyes orgánicas o incluso de reformas constitucionales, para llevarlas a efecto. 

La paradoja es que sin una reforma del sistema electoral brasileño que evite la extrema fragmentación del Senado y la Cámara de Diputados, el problema de la gobernabilidad seguirá estando presente en Brasil, pero es esa misma fragmentación la que impide que se formen mayorías suficientes para abordar dicha reforma. Es un bucle del que le será difícil salir.

Por eso, los gobiernos brasileños seguirán estando sometidos a situaciones de inestabilidad, dificultando así que una de las mayores economías del mundo pueda desplegar todo el potencial que encierra.

¿EXISTE   EL   VOTO   RURAL?
(Reflexiones a partir de las elecciones andaluzas del 2-D)

Creíamos superado el tradicional discurso ruralista que definía el mundo rural como un cuerpo social homogéneo, encerrado en sí mismo, y he aquí que de nuevo surge con ocasión de las elecciones andaluzas en forma, esta vez, de un supuesto “voto rural”.

Al igual que antes se hablaba, con bastante falta de rigor, del “voto cautivo” (por el PER y otros programas asistenciales) para explicar (y de paso deslegitimar) el voto socialista en las áreas rurales de Andalucía, ahora se anda a la búsqueda del “voto rural” por si ayuda a explicar los sorprendentes resultados que se han dado en dichas elecciones (como el ascenso de Vox). Algunos periodistas, incluso han ido sin ningún escrúpulo a descubrir el voto populista en los núcleos rurales.

Es lícito hacer análisis detallados de las elecciones y estudiar cómo ha sido el voto en determinados tipos de municipios, y realizar las pertinentes comparaciones. Eso es una cosa y otra bien distinta hablar del voto rural como si la población rural de hoy tuviera un perfil social uniforme, cuando es todo lo contrario.

En cada núcleo rural vive hoy una población muy heterogénea, no sólo en variables demográficas (edad, sexo, raza,..) y socio-culturales (religión, ideología, creencias,...), sino también socioeconómicas (nivel de renta, nivel de estudios, profesión, actividad,…), lo que hace que la realidad del mundo rural sea muy diversa y variada.

Además, el mundo rural de la España actual no es un mundo cerrado, sino abierto. Al igual que ocurre con la población urbana, la que vive en los núcleos rurales es también una sociedad abierta, que recibe multitud de información de muy variadas fuentes: canales de televisión, revistas especializadas, emisoras de radio, prensa digital,… además del boca a boca que, al igual que en cualquier bar de una ciudad, tiene lugar en los bares del pueblo.

Esto hace que el mundo rural sea muy plural, y que las personas que en él residen, y que son las que votan, expresen de forma muy variada su voto en cada convocatoria electoral. Porque no votan los territorios, sino las personas según sus preferencias, definidas, entre otras cosas, en función de su condición y situación socioeconómica, y del entorno social en que viven.

En el mundo rural, hay agricultores de muchos tipos (propietarios de pequeñas, medianas y grandes explotaciones, arrendatarios,…), pero también empresarios no agrícolas y profesionales de los más variados sectores, así como pensionistas de las más diversas categorías. Todo eso le da al mundo rural de hoy una diversidad, que es uno de sus grandes valores.

Por eso, hay que ser muy cautos a la hora de hablar de la existencia de un “voto rural”, como si el mundo rural fuera un cuerpo social uniforme y homogéneo.

En ese contexto abierto y plural, no tiene mucho sentido explicar la orientación del voto de las personas que residen en los núcleos rurales por el hecho de ser población rural. Habría que explicarla más bien por sus características socio-demográficas y culturales y por su situación social y económica, una situación que puede que no sea muy diferente de la que experimenta la población que vive en la barriada de una gran ciudad.

El descontento con la situación económica, la irritación por el tema independentista catalán, la indignación ante los casos de corrupción política, el malestar por los recortes en el sistema de bienestar, la escasez de servicios, el fenómeno migratorio,… son temas que lo mismo son percibidos por una persona que vive en un pueblo, que por otra que vive en un barrio urbano, siempre que el entorno social sea similar. Por eso, en entornos sociales semejantes, los factores sociodemográficos y los socioeconómicos explican mejor las posibles diferencias de voto, que los relacionados con el territorio.

Es verdad que en temas identitarios, como la caza, la pesca o los toros, o en el tema medioambiental, la población que reside en el medio rural puede ser especialmente sensible, dada su mayor interacción con la naturaleza, pero también es verdad que esos temas están influyendo también en el voto de determinados sectores urbanos.

De hecho, el análisis de Kiko Llaneras de los resultados electorales del 2-D nos dice, por ejemplo, que, en los pueblos con bajas densidades de población, el voto a Vox (que hace bandera de los temas identitarios) ha sido muy similar al del conjunto de Andalucía (en torno al 10%), habiendo sido mayor en los municipios (rurales o urbanos) de rentas más altas. Asimismo, en los 20 municipios andaluces más poblados, el voto a Vox ha alcanzado de media el 15%.

Respecto al tema de la inmigración (otro elemento fundamental del programa de Vox), las diferencias de voto no radican en el hecho de que los votantes vivan en un municipio rural o urbano, sino en las características del entorno social, incidiendo en ello el mayor o menor porcentaje de población inmigrante de fuera de la UE existente en el territorio.

Por ejemplo, en los 20 municipios andaluces con más población extranjera no comunitaria, el voto a Vox se ha doblado hasta alcanzar cifras por encima del 19%, muchos de ellos municipios del litoral almeriense y ciudades tan grandes como Algeciras.

En conclusión, creo que no se puede hablar con un mínimo de rigor de la existencia de un “voto rural” en el mundo tan diverso, variado y abierto como es el de la España rural de hoy.

La población que vive en los núcleos rurales se expresa con la misma pluralidad que la población urbana, y sus preferencias como electores varían en función de los mismos factores demográficos, culturales, socio-económicos y situacionales.

AMPLIANDO  EL  DEBATE  SOBRE 

LA  #DESPOBLACIÓN RURAL EN #ESPAÑA

El tema del declive demográfico está ya en la agenda política. La alta Comisionada para el Reto Demográfico, la diputada Isaura Leal, ha anunciado la aprobación de una Estrategia Nacional sobre este asunto para antes de las elecciones municipales del próximo mes de mayo.

Es indudable la realidad de este problema en nuestro país, existiendo ya, según datos de la FEMP, más de 4.000 municipios (la mitad del total) en serio riesgo de despoblación. Ello se refleja, sobre todo, en el abandono de los pequeños pueblos y el envejecimiento de las poblaciones que en ellos viven, siendo éste un proceso que se extiende de forma imparable por el medio rural español, si bien de forma desigual, dada la gran diversidad del mismo.

Hay ya suficientes estudios demográficos bien documentados (especialmente los de Molinero desde la geografia, y Camarero, desde la sociología, por citar algunos), que acotan el problema y que hacen un buen diagnóstico del mismo, por lo que no es mi propósito en este texto abundar en cuestiones ya conocidas.

Mi intención es discutir algunas de las afirmaciones que se hacen sobre este tema y que, desde mi punto de vista, no se sustentan en sólidas evidencias empíricas, tal como han puesto de manifiesto algunos autores como el antropólogo Rufino Acosta en un excelente artículo titulado "Despoblación: tópicos y una esperanza" publicado en el diario “Hoy” (14/09/2018) o el economista J.M. García Alvarez-Coque en su artículo "Serranía celtibérica" publicado en la revista Agronegocios (16/04/2017).

Es por ello que, compartiendo algunas ideas de éste y otros autores, y completando las opiniones expresadas por mí mismo en otros textos de este blog, haré diversos comentarios sin ánimo de agotar un tema tan importante y complejo como éste del declive demográfico y la despoblación rural, pero sí con el objetivo de ampliar el debate para que pueda abordarse con realismo y cautela.

1)   Nuestra estructura de más de 8.000 municipios proviene del modo como se produjo el largo periodo de la Reconquista en la Edad Media, y apenas ha sufrido cambios desde entonces. Esto hace que coexistan regiones con municipios de pequeño y muy pequeño tamaño, donde es acuciante el problema de la despoblación (Aragón, Castilla y León, Rioja, Asturias,…), y regiones asentadas en una amplia red de medianos y grandes municipios (agrociudades), donde el problema es de otra índole (Andalucía, la parte sur de Castilla La Mancha y de Extremadura). Además, una gran parte de nuestras áreas rurales, salvo algunas zonas de campiña, son de una pobreza extrema en recursos productivos y naturales, mucho más acentuada que la de otros países que tomamos de ejemplo, como Francia, Reino Unido o Italia. Sin tener claro estos aspectos diferenciales, no se puede ordenar el debate, un debate que exige, además, elevar el punto de mira del análisis, y pasar de la escala municipal a la escala comarcal, ya que no es igual hablar de municipios despoblados que de comarcas despobladas.

2)   Es necesario distinguir entre “despoblación” y “abandono” por cuanto son dos temas diferentes. Puede haber comarcas en declive demográfico, pero en las que sus campos están bien cultivados, sus bosques cuidados y sus pequeños pueblos limpios, aseados y bien atendidos. Son comarcas “despobladas”, pero no “abandonadas”. Mas también puede haber comarcas que no pierden población, sino que incluso la incrementan, pero que tienen mal cultivadas sus tierras y mal cuidados sus espacios naturales, estando mal atendidos sus núcleos rurales del interior al concentrarse los servicios en las cabeceras de comarca y no existir un sistema en red para que lleguen al conjunto del territorio. Son éstas comarcas “no despobladas”, pero sí “abandonadas”.

3)   La afirmación habitual de que haciendo inversiones en  infraestructuras (sobre todo, en carreteras) y equipamientos y extendiendo los servicios básicos (educación, salud,...) al conjunto del territorio rural, se frena la despoblación, habría que matizarla. Aparte del derecho de todo ciudadano (viva en el medio rural o en el medio urbano) a la movilidad y al acceso a los servicios del sistema de bienestar, es un hecho que, a pesar de las inversiones que se han hecho en infraestructuras y equipamientos en el medio rural desde la entrada de España en la UE gracias a los fondos estructurales (en especial FEDER), y a pesar de la extensión de la red de servicios básicos, muchas áreas rurales siguen perdiendo población. De ahí que, si bien esas inversiones son necesarias, no parece que sean suficientes para atajar el problema del declive demográfico en las áreas rurales.

4)    Tampoco se corresponde con la realidad afirmar que la creación de empleo en el medio rural es el mejor remedio contra la despoblación. Más allá del indudable valor que tiene crear empleo, lo cierto es que si observamos la ingente cantidad de empleos que se han creado en el medio rural en sectores como educación, salud, servicios sociales,... vemos que muchos de esos empleos son ocupados por personas que se desplazan desde los grandes núcleos urbanos a los núcleos rurales, pero que no residen en los pueblos donde desarrollan su trabajo. Incluso en actividades tan pegadas al territorio como las agrarias, también se está dando este mismo fenómeno, sobre todo en las grandes y medianas explotaciones, gracias a que los avances tecnológicos permiten a los agricultores gestionar su explotación sin tener que vivir en el núcleo rural donde esté ubicada, tendencia que se intensificará en el futuro con la digitalización. Es verdad que las pequeñas explotaciones agrarias presentan algunas diferencias por su estrecha vinculación con el territorio, pero aun así no están exentas de esta tendencia, al igual que los asalariados, que cada vez más se desplazan a los lugares de trabajo desde sus centros de residencia, muchos de ellos en ciudades o núcleos urbanos. El caso de los agentes forestales es aún más llamativo, dado que no hay actividad más pegada al terreno que la de inspeccionar y supervisar el cuidado y protección del bosque. Pues bien, muchos de estos agentes (en especial, los más jóvenes) deciden vivir en los núcleos urbanos y desplazarse a los espacios naturales para el ejercicio de las tareas que tienen asignadas.

5)   Por razones similares a las anteriores, tampoco parece existir un vínculo claro entre la industrialización del medio rural y su contribución a frenar el declive demográfico de las áreas rurales. Salvo en el caso de industrias asentadas desde tiempo atrás en el territorio, que se han vinculado estrechamente a la población local y han generado una cadena de actividades complementarias, la instalación de nuevas industrias no hace que la gente que trabaje en ellas decida vivir en los pueblos donde están ubicadas. La mejora de las carreteras ayuda a que estos trabajadores se desplacen desde los núcleos urbanos a los rurales para trabajar en las nuevas industrias allí asentadas, por lo que el esfuerzo de industrializar el medio rural hay que plantearlo con ciertas cautelas, teniendo muy en cuenta qué modelo industrial es el más adecuado para desarrollar las áreas rurales (pensemos por ejemplo, en el debate sobre las macrogranjas, las grandes plantas de biomasa o los parques eólicos).

6)   Otra afirmación de poca evidencia empírica es la que considera clave para frenar el declive demográfico en el medio rural apostar por la mejora de la educación y el acceso de los jóvenes rurales a la formación superior, facilitándoles el desplazamiento desde los pueblos a los centros universitarios. Aparte de la importancia innegable que esto tiene para la igualdad de oportunidades y la promoción de los jóvenes que residen en el medio rural, es un hecho que la obtención de un título de grado o postgrado hace que salgan de los pueblos los mejor preparados buscando, en uso de su libertad, ampliar sus horizontes de vida y encontrar nuevas oportunidades. De nuevo, es ésta una política necesaria, pero no suficiente para afrontar el problema de la despoblación de los núcleos rurales.

7)     La idea de que la instalación en el medio rural de grupos procedentes del medio urbano es un medio de combatir la despoblación de los núcleos rurales no deja de ser una quimera, dado que la magnitud de este fenómeno no pasa de ser algo anecdótico más allá del efecto positivo que pueda tener en alguna comarca concreta o del impacto que siempre tiene en los medios de comunicación. Es bueno, sin duda, que los ayuntamientos faciliten ese proceso a los que deseen instalarse en los pueblos ayudándoles a rehabilitar antiguas casas solariegas o a habilitar casas rurales, pero como solución general me parece que tiene un efecto limitado.

8)   Lo mismo cabe decir del proyecto de facilitar el asentamiento en los núcleos rurales de grupos de refugiados y/o inmigrantes que buscan desarrollar nuevos proyectos de vida en nuestro país. Es loable la iniciativa que se está planteando en ese sentido desde las redes españolas de desarrollo rural en colaboración con la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), pero son muchas las dudas que surgen sobre las posibilidades de éxito de estas experiencias, más allá de la solución que puedan representar para algunos grupos concretos y del impacto localizado que puedan tener.

9)    Se suele abogar por los programas LEADER como una vía para potenciar el desarrollo rural y así frenar el declive de los territorios. Pero, aun reconociendo la incidencia de estos programas en la dinamización de ciertas zonas y sectores de la población rural, la realidad es que apenas tienen una influencia real en el desarrollo de los territorios, debido a su escasa dotación económica y también a las rigideces administrativas a las que están sometidos los Grupos de Acción Local tras la integración de esos programas en el segundo pilar de la PAC. O se refundan para pasar a la política europea de cohesión y así responder mejor a los nuevos retos del desarrollo territorial (entre ellos el reto demográfico) o su futuro será incierto en un contexto restrictivo de recursos para la PAC y de nuevas prioridades de las políticas europeas.

10)   Se dice que son poco eficaces las políticas públicas destinadas directamente a mejorar la renta de los hogares rurales, pero la realidad es otra. Por ejemplo, es un hecho que programas como los asociados al tan vilipendiando Plan de Empleo Rural (PER) en Andalucía y Extremadura, o las también criticadas ayudas directas del primer pilar de la PAC, así como las indemnizaciones compensatorias de montaña, han contribuido, más que las inversiones del FEDER en infraestructuras, a fijar población en el medio rural. Se puede criticar estas políticas por otros motivos, pero la realidad es que tanto el PER (complemento de renta de las familias rurales más empobrecidas), como las ayudas de la PAC (fuente complementaria de ingresos para los agricultores, para los grandes propietarios, pero también para los titulares de pequeñas explotaciones) tienen efectos inmediatos en el poder adquisitivo de amplios grupos de la población rural, sobre todo de los de menor nivel de renta, y eso es un factor que los induce a permanecer en los pueblos. Lo mismo está ya ocurriendo con iniciativas como el “ticket rural” del PDR asturiano, si bien aún es pronto para evaluar sus resultados. De ahí que promover políticas de transferencia de renta del tipo de la “renta básica” y sus variantes, para impulsar la permanencia de la población en los núcleos rurales (asociándolas a la realización de servicios a la comunidad) o programas para incentivar nuevas instalaciones (como las ayudas a los jóvenes agricultores y emprendedores rurales), puede ser eficaz, siempre que sean complementadas con incentivos fiscales y cambios jurídicos que faciliten el relevo generacional, y siempre que estén garantizados los servicios básicos y las infraestructuras necesarias en el medio rural (entre ellas, por supuesto, la banda ancha de las comunicaciones, aunque no sólo).

11)   En las políticas públicas a escala del territorio, es fundamental el papel de los municipios, las diputaciones y las Comunidades Autónomas para garantizar una red de servicios básicos, pero siempre que cooperen, evitando solapamientos innecesarios. En el caso de las diputaciones, no tiene sentido plantear su disolución, pues, ya que existen, es más eficiente proponer su renovación para que actúen como verdaderas entidades al servicio de los pequeños municipios de las provincias.

12)   Se aboga por la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (2007) como una especie de varita mágica para resolver el problema de la despoblación rural. Aun reconociendo el esfuerzo notable que se hizo en ella por cartografiar la realidad del mundo rural español, creo que, antes de reactivarla, es necesario revisarla y actualizar la información que proporciona. Transcurridos más de diez años de su aprobación, han cambiado muchas cosas en los territorios rurales y en la orientación de las políticas europeas, y se han abierto, además, nuevas ventanas de oportunidad que no habían previsto los legisladores, por lo que su revisión es necesaria.

13)  El problema de fondo de todo este complejo asunto radica en el atractivo que sigue teniendo la vida en los núcleos urbanos. A pesar del malestar e insatisfacción que genera la vida en las grandes urbes, es un hecho que vivir en ciudades de tamaño medio resulta hoy más atractivo que vivir en los pequeños pueblos, ya que mucha gente aún percibe que el mundo urbano les ofrece más oportunidades de empleo, ocio y desarrollo personal. No es banal que sean más las personas que, a nivel mundial, viven ya en el medio urbano que las que residen en el medio rural, porcentaje que en el caso español es abrumador en favor de la vida en los núcleos urbanos (más del 80% de la población española vive ya en municipios de más de 30.000 habitantes). Invertir esa tendencia es una tarea hercúlea, ya que el problema del declive demográfico forma parte de un proceso más amplio de cambios culturales y económicos que difícilmente las políticas pueden detener, aunque sí tratar de paliar sus efectos mediante programas que eviten el deterioro de la calidad de vida de las personas que, en uso de su libertad de elegir, deciden vivir en pequeños núcleos rurales.

14)   Por todo ello, la estrategia para afrontar el reto demográfico tiene que plantearse como algo más que el problema de la despoblación rural, y debe ser afrontado como una cuestión de Estado, pero no sólo porque afecta a amplias áreas de nuestros territorios, sino porque la disminución de la tasa de natalidad y el creciente envejecimiento de la población española es un problema que, si no se aborda, tiene implicaciones en la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar. Debe ser, por ello, una estrategia integral y transversal de medio y largo plazo, y dirigida al conjunto de la sociedad española, ya que el problema no sólo afecta al medio rural; debe ser, además, una estrategia en la que se impliquen todos los departamentos ministeriales (educación, medio ambiente, sanidad, cultura, fomento, agricultura,  industria, economía y hacienda,…) y todas las administraciones (europea, central, autonómica y local).

15)  Pero, en el caso concreto de la despoblación rural, tiene que ser también una estrategia diferenciada según las características de cada comarca (agrícolas, ganaderas, forestales, periurbanas,…) y en la que se combinen políticas a nivel macro y a nivel micro. Debe ser, además, una estrategia que ponga en marcha sistemas eficaces de gobernanza territorial para impulsar dinámicas de concertación en el medio rural y de participación de las poblaciones locales en la definición de un programa de desarrollo territorial de interés general, que trascienda el ámbito de los interés particulares. Sólo así podrán salir adelante algunas de las comarcas afectadas hoy por el riesgo de la despoblación, pero que están en condiciones de poder ser reactivadas al tener una adecuada localización geográfica y/o disponer de una base productiva o de un patrimonio arquitectónico y cultural susceptibles de ser puestos en valor, además de tener una población dinámica y emprendedora (capital social). Por el contrario, por mucho esfuerzo que se haga, la realidad nos dice que, en otras comarcas, más aisladas y/o carentes de esos recursos socioeconómicos y culturales, la escasa población que allí reside verá cómo el declive demográfico y la despoblación seguirán avanzando de forma irremisible, quedándole sólo la opción de resistir mientras puedan y de reivindicar ante los poderes públicos que no las dejen abandonadas a su suerte.