EL ACUERDO  UNION  EUROPEA-TURQUÍA 

SOBRE   REFUGIADOS

Reflexiones éticas y políticas

El tema de los refugiados sirios tiene una importancia crucial para la UE, ya que, si no se gestiona de manera adecuada, puede llevarse por delante el proceso de integración europea. Las divisiones internas que ha generado entre los Estados miembros de la UE, así como el auge de la xenofobia y el ascenso de los partidos ultranacionalistas, lo convierten en un asunto capital de la agenda política europea.

El objetivo de este artículo no es analizar las causas de dicho problema (ya suficientemente comentadas por los analistas), sino valorar la decisión del Consejo Europeo de 19 de marzo, de firmar, a iniciativa de Alemania, un acuerdo de colaboración con Turquía que ha levantado muchas críticas y despertado no pocos recelos en diversos círculos de opinión.

Con objeto de ordenar el análisis, parto de la distinción que hace casi un siglo estableció el sociólogo alemán Max Weber entre la “ética de los valores y las convicciones” y la “ética de las responsabilidades”, dos aspectos de la racionalidad que no siempre van de la mano, y mucho menos cuando se trata de las decisiones políticas.

Alguna información básica

Lo primero a señalar es que este Acuerdo no tiene por objeto resolver todo el complejo asunto migratorio; es una medida coyuntural para evitar que se agrave el problema concreto y exclusivo de los refugiados sirios. En este sentido, creo que el Acuerdo, de complicada ejecución, es mejor que no hacer nada; sería peor que, por inacción de la UE, se deje que el problema vaya deteriorando la unidad europea y las relaciones entre los Estados miembros.

¿Por qué un acuerdo entre la UE y Turquía? Pues porque Turquía es el país de donde procede la mayor parte de los refugiados que llegan a las islas griegas de Lesbos, Quío y Samos al estar a sólo unos kilómetros de su frontera. Y también porque en suelo turco se asientan dos millones de sirios en campos de acogida con la intención de ir a Europa. Por ello, Turquía es un socio fundamental de la UE en la gestión de este problema.

Se pretende con ese Acuerdo persuadir a los refugiados sirios a que no utilicen las mafias para entrar ilegalmente en suelo europeo, de tal modo que su llegada se haga de forma legal y ordenada desde Turquía. Para ello, el acuerdo del Consejo Europeo señala la devolución individualizada a suelo turco de todo refugiado que, procedente de Turquía, haya llegado ilegalmente a las costas griegas después del 20 de marzo. Asimismo, la UE adquiere el compromiso de conceder asilo al que lo solicite por vía legal en las oficinas instaladas a tal efecto en los campos de acogida turcos. Es lo que se llama “uno por uno”: es decir, devolver a Turquía a un refugiado “ilegal” que haya entrado en la UE después de esa fecha,  a cambio de acoger “legalmente” a otro refugiado sirio asentado en ese país.

Por su colaboración, la UE pagará al gobierno turco 6.000 millones de euros (para mejorar las condiciones de los campos de acogida y facilitar la inserción de los sirios que llegan a Turquía) y se compromete a trasladar allí, y a las islas griegas, un amplio equipo de funcionarios de la Comisión Europea para ayudar a las autoridades turcas en el registro de las devoluciones y en la tramitación de las solicitudes de asilo. Además, el Consejo Europeo se compromete a acelerar el proceso de adhesión de Turquía a la UE, y a permitir a los turcos la entrada sin visado en territorio europeo.

Un acuerdo controvertido

El Acuerdo UE-Turquía ha levantado, por diversas razones, un fuerte rechazo en las ONGs y ACNUR, así como en amplios sectores de la opinión pública europea. Asimismo, diversos juristas europeos de prestigio (como los holandeses Heijer y Spijkerboer, o el español López Garrido) han manifestado su oposición en sendos dictámenes sobre este asunto. Es, por tanto, un acuerdo controvertido en cuya crítica convergen dos cuestiones.

La primera tiene que ver con la devolución individualizada a terceros países que propone la UE. Para las ONGs y para ACNUR, esta decisión será, en la práctica, una “deportación” masiva de todo el colectivo de refugiados, algo que, desde su punto de vista, va en contra de los derechos proclamados por el Protocolo del Estatuto del Refugiado (1967), firmado por más de 170 países (entre ellos, los de la UE). Sin embargo, la UE esgrime los informes favorables de los expertos del prestigioso centro de investigación ESI (European Stability Initiatives) y los dictámenes de los servicios jurídicos de la propia Comisión Europea, además de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el caso del paquistaní Shiraz Baig Mirza.

El segundo motivo de controversia está relacionado con el hecho de que la UE considere a Turquía “país seguro”. Para la UE, darle tal calificativo significa que la devolución a ese país de todo refugiado que haya llegado ilegalmente a las islas griegas procedente del territorio turco, no representa una violación de los arts. 31 y 33 de la Convención de Ginebra. Con ello, la UE admite que, en Turquía, los sirios que huyen de la guerra pueden asentarse sin que peligre su libertad e integridad física, y, desde allí, solicitar el correspondiente asilo a la UE. Las ONGs y ACNUR, por el contrario, rechazan la calificación de Turquía como “país seguro”, dada su implicación en el conflicto sirio y la deriva autoritaria del gobierno de Erdogan, por lo que entienden que devolver refugiados a ese país viola los citados artículos de la Convención.

Por mucho que despierte recelos el acuerdo UE-Turquía, me parece desproporcionado calificar a priori las devoluciones a Turquía como “deportaciones masivas” (expresión que nos retrotrae a la época nazi de tan infausto recuerdo), cuando todos sabemos de la escrupulosidad con la que las autoridades griegas y los funcionarios de la UE están trasladando a los refugiados a los centros de acogida turcos.

Sobre la crítica de algunas ONGs a la consideración de Turquía como “país seguro”, no creo que la tendencia autoritaria de su gobierno sea mayor que la de los actuales gobiernos húngaro, eslovaco o polaco, y no por eso se califica a estos países como “no seguros” para acoger refugiados. Es más justificable la preocupación de las ONGs por el destino que puedan correr los refugiados sirios de origen kurdo, dado el viejo conflicto que existe en Turquía con este grupo étnico. En todo caso, la nueva fase de relaciones UE-Turquía puede reconducir el proceso democrático en este país, y volverlo a la senda de los avances exigidos por la UE en materia de derechos fundamentales y separación de poderes.

Con todas estas críticas, las ONGs acusan a la UE de traicionar los valores de justicia y libertad, que están en sus señas de identidad. Pero la realidad es que, por ahora, estos valores no están siendo violados por las instituciones de la UE, sino por algunos gobiernos nacionales que los interpretan de forma restrictiva.

Llegados a este punto cabe destacar que la responsabilidad en la ejecución de las acciones acordadas por las instituciones de la UE en materia de acogida y asilo, corresponde a los gobiernos nacionales, que, con demasiada frecuencia, niegan los medios y recursos necesarios, haciendo inviable la aplicación de esas acciones comunitarias en sus propios territorios. No se puede cargar sobre las espaldas de la UE la responsabilidad de un problema para el que no hay todavía una política común de asilo y cuya gestión corresponde, por tanto, al ámbito de la cooperación intergubernamental.

La política no debe actuar como una ONG

Se comprende que haya habido reacciones contrarias al acuerdo por parte de las asociaciones humanitarias, ya que su lógica de funcionamiento está guiada por la defensa de los derechos humanos y por la asistencia al refugiado. Se comprende menos la reacción de algunos partidos políticos que se comportan como si fueran ONGs.

De acuerdo con la citada distinción weberiana entre la “ética de los valores” y la “ética de las responsabilidades”, hay que señalar que los gobiernos no son ONGs, ni la política se rige por la ética de los valores y la asistencia humanitaria que mueven a estas otras organizaciones. La política se rige por la ética de las responsabilidades, y las decisiones se toman no por el criterio de lo deseable, sino de lo posible, valorando sus consecuencias y procurando respetar el ordenamiento jurídico, tanto nacional, como internacional. El Acuerdo con Turquía es un acuerdo de mínimos alcanzado por los 28 gobiernos de la UE; el único posible, ya que no había acuerdo sobre otras alternativas (como la apertura de fronteras y la acogida generalizada de los refugiados sirios).

Una vez adoptado este Acuerdo lo que tenemos que valorar es si resulta eficaz o no para contrarrestar a las mafias de personas, y si es o no un instrumento útil para gestionar un problema tan complejo como éste de los refugiados sirios respetando el derecho internacional y la Convención de Ginebra. Es ahí donde las organizaciones humanitarias que trabajan en la ayuda al refugiado tienen que desempeñar un papel crucial denunciando las violaciones de esos derechos si es que se producen. Pero debe ser una acción seria y objetiva, basada en hechos y no en sentimientos, aunque resulte difícil sobre el terreno separar ambas cosas.

El acuerdo UE-Turquía, aun siendo una medida coyuntural, debe ser el comienzo de una verdadera política común de asilo, ya que si no, su fracaso provocará una reacción en cadena, que acabará destruyendo las bases del propio proceso de integración europea. La propuesta de la Comisión Europea de convertir la actual oficina EASO (Oficina Europea de Apoyo al Asilo) en una agencia europea que, modificando el Reglamento de Dublín, centralice a nivel comunitario la concesión de asilo y distribuya las peticiones entre los Estados miembros de la UE va en esa dirección. La potenciación de la ya existente policía europea de fronteras (FRONTEX) va también por ese camino. Pero todas esas acciones deben ir acompañadas del presupuesto adecuado y de un número suficiente de funcionarios cualificados para ello.

En resumen, la operación “uno por uno” iniciada hace sólo unos días en colaboración con Turquía, será un buen banco de pruebas para comprobar la utilidad y eficacia del acuerdo (es sintomática la visita este fin de semana de la canciller alemana Merkel a Turquía para supervisar in situ el modo como se está aplicando el Acuerdo). La Comisión Europea tendrá que supervisar su ejecución para, en caso de mal funcionamiento, proponer al Consejo Europeo otra solución a un problema que no puede ignorarse. Así es como se debe actuar en el ámbito de la política, mediante la prueba del acierto/error y mediante acciones posibles y viables. Las acciones guiadas por el altruismo y los sentimientos humanitarios corresponden a otro ámbito, el de las ONGs y el de las entidades religiosas. No mezclemos.

NUEVAS    ELECCIONES

No creo que repetir las elecciones sea un fracaso. Demuestra que nuestro sistema democrático tiene mecanismos para garantizar la gobernabilidad, y que una situación de bloqueo, como la que se produce ahora después de cuatro meses, no amenaza la estabilidad de la democracia española.

Es preferible ir a nuevas elecciones que continuar con la apariencia de una negociación entre dirigentes políticos que han demostrado no tener ninguna confianza unos con otros y que, sólo por miedo, pueden llegar a un mal acuerdo un minuto antes de que acabe el plazo marcado por nuestra Constitución.

No puede salir nada bueno de un pacto en el último momento entre PSOE y Podemos, cuando sus dirigentes han demostrado el profundo poso de desconfianza que les separa, y eso a pesar de la convergencia existente entre sus respectivos programas de gobierno. Sería un gobierno inestable y siempre con el riesgo de ruptura ante cualquier eventualidad de las muchas que suceden en el ámbito de la gestión política.

Tampoco puede salir nada bueno de un acuerdo de última hora entre PSOE-PP-Cs, que premie el inmovilismo de Rajoy esperando recibir los despojos de sus rivales. La gran coalición o algo parecido, si es que llega, debe esperar a que madure por la fuerza de las convicciones de los que participarían en ella, pero no puede estar basada en la resignación de los otros y ser fruto de la frustración.

Todos los partidos han tenido tiempo suficiente para mostrar ante la ciudadanía su capacidad o incapacidad de diálogo, su rigidez o flexibilidad, su inmovilismo o dinamismo. Algunos incluso se han sometido sin éxito a la votación de investidura a sabiendas de que era imposible lograr la mayoría necesaria. Otros hasta se distribuyeron con antelación carteras ministeriales en un alarde surrealista de vender el oso antes de cazarlo

Si no han sido capaces de formar gobierno, es la hora de que los ciudadanos hablemos de nuevo en las urnas. Seremos ahora unos ciudadanos mejor informados que el 20-D, con más conocimiento sobre las virtudes y defectos de los diferentes partidos, y con mayor legitimidad para exigir que hagan público no sólo sus programas electorales, sino también que nos den algunas orientaciones sobre sus posibles políticas de pactos postelectorales (aun sabiendo que eso siempre depende de los resultados). Sea como fuere, seguro que serán unas elecciones más interesantes y útiles que las anteriores.

Habrá probablemente más abstención, y hasta es posible que los porcentajes de voto no varíen mucho, pero los resultados que arrojen las urnas tendrán un efecto diferente. Habrá partidos que, obteniendo un porcentaje similar de votos que el 20-D, tendrán más claro el papel que han de desempeñar en la nueva legislatura y se convencerán de la inconveniencia de intentar repetir pactos que en esta fase no le han llevado a ningún sitio.

Otros habrá que, no obteniendo el crecimiento al que aspiraban, abandonen su estrategia maximalista para acomodarse a la realidad de los hechos y ser más proclives a desarrollar acuerdos de menor alcance, pero más viables. Por último, no faltarán los que, reforzados en las nuevas elecciones, salgan del inmovilismo que les ha caracterizado hasta ahora, ejerzan el liderazgo que no han ejercido en esta fase y ofrezcan alianzas creíbles y aceptables de gobierno.

Creo que, aún en el caso de que los resultados sean similares, nada será igual, empezando por que, si bien puede que sea igual que ahora el cartel electoral, no creo que sean los mismos dirigentes políticos los encargados de negociar la formación del nuevo gobierno.

CAMBIO   DE   HORA   Y   RACIONALIZACIÓN

DE   HORARIOS

La frase “una hora menos en Canarias” forma parte del paisaje sonoro de los españoles desde los años 40 del pasado siglo XX hasta la actualidad. No sólo es un slogan utilizado para promocionar las Islas Afortunadas, sino que encierra algo más. Indica que el horario de nuestras islas no está en sintonía con el del resto de España, sino con el del Reino Unido y Portugal. ¿Es una anomalía la hora de Canarias, o la anomalía está en que la Península Ibérica tenga una hora más que el horario de esos dos países cuando estamos en el mismo huso horario? Estas preguntas surgen todos los años cuando se produce en nuestro país el primer cambio de hora, reabriéndose el debate sobre sus ventajas e inconvenientes.

Algunos datos geográficos

Como sabemos desde la escuela primaria, el globo terrestre está convencionalmente dividido de Este-Oeste en 24 meridianos (líneas imaginarias que unen el Polo Norte y el Polo Sur). El espacio comprendido entre cada dos meridianos es lo que se denomina “huso”, y dado que la tierra es una esfera, cada uno de esos 24 “husos” abarca 15º (geográficos). Como además, cada 24 horas, el globo terráqueo da una vuelta sobre su eje, resulta que cada “huso” equivale a una hora (de ahí lo de “huso horario”). El territorio comprendido dentro de un mismo “huso horario” suele tener la misma hora oficial, aunque, dentro de él, cada localidad tenga el tiempo solar que le corresponda según su posición geográfica.

Se considera “meridiano cero” el que pasa por la estación británica de Greenwich (en Londres). Ese meridiano es el que, por convención internacional, marca el llamado “Tiempo Universal Coordinado”. Eso significa que la hora oficial de cualquier lugar del planeta tiene que estar, respecto al TUC, adelantada (si está al Este) o retrasada (si está al Oeste), tantas horas como husos le distancien del meridiano “cero”. Por ejemplo, si el reloj de Greenwich marca las 12.00 horas, el de Alemania (que está al Este, justo en el siguiente huso horario) tiene que marcar una hora más (13.00 horas), y el de Argentina cuatro horas menos (08.00 horas al estar cuatro husos al Oeste).

De ese modo, cuando el territorio de un país tiene una extensión Este-Oeste que no supera un huso horario (como es el caso de España), suele acordarse por convención que los relojes marquen la misma hora civil en todos los lugares de su territorio, aunque sea obviamente diferente la hora solar de cada localidad. Gerona, por ejemplo, tiene una hora solar distinta de la de La Coruña (casi una hora de diferencia), pero por convención consideramos que los relojes tienen que marcar la misma hora en ambas ciudades.

Sin embargo, si un país tiene una extensión mayor que la de un huso horario (como ocurre con EE.UU., Canadá, Rusia, China o Brasil), suele acordarse un horario diferente en su territorio: por ejemplo, entre Nueva York y San Francisco hay una diferencia horaria oficial de tres horas, al haber una distancia geográfica de tres husos horarios entre ambas ciudades.

El tema de cambiar el horario en primavera (adelantar el reloj una hora) y en otoño (retrasarlo una hora) viene de antiguo. Ya Benjamín Franklin lo propuso, sin éxito, en 1874, cuando era embajador de EE.UU. en Francia. Pero no fue hasta la I Guerra Mundial que muchos países adoptaron temporalmente esta medida para ahorrar combustible, haciendo lo mismo durante los años de la segunda conflagración bélica. Más tarde, con la crisis del petróleo en 1973, muchos países volvieron a aplicar esta medida, que se ha mantenido desde entonces. Excepto Japón, los países de la OCDE la aplican en sus territorios, siendo ya casi un centenar los que la han adoptado.

En lo que se refiere a los países de la UE, la Directiva 2000/1984 comenzó a regular esta práctica, y desde entonces la UE ha venido publicando cada cinco años el calendario con las fechas en las que había que proceder al cambio de horario (por lo general, el último domingo de marzo y el último de octubre). En 2001, una nueva Directiva europea, convirtió en permanente la política de cambio de hora, y desde entonces se aplica en todos los países de la UE (en España se regula por el RD 236/2002 de 1 de marzo).

La anomalía española

Si se observa con detenimiento el globo terráqueo, vemos que España (salvo Canarias) se encuentra en el mismo meridiano que el Reino Unido. Como he señalado, el meridiano “cero” pasa por la ciudad inglesa de Greenwich (al lado de Londres), pero también por la española de Castellón. Esto significa que todo el territorio español está dentro del huso horario del meridiano “cero”: la mayor parte de nuestro territorio cae al Oeste del meridiano de Greenwich, y sólo una pequeña parte al Este (la que coincide con todas las provincias catalanas y alguna fracción de las aragonesas).

Al estar todo el territorio español en el mismo huso horario que el Reino Unido, lo lógico, en términos geográficos, es que nuestra hora coincida con la británica. Pero esto no ocurre así en la práctica. Hay diferencia de una hora entre el Reino Unido y España (salvo Canarias, que tiene la hora británica). ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es la explicación de esa anomalía?

La explicación es que España, en 1942, en plena II Guerra Mundial, cuando el gobierno de Franco era aliado de la Alemania nazi y de la Italia fascista, quiso equiparar su horario con el de estos dos países a pesar de estar sus respectivos territorios en husos diferentes. Esto hizo que nuestros relojes se adelantaran una hora, tiempo que ya no hemos vuelto a recuperar desde entonces, pues, terminada la conflagración bélica, el gobierno español mantuvo ese horario, y, por tanto, la anomalía se hizo permanente. De esa época procede la frase “una hora menos en Canarias” con la que iniciaba este artículo, ya que geográficamente era inadmisible que la hora canaria se equiparara a la alemana, dado que entre ambos territorios había una distancia geográfica de dos husos horarios.

Hasta 1974, España mantuvo esa diferencia de una hora respecto al tiempo solar durante todo el año (los que fuimos niños en la década de los 60 recordamos que los cines de verano comenzaban a las nueve de la noche, justo cuando ya oscurecía). Desde esa fecha, siguiendo la estela de otros países para ahorrar energía, el gobierno español procedió a adelantar la hora en el periodo primavera-verano, con lo que introdujo el desfase de dos horas respecto al tiempo solar, añadiendo una hora más a la ya perdida en 1942 (el IDEA estima que en España se ahorra con esta medida un 5% de consumo energético, equivalente a 300 millones de euros, la mayor parte en las empresas).

A ello habría que añadir el desfase adicional que se produce en la mayor parte del territorio español por estar casi todo él, como he señalado, al Oeste del meridiano “cero”. Así, en La Coruña la diferencia respecto de la hora solar en el periodo primavera-otoño no es de dos horas, sino de casi tres, al estar a 10º de distancia geográfica respecto de Greenwich (equivalente a 50 minutos en tiempo solar).

Esto es lo que explica que nuestro horario oficial esté desfasado una hora respecto al sol en el periodo de otoño-invierno y de más de dos horas en el periodo de primavera-verano. El argumento del ahorro energético (sobre el que no hay acuerdo pleno ni siquiera entre los especialistas) se ve contrarrestado por informes médicos que hablan de los trastornos que el cambio horario produce en el sueño (sobre todo, en los niños). A este debate, ya de por sí complejo, se incorporan algunos argumentos económicos, tanto a favor, como en contra, especialmente procedentes del sector de la hostelería, favorable a que se aproveche el máximo de horas de sol.

La opinión pública también se hace eco de este asunto. Algunos prefieren el actual horario de primavera-verano para que las horas de sol puedan aprovecharse al final de la jornada laboral, pues consideran absurdo que, si se vuelve al horario de Greenwich, amanezca en verano alrededor de la 06.30 de la mañana cuando la jornada laboral suele comenzar a las 08.00. Otros, por el contrario, ven insano que, con el actual horario, a las 22.00 horas esté todavía el sol en el cielo de verano, provocando que tengamos que retrasar el momento de ir a dormir.

Sea como fuere es un tema controvertido, que incluso está entrando en la agenda política; de hecho, en el programa electoral de Cs y en el pacto firmado con PSOE hay un punto sobre la necesidad de que España recupere la hora perdida. Este tema también ha sido recogido por Rajoy en una de sus últimas intervenciones públicas.

La Asociación Nacional por la Racionalización de los Horarios en España (ARHOE)

La Asociación Nacional por la Racionalización de los Horarios, creada en 2006 (aunque sus inicios se remontan a 2003), no se opone, obviamente, a que España cumpla la Directiva europea sobre cambio de horario. Lo que reclama esta asociación es que nuestro país recupere la hora perdida en 1942 y se rija por el horario que nos corresponde por nuestra situación geográfica (el de Canarias y el Reino Unido). La ARHOE propone, por tanto, que en el periodo otoño-invierno nuestra hora civil coincida con la solar, y que en primavera-verano hagamos el cambio que hacen todos los países europeos, pero con la diferencia de sólo una hora respecto a la solar (y no dos como ocurre ahora).

¿Cómo se haría esto? Muy fácil. Bastaría con que un año, sólo un año, dejara de hacerse el cambio horario de final de marzo, y se mantuviera la hora oficial hasta final de octubre, con lo cual se recuperaría la hora perdida. Desde ese momento, España tendría la hora que le corresponde por su situación geográfica, y podría seguir cumpliendo la directiva europea de cambiar el horario en el periodo primavera-verano y el de otoño invierno, pero ya sin el lastre de la hora perdida en 1942.

Pero la reivindicación de ARHOE va más allá que la de recuperar esa hora perdida, ya que plantea la necesidad de que se racionalicen los horarios españoles, algo que esta asociación y las numerosas personalidades y expertos que la apoyan, consideran totalmente inadecuados. Cree que la recuperación de la hora perdida puede ser una oportunidad para racionalizar nuestros horarios e impulsar la modernización de nuestro país en esta materia. En tal sentido propone impulsar medidas que faciliten adelantar en una hora nuestro almuerzo y cena, con lo que eso implica de cambios en los horarios escolares y laborales. Además, la ARHOE considera necesario que las distintas cadenas de TV adelanten sus programas de máxima audiencia en, al menos una hora, para evitar que comiencen a las 22.30 y finalicen pasada la medianoche, como ocurre ahora, algo que es difícilmente de entender fuera de nuestro país.

Ese es el debate, complejo, sin duda, pues afecta a muchos ámbitos y sectores de la vida económica y social española, pero merece la pena prestarle atención. Ya hemos cambiado en España la moneda, hemos modernizado nuestro transporte ferroviario, hemos ampliado nuestra red de carreteras y mejorado nuestra red de centros de salud, nos hemos incorporado a la era digital,… ¿No es hora de que pensemos en cambiar nuestros hábitos horarios para mejorar nuestra forma de vida? Este es el debate.