LA   ABSTENCIÓN   TIENE   UN   PRECIO

 El PSOE está recibiendo fuertes presiones, ya sea para formar parte de una “gran coalición” con el PP (opción descartada por inconveniente), ya sea para abstenerse en la sesión de investidura facilitando así que Mariano Rajoy pueda formar gobierno. El debate interno en las filas socialistas está abierto, y no sólo entre sus dirigentes, sino entre sus militantes y simpatizantes. Ese debate refleja la compleja situación en que se encuentra el PSOE ante una decisión que puede condicionar la gobernabilidad de nuestro país.

Lo primero que debe quedar claro, es que, en una democracia parlamentaria, lo que importa no es el número de votos y escaños obtenidos en las elecciones, sino la capacidad de formar una mayoría que permita superar la sesión de investidura y formar gobierno. De nada sirve esgrimir el derecho, que no existe, a que gobierne la lista más votada. Ya le ocurrió al PP en las elecciones del 20-D, incapaz, por su inmovilismo, de armar una mayoría parlamentaria. Y puede ocurrirle de nuevo ahora si no ofrece propuestas atractivas a los demás partidos para obtener su apoyo o, al menos, su abstención en la sesión de investidura, a la que, esta vez parece que sí, se someterá Rajoy. De ahí que la mayor responsabilidad de que no se tengan que repetir las elecciones está en el PP, no en los demás partidos. Es el PP el que tiene que moverse y seducir a otros partidos con propuestas que les convenzan de que el apoyo a la investidura merece la pena en términos de coste/beneficio.

Ante esa situación, y si el PP no logra los apoyos suficientes entre los partidos más afines, a los socialistas sólo le caben dos opciones: abstenerse en la sesión de investidura para facilitar el gobierno del PP, o votar en contra e intentar formar una mayoría de izquierda (con Pds e IU y apoyo nacionalista) o de centro-izquierda (ampliada a Cs). Desde mi punto de vista, y en contra de lo que han escrito algunos articulistas y han expresado incluso algunos “barones” socialistas, la opción de armar una mayoría alternativa al PP, aun siendo legítima, no me parece viable por varias razones.

La primera, porque sería una coalición construida sobre un objetivo negativo (su hilo conductor sería echar al PP y en concreto a Rajoy), y eso en política no conduce a buen puerto. La segunda razón, porque los socios de esa posible coalición se sustentan sobre la base de una profunda desconfianza entre ellos, que incluso ha aumentado tras la desgraciada experiencia de la pasada y corta legislatura (Es un hecho que, desde el 20D, se ha incrementado el recelo entre Sánchez e Iglesias, y la incompatibilidad entre éste y Rivera es manifiesta, no siendo tampoco muy fluida las relaciones entre ciertos sectores de Pds y de IU).

Pero hay una tercera razón, de mayor calado, y es el hecho de que los partidos de esa posible coalición están sumidos, tras los malos resultados del 26-J, en crisis internas que deben resolver antes de asumir responsabilidades de gobierno. El PSOE ha caído a los más bajos resultados de su historia y necesita una renovación profunda; Pds e IU aún se preguntan por las causas de que no le haya funcionado la coalición “Unidos Podemos”; y Cs está en un grave momento de indefinición sobre el papel que le toca jugar en el centro del tablero político.

Hay finalmente una cuarta razón, y es la escasa fiabilidad que ofrece Pds como socio de gobierno al ser todavía un partido internamente poco cohesionado. No olvidemos que Pds es el resultado de la confluencia de cinco movimientos políticos que aún no han sabido construir estructuras políticas idóneas para ejercer con eficacia el papel que les corresponde en un sistema de democracia representativa como el nuestro (y eso debe resolverlo antes de asumir tareas de gobierno a nivel nacional).

Ante un panorama de crisis económica, de inestabilidad internacional, de amenaza a la seguridad por el terrorismo yihadista, España necesita un gobierno estable, y eso a día de hoy no lo pueden ofrecer unos partidos que precisan todavía de un largo rodaje en el Parlamento para construir relaciones de confianza entre ellos antes de participar en gobiernos de coalición. Recordemos que el PSOE de Felipe González perdió las elecciones de 1977 y de 1979 antes de su victoria de 1982, a la que llegó como un partido internamente cohesionado, territorialmente vertebrado y con la experiencia acumulada tras varios años en la oposición parlamentaria (habiendo desempeñado un papel fundamental en la elaboración del proyecto constitucional).

En esta situación, y si el PP necesita la abstención del PSOE para superar la investidura, los socialistas deben abstenerse para facilitar la gobernabilidad. Pero eso no puede salir gratis, sino que tiene un precio. El precio más alto sería forzar al PP a que presente otro candidato a la investidura. Sin embargo, tal exigencia no parece factible tras el positivo resultado electoral del PP presidido por Rajoy (casi ocho millones de votos y 14 escaños más). Tampoco la considero recomendable por cuanto que abriría de forma precipitada una crisis de sucesión en el PP, que se uniría a las otras crisis internas que, como he señalado, tienen que afrontar los demás partidos, y eso no sería bueno para la gobernabilidad. El PSOE tiene argumentos de sobra para exigir la sustitución de Rajoy (su responsabilidad en los temas de corrupción sistémica que asolan a su partido, su inacción ante el comportamiento infame del ministro del Interior,…) y tiene el derecho a plantearlo en una negociación por la investidura, pero no sería conveniente para la estabilidad política del país.

Descartada, por tanto, la sustitución de Rajoy, el PSOE puede ponerle precio a su abstención con algunas exigencias menos llamativas, pero quizá más útiles. Por ejemplo, exigir al PP comprometerse con la reforma constitucional (especialmente en lo relativo al título VIII), modificar algunos aspectos de la reforma laboral, elevar el salario mínimo, afrontar el pacto educativo, asumir las exigencias de Bruselas en materia de déficit público (pero sin que haya recortes en salud y educación), aprobar un plan de choque en materia de empleo juvenil, reunir el Pacto de Toledo para plantear con claridad la crisis del sistema de pensiones, activar algunas leyes hoy en el olvido (como la de dependencia), reformar el Código Penal para endurecer las penas contra el delito de corrupción, despolitizar los nombramientos del CGPJ, del Tribunal de Cuentas, de la CNMV y de RTVE, potenciar la lucha contra el fraude fiscal aumentando la dotación de la Inspección de Hacienda,…

Esos serían algunos ejemplos de lo que podría valer la abstención del PSOE, una abstención que, además, permitiría reconstruir consensos rotos entre ambos partidos en un momento en el que España está muy necesitada de ellos. Si se explica bien, la ciudadanía española en general, y los votantes socialistas en particular, podrían entender ese cambio de posición del PSOE en aras de la gobernabilidad.

Es verdad que el mayor riesgo para el PSOE estaría en que el PP incumpla lo acordado y que, en ese caso, sea el blanco de las críticas por parte de Pds e IU (vosotros, los socialistas, fuisteis unos ingenuos y sois ahora los responsables de que Rajoy siga en el gobierno cuatro años más). Pero siempre tendrá la baza el PSOE de bloquear los presupuestos económicos, paralizar la aprobación de algunas leyes o de plantear incluso una moción de censura.

En definitiva, la izquierda, hoy dividida, dispersa y con crisis internas pendientes de resolución, no está en condiciones de ofrecer una alternativa viable a un gobierno del PP. El PSOE, por su larga trayectoria de partido de gobierno, debe facilitar con su abstención que el PP gobierne (si es con Cs mejor) ante la imposibilidad de que Rajoy obtenga los apoyos necesarios de otros partidos. Una abstención que, como he señalado, tendría un precio que le correspondería a Rajoy pagar.

En momentos de crisis económica como la actual, en la que habrá que continuar haciendo ajustes severos, quizá sea más interesante para la izquierda ejercer con rigor su papel de oposición parlamentaria, sirviendo de aglutinador de las demandas sociales y estableciendo puentes y relaciones de confianza entre sus dirigentes para la construcción de futuras alianzas. Parece eso más inteligente para la izquierda, y en concreto para el PSOE, que participar, de forma precipitada, en un gobierno pentapartido, poco cohesionado y con el riesgo de verse sometido a tensiones internas nada más constituirse; además de ser un gobierno incapacitado para emprender reformas constitucionales ante la mayoría del PP en el Senado.

LA   CAPACIDAD   PREDICTIVA  DE  LAS   ENCUESTAS   ELECTORALES  

Y   LOS   RESULTADOS  DEL  26-J

Las encuestas electorales están siendo cuestionadas tras los resultados del 26-J, sobre todo por haber sobrevalorado los votos y escaños de Unidos-Podemos y haber minusvalorado los del PP. Mucho se ha escrito para buscar alguna explicación sobre ello. En este breve artículo quiero centrarme en un aspecto poco comentado, y es la influencia que han podido tener en la capacidad predictiva de las encuestas algunos acontecimientos surgidos entre la fecha de realización del trabajo de campo y el día en que se celebraron las elecciones.

Factores que limitan la capacidad predictiva de las encuestas

Las encuestas predicen bien el voto si las elecciones se celebraran justo en el momento en que se realiza el trabajo de campo, pero su capacidad de predicción se reduce conforme aumenta la distancia respecto a la fecha de los comicios. No olvidemos que las encuestas son una fotografía del estado de ánimo y de la intención de voto de los encuestados, fotografía que se realiza justo en el momento en que se aplica el cuestionario. Tanto el ánimo como la intención de voto pueden cambiar en los días posteriores a la realización de las encuestas, y puede que en ello influya el hecho de conocer el propio resultado de los sondeos (reflexividad) y las situaciones de preocupación e incertidumbre que puedan producirse por algún acontecimiento sobrevenido.

Además de la fecha en que se realiza el trabajo de campo, la probabilidad de que las encuestas acierten depende de otros factores: i) la “muestra”, tanto en lo que se refiere a su tamaño (cuanto mayor sea, menor será el nivel de error), como a su composición (debe reflejar la estructura de la sociedad a la que se dirige, en términos de edad, sexo, nivel de estudios, renta, localización geográfica,…); ii) el “tipo de cuestionario” (con preguntas bien formuladas y con opciones claras de respuesta); iii) el “modo de realizarlas” (si en domicilios o por teléfono) y iv) la “capacidad y motivación de los encuestadores” para conseguir que los encuestados respondan a las preguntas que se les hacen.

Esos factores están muy condicionados por los recursos económicos de que dispongan las empresas demoscópicas. Si los recursos son bajos, las muestras serán pequeñas, no habrá control de calidad para garantizar que la estructura de la muestra sea la correcta, se utilizarán listados telefónicos ya obsoletos, los encuestadores estarán mal remunerados y harán las encuestas de forma apresurada,…

Luego, está el trabajo de “cocina” para imputar una probabilidad de voto a los que no han dicho a quién votarían. Para ello se tienen en cuenta las respuestas de los encuestados al resto de preguntas del cuestionario (recuerdo de voto, valoración de líderes, nivel de confianza y/o rechazo en un determinado partido, percepción de la situación económica,…). Sin “cocina” la capacidad de predicción de escaños será muy baja en situaciones en las que sea elevado el porcentaje de los que no han expresado en la encuesta su intención de voto.

El efecto Brexit en un escenario de previsible ascenso de Unidos Podemos

En el caso de las pasadas elecciones del 26-J, y dando por supuesto que los factores antes citados han sido los correctos en todas las empresas demoscópica (lo cual es mucho suponer), creo que hay algunos factores que podrían explicar el escaso acierto que han tenido las encuestas (sobre todo, en la estimación del voto y escaños del PP y Unidos Podemos).

Me refiero a la incidencia de acontecimientos que pudieron alterar la percepción social de la situación política en los últimos días, pero que no podían ser detectados por unas encuestas que, por razones legales, sólo pudieron publicarse la semana anterior. En esas encuestas previas no sólo se aseguraba el sorpasso de Unidos Podemos, sino que arrojaban un empate técnico con el PP (con diferencias porcentuales de apenas tres puntos entre ambos partidos).

Entre esos acontecimientos cabe destacar el resultado del referéndum británico sobre la permanencia del Reino Unido en la UE. La inesperada victoria del Brexit impactó en la opinión pública como una piedra arrojada en un estanque, generando un pánico generalizado en los mercados bursátiles y provocando una situación de incertidumbre en la población. Aunque la población española no estuviera muy informada sobre lo que significaba el Brexit, lo cierto es que, entre el viernes 24 y el domingo 26, los medios de comunicación estuvieron informando de una fuerte caída de las bolsas internacionales (con la española como la más afectada) y del panorama de preocupación que eso generaba.

Dicha situación reforzaba la estrategia del miedo en la que se venía basando la campaña electoral de Rajoy ante la amenaza que, en su opinión, representaba Unidos Podemos, y potenciaba aún más la idea de que el PP era el partido que ofrecía seguridad frente al caos e inestabilidad de las otras opciones.

En tal contexto de incertidumbre, al igual que muchos inversores se refugiaron en valores seguros (dólar, oro,…), es probable que muchos votantes acabaran refugiándose en los partidos tradicionales (PP y PSOE), prefiriendo no arriesgar con unos nuevos y bisoños partidos (Cs y Unidos Podemos) que poco sólido habían ofrecido en una campaña electoral bastante anodina, algo infantil y de mucho marketing, pero de escasas y atractivas propuestas.

En el caso de los votantes más tradicionales de IU, es probable que la incertidumbre de los últimos días les llevara a dudar (aún más de lo que ya estaban) sobre su apoyo a la coalición con Podemos. Dada su histórica fobia socialista, no es verosímil pensar que esas dudas les hubieran conducido a votar al PSOE, pero sí es posible que eligieran abstenerse o votar en  blanco como forma de expresar así su descontento con el modo como se había realizado el pacto entre Garzón e Iglesias. (Ver el excelente artículo de Ignacio Sánchez-Cuenca publicado el día 28 de junio en Infolibre con el título “La caída de Podemos” en el que observa cómo en las provincias donde mayor había sido el voto de IU en las elecciones del 20-D, es donde menos votos ha recogido la coalición con Podemos).

Ese cambio de actitud del electorado no pudo ser recogido por las encuestas, debido, como he señalado, a la prohibición de no publicar sondeos de opinión en la última semana. Por ejemplo, el trabajo de campo de la encuesta del CIS se realizó en el mes de mayo, y el de las últimas publicadas por otras empresas tuvo lugar semanas antes de la fecha de las elecciones.

En esas condiciones tan volátiles, era difícil predecir lo que ocurriría el 26-J. Como señala J.J. Toharia en su artículo del 28 de junio en El País, una encuesta realizada (y no publicada) por Metroscopia la misma tarde-noche del viernes previo al 26-J, indicaba que el efecto Brexit ya había hecho cambiar el voto en un 1% del electorado y que el 3% se lo estaba pensando (un millón de posibles votantes). No es descartable, por tanto, que, en la jornada de reflexión, un porcentaje aún mayor decidiera cambiar su voto refugiándose, como he señalado, en las opciones tradicionales.

Algunas reflexiones finales

Este hecho (el Brexit en un contexto de ascenso de Unidos Podemos, pronosticado desde semanas antes por las encuestas) explicaría el ascenso final del PP hacia el 33,02% (con un aumento de más de 600.000 votos) y la pérdida de casi 400.000 votos de Cs (probablemente transferidos a los conservadores). Asimismo, podría explicar la movilización final de los votantes del PSOE y que este partido mantuviera prácticamente sus votos en torno a los 5 millones y medio (22,68%) evitando el anunciado sorpasso de Unidos Podemos (que perdió más de un millón de votos respecto a lo que obtuvieron por separado los dos partidos el 20-D). El reparto de los últimos escaños en algunas provincias por un puñado de votos, explicaría la composición final del Parlamento.

Todas estas cuestiones habrá que analizarlas en estudios postelectorales. En todo caso, hay que admitir que las encuestas electorales tienen una limitada capacidad predictiva, aún menor a la hora de estimar el número de escaños. Está bien que las empresas demoscópicas debatan sobre lo que ha ocurrido, que mejoren los métodos de muestreo y estimación de las encuestas y que destinen más recursos económicos a su realización. Pero nunca aumentará su capacidad de predicción si la fecha del trabajo de campo se distancia mucho del día de las elecciones. Por eso, es perentorio exigir que se elimine la absurda norma de prohibir la realización de encuestas en los días previos a la fecha electoral.

Termino con una petición final: no hagamos encuestas a pie de urna, que sólo sirven para desprestigiar a los sociólogos y para entretener durante dos horas las tertulias televisivas y radiofónicas hasta conocer los primeros resultados reales.