CATALUÑA
(II)
(continuación del texto publicado en este blog el 04/02/2017)
La deriva de ilegalidad (tanto en lo que supone
violar las normas de la Constitución, como la del propio Estatut) ha sido algo consustancial
con el “procés”, culminando con la aprobación unilateral de la ley de
referéndum y las leyes de desconexión.
Sin embargo, el modo como se llevó a cabo su tramitación
en el Parlament en las sesiones de los días 6 y 7 de septiembre (transgrediendo
las reglas del juego parlamentario, desoyendo los informes de los letrados y del
Consejo de Garantías Estatutarias, y violando los derechos de las minorías) ha
sido la culminación de otra deriva que no estaba implícita en el “procés”, su
deriva autoritaria. Esa deriva ha sido de tal calibre, que incluso ha provocado
la desafección de algunos políticos que hasta ahora habían mostrado su apoyo al
derecho a decidir (el discurso del diputado Coscubiela, portavoz del grupo
“Catalunya Sí que es Pot”, es el mejor ejemplo).
Son bien conocidos los factores que han llevado a
la grave situación en que nos encontramos (ver el texto publicado en este blog el 04/02/2017). No un factor, sino una combinación de varios
factores, han contribuido en mayor o menor medida a que se llegue a la grave
situación actual. De nada vale lamentarse. Hasta ahora, el fracaso de la política ha sido innegable.
Sin embargo, llegados a este punto de deriva autoritaria y de flagrante violación de la legalidad por parte del gobierno de la Generalitat y del Parlament, pocas opciones caben de aquí al 1 de Octubre, más allá de utilizar los instrumentos jurídicos del Estado de derecho (TC, fiscalía,…).
La opción jurídica es la que está utilizando el gobierno de Rajoy, apoyado sin fisuras en este tema por PSOE y Cs, que han visto con claridad la gravedad del desafío soberanista. Significativa, por ambigua, es la posición de Unidos Podemos, paralizado en sus divisiones internas y justificando su ambigüedad con el argumento de respetar la libertad ciudadana a movilizarse y el derecho a decidir de los catalanes (la división mostrada por Podemos en la pasada Diada ha sido paradigmática).
Sin embargo, llegados a este punto de deriva autoritaria y de flagrante violación de la legalidad por parte del gobierno de la Generalitat y del Parlament, pocas opciones caben de aquí al 1 de Octubre, más allá de utilizar los instrumentos jurídicos del Estado de derecho (TC, fiscalía,…).
La opción jurídica es la que está utilizando el gobierno de Rajoy, apoyado sin fisuras en este tema por PSOE y Cs, que han visto con claridad la gravedad del desafío soberanista. Significativa, por ambigua, es la posición de Unidos Podemos, paralizado en sus divisiones internas y justificando su ambigüedad con el argumento de respetar la libertad ciudadana a movilizarse y el derecho a decidir de los catalanes (la división mostrada por Podemos en la pasada Diada ha sido paradigmática).
En ese escenario, y en el sector no independentista, se oyen voces de distinto
signo. De un lado, están los que critican al gobierno Rajoy por su debilidad y
le exigen más contundencia en la respuesta, lo que implicaría la aplicación del
art. 155 de la Constitución y la retirada de las competencias al gobierno de la
Generalitat.
De otro lado, los que consideran prudente y proporcionada la respuesta del gobierno para no caer en lo que están buscando los secesionistas, y que no es otra cosa que la confrontación con las fuerzas de seguridad del Estado de tal modo que pueda provocarse una situación de violencia que modifique el actual escenario en favor del secesionismo permitiéndole romper el aislamiento internacional que ahora tiene.
También están los que critican la judicialización excesiva del problema catalán y las decisiones adoptadas por la fiscalía (citación de los alcaldes, acusación de sedición a los promotores delas manifestaciones,...) y por algunos jueces (como la detención de algunos funcionarios de la Consejería de Economía de la Generalitat).
Finamente, no son pocos los que, pensando más en el “día después”, abogan por una reforma de la Constitución que defina un nuevo modelo de organización territorial posibilitando no sólo un mejor acomodo de la cuestión catalana, sino un mejor funcionamiento del Estado de las Autonomías (ésa es la intención de la propuesta del PSOE de crear una comisión parlamentaria con ese propósito).
Ante ese panorama, me permito hacer algunas reflexiones.
De otro lado, los que consideran prudente y proporcionada la respuesta del gobierno para no caer en lo que están buscando los secesionistas, y que no es otra cosa que la confrontación con las fuerzas de seguridad del Estado de tal modo que pueda provocarse una situación de violencia que modifique el actual escenario en favor del secesionismo permitiéndole romper el aislamiento internacional que ahora tiene.
También están los que critican la judicialización excesiva del problema catalán y las decisiones adoptadas por la fiscalía (citación de los alcaldes, acusación de sedición a los promotores delas manifestaciones,...) y por algunos jueces (como la detención de algunos funcionarios de la Consejería de Economía de la Generalitat).
Finamente, no son pocos los que, pensando más en el “día después”, abogan por una reforma de la Constitución que defina un nuevo modelo de organización territorial posibilitando no sólo un mejor acomodo de la cuestión catalana, sino un mejor funcionamiento del Estado de las Autonomías (ésa es la intención de la propuesta del PSOE de crear una comisión parlamentaria con ese propósito).
Ante ese panorama, me permito hacer algunas reflexiones.
1) De acuerdo con la Constitución de 1978, el
derecho a decidir en asuntos que afectan a la soberanía nacional y a la
estructura territorial del Estado, es un derecho de todos los españoles y no de
los que viven en una parte del territorio. Los ciudadanos de un municipio o de
una región pueden ser convocados a referéndum sobre temas tales como los estatutos
de autonomía, las ordenanzas municipales, las fechas de determinados
acontecimientos culturales,…, pero no pueden serlo para decidir sobre temas que
afectan al conjunto de la sociedad española, como es el caso del modelo
territorial.
2) Esto es así en cualquier democracia europea
(por ejemplo, los ciudadanos de Baviera no pueden decidir por sí solos
separarse del Estado alemán y formar un estado independiente; tampoco pueden
hacerlo los de la región italiana del Veneto o la Campagna, o los franceses de Córcega). El caso de Escocia es
excepcional al no existir en el Reino Unido ninguna carta constitucional que
defina la soberanía nacional e impida la autodeterminación de uno de sus
territorios, lo que ha propiciado que se pudiera realizar el referéndum escocés
previa autorización del gobierno británico. Fuera de la UE,
3) El derecho de autodeterminación, que es a
fin de cuentas lo que se esconde detrás del derecho a decidir, es establecido
como principio general en la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, para
evitar el riesgo de inestabilidad que implica si se llevara a la práctica de un
modo general en todos los casos, se ha ido definiendo en distintas resoluciones
para hacerlo efectivo sólo en los casos de descolonización o en situaciones de
flagrante violación de los derechos humanos en un territorio. Más allá de esos
casos, el derecho de autodeterminación de los pueblos queda en un plano vago y
genérico, y de escasa eficacia jurídica como para apelar a él. Los dirigentes catalanes
no pueden apelar al derecho internacional para legitimar sus aspiraciones de
independencia, ya que Cataluña no es una colonia, sino que goza de autonomía política
plena dentro del Estado español y disfruta de amplias libertades civiles al
igual que cualquier ciudadano de otro país de la UE. Es por esto que su
propuesta de desconexión hacia la independencia no encaja ni en la resolución
2625 de la Carta de Naciones Unidas ni en el Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos firmado por España, siendo además rechazada por las
instituciones europeas.
4) La Constitución española de 1978 no es un
texto inmutable, como no lo es ninguna carta constitucional de cualquier país
del mundo. Puede reformarse, pero siempre de acuerdo con el procedimiento que
en ella misma se establece. Estas son las reglas de juego que hay que respetar
en toda democracia. En el caso español, según el tema que sea objeto de
reforma, se exige una mayoría de dos tercios o de tres quintos en el Congreso,
y una mayoría absoluta en el Senado, además de, en determinados casos, someter el
nuevo texto a referéndum de todos los españoles. Cabe reformar todo, pero
dentro de las reglas que se establece en ella.
5) Nuestra Constitución se ha reformado en dos
ocasiones, y no hay motivos para que no se pueda abordar otra reforma. El
problema es encontrar el momento adecuado para hacerlo, lo que exige alcanzar un
amplio consenso político previo entre los partidos sobre lo que se va a
reformar, evitando abrir un proceso de reforma que acabe convirtiéndose en un
proceso sin control. En mi opinión, es prioritario y urgente abordar la reforma
del título VIII antes que otros asuntos. La forma de estado, la referencia a la
UE o una mayor protección de los derechos sociales y económicos, son asuntos,
sin duda, importantes, pero podrían esperar a otra fase de la reforma
constitucional.
6) Respecto a la reforma del modelo
territorial, hay que tener en cuenta que esa reforma tiene sus límites en la
propia definición de soberanía que establece la Constitución. Por ello, para
que tenga cabida el derecho a decidir (que es en la práctica el ejercicio del
derecho de autodeterminación) sería necesario redefinir el principio de
soberanía (hoy radicado en el conjunto de la sociedad española) para
trasladarlo a los territorios. ¿Es eso posible?. Teóricamente sí, pero en la
práctica no lo veo factible, dada la inestabilidad política que conlleva, ya
que eso implicaría reconocer el derecho de autodeterminación no sólo a
Cataluña, sino a las demás CC.AA. Lo exigirá, sin duda, el País Vasco, y quien
sabe si también Galicia, Andalucía o cualquier otra de las actuales comunidades
autónomas para no ser menos. ¿Queremos abrir un proceso así?
7) La propuesta de referéndum de
autodeterminación pactado que con tanta ligereza se plantea como posible
salida, no la veo factible, ya que eso implicaría hacer vinculantes sus
posibles resultados (entre ellos, el de la independencia), cosa que no es
posible sin cambiar el significado del principio de soberanía, con los problemas
que ello generaría y que he comentado anteriormente. Sólo veo factible, por
tanto, reformar el título VIII y, a partir de esa reforma (que sería votada por
todos los españoles en referéndum), elaborar un nuevo Estatut (similar al que
fue recurrido ante el TC), estatuto que sería votado en referéndum por los
catalanes. Es la única salida que le veo al embrollo al que se ha llegado..Los
independentistas no estarán de acuerdo, pero ellos no son toda Cataluña, sino sólo
una parte de una sociedad como la catalana que es plural y en la que coexisten diversas
opciones que podrán medir su peso en dicho referéndum.
8) La cuestión es si hay consenso político suficiente
para hacerlo así. Parece que un acuerdo entre PP, PSOE y Cs, y algunos otros
grupos minoritarios, lo haría posible, siendo conveniente que el nacionalismo
vasco moderado (PNV) y el catalán (una vez que las aguas se calmen tras el 1-O)
se unieran a ese consenso en torno a la reforma del título VIII. La posición de
Unidos Podemos, que plantea un proceso constituyente (es decir, una nueva
Constitución) y un referéndum sobre la forma de Estado (dada su evidente
posición republicana), no permite pensar en que pueda unirse al consenso en pro
de una reforma constitucional acotada sólo al título VIII, pero en política
nunca se sabe, y no puede descartarse nada a priori. Por supuesto que sería
deseable que Unidos Podemos estuviera también en ese consenso sobre la reforma
del Título VIII, pero si no lo está, se podría seguir adelante sin ellos,
aunque es verdad que ello daría lugar a un escenario poco deseable.
9) Ante la actual situación en Cataluña, sólo
cabe esperar a que pase sin mayores incidencias el 1-O, y, por supuesto, sin
confrontaciones que desemboquen en violencia (confiemos en la lealtad de los
Mossos a la legalidad constitucional, y en la profesionalidad de las fuerzas de
seguridad para gestionar posibles altercados o provocaciones). Una vez
transcurrida esa fecha, la “cuestión catalana” seguirá presente, aunque el
contexto será otro. Probablemente, habrá convocatoria de elecciones en Cataluña
cuyos resultados determinarán, sin duda, un nuevo escenario parlamentario, con
una recomposición de la jerarquía política dentro de las fuerzas nacionalistas
y con una redefinición de las correspondientes estrategias.
10) Ello
abrirá un escenario de oportunidades para que, desde el gobierno del Estado y desde la Generalitat, pueda gestionarse el problema catalán con nuevos bríos y
con propuestas concretas. Es verdad que el nacionalismo soberanista es
insaciable y que siempre le sabrá a poco todo lo que no sea dar pasos hacia la
independencia, pero tras el 1-O tendrán que replantearse sus objetivos y
estrategias. Con iniciativas políticas y nuevos marcos de negociación que den
voz al conjunto de la sociedad catalana, se podrá, al menos, evitar que el independentismo (con su apelación victimista y emocional) continúe ampliando sus bases de apoyo
en una población huérfana de alternativas creíbles, y necesitada, ahora más que
nunca, de respuestas claras y verosímiles que permita superar el callejón sin salida
al que ha conducido el “procés”. Es un escenario de oportunidad que no debiera
desaprovecharse después del 1-O.
