#ALTERNANCIA  Y   #GOBERNABILIDAD
  EN   #BRASIL   

Desde el pasado 1 de enero, Jair Bolsonaro es el nuevo presidente de Brasil, tras su victoria en segunda vuelta en unas elecciones en las que participó casi el 80% de la población con derecho a voto. Obtuvo el 55,13% de los votos frente al 44,87% de Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores (PT).

La campaña electoral fue de una inusitada dureza, especialmente por parte de Bolsonaro, planteándose la disputa entre los dos candidatos como una confrontación dramática en la que se barajaron términos como barbarie frente a civilización, democracia frente a totalitarismo,...

Ello muestra el alto grado de polarización a que se ha llegado en la sociedad brasileña, superándose los niveles de confrontación que son habituales en sistemas electorales a doble vuelta, en los que se reduce la competición (pero también se intensifica) a los dos candidatos que pasan al segundo turno.

Polarización y exclusión

Con esos antecedentes de polarización, es comprensible la preocupación de una parte de la población brasileña por el discurso excluyente de Bolsonaro en su toma de posesión, con expresiones impropias de un acto de la máxima relevancia institucional como ése.

Por ejemplo, muchos brasileños se quedaron perplejos, cuando no indignados, al escucharle decir al nuevo Presidente, con la banda presidencial y la bandera nacional en la mano, que Brasil “nunca más será roja”, en clara alusión al PT de Lula y Haddad, un partido constitucional votado por casi la mitad de los brasileños y que aún tiene el mayor número de representantes (56) en la actual Cámara de Diputados.

Ha generado también preocupación la composición de su gobierno, que incluye a siete jefes militares en la reserva al frente de importantes carteras ministeriales. Pero también preocupa a muchos brasileños la supresión de ministerios y secretarías de gran relevancia social, como las relativas a igualdad, educación en la diversidad, inclusión o derechos humanos, en lo que se interpreta como un retroceso de las conquistas obtenidas en estas áreas durante los gobiernos del PT de Lula y Dilma Rousseff.

Asimismo, algunos de los primeros decretos de Bolsonaro son percibidos como un ataque en toda regla a derechos que se consideraban blindados. Uno de esos decretos es el que, en detrimento de la FUNAI (Fundación Nacional del Indígena), da plenos poderes al Ministerio de Agricultura para delimitar las tierras indígenas, satisfaciendo así las demandas de los intereses agrarios y eliminando las trabas a la explotación comercial de la Amazonía.

Junto a ello, existe un fundado temor al revanchismo que pueda producirse contra el personal más vulnerable de la administración pública (personal interino y contratado). Es un temor centrado sobre todo en el área de las entidades federales por cuanto que en los estados federados y en los municipios continúan gobernando partidos de distinto signo al de Bolsonaro (en algunos, el PT conserva todavía importantes parcelas de poder).

No obstante, más allá de esa comprensible preocupación de una parte de la sociedad brasileña, la realidad es que, a la vista de los resultados electorales, puede decirse que ha sido un proceso formalmente impecable de alternancia en el gobierno de la mayor democracia latinoamericana, como ha venido ocurriendo desde la recuperación de las libertades en 1985 tras veinte años de dictadura militar. Sólo el acceso a la presidencia del vicepresidente Michel Temer en agosto de 2016 tras el controvertido impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, rompió el ciclo normal de alternancia en Brasil.

Se  han escrito numerosos artículos sobre el giro a la derecha extrema que representa la victoria de Bolsonaro y que se percibe como una tendencia extendida por otros países y articulada en una red de nuevas alianzas internacionales entre sus dirigentes (Trump, Orban, Netanyahu,...) que preconiza el retorno a valores como el nacionalismo, la autoridad, la familia, la religión,...

Asimismo, se ha analizado con amplitud el importante apoyo que ha recibido de la iglesia evangélica, y mostrado con suficiente claridad la cultura militarista en la que se inspira el propio Bolsonaro (capitán del ejército en la reserva) y que guía muchas de sus actitudes autoritarias.

Pero no es mi objetivo abundar en estos asuntos, que son importantes, sin duda, mas ya analizados con profusión en los distintos medios de comunicación.

El problema de la gobernabilidad

Lo que me interesa tratar aquí es un tema al que se le ha prestado poca atención. Me refiero al problema de la gobernabilidad en países con sistemas presidencialistas. Es éste un tema relevante por cuanto está en la raíz de la inestabilidad que suele estar presente en estos países si no se le trata con sistemas electorales adecuados. Aportaré a continuación algunas reflexiones sobre este asunto, tomando como referencia el caso de Brasil.

Lo primero a tener en cuenta es que, en este tipo de sistemas políticos, la alternancia no es siempre sinónimo de gobernabilidad, y el caso brasileño lo confirma. Ha habido alternancia y cambio de gobierno, pero Brasil sigue teniendo un problema de gobernabilidad.

Este problema lo arrastra Brasil precisamente desde la aprobación de su Constitución en 1988 y la celebración del referéndum de 1993, que apostó por un sistema presidencialista y dio paso a la aprobación de una ley electoral que ha provocado la fragmentación de las dos cámaras parlamentarias en múltiples grupos políticos.

Como se sabe por el derecho político comparado, los sistemas presidencialistas aseguran la gobernabilidad de un país si van acompañados de leyes electorales que garanticen un cierto grado de concentración de la pluralidad política en los parlamentos.

El de los EE.UU. es un caso paradigmático, con dos partidos (el Republicano y el Demócrata) que concentran la representación en las dos cámaras (Congreso y Senado). México es también un sistema presidencialista en el que la Cámara de Diputados está formada por tres grandes grupos parlamentarios: uno, mayoritario, liderado por Morena, del presidente López Obrador; y dos en la oposición (el del PAN, y el del PRI).

Por el contrario, en países con sistemas presidencialistas que no van acompañados de una cierta concentración parlamentaria, suelen darse problemas de gobernabilidad. En esos casos, el Presidente de la República, que preside además el poder ejecutivo, suele tener serias dificultades para obtener el apoyo de una cámara legislativa fragmentada y, por tanto, para emprender su acción de gobierno de acuerdo con el programa con el que se presentó a las elecciones.

Eso es lo que ha venido ocurriendo en países como Brasil, cuyo problema de gobernabilidad tiene su raíz en la combinación de un sistema presidencialista y una legislación electoral que no propicia la concentración parlamentaria. Eso ha ido conduciendo elección tras elección a un parlamento extremadamente fragmentado, que hace muy difícil la constitución de gobiernos apoyados en mayorías estables y cohesionadas.

De hecho, el parlamento salido de las elecciones de octubre de 2018 está fragmentado en treinta formaciones políticas en la Cámara de Diputados y en veinte en el Senado. En la Cámara (513 escaños) el PSL del nuevo presidente Bolsonaro sólo tiene 53 diputados, y el PT del derrotado Haddad 56, distribuyéndose los más de 400 escaños restantes en una miríada de partidos, muchos de ellos plataformas personales creadas expresamente para las elecciones, y que sólo persiguen intereses particularistas.

En el Senado, de gran importancia en el sistema político brasileño, la fragmentación es aún mayor, ya que sus 81 senadores se distribuyen en veinte partidos, entre los cuales el PSL de Bolsonaro sólo cuenta con 4 senadores y el PT con 6.

Esto puede darnos una idea de las dificultades que tendrá el nuevo Presidente para desarrollar su acción de gobierno.  Al no disponer de mayoría parlamentaria, tendrá que buscar pactos sin fin con gran parte de los partidos presentes en las dos cámaras, ya que muchos de los decretos deberán ser refrendados en la Cámara de Diputados y en el Senado.

Esto no es una novedad, ya que ha sido la pauta en el sistema político brasileño de los últimos treinta años. Pero es un factor de inestabilidad que va en detrimento de la gobernabilidad del propio sistema y abre la puerta a la corrupción política generalizada.

Recordemos que incluso en la época dorada del PT, ni Lula ni Dilma lograron formar gobiernos exclusivamente “petistas”, debiendo incluir políticos de otros partidos y teniendo que pasar por un verdadero calvario para sacar adelante sus proyectos en unas cámaras parlamentarias tan fragmentadas. Ello les provocó un importante desgaste, contaminó de corrupción a parte de sus dirigentes y causó no poca decepción entre sus votantes al ver limitadas sus expectativas de cambio. Fue, por ello, uno de los factores (si bien no el único) que desencadenaron la crisis y caída del PT (ver mi artículo "La agonía de Dilma" publicado en este blog en marzo de 2016, y que puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://eduardomoyanoestrada.blogspot.com/2016/03/laagonia-de-dilma-la-situacion-politica.html

Puede que la red de intereses que lidera Bolsonaro le facilite alcanzar acuerdos clientelares con otros grupos afines. Pero en todo caso, su minoría parlamentaria le obligará a hacer concesiones más amplias en detrimento de sus propuestas iniciales, algunas de ellas necesitadas de leyes orgánicas o incluso de reformas constitucionales, para llevarlas a efecto. 

La paradoja es que sin una reforma del sistema electoral brasileño que evite la extrema fragmentación del Senado y la Cámara de Diputados, el problema de la gobernabilidad seguirá estando presente en Brasil, pero es esa misma fragmentación la que impide que se formen mayorías suficientes para abordar dicha reforma. Es un bucle del que le será difícil salir.

Por eso, los gobiernos brasileños seguirán estando sometidos a situaciones de inestabilidad, dificultando así que una de las mayores economías del mundo pueda desplegar todo el potencial que encierra.

APUNTES  SOBRE  EL  GOBIERNO  #SÁNCHEZ  

Muchos han sido los calificativos (por lo general, elogiosos) que ha recibido el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Algunos, desde el lado de la izquierda, se han apresurado a calificarlo incluso de “gobierno de la dignidad”, un término de una evidente carga moral que no me gusta para el ámbito de la política, ya que al menor traspié (y ya lo ha habido) se vuelve contra quien alardea de ello. Ya ocurrió con los “cien años de honradez” del primer gobierno socialista de 1982 o con los gobiernos Aznar de 1996 y 2000 que alardeaban de ser los adalides de la lucha contra la corrupción, y también con los de Rajoy, ocurriendo ahora en el gobierno Sánchez con la dimisión del recién nombrado ministro Maxim Huertas por fraude fiscal.

Por eso, prefiero utilizar calificativos con menos significado moralista, y se me ocurre el de “gobierno estelar”, no sólo por haber incorporado al astronauta Pedro Duque, sino también por la constelación de figuras relevantes en sus correspondientes campos profesionales, destacando una mayoría de mujeres como rasgo significativo. Por eso, lo de "estelar" lo uso en términos sólo descriptivos y no valorativos.

A continuación expongo algunas reflexiones sobre las características más destacadas del nuevo gobierno.

a) Es un gobierno confeccionado por el propio Pedro Sánchez, sin mediar imposiciones ni cuotas partidarias, en contra de lo que suele ser habitual. No hay cuotas regionales, ni nombres impuestos por las baronías, sino personas seleccionadas por su valía y con independencia de su mayor o menor vinculación a la familia socialista (en su mayoría mujeres, en un claro mensaje a la gran movilización del 8 de marzo). La no militancia en el PSOE de muchos de los miembros del Gobierno es algo positivo, en el sentido de la independencia con la que pueden ejercer sus cargos ministeriales, pero no lo es tanto en lo que se refiere a trabajar como un equipo cohesionado en torno a un proyecto común. No será fácil gestionar un equipo "galáctico", con muchas estrellas fulgurantes poco acostumbradas a guiarse por la lógica política. Ese será un reto no menor para Pedro Sánchez.

b) Es un gobierno que no ha estado condicionado en su formación por pactos previos con las fuerzas políticas que apoyaron la moción de censura presentada por el grupo parlamentario socialista. Es, por tanto, un gobierno monocolor que sólo tiene el apoyo directo de unos escasos 85 diputados (los socialistas y el de Nueva Canarias), radicando en ello su fortaleza y su debilidad. Fortaleza por cuanto los ministros sólo deben lealtad al presidente Sánchez, que es quien los nombró. Mas también debilidad en tanto que el apoyo parlamentario es tan escaso, que sus comparecencias en las correspondientes comisiones del Congreso y el Senado serán sometidas a un duro escrutinio y a un fuerte control de los demás grupos, incluidos los que inicialmente se alinearon a favor de la censura contra Rajoy y que, una vez logrado el cambio de gobierno, se ocuparán en marcar espacio frente al PSOE y el gobierno socialista. Tendrán que esmerarse los ministros en preparar bien esas comparecencias, a sabiendas de que cualquier error será magnificado y criticado de manera feroz.

c) Lejos de ser un gobierno que refleja la sociedad española, como se han apresurado a comentar algunos analistas, es más bien un reflejo de las clases medias y, dentro de ellas, de unas élites profesionales que, sin duda, han construido sus carreras con su esfuerzo y sobre la base del mérito, más que por su pertenencia  a determinadas castas o dinastías. Entre esa constelación de figuras destacadas, es precisamente Pedro Sánchez quien presenta un perfil más cercano a la media de la sociedad española, por su edad, su trayectoria y su extracción social. Es un político “normal” al frente de un gobierno “estelar”.

d) Por ello, y dado que cada ministro estará ocupado en gestionar y dar lustre con su presencia al correspondiente departamento y dado también que a no pocos de ellos le falta el bagaje político de fajarse con la realidad de la calle, el papel de Pedro Sánchez adquiere un importante significado. Es él quien debería asumir la conexión con la sociedad que peor lo está pasando con los efectos de la crisis económica, mostrándose sensible a sus problemas y afrontando varios retos importantes: pobreza, desigualdad, brecha salarial, precariedad laboral, pensiones,…

e) Muchos de esos retos no podrán ser abordados en el escaso tiempo que el gobierno va a tener por delante, pero al menos Pedro Sánchez debería incluirlos de forma permanente en su agenda política, recordándolos siempre que tenga ocasión. La idea de crear un Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, asociado a la propia presidencia de Gobierno, va en esa buena dirección, al igual que podría hacer con el problema del despoblamiento rural. Su decisión de acoger a los casi 600 inmigrantes subsaharianos del barco “Aquarius” es también una forma de mostrar sensibilidad a este tipo de asuntos, si bien debe luego canalizarlos hacia otras instancias (en este caso, al Consejo Europeo de las próximas semanas) para que no se quede en un mero gesto de buen voluntad.

f) Es un gobierno que tiene gran potencial para que el PSOE, después de dos años en estado de coma, pueda afrontar los comicios electorales, que, meses arriba, meses abajo, tendrán lugar de aquí a un año poco más o menos. Le bastaría con algunos gestos para darle a la población española la sensación de que ha merecido la pena el cambio de gobierno y de que se han abierto las ventanas de una casa común en la que el aire se había hecho irrespirable. Gestos como reformar la “ley mordaza” (sobre todo en lo relativo a los artículos que atentan contra el derecho a la libertad de expresión), cambiar algunas partes de la reforma laboral (como las que afectan a la negociación colectiva), llevar la pluralidad a la RTVE, asegurar al menos el poder adquisitivo de las pensiones, aprobar un nuevo modelo de financiación de las CC.AA.… se podrían llevar a cabo sin gran dificultad, ya que sobre muchos de ellos se habían alcanzado acuerdos previos en el Parlamento. Otros gestos tendrán que ver con el cambio de estilo y la rendición de cuentas, debiéndose mostrar Pedro Sánchez implacable con los casos de corrupción que puedan producirse y que ya se han producido.

g) Será también importante realizar algunos gestos para recuperar la normalidad en las relaciones con el gobierno de la Generalitat catalana, sin menoscabo de mantener la firme defensa del orden constitucional. Es verdad que los temas judiciales han de seguir su cauce (prisión preventiva de los políticos catalanes presos, peticiones de extradición de los políticos fugados, desarrollo de los autos de procesamiento, aperturas de juicio,…), pero la política tiene un espacio que debe ser usado para rebajar la tensión. El levantamiento del control de las cuentas de la Generalitat es un gesto, que no significa dejar de estar vigilante sobre cómo se gastan los recursos transferidos desde la Administración, al igual que se hace con cualquier otra Comunidad Autónoma. La nueva ministra de Administración Territorial (la catalana Meritxell Batet) está utilizando un lenguaje de diálogo, que abre puertas y reduce la confrontación, aunque todos sabemos que el independentismo es insaciable y que continuará con sus aspiraciones. Aun así, una reunión de Pedro Sánchez con Quim Torra en La Moncloa debe ser vista como una vuelta a la normalidad, si bien se le debe exigir al President no presentarse a esa reunión con el lazo amarillo en la solapa y sin antes haberlo retirado de la fachada del Palacio de la Generalitat.

h) Es también un gobierno preparado para recuperar la centralidad en los futuros debates europeos. Es verdad que Rajoy ha recuperado la imagen de España por su buena gestión de la crisis económica al cumplir los cánones marcados por la Comisión Europea, pero ahora toca ocupar también otros espacios y hacerlo con buenas propuestas e iniciativas y buscando situarse en el grupo de los que van a liderar el futuro de la UE tras el Brexit. Temas como la reforma de la UEM, la creación del pilar de defensa, la lucha contra el terrorismo yihadista, los acuerdos sobre cambio climático, el fortalecimiento del multilateralismo frente al repliegue proteccionista de los EE.UU. de Trump, la política migratoria, el desarrollo del pilar de justicia e interior (euro-órdenes), la reforma de la política agraria y pesquera,… son asuntos en los que el nuevo gobierno de España tiene cosas que decir, y debe decirlas.

En definitiva, tras la moción de censura del grupo socialista utilizando los instrumentos que permite nuestra Constitución, el nuevo gobierno presidido por Pedro Sánchez abre una interesante ventana de oportunidad para que entre aire fresco en la política española. No sabemos por cuanto tiempo, ya que se sustenta en una mayoría parlamentaria muy escasa, pero aprovechémoslo para introducir algo de serenidad en una sociedad demasiado polarizada como la española, antes de afrontar los grandes retos que tenemos por delante. Sirva también para que el PP realice la renovación que necesita, ya que la política española precisa de un partido conservador estable y bien cohesionado.

LIBERTAD Y SEGURIDAD TRAS LOS ATENTADOS DE CATALUÑA

Siempre que se produce un atentado terrorista, el debate sobre libertad y seguridad se intensifica en los medios de comunicación y en las tertulias políticas, siendo tema de discusión entre los propios ciudadanos.

Es normal que así sea. El fuerte impacto que tienen hechos de esta índole y el temor a que vuelvan a producirse, generan una lógica alarma en la población, agudizándose la exigencia de reforzar las medidas de seguridad.

Un dilema complejo

El dilema entre libertad y seguridad es complejo. Su complejidad explica alguna, no todas, de las dificultades para prevenir las acciones terroristas en las democracias europeas.

Sintomático de esa complejidad es lo ocurrido con Es Satty, el imán de la mezquita de Ripoll, muerto en la explosión de Alcanar (Tarragona) y cerebro de los atentados. A pesar de estar vigilado por la policía nacional en 2005 a raíz del atentado de Casablanca y pasar cuatro años en prisión por narcotráfico, las diferencias de criterio entre la policía y la judicatura le permitieron obtener residencia en España y campear libremente por nuestro país desde 2014.

Casos similares de desajuste entre la lógica de la seguridad (que guía las acciones de la policía y fuerzas de orden público) y la lógica de la libertad y defensa de los derechos humanos (que guía las del poder judicial), ocurrieron en los atentados de Bruselas, Paris, Niza o Londres.

En estos casos, los terroristas y sus colaboradores, a pesar de estar fichados por la policía, gozaron de una libertad que, otorgada por el poder judicial, les permitió actuar con total licencia para cometer sus actos criminales.

Por un lado, la policía los detiene como sospechosos de atentar contra la seguridad y los retiene el tiempo que establece la legislación vigente. Pero, por otro lado, la judicatura, anteponiendo el derecho a la libertad al de la seguridad, los deja libres si no ve indicios claros de culpabilidad en las acusaciones policiales.

Este es un dilema que las democracias europeas aún no han sabido resolver. Menos todavía se ha resuelto en el caso de la democracia española, mucho más celosa en respetar el derecho a la libertad por haberse construido después de una larga dictadura.

Es éste un complicado asunto que vuelve a plantearse ahora con motivo de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils. Como en tantos otros temas, el debate sobre libertad y seguridad se ve atravesado por las diferencias ideológicas existentes entre los partidos políticos y las que se producen entre la propia ciudadanía.

Los partidos situados a la derecha y los ciudadanos afines con ellos, suelen ser más proclives a incrementar las medidas de seguridad, aunque sea en detrimento de la libertad. Por su parte, la cultura de la izquierda suele dar prioridad al derecho a la libertad y ser más reacia a apoyar cualquier medida que lo coarte, aunque ésta sea con el argumento de garantizar la seguridad ciudadana.

La falta de consenso en torno a la llamada “ley mordaza”, o el rechazo de algunos grupos de la izquierda (como Unidos Podemos o ERC) a participar en el “pacto antiyihadista”, es un buen ejemplo de ello.

Para tratar de resolver este dilema, el reto es, por tanto, encontrar un punto de equilibrio entre esos dos derechos, que permita alcanzar un amplio consenso político sobre ello. Este es un tema de la máxima relevancia, que no puede ser objeto de una política de gobierno, sino de una política de estado.

La seguridad como garantía de la libertad

La libertad es, sin duda, uno de los más importantes derechos, por no decir el más importante, que debe ser protegido en una democracia. Pero la libertad sin seguridad queda en papel mojado, ya que el ciudadano sólo puede ser libre si se siente seguro para ejercer sus derechos y satisfacer libremente sus deseos.

Aumentar la seguridad coarta, sin duda, la libertad en alguna medida. Lo percibimos, por ejemplo, cuando se ponen cámaras de vigilancia en las calles, se instalan arcos de control de viajeros en estaciones y aeropuertos o se intensifican los controles policiales en las carreteras. La cuestión es saber si la reducción de la libertad que tales controles conllevan, está justificada por la gravedad de los hechos y si es recompensada con una mejora de la seguridad.

Cuando se producen atentados terroristas, suele generarse en la ciudadanía un justificado temor que, sin embargo, no es proporcional al riesgo real de ser víctima de alguno de esos atentados.

Son significativos los datos que ofrece al respecto Ignacio Sánchez-Cuenca en el artículo “¿Y si ponemos el terrorismo en perspectiva?” publicado el 22 de agosto en la revista digital CTXT. A partir de la información proporcionada por uno de los máximos expertos en cuestiones de seguridad internacional (el norteamericano John Mueller), se indica en dicho artículo que el riesgo por terrorismo en las democracias occidentales es mucho más bajo que el que se produce en otros ámbitos de nuestra vida cotidiana.

Ello no impide que nos sintamos amenazados cuando ocurren atentados, al tenerse la sensación de poder ser víctima del siguiente que vaya a producirse. Tampoco ese bajo riesgo de sufrir un atentado elude la responsabilidad que tienen los gobiernos de reforzar la seguridad para evitarlos o minimizarlos.

El riesgo cero no existe en sociedades abiertas como las democracias actuales. Nadie está exento de ser víctima de un atentado terrorista, como tampoco de sufrir un accidente de avión o de automóvil o de quedar atrapado en un incendio o sacudido por una inundación o un terremoto. La eficacia policial en el celo por la seguridad contribuye, sin duda, a minimizar ese riesgo, pero nunca lo elimina del todo.

Ante un acto terrorista, respuestas como “No tenemos miedo” o “Los terroristas no alterarán nuestra vida en libertad”, son el resultado de un esfuerzo de la voluntad con el que procuramos exorcizar el temor que inevitablemente nos invade en estos casos. Pero suelen ir acompañadas de la exigencia de más seguridad.

Por eso, si queremos continuar viviendo en libertad tendremos que aceptar que se aumenten hasta ciertos límites los controles de seguridad. La cuestión es dónde poner esos límites, y eso corresponde al ámbito de la política, que es donde se debe legislar para, con el máximo consenso posible, acotar el campo de la libertad y de la seguridad.

La ley, como instrumento regulador

De las leyes emanan las normas que guían las actuaciones de las fuerzas de seguridad, de la fiscalía y de la judicatura. Son las leyes la principal garantía de los derechos ciudadanos en una sociedad democrática.

Por eso, en este delicado asunto, las leyes que velan por la seguridad (reformas del código penal, legislaciones contraterroristas,…) no pueden ser fruto de la imposición de unos grupos políticos sobre otros, sino de la cooperación. Deben ser, como he señalado, políticas de estado, no de gobierno.

Las limitaciones de la libertad en aras de la seguridad no pueden establecerse de forma general, sino sólo para situaciones excepcionales. Dada la relevancia del derecho a la libertad en las sociedades democráticas, deben tipificarse con la máxima escrupulosidad y el máximo rigor jurídico los delitos para los cuales estaría justificado que se coarte el derecho de todo ciudadano a llevar una vida libre, pero también segura.

Por ejemplo, no se debe equiparar a un acto de exaltación del terrorismo la libre expresión de opiniones en un twitter o en la letra de una canción, por muy radicales y ofensivas que sean, ni tampoco la representación de una obra de teatro callejero por mucho que hiera determinadas sensibilidades. Son expresiones de libertad de las que sus autores sólo son responsables ante las personas que puedan sentirse ofendidas por tales manifestaciones; para dirimir el conflicto que se genere en torno a ellas deben actuar los jueces, más que la fiscalía.

La seguridad es, en definitiva, un derecho que tiene sus límites, al igual que los tiene la libertad. Para resolver este complejo dilema, las respectivas posiciones de los partidos políticos sobre la libertad y la seguridad deben rebajar sus maximalismos y encontrar un denominador común.

Sólo así puede ser posible un funcionamiento práctico y eficaz de la democracia en los actuales contextos de amenaza terrorista global.

LA   NOCHE  DE  LAS  PRIMARIAS
(versión ampliada del texto publicado en el Diario Córdoba el 24/05/2017)

La del 21-M fue una noche apasionante. Por una vez, la política pudo con el fútbol, y hubo más gente pendiente de los resultados de las primarias socialistas, que de la celebración del Real Madrid en Cibeles por la obtención de la Liga. Y eso que eran las primarias de un partido como el PSOE que no pasa por sus mejores momentos. Pero, la importancia que para la gobernabilidad de España aún tiene el centenario partido socialista, explica la gran expectación que despertaba en distintos círculos de opinión los resultados sobre la elección de su Secretario General. Las noches electorales siempre están cargadas de gestos que retratan la magnitud del acontecimiento, y que valen más que los discursos justificativos de rigor. Estas son mis impresiones.

a)  Las primarias han supuesto un ejercicio extraordinario de movilización de una militancia socialista que, adormecida en unos casos, e indignada en otros, se ha implicado en el proceso con una participación de más del 80%. Eso es, en sí mismo, un valor que dice mucho de la capacidad de las bases del PSOE de movilizarse, y que en este momento constituye su principal capital como partido.

b) También han mostrado la independencia de la militancia socialista a la hora de votar, ya que no se ha visto neutralizada por la fuerte influencia que han ejercido los diversos poderes fácticos, sea mediáticos, económicos o políticos. Las diferencias entre el número de avales y el número de votos de los candidatos, dice mucho de la independencia con la que se han comportado los afiliados del PSOE.

c) Los resultados han puesto de manifiesto la importante brecha existente entre la militancia y lo que coloquialmente se llama el “aparato”, constituido en este caso por los “barones” regionales (en su gran mayoría decantados a favor de Susana Díaz) y por una Comisión Gestora que, más allá de la aparente neutralidad de su presidente (el asturiano Javier Fernández), no ha sido, en opinión de muchos militantes, imparcial. La imagen de la concentración de militantes en las puertas de Ferraz gritando “Esta casa es nuestra”, acompañados de gritos de “¡Pedro! ¡Pedro!” y del canto de La Internacional, vale más que mil palabras, mostrando la brecha entre una “aparato” y una “militancia” que interpretaba la victoria de Pedro Sánchez como una especie de “reconquista” del fortín socialista del que habían sido desalojados.

d) La derrota de Susana Díaz supone también el fin de lo que se ha llamado el “felipismo”, retratado en el apoyo a la dirigente sevillana de los más emblemáticos dirigentes socialistas (Felipe, Guerra, Rodríguez de la Borbolla, Abel Caballero, Bono,…) y de los secretarios generales Zapatero y Rubalcaba (no así de Almunia), que hoy puede que estén lamentándose de no haber apoyado a Patxi López. Es un rechazo en toda regla de una generación de políticos socialistas que han contribuido a las reformas democráticas de nuestro país, pero que se ha resistido a dejar la primera fila y se ven desairados por un amplio sector de la militancia que no se reconoce en ellos.

e) En cuanto a las reacciones de los candidatos derrotados, la de Patxi López fue impecable felicitando al ganador, poniéndose al servicio del nuevo Secretario General y dispuesto a colaborar para unir e integrar al PSOE. Por el contrario, no se puede decir lo mismo de la reacción de Susana Díaz. En su corto discurso, no se puso a disposición de Pedro Sánchez, sino a la del partido (¿qué significa eso?), y salió de Ferraz de manera intempestiva sin esperar a escuchar las palabras del nuevo Secretario General. Comprendo que no era plato de buen gusto para Susana Díaz salir a escena en esa aciaga noche, cuando todas las grandes expectativas de victoria que se le habían creado por ese círculo de aduladores que suelen acompañar a los políticos, se habían venido abajo en cuestión de minutos. Pero, la imagen de su reacción en la noche del 21M, rectificada al día siguiente, quedará en la memoria de los militantes socialistas, y puede que actúe como una pesada losa sobre Susana Díaz si algún día decide reiniciar el proceso de conquista del poder en el PSOE.

f) La reacción del ganador Pedro Sánchez, tiene dos lecturas. Una interna, dirigida a los militantes que le han apoyado, a los que les ha trasladado con bastante realismo que nada termina el 21M, sino que todo empieza esa noche, dando a entender que comienza un camino nada fácil de renovación del partido, cuyo primer escenario de dificultad será el próximo congreso extraordinario. Como corolario de ese mensaje interno, está la mano tendida a todo militante que, no votando a su candidatura, esté dispuesto a participar en ese proceso de reforma y regeneración. La lectura externa se puede expresar en el cambio del “No es No” que le ha acompañado en su campaña, al “Sí es Sí” que gritaban sus votantes en la noche de las primarias. Si unimos eso a la afirmación de Pedro Sánchez de que el PSOE, además de aspirar a sustituir en la jefatura del gobierno al PP, hará una oposición útil, nos encontramos con un mensaje que no parece guiado por el resentimiento, sino que se proyecta al futuro, un futuro cuya primera prueba de fuego será la moción de censura presentada por Unidos Podemos hace unos días.

Son impresiones de una noche de la que se sale con la convicción de que el cambio y la regeneración del PSOE comienzan, efectivamente, el día después del 21M, pero también con la sensación de que no va a serle fácil a Pedro Sánchez y su equipo. Su fuerza, basada en la militancia, es una fuerza emocional, lo que no es baladí, pero carece de la fuerza orgánica necesaria en todo partido político para emprender una reforma profunda de sus estructuras y modelo de funcionamiento.

Me temo que las primarias han sido un primer asalto de un combate que tendrá en el congreso extraordinario de junio su continuidad, aunque no su desenlace final. Sectores hoy instalados en el “aparato” se resistirán a perder sus posiciones de poder en favor de una militancia que, en su mayor parte, está formada por afiliados que no han ocupado cargos orgánicos y que aspiran a ocuparlos, o por militantes con cuentas pendientes dispuestos a saldarlas. De cómo satisfacer esas aspiraciones, y de cómo frenar la inevitable actitud revanchista que suele instalarse en los corazones despechados, dependerá el futuro del proyecto de Pedro Sánchez, pero también el futuro del PSOE como alternativa de gobierno.

El cambio y regeneración del PSOE no puede hacerlo sólo el grupo ganador, por mucho que haya obtenido una incuestionable victoria con más de la mitad de los votos de los militantes. Necesita contar con una amplia base de apoyo, y eso pasa por atraer a lo mejor de los equipos de los otros dos candidatos, equipos que cuentan con personas de valía política y profesional que no pueden ni deben ser desaprovechadas en un arrebato de soberbia y arrogancia por parte de los ganadores.

Porque no es sólo sustituir unos cargos por otros, sino algo mucho más difícil, como es elaborar un programa de gobierno con propuestas creíbles y factibles que respondan a los complicados retos de la España del siglo XXI (de reformas económicas, de regeneración política, de igualdad y cohesión social, de reforma de la estructura territorial del Estado, de posicionamiento en la escena europea,…) y que marquen diferencias respecto a otros partidos.

Pero para ello, el PSOE se tiene que mostrar como un partido reconocible, dispuesto a afrontar ese desafío en cooperación con otras fuerzas políticas afines, pero también con partidos que, situados en posiciones ideológicas distintas, son necesarios para abordar las reformas constitucionales y los grandes temas de Estado. Tal es la diferencia entre un partido con vocación de gobierno, que es lo que ha sido el PSOE en estos cuarenta años de democracia, y un partido condenado a ocupar un espacio en la oposición. Ese es el dilema que tiene que resolver Pedro Sánchez y el equipo que salga del congreso de junio.

PERSPECTIVAS  POLÍTICAS  PARA  2017  EN  ESPAÑA

Tras el extraño y convulso 2016, la política española afronta este nuevo año con un panorama de mayor certidumbre. Ello no implica que esté exenta de los riesgos que conlleva formar parte de una UE que se enfrentará a importantes retos (Brexit, elecciones en Francia y Holanda, refugiados, crisis económica,...), pero lo cierto es que, comparando nuestra situación política interna con la del año anterior, la de este 2017 es bastante menos incierta.

No hay elecciones ni autonómicas ni municipales a la vista, y el gobierno de Rajoy, aunque en minoría parlamentaria, tiene margen de maniobra suficiente para, jugando diversas cartas, asegurarse la estabilidad necesaria en esta legislatura. Algunas de ellas ya las ha sabido jugar con relativo éxito al lograr, con amplio apoyo (Cs, PSOE, CC y PNV), que se aprobara el techo de gasto, un éxito que previsiblemente tendrá continuidad con la aprobación de los presupuestos (gracias también a Cs, CC y PNV, que neutralizarán con su voto favorable la enmienda a la totalidad anunciada por los socialistas y por Unidos Podemos).

Además, queda prácticamente despejada la incógnita de la posible reforma constitucional, al concluir PP, PSOE y Cs que no hay condiciones para ello, dada la actitud rupturista de Unidos Podemos y su disposición a imponer un referéndum incluso para reformas menores que no lo exigen (al contar con el número de diputados necesario para ello). El debate se concentrará, por tanto, en otros temas de menor calado político, aunque no menos importantes para los ciudadanos (como el pacto educativo, la reforma de las pensiones, la subida del salario mínimo, el bono social para abordar el problema de la pobreza energética o la reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas).

Aun así, los más importantes partidos del arco parlamentario afrontan un año de congresos (nacionales y regionales) en los que procederán a renovar sus estructuras, definir sus discursos ideológicos y marcar sus estrategias políticas. Sin embargo, son muy diferentes las situaciones en que los diversos partidos se presentan a sus respectivos congresos.

El PP celebrará con tranquilidad su congreso nacional en primavera. Bajo el liderazgo indiscutible de Rajoy, irá preparando la renovación, sin prisas, pero sin pausas, en un contexto muy favorable desde la posición de gobierno que ostenta, sólo empañado por la abierta ruptura de Aznar, que, por ahora, no parece amenazar la cohesión interna del partido. El sistema de elección mediante delegados, y no por primarias, le garantiza al PP una renovación controlada, sin tensiones, ni situaciones imprevistas.

La situación del PSOE es muy diferente. Tras la crisis abierta con la dimisión de Pedro Sánchez y la constitución de la Comisión Gestora, el próximo congreso lo afronta en una situación aún enrarecida y con un partido abierto en canal y afectado por divisiones internas y por heridas todavía no cicatrizadas. Ninguno de sus dirigentes se atreve a mostrar sus cartas para la candidatura a la secretaría general. Parece que quisieran esperar hasta última hora para hacerlo, a fin de evitar anticiparse a lo que hagan los posibles rivales, dado el alto riesgo que asumen.

El caso de Susana Díaz es significativo. Señalada por todos los medios de comunicación como la candidata mejor situada en la carrera por dirigir el PSOE, no se atreve aún a decidirse, dada la animadversión que despierta en amplios sectores de la militancia por considerarla responsable del modo como se produjo la defenestración de Pedro Sánchez y la principal valedora de la abstención en la investidura de Rajoy. Dado que la elección del secretario general del PSOE será mediante primarias en las que cada militante tiene un voto, el riesgo que corre Susana Díaz es elevado.

Por eso, ante el hecho de no tener asegurada la victoria y ante el riesgo de que un enfrentamiento con Pedro Sánchez provocaría una ampliación de las divisiones internas en el PSOE, se va abriendo paso la idea de que haya un candidato de consenso (¿Patxi López?) que, en una etapa de transición, desempeñe un papel de apaciguamiento. De ese modo, dentro de tres años, el partido estaría en mejores condiciones que ahora para realizar la renovación definitiva de sus cuadros dirigentes y para definir con más calma sus principios programáticos.

Mientras tanto, el PSOE intenta recomponer su estrategia parlamentaria para hacerse visible ante la opinión pública como el primer partido de la oposición de izquierda, en clara disputa con Unidos Podemos. Hasta ahora, y con la buena interlocución que mantiene con el grupo parlamentario del PP, parece que lo está logrando al haber alcanzado acuerdos en temas importantes (como la subida del salario mínimo o el bono social). Pero la legislatura es larga y veremos si se mantiene la buena relación PP-PSOE a la vista de futuros acontecimientos (entre ellos el desenlace final del congreso socialista).

En lo que se refiere a Cs, el partido de Albert Rivera está pagando el precio de no haber querido formar parte de un gobierno de coalición con el PP. La fuerte beligerancia que mostró en las dos campañas electorales ante los temas de la corrupción en el PP, y la feroz crítica de Rivera contra Rajoy, hicieron que Cs tuviera las manos atadas para negociar su posición de cara a la formación del nuevo gobierno. Después del voto favorable a la investidura, lo más razonable hubiera sido que Cs entrara en el gobierno de Rajoy asumiendo dos o tres carteras ministeriales, pero estrechó tanto su margen de maniobra, que acabó siendo presa de sus propias exigencias. Fuera del gobierno, Cs está ahora en una posición extraña, en la que corre el riesgo de perder visibilidad y de diluirse en la oposición. Por eso, afronta su próximo congreso en una situación delicada, ya que tiene que definir bien su estrategia para la legislatura si no quiere quedar reducido a una posición irrelevante a pesar de haber sido, con su voto favorable, el artífice de que Rajoy esté hoy en el gobierno.

Por su parte, Podemos está sometido a fuertes tensiones internas de cara a su próximo congreso (Vistalegre 2). Dada su cultura abierta y participativa, esas tensiones se manifiestan con claridad y de manera algo infantil en las redes sociales, habiéndose expresado ya en las distintas asambleas regionales y en los “círculos”. Más allá de lo que ocurra dentro de las “mareas” y otras formas de organización, que, como se sabe, son partidos federados, pero independientes del partido que dirige Pablo Iglesias, la realidad nos dice que, dentro de Podemos, hay una fuerte lucha por el poder en la que se dirimen, además de disputas personales, modelos distintos de concebir la estructura del partido y estrategias políticas diferentes. En ese debate, demasiado personalizado en las figuras de Iglesias y Errejón (puesto que el grupo de los llamados “anticapitalistas” desempeña un papel fundamental), lo que se discute es el futuro modelo de Podemos como partido político.

La estrategia de Iglesias (cual un nuevo Anguita) es consolidar la alianza con la IU de Garzón y, abandonando su populismo inicial, refundar una izquierda que se oponga frontalmente al PSOE hasta superarlo y, si fuera posible, destruirlo. Esta ha sido siempre la gran aspiración de la izquierda comunista, que ahora confía en Iglesias para lograrlo en una estrategia de difícil ejecución, dada la todavía escasa vertebración interna de Unidos Podemos.

Frente a esa estrategia se sitúa Errejón, quien, coherente con el discurso populista que siempre ha defendido y que ha contribuido con sus escritos a darle cuerpo teórico e intelectual, defiende lo que llama “transversalidad” (pues, no olvidemos que el verdadero populista es Errejón, dicho esto sin ningún sentido peyorativo). Con el término de “transversalidad” lo que Errejón y sus seguidores pretenden es construir una alternativa de gobierno que no tenga por eje la clásica identidad de clase que ha caracterizado a los tradicionales partidos de izquierda, sino que agrupe de manera “transversal” al pueblo, a la “gente”. Con actitudes menos radicales y frentistas, sino más moderadas y amables, y con presencia más activa en las instituciones, aspiran a que Podemos logre atraer a un electorado diverso (de todo el espectro ideológico) desencantado con los grandes partidos.

El objetivo de los ya denominados “errejonistas” no es, por tanto, superar ni destruir al PSOE a corto plazo con una estrategia frontal, como pretende Iglesias, sino ir socavando poco a poco, sin prisas, las bases de apoyo socialista (y también las de Cs e incluso las del PP) para atraerlas a un partido con una cultura nueva y diferente de la tradicional y con una imagen institucional que lo haga creíble como alternativa de gobierno.

Por eso, Errejón y su grupo se empeñan en actuar de manera propositiva en las instituciones y en defender el modelo de democracia participativa que está en la esencia de Podemos como legado del 15M. Y por eso, se resisten a aceptar lo que entienden es la deriva autoritaria en que han caído Iglesias y sus seguidores al asumir la herencia del más rancio centralismo democrático de los viejos partidos comunistas. Ahí radica la clave del pulso que han tenido ambos grupos sobre el modo en que deben desarrollarse las deliberaciones en el próximo congreso de “Vista Alegre 2”, un congreso que, si es de integración, supondrá un fuerte impulso al proyecto de Podemos, pero que si profundiza las divisiones internas será el comienzo de su defunción.

En definitiva, el panorama político del año 2017 parece presentarse relativamente tranquilo en nuestro país, si bien con el tema del secesionismo catalán en el horizonte. Pero eso no es ninguna novedad, ya que también ha estado presente durante los dos años anteriores. El “bloque constitucionalista” (llamado así porque está formado por los partidos PP, PSOE, Cs y CC, que no cuestionan el actual marco constitucional, sino sólo reformarlo parcialmente cuando se den las condiciones propicias) es lo suficientemente amplio y cohesionado en el tema del modelo territorial como para poder gestionar la “cuestión catalana”. Con una equilibrada combinación entre los instrumentos que el ordenamiento jurídico vigente pone a disposición del gobierno, y una apuesta firme por introducir reformas en el tema de la financiación, el “bloque constitucionalista” espera socavar la base de apoyo de los partidos independentistas.

Es bueno que la legislatura sea larga y estable, ya que eso irá en beneficio de la recuperación económica, que es hoy por hoy la principal preocupación de los españoles tal como se viene reflejando en las sucesivas encuestas del CIS. A esa estabilidad contribuirá, sin duda, un buen entendimiento entre los partidos políticos (especialmente entre PP, PSOE, Cs y PNV), para lo cual es necesario que el PP sea consciente de que gobierna en minoría y precisa de pactos para sacar adelante su programa de gobierno. Pero también es necesario que esos otros partidos comprendan que una legislatura larga les beneficia a ellos de igual modo y que por ese motivo deben evitar estrategias obstruccionistas que sólo provocarían un adelanto electoral.

¿REFORMAR   LA  CONSTITUCIÓN?   

Desde hace varios años, se viene hablando de reformar nuestra Constitución para adaptarla a la realidad de una sociedad como la española que ha experimentado un fuerte proceso de cambio en las cuatro décadas transcurridas desde su aprobación en 1978. 

Es un debate que suele intensificarse en los actos conmemorativos anuales del 6 de diciembre, pero que está más presente en los dirigentes políticos, que en las preocupaciones de la ciudadanía, más interesada en cómo salir de la crisis económica y en afrontar las dificultades del día a día.

Todos los partidos políticos admiten que hay cuestiones pendientes que justificarían una reforma constitucional. Temas como el de la sucesión en la Corona (la actual Constitución proclama la prioridad del varón sobre la mujer), la integración de España en la Unión Europea (que no está recogida en el texto constitucional al haberse producido con posterioridad a 1978), la estructura territorial (regulada de forma poco eficiente en el Título VIII) o la protección de derechos sociales (como sanidad, educación y dependencia, que no están suficientemente garantizados), son algunos de los temas que se esgrimen para justificar la reforma de nuestra Constitución.

Obviamente, la carta constitucional es un texto que puede ser modificado (ya lo ha sido en dos ocasiones), y en su Título X se establece el procedimiento a seguir para reformarlo. Muchos países han reformado su Constitución, como los EE.UU., que, en sus más de doscientos años de vida, han introducido veintisiete enmiendas (la última en 1991); Alemania ha reformado la suya de 1949 en varias ocasiones (la última en 2006 para modificar el reparto de competencias entre el gobierno central y los gobiernos regionales de los Länder). No tiene, por tanto, nada de extraño que se plantee la reforma de la nuestra.

Sin embargo, en España, desde La Pepa de 1812, se tiene una larga (y trágica) historia constitucional, en la que han brillado más las derogaciones y cambios violentos de nuestras Constituciones, que las reformas consensuadas. La falta de amplios acuerdos políticos ha conducido a que nuestras cartas constitucionales hayan sido derogadas, antes que reformadas, propiciando con ello cambios de régimen político.

Es por eso que, en nuestro país, se trata con bastante cautela el tema de la reforma de una Constitución como la de 1978, que ha dado lugar a un largo periodo de cuarenta años de estabilidad política. Es tal esa cautela, que el citado título X establece un procedimiento bastante complicado para ello, exigiendo amplias y reforzadas mayorías tanto en el Congreso, como en el Senado. Exige también su aprobación por referéndum si la reforma afecta a determinadas partes del texto constitucional (por ejemplo, al Título Preliminar sobre Principios Fundamentales; al capítulo 2 del Título Primero sobre Derechos Fundamentales y Libertades Públicas; o a todo el Titulo Segundo, sobre la Corona).

Por ese motivo, se dice, y con razón, que para reformar la Constitución se necesita que exista un amplio consenso político, y que, si ese consenso no se da, es mejor no abordarla. El ejemplo reciente de Italia es significativo. Plantear, como ha hecho el ya exprimer ministro Matteo Renzi, una reforma constitucional y someterla a referéndum sin tener el apoyo suficiente, es un acto político del máximo riesgo. Por esta razón, se comprende que Rajoy, como presidente de gobierno, se niegue a abrir el tema de la reforma constitucional si no percibe que haya un gran acuerdo sobre lo que se quiere reformar.

No obstante, cabe preguntarse si existe en España el consenso suficiente para abordar la reforma de la actual Constitución. No lo parece. Todos los partidos coinciden en la conveniencia de modificarla, pero no hay coincidencia en lo que se quiere reformar.

El PP y Cs hablan de introducir mínimas reformas que no alteren el cuerpo central del texto constitucional y que no precisen de un referéndum de aprobación (reforma exprés). El PSOE plantea reformas parciales en algunos artículos, y la modificación del título VIII para sancionar un modelo federal de organización territorial. A la luz de esas posiciones, podría pensarse que habría posibilidad de un consenso entre esos tres partidos, pero la situación es más compleja de lo que parece.

Unidos Podemos no habla de reformar la Constitución, sino de derogarla para abrir un proceso constituyente que dé lugar a un texto completamente nuevo al aprobado en 1978. Si Unidos Podemos fuera un partido marginal en la escena política española, los demás partidos podrían plantear sin ningún riesgo una reforma constitucional de calado que atraiga un amplio apoyo político y social, similar al que obtuvo la actual Constitución.

Pero Unidos Podemos no es marginal, sino que tiene una presencia importante en la vida política (con más de cinco millones de votos en las pasadas elecciones) y una fuerte capacidad de movilización social. Además, con sus 71 diputados, puede exigir un referéndum para cualquier reforma por pequeña que sea. Recordemos que el art. 167.3 establece que todo proyecto de reforma, incluso aunque sólo afecte a una parte del texto constitucional que no requiera un referéndum de aprobación, tendría que ser sometido a refrendo popular si así lo solicita la décima parte de los miembros de cualquiera de las dos Cámaras, y Unidos Podemos disponen del número necesario de diputados en el Congreso para ejercer esa prerrogativa.

Por eso, al igual que se dice que, sin el PP, no es posible reformar la Constitución, dada su mayoría absoluta en el Senado, cabe decir también que, sin el apoyo de Podemos, habría un riesgo elevado de que la reforma fuera rechazada por la población en referéndum, lo que, si ocurriera, generaría una grave crisis política. Dadas las pretensiones de Unidos Podemos de abrir un proceso constituyente que ni PP, PSOE y Cs ven necesario, y dada su negativa a abordar reformas parciales, no parece que se den las condiciones para afrontar con garantía de éxito la modificación de nuestra Carta Magna.

Además, la reforma de la Constitución no es, hoy, algo perentorio. A diferencia de lo ocurrido en 1978, cuando era urgente disponer de un texto constitucional para llenar el vacío del proceso de reforma política y avanzar en el camino hacia la democracia, ahora esa urgencia no existe. Puede que sea necesario reformar la Constitución, pero lo que está claro es que no hay urgencia en hacerlo, y que se puede esperar a encontrar el momento adecuado y a lograr el amplio consenso que ello exige.

No parece que la actual legislatura (polarizada, sin mayorías claras, con algunos partidos sometidos a complicados procesos de reestructuración interna) y la persistencia de una grave crisis económica aún sin resolver, sean el momento propicio para abordar la reforma del texto constitucional.

Pero no reformar la Constitución no debe ser sinónimo de parálisis política. Los temas ya mencionados, y que, sin duda, justifican la reforma de nuestra Constitución pueden ser gestionados mientras tanto por la vía legislativa o por una acción eficaz del gobierno.

El tema territorial, por ejemplo, podría clarificarse utilizando el potencial que encierra el actual articulado de la Constitución (en concreto, del art. 149), y el tema catalán podría desatascarse con una reforma del modelo de financiación y con una política de gestos, de buen entendimiento y de cooperación, que quite presión y vaya minando la base de apoyo que tiene hoy la opción secesionista.

En lo que se refiere a los derechos sociales, no parece que se hayan visto socavados por no estar suficientemente protegidos en nuestra Constitución, sino más bien como consecuencia de los recortes ocasionados por la crisis económica que sufre nuestro país desde 2007. Por su parte, los temas europeos se han gestionado razonablemente bien desde 1986 sin necesidad de reformar la Constitución, y podría seguir siendo así. Finalmente, el tema del orden sucesorio en la Corona, puede esperar, dada la circunstancia de que el rey Felipe VI no tiene varón en su descendencia

En definitiva, reformar la Constitución es algo necesario, pero no es urgente. Si no se cuenta con un amplio consenso, y no parece que exista por ahora dada la polarización existente en nuestra vida política, sería mejor dejar la reforma para otro momento más propicio.

Mientras tanto, es necesario que el gobierno y los partidos de la oposición se esmeren en sacar adelante una complicada legislatura, construyendo puentes que permitan recuperar la cultura del consenso y el diálogo para asegurar la gobernabilidad de nuestro país. Sólo así se podrán crear las condiciones adecuadas para abordar la reforma de nuestra Constitución.

ABSTENCIÓN  SOCIALISTA  E  INTERESES  GENERALES
(actualizado después de la votación en el Comité Federal del PSOE)   

Entramos en unos días cruciales para que se produzca el desbloqueo de la actual situación política en España. En el Comité Federal del PSOE del domingo, se ha decidido por 139 votos a favor y 96 en contra, abstenerse en la segunda votación de la sesión de investidura de Rajoy, lo que facilitará la formación de un gobierno del PP.

Ha sido una sesión impecable en términos democráticos, tras más de 50 intervenciones (unas a favor de la abstención y otras en contra). Consultar a la militancia era una propuesta legítima, pero también la de no hacerlo, ya que los estatutos del PSOE indican que es el Comité Federal el órgano competente en temas relacionados con la política de pactos. Por tanto, el PSOE ha hecho un buen ejercicio de democracia interna. Ahora toca explicar la decisión y asumir las críticas internas y externas que puedan venir.

Lo que me interesa aquí es reflexionar sobre el tema de la gobernabilidad y el interés general, un tema que ha sido tenido poco en cuenta en este endemoniado carrusel táctico en el que cada dirigente socialista, cada militante y muchos votantes del PSOE, han hecho sus cábalas y valoraciones pensando siempre desde una perspectiva de partido.

También este tema ha estado ausente en la estrategia inmovilista del PP desde el 20-D, una estrategia guiada por intereses partidistas, esperando que sean los demás partidos los que se agoten, sin importarle ni un ápice el problema de la gobernabilidad y los intereses generales del país. Si le hubiera importado, se habría abstenido ante el pacto PSOE-Cs o incluso habría propuesto otro candidato distinto a Rajoy en la pasada sesión de investidura.

Centrándonos en el entorno socialista, encontramos, de un lado, a los que defienden la abstención, y así lo han planteado en el Comité Federal, a entender que es la mejor opción para el PSOE si se quería evitar unas terceras elecciones que conducirían a un empeoramiento de la situación del partido ante las expectativas de que el PP incremente su apoyo electoral y Podemos logre el sorpasso que no consiguió el 26-J. El dirigente extremeño Fernández Vara, uno de los más firmes defensores de la abstención, ha sido claro en este sentido: “No estamos eligiendo entre que gobierne o no Rajoy, sino entre que gobierne hoy o lo haga dentro de 55 días en mejores condiciones que ahora”. Es éste un planteamiento defensivo con la mirada puesta en los intereses a corto plazo del PSOE.

De otro lado, están los que han venido opinando que no se debe permitir que gobierne un partido corrupto como el PP, presidido por un dirigente como Rajoy, cómplice por acción u omisión de los desmanes de la trama Gürtel o de los papeles de Bárcenas. Esa posición, defendida con firmeza en el Comité Federal, y apoyada aparentemente en una base ética (es inmoral facilitar el gobierno a Rajoy), está también marcada por un objetivo táctico (si el PSOE se abstiene, cavará su propia tumba y será sustituido por Podemos en el liderazgo de la izquierda).

Entre los partidarios de alguna de esas dos opciones no he escuchado argumentos guiados por el interés general y que vayan más allá de los intereses partidistas. Salvo alguna excepción (como la de Ramón Jáuregui), no he oído decir a los actuales dirigentes socialistas que, en ausencia de mayoría alternativa, la abstención deba justificarse por el objetivo de favorecer la gobernabilidad de un país como el nuestro sumido en una coyuntura tan compleja como la actual. Tampoco he escuchado apelar al interés general entre los que apuestan por la no abstención y el rechazo a la investidura de Rajoy. Sólo he escuchado posicionamientos tácticos guiados por el interés de partido.

Sin embargo, creo que el tema de la gobernabilidad y el interés general es relevante y debería haber estado presente en los debates del Comité Federal del PSOE. Una vez tomada, la abstención no debe presentarse como un mal menor, como una mera justificación táctica planteándola como si fuera algo vergonzante para el partido, sino explicarla en positivo, en términos de la gobernabilidad y los intereses generales, y obrar en consecuencia. No sentir vergüenza por abstenerse, sino hacerlo con el orgullo de contribuir a la gobernabilidad de nuestro país en un momento tan complicado como el de ahora y ante la magnitud de los retos que tenemos por delante.

Sólo así el PSOE podrá marcar un territorio diferenciado respecto a otros grupos (como Podemos) y podrá estar en condiciones de recuperar ante la ciudadanía la credibilidad como alternativa de gobierno, aunque ello le suponga costes elevados entre sus militantes. Sólo desde esa base, la abstención tendrá alturas de miras y no será una decisión política de vuelo bajo pensando sólo en los intereses del partido.

Porque si, guiada por un objetivo táctico, la abstención queda como una decisión coyuntural para permitir que Rajoy forme gobierno, pero el PSOE opta, como ya han señalado algunos dirigentes socialistas (como Iceta o Madina), por una estrategia obstruccionista en el Parlamento para hacer imposible que el PP gobierne, me temo que el recorrido de la legislatura será muy corto, y tendremos nuevas elecciones de aquí a un año. Lo único que se habría conseguido con ello es desbloquear temporalmente la situación política de hoy, pero para continuar con el bloqueo al día siguiente de la formación del nuevo gobierno. Para ese viaje, el PSOE no necesita las alforjas de la abstención, salvo que con ello sólo busque ganar tiempo con la esperanza de recomponer sus hoy mermadas y divididas bases de apoyo y hacer frente al empuje de Podemos.

Comprendo que en la lógica interna de todos los partidos políticos, cuya aspiración es alcanzar el poder, las decisiones se suelen tomar pensando en los intereses del partido, y así ha sido desde que se fundó la democracia en Atenas. Pero en partidos con vocación de gobierno se debe pensar también en el interés general, contribuyendo a asegurar la gobernabilidad, generando certidumbre y garantizando la estabilidad política.

Y eso, en el caso del PSOE, no sólo consiste en que el aún primer partido de la oposición se abstenga para, ante la imposibilidad de armar una mayoría alternativa, facilitar el gobierno del partido que ganó las elecciones el 26-J. Es necesario, además, que adopte una actitud colaboradora y apueste por una estrategia basada en la cultura del pacto y el acuerdo sobre los grandes retos que tiene pendiente nuestro país, en vez dejarse atrapar por la táctica de Podemos de bloquear desde el minuto uno la acción del gobierno.

Obviamente, para alcanzar acuerdos es necesario que el futuro gobierno del PP tenga una actitud favorable a ello, abandonando posiciones excluyentes y estableciendo puentes con los grupos de la oposición para abordar materias tan importantes como la reforma constitucional (para tratar de darle una salida a las tensiones territoriales), la reforma educativa, la seguridad ciudadana, la lucha contra el terrorismo yihadista, la reforma de las pensiones o la participación activa en las instituciones europeas.

La primera prueba de toque se verá en el próximo discurso de investidura de Rajoy, donde el candidato del PP tendrá oportunidad de mostrar cual será la actitud de su gobierno para la próxima legislatura y cómo piensa gobernar en situación de minoría. Ahí, en la sesión de investidura, Javier Fernández, el presidente de la Comisión Gestora del PSOE, tendrá también la oportunidad de mostrar ante los ciudadanos qué actitud van a desarrollar los diputados socialistas en su labor de oposición: si cooperadora u obstruccionista.

Si el PSOE es capaz de definir en el debate de investidura una estrategia propia (no seguidista ni dependiente de lo que haga Podemos) y es capaz de mostrar su voluntad de alcanzar grandes acuerdos de gobernabilidad con el PP, siempre que éste muestre también una actitud abierta y colaboradora, le habrá merecido la pena el enorme esfuerzo de abstenerse. Marcará con ello un territorio propio en su estrategia de oposición, un territorio acorde con la trayectoria reformista y de vocación de gobierno que ha tenido el PSOE desde 1978, y que está en la esencia de su ideología socialdemócrata, aunque ello le genere deserciones entre su militancia.

Pero si la estrategia de la abstención va a consistir en desbloquear la actual situación política para bloquear más tarde la acción de gobierno apuntándose a tácticas obstruccionistas y de movilización permanente, de poco le habrá servido al PSOE abstenerse salvo para ver cómo se amplían las divisiones y desgarros internos que ha sufrido en estos últimos meses y cómo se achica su espacio político en beneficio de otros partidos.