¿EXISTE   EL   VOTO   RURAL?
(Reflexiones a partir de las elecciones andaluzas del 2-D)

Creíamos superado el tradicional discurso ruralista que definía el mundo rural como un cuerpo social homogéneo, encerrado en sí mismo, y he aquí que de nuevo surge con ocasión de las elecciones andaluzas en forma, esta vez, de un supuesto “voto rural”.

Al igual que antes se hablaba, con bastante falta de rigor, del “voto cautivo” (por el PER y otros programas asistenciales) para explicar (y de paso deslegitimar) el voto socialista en las áreas rurales de Andalucía, ahora se anda a la búsqueda del “voto rural” por si ayuda a explicar los sorprendentes resultados que se han dado en dichas elecciones (como el ascenso de Vox). Algunos periodistas, incluso han ido sin ningún escrúpulo a descubrir el voto populista en los núcleos rurales.

Es lícito hacer análisis detallados de las elecciones y estudiar cómo ha sido el voto en determinados tipos de municipios, y realizar las pertinentes comparaciones. Eso es una cosa y otra bien distinta hablar del voto rural como si la población rural de hoy tuviera un perfil social uniforme, cuando es todo lo contrario.

En cada núcleo rural vive hoy una población muy heterogénea, no sólo en variables demográficas (edad, sexo, raza,..) y socio-culturales (religión, ideología, creencias,...), sino también socioeconómicas (nivel de renta, nivel de estudios, profesión, actividad,…), lo que hace que la realidad del mundo rural sea muy diversa y variada.

Además, el mundo rural de la España actual no es un mundo cerrado, sino abierto. Al igual que ocurre con la población urbana, la que vive en los núcleos rurales es también una sociedad abierta, que recibe multitud de información de muy variadas fuentes: canales de televisión, revistas especializadas, emisoras de radio, prensa digital,… además del boca a boca que, al igual que en cualquier bar de una ciudad, tiene lugar en los bares del pueblo.

Esto hace que el mundo rural sea muy plural, y que las personas que en él residen, y que son las que votan, expresen de forma muy variada su voto en cada convocatoria electoral. Porque no votan los territorios, sino las personas según sus preferencias, definidas, entre otras cosas, en función de su condición y situación socioeconómica, y del entorno social en que viven.

En el mundo rural, hay agricultores de muchos tipos (propietarios de pequeñas, medianas y grandes explotaciones, arrendatarios,…), pero también empresarios no agrícolas y profesionales de los más variados sectores, así como pensionistas de las más diversas categorías. Todo eso le da al mundo rural de hoy una diversidad, que es uno de sus grandes valores.

Por eso, hay que ser muy cautos a la hora de hablar de la existencia de un “voto rural”, como si el mundo rural fuera un cuerpo social uniforme y homogéneo.

En ese contexto abierto y plural, no tiene mucho sentido explicar la orientación del voto de las personas que residen en los núcleos rurales por el hecho de ser población rural. Habría que explicarla más bien por sus características socio-demográficas y culturales y por su situación social y económica, una situación que puede que no sea muy diferente de la que experimenta la población que vive en la barriada de una gran ciudad.

El descontento con la situación económica, la irritación por el tema independentista catalán, la indignación ante los casos de corrupción política, el malestar por los recortes en el sistema de bienestar, la escasez de servicios, el fenómeno migratorio,… son temas que lo mismo son percibidos por una persona que vive en un pueblo, que por otra que vive en un barrio urbano, siempre que el entorno social sea similar. Por eso, en entornos sociales semejantes, los factores sociodemográficos y los socioeconómicos explican mejor las posibles diferencias de voto, que los relacionados con el territorio.

Es verdad que en temas identitarios, como la caza, la pesca o los toros, o en el tema medioambiental, la población que reside en el medio rural puede ser especialmente sensible, dada su mayor interacción con la naturaleza, pero también es verdad que esos temas están influyendo también en el voto de determinados sectores urbanos.

De hecho, el análisis de Kiko Llaneras de los resultados electorales del 2-D nos dice, por ejemplo, que, en los pueblos con bajas densidades de población, el voto a Vox (que hace bandera de los temas identitarios) ha sido muy similar al del conjunto de Andalucía (en torno al 10%), habiendo sido mayor en los municipios (rurales o urbanos) de rentas más altas. Asimismo, en los 20 municipios andaluces más poblados, el voto a Vox ha alcanzado de media el 15%.

Respecto al tema de la inmigración (otro elemento fundamental del programa de Vox), las diferencias de voto no radican en el hecho de que los votantes vivan en un municipio rural o urbano, sino en las características del entorno social, incidiendo en ello el mayor o menor porcentaje de población inmigrante de fuera de la UE existente en el territorio.

Por ejemplo, en los 20 municipios andaluces con más población extranjera no comunitaria, el voto a Vox se ha doblado hasta alcanzar cifras por encima del 19%, muchos de ellos municipios del litoral almeriense y ciudades tan grandes como Algeciras.

En conclusión, creo que no se puede hablar con un mínimo de rigor de la existencia de un “voto rural” en el mundo tan diverso, variado y abierto como es el de la España rural de hoy.

La población que vive en los núcleos rurales se expresa con la misma pluralidad que la población urbana, y sus preferencias como electores varían en función de los mismos factores demográficos, culturales, socio-económicos y situacionales.

AMPLIANDO  EL  DEBATE  SOBRE 

LA  #DESPOBLACIÓN RURAL EN #ESPAÑA

El tema del declive demográfico está ya en la agenda política. La alta Comisionada para el Reto Demográfico, la diputada Isaura Leal, ha anunciado la aprobación de una Estrategia Nacional sobre este asunto para antes de las elecciones municipales del próximo mes de mayo.

Es indudable la realidad de este problema en nuestro país, existiendo ya, según datos de la FEMP, más de 4.000 municipios (la mitad del total) en serio riesgo de despoblación. Ello se refleja, sobre todo, en el abandono de los pequeños pueblos y el envejecimiento de las poblaciones que en ellos viven, siendo éste un proceso que se extiende de forma imparable por el medio rural español, si bien de forma desigual, dada la gran diversidad del mismo.

Hay ya suficientes estudios demográficos bien documentados (especialmente los de Molinero desde la geografia, y Camarero, desde la sociología, por citar algunos), que acotan el problema y que hacen un buen diagnóstico del mismo, por lo que no es mi propósito en este texto abundar en cuestiones ya conocidas.

Mi intención es discutir algunas de las afirmaciones que se hacen sobre este tema y que, desde mi punto de vista, no se sustentan en sólidas evidencias empíricas, tal como han puesto de manifiesto algunos autores como el antropólogo Rufino Acosta en un excelente artículo titulado "Despoblación: tópicos y una esperanza" publicado en el diario “Hoy” (14/09/2018) o el economista J.M. García Alvarez-Coque en su artículo "Serranía celtibérica" publicado en la revista Agronegocios (16/04/2017).

Es por ello que, compartiendo algunas ideas de éste y otros autores, y completando las opiniones expresadas por mí mismo en otros textos de este blog, haré diversos comentarios sin ánimo de agotar un tema tan importante y complejo como éste del declive demográfico y la despoblación rural, pero sí con el objetivo de ampliar el debate para que pueda abordarse con realismo y cautela.

1)   Nuestra estructura de más de 8.000 municipios proviene del modo como se produjo el largo periodo de la Reconquista en la Edad Media, y apenas ha sufrido cambios desde entonces. Esto hace que coexistan regiones con municipios de pequeño y muy pequeño tamaño, donde es acuciante el problema de la despoblación (Aragón, Castilla y León, Rioja, Asturias,…), y regiones asentadas en una amplia red de medianos y grandes municipios (agrociudades), donde el problema es de otra índole (Andalucía, la parte sur de Castilla La Mancha y de Extremadura). Además, una gran parte de nuestras áreas rurales, salvo algunas zonas de campiña, son de una pobreza extrema en recursos productivos y naturales, mucho más acentuada que la de otros países que tomamos de ejemplo, como Francia, Reino Unido o Italia. Sin tener claro estos aspectos diferenciales, no se puede ordenar el debate, un debate que exige, además, elevar el punto de mira del análisis, y pasar de la escala municipal a la escala comarcal, ya que no es igual hablar de municipios despoblados que de comarcas despobladas.

2)   Es necesario distinguir entre “despoblación” y “abandono” por cuanto son dos temas diferentes. Puede haber comarcas en declive demográfico, pero en las que sus campos están bien cultivados, sus bosques cuidados y sus pequeños pueblos limpios, aseados y bien atendidos. Son comarcas “despobladas”, pero no “abandonadas”. Mas también puede haber comarcas que no pierden población, sino que incluso la incrementan, pero que tienen mal cultivadas sus tierras y mal cuidados sus espacios naturales, estando mal atendidos sus núcleos rurales del interior al concentrarse los servicios en las cabeceras de comarca y no existir un sistema en red para que lleguen al conjunto del territorio. Son éstas comarcas “no despobladas”, pero sí “abandonadas”.

3)   La afirmación habitual de que haciendo inversiones en  infraestructuras (sobre todo, en carreteras) y equipamientos y extendiendo los servicios básicos (educación, salud,...) al conjunto del territorio rural, se frena la despoblación, habría que matizarla. Aparte del derecho de todo ciudadano (viva en el medio rural o en el medio urbano) a la movilidad y al acceso a los servicios del sistema de bienestar, es un hecho que, a pesar de las inversiones que se han hecho en infraestructuras y equipamientos en el medio rural desde la entrada de España en la UE gracias a los fondos estructurales (en especial FEDER), y a pesar de la extensión de la red de servicios básicos, muchas áreas rurales siguen perdiendo población. De ahí que, si bien esas inversiones son necesarias, no parece que sean suficientes para atajar el problema del declive demográfico en las áreas rurales.

4)    Tampoco se corresponde con la realidad afirmar que la creación de empleo en el medio rural es el mejor remedio contra la despoblación. Más allá del indudable valor que tiene crear empleo, lo cierto es que si observamos la ingente cantidad de empleos que se han creado en el medio rural en sectores como educación, salud, servicios sociales,... vemos que muchos de esos empleos son ocupados por personas que se desplazan desde los grandes núcleos urbanos a los núcleos rurales, pero que no residen en los pueblos donde desarrollan su trabajo. Incluso en actividades tan pegadas al territorio como las agrarias, también se está dando este mismo fenómeno, sobre todo en las grandes y medianas explotaciones, gracias a que los avances tecnológicos permiten a los agricultores gestionar su explotación sin tener que vivir en el núcleo rural donde esté ubicada, tendencia que se intensificará en el futuro con la digitalización. Es verdad que las pequeñas explotaciones agrarias presentan algunas diferencias por su estrecha vinculación con el territorio, pero aun así no están exentas de esta tendencia, al igual que los asalariados, que cada vez más se desplazan a los lugares de trabajo desde sus centros de residencia, muchos de ellos en ciudades o núcleos urbanos. El caso de los agentes forestales es aún más llamativo, dado que no hay actividad más pegada al terreno que la de inspeccionar y supervisar el cuidado y protección del bosque. Pues bien, muchos de estos agentes (en especial, los más jóvenes) deciden vivir en los núcleos urbanos y desplazarse a los espacios naturales para el ejercicio de las tareas que tienen asignadas.

5)   Por razones similares a las anteriores, tampoco parece existir un vínculo claro entre la industrialización del medio rural y su contribución a frenar el declive demográfico de las áreas rurales. Salvo en el caso de industrias asentadas desde tiempo atrás en el territorio, que se han vinculado estrechamente a la población local y han generado una cadena de actividades complementarias, la instalación de nuevas industrias no hace que la gente que trabaje en ellas decida vivir en los pueblos donde están ubicadas. La mejora de las carreteras ayuda a que estos trabajadores se desplacen desde los núcleos urbanos a los rurales para trabajar en las nuevas industrias allí asentadas, por lo que el esfuerzo de industrializar el medio rural hay que plantearlo con ciertas cautelas, teniendo muy en cuenta qué modelo industrial es el más adecuado para desarrollar las áreas rurales (pensemos por ejemplo, en el debate sobre las macrogranjas, las grandes plantas de biomasa o los parques eólicos).

6)   Otra afirmación de poca evidencia empírica es la que considera clave para frenar el declive demográfico en el medio rural apostar por la mejora de la educación y el acceso de los jóvenes rurales a la formación superior, facilitándoles el desplazamiento desde los pueblos a los centros universitarios. Aparte de la importancia innegable que esto tiene para la igualdad de oportunidades y la promoción de los jóvenes que residen en el medio rural, es un hecho que la obtención de un título de grado o postgrado hace que salgan de los pueblos los mejor preparados buscando, en uso de su libertad, ampliar sus horizontes de vida y encontrar nuevas oportunidades. De nuevo, es ésta una política necesaria, pero no suficiente para afrontar el problema de la despoblación de los núcleos rurales.

7)     La idea de que la instalación en el medio rural de grupos procedentes del medio urbano es un medio de combatir la despoblación de los núcleos rurales no deja de ser una quimera, dado que la magnitud de este fenómeno no pasa de ser algo anecdótico más allá del efecto positivo que pueda tener en alguna comarca concreta o del impacto que siempre tiene en los medios de comunicación. Es bueno, sin duda, que los ayuntamientos faciliten ese proceso a los que deseen instalarse en los pueblos ayudándoles a rehabilitar antiguas casas solariegas o a habilitar casas rurales, pero como solución general me parece que tiene un efecto limitado.

8)   Lo mismo cabe decir del proyecto de facilitar el asentamiento en los núcleos rurales de grupos de refugiados y/o inmigrantes que buscan desarrollar nuevos proyectos de vida en nuestro país. Es loable la iniciativa que se está planteando en ese sentido desde las redes españolas de desarrollo rural en colaboración con la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), pero son muchas las dudas que surgen sobre las posibilidades de éxito de estas experiencias, más allá de la solución que puedan representar para algunos grupos concretos y del impacto localizado que puedan tener.

9)    Se suele abogar por los programas LEADER como una vía para potenciar el desarrollo rural y así frenar el declive de los territorios. Pero, aun reconociendo la incidencia de estos programas en la dinamización de ciertas zonas y sectores de la población rural, la realidad es que apenas tienen una influencia real en el desarrollo de los territorios, debido a su escasa dotación económica y también a las rigideces administrativas a las que están sometidos los Grupos de Acción Local tras la integración de esos programas en el segundo pilar de la PAC. O se refundan para pasar a la política europea de cohesión y así responder mejor a los nuevos retos del desarrollo territorial (entre ellos el reto demográfico) o su futuro será incierto en un contexto restrictivo de recursos para la PAC y de nuevas prioridades de las políticas europeas.

10)   Se dice que son poco eficaces las políticas públicas destinadas directamente a mejorar la renta de los hogares rurales, pero la realidad es otra. Por ejemplo, es un hecho que programas como los asociados al tan vilipendiando Plan de Empleo Rural (PER) en Andalucía y Extremadura, o las también criticadas ayudas directas del primer pilar de la PAC, así como las indemnizaciones compensatorias de montaña, han contribuido, más que las inversiones del FEDER en infraestructuras, a fijar población en el medio rural. Se puede criticar estas políticas por otros motivos, pero la realidad es que tanto el PER (complemento de renta de las familias rurales más empobrecidas), como las ayudas de la PAC (fuente complementaria de ingresos para los agricultores, para los grandes propietarios, pero también para los titulares de pequeñas explotaciones) tienen efectos inmediatos en el poder adquisitivo de amplios grupos de la población rural, sobre todo de los de menor nivel de renta, y eso es un factor que los induce a permanecer en los pueblos. Lo mismo está ya ocurriendo con iniciativas como el “ticket rural” del PDR asturiano, si bien aún es pronto para evaluar sus resultados. De ahí que promover políticas de transferencia de renta del tipo de la “renta básica” y sus variantes, para impulsar la permanencia de la población en los núcleos rurales (asociándolas a la realización de servicios a la comunidad) o programas para incentivar nuevas instalaciones (como las ayudas a los jóvenes agricultores y emprendedores rurales), puede ser eficaz, siempre que sean complementadas con incentivos fiscales y cambios jurídicos que faciliten el relevo generacional, y siempre que estén garantizados los servicios básicos y las infraestructuras necesarias en el medio rural (entre ellas, por supuesto, la banda ancha de las comunicaciones, aunque no sólo).

11)   En las políticas públicas a escala del territorio, es fundamental el papel de los municipios, las diputaciones y las Comunidades Autónomas para garantizar una red de servicios básicos, pero siempre que cooperen, evitando solapamientos innecesarios. En el caso de las diputaciones, no tiene sentido plantear su disolución, pues, ya que existen, es más eficiente proponer su renovación para que actúen como verdaderas entidades al servicio de los pequeños municipios de las provincias.

12)   Se aboga por la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (2007) como una especie de varita mágica para resolver el problema de la despoblación rural. Aun reconociendo el esfuerzo notable que se hizo en ella por cartografiar la realidad del mundo rural español, creo que, antes de reactivarla, es necesario revisarla y actualizar la información que proporciona. Transcurridos más de diez años de su aprobación, han cambiado muchas cosas en los territorios rurales y en la orientación de las políticas europeas, y se han abierto, además, nuevas ventanas de oportunidad que no habían previsto los legisladores, por lo que su revisión es necesaria.

13)  El problema de fondo de todo este complejo asunto radica en el atractivo que sigue teniendo la vida en los núcleos urbanos. A pesar del malestar e insatisfacción que genera la vida en las grandes urbes, es un hecho que vivir en ciudades de tamaño medio resulta hoy más atractivo que vivir en los pequeños pueblos, ya que mucha gente aún percibe que el mundo urbano les ofrece más oportunidades de empleo, ocio y desarrollo personal. No es banal que sean más las personas que, a nivel mundial, viven ya en el medio urbano que las que residen en el medio rural, porcentaje que en el caso español es abrumador en favor de la vida en los núcleos urbanos (más del 80% de la población española vive ya en municipios de más de 30.000 habitantes). Invertir esa tendencia es una tarea hercúlea, ya que el problema del declive demográfico forma parte de un proceso más amplio de cambios culturales y económicos que difícilmente las políticas pueden detener, aunque sí tratar de paliar sus efectos mediante programas que eviten el deterioro de la calidad de vida de las personas que, en uso de su libertad de elegir, deciden vivir en pequeños núcleos rurales.

14)   Por todo ello, la estrategia para afrontar el reto demográfico tiene que plantearse como algo más que el problema de la despoblación rural, y debe ser afrontado como una cuestión de Estado, pero no sólo porque afecta a amplias áreas de nuestros territorios, sino porque la disminución de la tasa de natalidad y el creciente envejecimiento de la población española es un problema que, si no se aborda, tiene implicaciones en la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar. Debe ser, por ello, una estrategia integral y transversal de medio y largo plazo, y dirigida al conjunto de la sociedad española, ya que el problema no sólo afecta al medio rural; debe ser, además, una estrategia en la que se impliquen todos los departamentos ministeriales (educación, medio ambiente, sanidad, cultura, fomento, agricultura,  industria, economía y hacienda,…) y todas las administraciones (europea, central, autonómica y local).

15)  Pero, en el caso concreto de la despoblación rural, tiene que ser también una estrategia diferenciada según las características de cada comarca (agrícolas, ganaderas, forestales, periurbanas,…) y en la que se combinen políticas a nivel macro y a nivel micro. Debe ser, además, una estrategia que ponga en marcha sistemas eficaces de gobernanza territorial para impulsar dinámicas de concertación en el medio rural y de participación de las poblaciones locales en la definición de un programa de desarrollo territorial de interés general, que trascienda el ámbito de los interés particulares. Sólo así podrán salir adelante algunas de las comarcas afectadas hoy por el riesgo de la despoblación, pero que están en condiciones de poder ser reactivadas al tener una adecuada localización geográfica y/o disponer de una base productiva o de un patrimonio arquitectónico y cultural susceptibles de ser puestos en valor, además de tener una población dinámica y emprendedora (capital social). Por el contrario, por mucho esfuerzo que se haga, la realidad nos dice que, en otras comarcas, más aisladas y/o carentes de esos recursos socioeconómicos y culturales, la escasa población que allí reside verá cómo el declive demográfico y la despoblación seguirán avanzando de forma irremisible, quedándole sólo la opción de resistir mientras puedan y de reivindicar ante los poderes públicos que no las dejen abandonadas a su suerte.

LAS POLÍTICAS  AGRARIAS   EN   LAS  REGIONES   #ULTRAPERIFÉRICAS  DE  LA  U.E.  

Texto resumido de la conferencia pronunciada en Los Llanos de Aridane (Isla de La Palma)

en el curso organizado por la Universidad de La Laguna (23 de agosto de 2018)

Desde la creación de las Comunidades Europeas, el tema de las regiones ultraperiféricas ha sido objeto de una atención especial por parte de las políticas comunitarias, debido a los problemas generados por el alejamiento, la fragmentación y el aislamiento de los territorios insulares y de las pequeñas islas pertenecientes a la Unión Europea.

El marco legislativo

La presencia de los territorios franceses de ultramar (Nueva Caledonia, Martinica, Guadalupe, Guayana, Reunión, Polinesia,…) fue una de las principales razones de esa atención. Dicha atención se intensificaría tras la entrada en la UE de Grecia (con la singularidad de las islas pequeñas del mar Egeo), Portugal (con las islas de Azores y Madeira) y España (con las islas de Baleares y de Canarias).

En 1997, el Tratado de Amsterdam, en su artículo 299.2 ya reconocía la especificidad de las regiones ultraperiféricas de la UE, e incluía al archipiélago de las Canarias dentro de ellas (no así a las Baleares). Este reconocimiento se ha ido prorrogando y ampliando en los sucesivos tratados, el último de ellos el TFUE de Lisboa, que dedica el art. 349 a este tipo de regiones.

El tratamiento de los problemas del desarrollo de las regiones ultraperiféricas por parte de la UE se ha canalizado a través de dos vías. La primera vía ha consistido en incluir en los programas y políticas comunes algunas excepciones relativas a la singularidad de este tipo de regiones (por ej. aumentando los porcentajes de financiación del FEADER para las acciones del segundo pilar de la PAC).

Una segunda vía ha consistido en aprobar programas específicos de abastecimiento alimentario y de apoyo a ciertos sectores considerados fundamentales para el desarrollo de estas regiones (por ej. para el sector agrario, los programas POSEI, Programme d’Options Spécifiques á l’Eloinement et Insularité).

En 2006 los diversos reglamentos agrícolas destinados a las regiones europeas de naturaleza ultraperiférica se agruparon en un único instrumento jurídico, el Reg. (UE) 247/2006. Este reglamento fue más tarde sustituido por el Reg. 228/2013 (para las regiones de Francia, Portugal y España) y por el Reg. 229/2013 (para las islas menores griegas del Mar Egeo), que son los que regulan actualmente los sistemas de ayuda y los fondos de financiación.

La propuesta legislativa de la Comisión Europea para el periodo 2021-2027 mantiene con cargo al fondo FEAGA los sistemas de ayuda a los agricultores de las regiones ultraperiféricas, ejecutados a través de los citados programas POSEI, que sustituyen en estas regiones al primer pilar de la PAC.

Aunque hay una reducción de algo más del 3% del presupuesto de los POSEI respecto a la actual programación, la ayuda global prevista para el nuevo periodo asciende a 627,63 millones de euros anuales durante todo el septenio de programación. Además, se autoriza a que los pagos directos fijados en los POSEI puedan mantenerse por encima del nivel de las ayudas directas abonadas a través de la PAC en el resto de los Estados Miembros (EE.MM.)

A las ayudas asociadas a los POSEI hay que unir la financiación adicional con cargo al fondo FEADER del segundo pilar de la PAC, que continuará aplicándose en estas regiones, y con porcentajes de cofinanciación más elevados que en el resto de las regiones europeas.

Los POSEI, como instrumento de programación

Los POSEI (en Canarias, el POSEICAN) sustituyen, como he señalado, al primer pilar de la PAC en las regiones ultraperiféricas de la UE. Su objeto es fijar medidas específicas de intervención en el sector agrario de estas regiones para paliar las dificultades ocasionadas por su excepcional situación geográfica (alejamiento, aislamiento, reducida superficie, relieve, orografía, clima,...).

De acuerdo con el citado Reg. 228/2013, esas medidas deben contribuir, por un lado, a garantizar el suministro a estas regiones de bienes agrícolas no producidos en ellas, y, por otro lado, a garantizar el desarrollo de las producciones agrarias locales.

Las medidas se integran en un programa nacional (el citado POSEI) cuya estructura se basa, por tanto, en dos tipos de intervenciones, cada uno de ellos para los objetivos antes mencionados: i) “régimen específico de abastecimiento” y ii) “régimen de apoyo a las producciones agrarias locales”.

Régimen específico de abastecimiento (REA)

Este régimen de intervención es aplicable a los productos agrarios cuyo abastecimiento se garantiza por ser considerados esenciales para el consumo humano y no poderse producir en la correspondiente región ultraperiférica, debido a sus condiciones geográficas. Asimismo, se aplica a aquellas materias primas que tampoco pueden producirse en la región, pero que son necesarias para la elaboración industrial de determinados productos alimentarios, o para su utilización como insumos agrícolas. 

Cada EE.MM. debe elaborar cada año un “plan de previsiones de abastecimiento” en el que cuantifica las necesidades anuales de abastecimiento de la región en relación con los productos que son objeto de intervención en el POSEI. El “régimen específico de abastecimiento” consta de las siguientes medidas e intervenciones:

a) No aplicación de derecho alguno a la importación de productos directamente procedentes de terceros países (dentro de los límites cuantitativos fijados en el “plan de previsiones de abastecimiento” y para los productos previstos en dicho plan).

b) Concesión de una ayuda para el abastecimiento de productos procedentes de la UE. El importe de la ayuda se determinará para cada tipo de productos y en función de los costes adicionales de transporte hacia la región ultraperiférica.

Los beneficios de este régimen de ayudas deben repercutir de manera efectiva en el usuario final, sea la industria transformadora (en caso de productos destinados a la transformación), sea el consumidor final (cuando se trate de productos destinados al consumo), sea el agricultor (cuando se trate de insumos agrícolas).

Régimen de fomento de las producciones agrarias locales

Este régimen de intervención tiene por objetivo fomentar las producciones agrarias locales con el fin de asegurar su continuidad y desarrollo en las regiones ultraperiféricas. El EE.MM. elaborará previamente un informe en el que defina y justifique su estrategia de actuación, debiendo incluir una descripción cuantificada de la situación del sector productivo de que se trate y en la que se demuestren sus carencias y potencialidades, así como una descripción de las medidas previstas y de los regímenes de ayuda.

Las medidas pueden ser muy diversas y serán definidas por cada EE.MM. en su correspondiente POSEI, pudiendo incluir las siguientes modalidades de intervención:

a) ayudas para establecer un “símbolo gráfico” a fin de aumentar el conocimiento y el consumo de los productos agrarios locales de calidad;

b) ayudas a la producción, transformación y/o comercialización de los productos agrarios locales de las regiones ultraperiféricas;

c) ayudas de funcionamiento a determinados sectores de la producción, transformación y comercialización, con el fin de paliar las limitaciones específicas generadas por el aislamiento, la insularidad y otras desventajas derivadas de la situación ultraperiférica;

d) programas fitosanitarios para hacer frente a los organismos parásitos típicos de cada región ultraperiférica;

e) programas específicos para el vino, el plátano y el tabaco (Canarias), la leche (Azores) y la ganadería de carne (bovino) (Madeira y departamentos franceses de ultramar).

Resultados y limitaciones de los POSEI

El reconocimiento específico de las regiones ultraperiféricas en la UE es, sin duda, una forma de atender la singularidad de estas regiones y de compensarlas por las dificultades que representa en ellas el desarrollo de la agricultura y el abastecimiento de alimentos a sus poblaciones.

En ese sentido, programas como el POSEI están bien justificados, y han supuesto incentivos importantes para garantizar el abastecimiento y para evitar el declive de las producciones agrarias locales en este tipo de regiones.

No obstante, son programas que deben ser constantemente actualizados para evitar que se anquilosen y dejen de reflejar la realidad de los cambios experimentados por estas regiones, convirtiéndose en un obstáculo al desarrollo. La tentación en este tipo de programas es la inercia, fruto, a veces, de los intereses que con el tiempo se instalan en torno a las ayudas provenientes tanto del régimen de abastecimiento, como del régimen de fomento de las producciones locales.

Por ejemplo, en lo que se refiere al “régimen específico de abastecimiento”, hay productos que si se mantienen de forma permanente dentro de este sistema de ayudas, no habrá incentivos para que puedan producirse en la propia región, lo que coartaría las posibilidades de desarrollar nuevos sectores productivos.

Además, si no se vigila el efecto de las ayudas de abastecimiento, puede resultar que no repercutan de manera positiva en el consumidor final de determinados productos, sino que tales ayudas sólo aumenten el margen de beneficio de proveedores e intermediarios. De ahí que deban incrementarse los controles de inspección en los mercados para garantizar el cumplimiento de ese objetivo.

Asimismo, y en lo que se refiere al régimen de ayudas a las producciones locales, es necesario definir bien lo que se entiende por “producción local” y justificar por qué un determinado producto se incluye en la lista de los beneficiarios de dicho régimen de protección. De hecho, esto es algo que el reglamento de los POSEI exige al EE.MM. en el informe previo que el gobierno nacional debe presentar a la Comisión Europea para la aprobación del programa.

En este sentido, al amparo de los POSEI se han formado grupos de presión interesados en que un determinado producto local sea incluido en la lista de beneficiarios de este régimen de ayudas. Por ello, es necesario que los poderes públicos velen por que esto se haga bajo el criterio del interés general y no de los intereses particulares de este o aquel sector, por mucha influencia que sus representantes tengan en las esferas políticas de la región.

Habrá productos locales con potencial suficiente para ser competitivos en los mercados (internos, nacionales o internacionales) sin necesidad de que sean objeto de una ayuda directa con cargo al POSEI, estando más necesitados de planes estratégicos de mayor alcance, que no de seguir viviendo de las subvenciones directas. En demasiadas ocasiones, la lista de productos locales incluidos en los POSEI es fruto de la inercia o de los intereses creados de un determinado sector, sin que se haya definido previamente un plan estratégico adecuado sobre el desarrollo agrario de la región y sobre las repercusiones reales que dicha inclusión pueda tener.

Tanto en unos casos como en otros, se corre el riesgo de que los dos regímenes de ayudas establecidos por los POSEI pasen de ser un buen instrumento de protección a convertirse en un obstáculo para el desarrollo de la agricultura en la correspondiente región ultraperiférica, dificultando además el aprovechamiento de otras oportunidades de desarrollo.

LA  VICTORIA  DE  LÓPEZ  OBRADOR  EN  MEXICO

A mis doctorandos mexicanos
por lo mucho que me han enseñado

sobre la realidad social y política de México

No por esperada, la contundente victoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las elecciones presidenciales representa, por su magnitud, un auténtico tsunami en México (un país de 123 millones de personas y con una economía entre las quince primeras del mundo).

Al igual que la victoria en 2000 de Vicente Fox y el PAN (Partido Acción Nacional) rompía con la hegemonía de setenta años del PRI (Partido Revolucionario Institucional), la de AMLO y su partido MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) rompe la alternancia de dos décadas entre los dos grandes partidos mexicanos. La de AMLO es, por sus características (a través de una formación política nueva y transversal), una victoria que recuerda a la de Lula en Brasil hace quince años o a la más reciente de Macron en Francia, por citar dos países con sistemas políticos presidencialistas.

No obstante, para valorar la dimensión de la victoria de AMLO hay que señalar que ha sido el candidato a presidente que ha obtenido el mayor porcentaje de votos en la historia de la república (el 53% en un sistema electoral de una sola vuelta) y que ha ganado en 31 de los 32 estados mexicanos (en algunos con más del 60% de votos). Sus principales rivales Ricardo Anaya (PAN) y José Antonio Meade (PRI) han quedado a mucha distancia (22% y 16%, respectivamente). Asimismo, su partido MORENA, en coalición con dos pequeños partidos (el PES, con amplias conexiones con el movimiento evangélico, y el izquierdista PT), controlará las dos cámaras parlamentarias (diputados y senadores), al obtener una amplia mayoría.

Un político de clase media y con experiencia

A diferencia de otros dirigentes de la izquierda latinoamericana (como el brasileño Lula, de origen obrero), AMLO proviene de la clase media (de familia comerciante y nieto de exiliados españoles republicanos). Aunque no dispone de máster en prestigiosas universidades estadounidenses como es lo habitual en las élites políticas mexicanas, AMLO es titulado superior en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), habiendo impartido durante algunos años actividades docentes en la Universidad Autónoma de Tabasco (su estado natal). Ha tenido también experiencia en el ámbito de la gestión de entidades públicas al haber formado parte de la dirección del Instituto Nacional Indigenista (1977-1982) y del Instituto Nacional del Consumidor (1984-1988).

Es además AMLO un político veterano (64 años), que ha conocido el éxito como jefe de gobierno de la Ciudad de México entre 2000 y 2005, recibiendo su gestión una elevada valoración en los medios nacionales e internacionales (por ejemplo, la Fundación Internacional City Mayor lo designó entre los mejores alcaldes del mundo en 2004).

Pero también ha conocido el fracaso de varias derrotas electorales: dos de ellas en las elecciones a gobernador del estado de Tabasco (1988 y 1994), y otras dos en las elecciones presidenciales de 2006 (perdiendo por un puñado de votos frente al “panista” Felipe Calderón, en unas votaciones cuyos resultados no fueron reconocidos por el propio AMLO) y en 2012 (derrotado con claridad por el “priísta” Enrique Peña Nieto).

Del PRI a MORENA pasando por el PRD

A mediados de los años 1980, el sistema del “dedazo” en el PRI para designar a los candidatos presidenciales comenzó a ser cuestionado por las nuevas generaciones de políticos priístas, provocando importantes tensiones que dieron lugar a corrientes críticas internas. Una de ellas fue la llamada “Corriente Democrática”, promovida en 1988 por Cuauhtémoc Cárdenas y en la que se integró un joven, pero ya conocido, López Obrador.

Dichas tensiones acabaron por dividir al PRI, dando lugar a una escisión por la izquierda bajo el liderazgo del propio Cárdenas, que culminaría con la creación del PRD (Partido de la Revolución Democrática), en el que AMLO iría adquiriendo un importante protagonismo desde el estado de Tabasco, hasta escalar a las instancias federales del nuevo partido, que presidiría entre 1996 y 1999.

Es precisamente en las filas del PRD que AMLO obtendría, como se ha comentado, el gobierno de la Ciudad de México entre 2000 y 2006, gobierno que dejaría para presentarse por primera vez como candidato a las elecciones presidenciales. Sin embargo, las divisiones dentro del PRD, que convirtieron a este partido en un proyecto cada vez más agotado como alternativa de izquierda al PRI en la política mexicana, hicieron que AMLO acabara promoviendo la creación de su propio partido, culminando en 2011 con la formación del actual MORENA.

El contexto de la victoria de AMLO

Para entender el significado de la victoria de AMLO hay que remontarse, al menos, a las décadas de 1980 y 1990, cuando los gobiernos del PRI presididos por Miguel de la Madrid (1982-1988), Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000) apostaron por las políticas neoliberales para insertar a México en la economía global, pero sin acompañarlas de programas sociales lo suficientemente eficaces como para paliar sus negativos efectos. Esa apuesta sería continuada más tarde por los gobiernos del PAN, presididos por Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), y más recientemente por el gobierno príista de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En ese tiempo (1992), se firmó, además, con los EE.UU. y Canadá el tratado de libre comercio TLCAN (en inglés, NAFTA) y se eliminaron los obstáculos que se oponían a ello. Así, se derogó el art. 27 de la Constitución dando fin al reparto agrario, se liberalizaron los ejidos, se redujo la presencia del Estado en la economía y se desmantelaron las políticas sociales que durante décadas habían actuado de amortiguadores de la desigualdad y pobreza crónicas.

Todo ello condujo a una situación de desprotección de amplias capas sociales, provocando revueltas de diverso tipo (entre ellas, la del zapatista EZLN en Chiapas en enero de 1994). La retirada del Estado y la pobreza generalizada fueron aprovechadas por el narcotráfico para extender en algunas zonas sus tentáculos y establecer una red clientelar, infestando las instituciones con los más sofisticados sistemas de corrupción.

Ese descontento de la población mexicana y la desafección con los dos grandes partidos (el PRI y el PAN), así como el hartazgo hacia unas élites incapaces de conducir a México por la senda de una modernización económica equilibrada con políticas sociales eficientes, creó un buen caldo de cultivo para la aparición de nuevas opciones políticas capaces de inducir esperanza e ilusión en la sociedad mexicana.

El ya citado agotamiento del proyecto del PRD de Cárdenas hizo que fueran cristalizando otras opciones por la izquierda, entre ellas el mencionado movimiento MORENA creado por AMLO como base para las elecciones presidenciales de 2012, que perdería frente a Peña Nieto.

La constancia de AMLO tras las derrotas de 2006 y 2012, y su gran capacidad de movilización recorriendo el país mexicano de parte a parte durante los últimos años (con sus célebres caravanas por la democracia), hicieron que su carrera política no finalizara, sino que continuara viva a la espera de nuevas oportunidades.

AMLO dio muestras de prudencia prometiendo a la población cosas concretas y tangibles ya probadas con éxito durante su mandato como jefe de gobierno de Ciudad de México (rentas básicas de inserción, programas de reducción de la pobreza, políticas sociales,…). También dio muestras de pragmatismo (oportunismo, para algunos críticos) buscando alianzas transversales con otros grupos (algunas de difícil explicación como la del conservador PES, de inspiración evangélica). Todo ello, le condujo a él y a su partido MORENA a convertirse en una seria alternativa al PRI y al PAN, cuyos dirigentes no supieron reaccionar a tiempo, y cuando reaccionaron, lo hicieron con extrañas estrategias electorales.

Por ejemplo, el PRI recurrió a José Antonio Meade, brillante, y controvertido, ministro de Hacienda con Peña Nieto, pero no afiliado al partido, despertando, por ello, recelo en las filas priístas. Por su parte, el PAN recurrió a Ricardo Anaya, un joven político conservador que, en una estrategia a la desesperada, decidió aliarse de forma sorprendente en un “Frente Amplio” con los restos del PRD (unidos éstos solo por el resentimiento hacia su antiguo correligionario López Obrador). Era este “Frente Amplio” de Anaya una amalgama de fuerzas diversas y aglutinadas más por el rechazo a terceros que por la convergencia de ideas y programas.

En ese panorama, la victoria de AMLO, pronosticada en las primeras encuestas, se fue haciendo cada vez más probable conforme avanzaba la campaña electoral, hasta desembocar en su inapelable victoria del pasado domingo 1 de julio, una victoria transversal a lo Macron obteniendo votos de todos los sectores y capas sociales de la sociedad mexicana y superando el viejo sistema político basado en la alternancia entre el PRI y el PAN.

Limitaciones del cambio en un sistema sólidamente anclado

Debido al sistema electoral mexicano de una vuelta, la victoria de López Obrador le permitirá, en efecto, acceder a la presidencia sin las hipotecas de pactos previos con otros partidos, salvo con los dos partidos minoritarios (PT y PES) que, como se ha señalado, han acompañado a MORENA en la coalición “Juntos Haremos Historia” (JHH) para las elecciones legislativas y regionales, celebradas simultáneamente a las presidenciales.

Aun así, la presencia en la coalición JHH de partidos de corte conservador en cuestiones morales y de familia (como el citado PES, de inspiración evangélica), así como el apoyo de controvertidas personalidades cercanas al mundo empresarial y de tránsfugas del PRI e incluso del PAN, es lo que ha generado cierta desconfianza entre sectores de votantes de izquierda respecto a la credibilidad de AMLO para afrontar el cambio en México, tachándole por ello de oportunista. En este sentido han sido muy significativas las declaraciones críticas de los dirigentes zapatistas del EZLN, justo después de los resultados electorales, marcando distancias con el proyecto de AMLO.

Cuando se constituya el nuevo gobierno dentro de unos meses, y se sepan los nombres de los que ocuparán las secretarías clave, será ocasión de valorar el tipo de acuerdos y pactos a los que habrá tenido que llegar el nuevo Presidente para afrontar su mandato y de medir la profundidad del cambio que se propone.

En todo caso, López Obrador (AMLO) gozará en las dos cámaras del parlamento mexicano (diputados y senadores) de una cómoda mayoría para poner en marcha su programa de gobierno. No obstante, y para medir el alcance de los cambios previstos, hay que tener en cuenta que la República de México tiene un sólido sistema institucional que, si bien sufre altos grados de corrupción, estando incluso en algunos estados fuertemente penetrado por los carteles del narcotráfico, ofrece altos niveles de estabilidad, debido a los cien años ininterrumpidos de funcionamiento democrático, aun con sus evidentes imperfecciones en asuntos relativos a la libertad de prensa o a la separación de poderes.

Es por esto, y por los apoyos transversales que AMLO ha recibido de grupos muy diversos, que no cabe esperar grandes reformas que afecten al meollo del sistema económico y al marco constitucional, dado también las fuertes exigencias que se requieren en ambas cámaras para modificar la Constitución, y que MORENA no cumple a pesar de la mayoría parlamentaria de la que va a disponer.

Asimismo, la inclusión de México en el citado tratado de libre comercio con EE.UU. y Canadá (TLCAN-NAFTA), supone también un mayor anclaje de las instituciones mexicanas en la economía global de la región norteamericana, lo que le da un plus adicional de estabilidad política y aleja al nuevo gobierno de posibles veleidades en asuntos de política internacional.

AMLO y la lucha contra la pobreza, la corrupción y la inseguridad

En ese contexto de limitaciones y posibilidades, los tres principales retos a los que ha hecho referencia AMLO en la campaña electoral son: reducir la pobreza en México, luchar contra la corrupción y erradicar la violencia garantizando la seguridad ciudadana.

Respecto al primer desafío, la pobreza alcanza cifras muy significativas como resultado de la inserción desigual de la economía mexicana en los mercados globales y la aplicación de políticas neoliberales del PRI y el PAN sin programas eficaces de corrección social. Más del 50% de la población (alrededor de 50 millones de personas) está por debajo de la línea de bienestar, y casi el 10% (12 millones) en situación de pobreza extrema. Ello ha hecho que, ante una gran mayoría de los mexicanos, ambos partidos vengan a ser lo mismo, a pesar de tener raíces y bases ideológicas diferentes.

Ahí, el reto es de una enorme envergadura, aunque factible si se ejecutan programas sociales al estilo de las que aplicó Lula en Brasil. Son programas que, si bien no podrán alterar las bases estructurales de la pobreza y la desigualdad (intrínsecas al modelo de desarrollo vigente en México), podrá, al menos, paliar sus efectos y sacar a amplias capas de la población de la actual situación de marginalidad.

En relación con la corrupción, el desafío de AMLO es regenerar la vida política de México mediante un comportamiento ejemplar de los diversos cargos públicos, que permita erradicar la práctica clientelar tan presente en los periodos anteriores y que han conducido a verdaderos escándalos en el ámbito de la política mexicana (el caso Odebrech, contratos oscuros de obras públicas, el asunto "la casa blanca", los papeles de Panamá, la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa,...) En este tema de la corrupción, AMLO puede aspirar, al menos, a que, en lo relativo al entorno presidencial y a los cargos electos de MORENA, se apliquen códigos éticos que moralicen la vida pública, lo cual no es poco en un país tan infestado de las prácticas corruptas y clientelares.

Respecto al tema de la violencia e inseguridad, un país como México, donde se contabilizaron más de treinta mil muertes violentas en el año 2017 (entre ellas varias decenas de periodistas y de políticos locales y regionales), tiene que reconocer la gravedad de este problema e intentar abordarlo. Es éste un tema de gran complejidad por cuanto se ve contagiado por el narcotráfico, que encuentra su caldo de cultivo en las áreas más depauperadas de la sociedad mexicana. A pesar de sus buenos propósitos, es un hecho que los gobiernos del PRI y el PAN no han logrado erradicar la violencia, por lo que AMLO tiene ante sí un reto complejo y de una enorme envergadura, en el que no basta con las soluciones meramente policiales.

AMLO y el populismo

Ha sido habitual tachar a AMLO de populista por sus promesas de lucha contra la pobreza y la corrupción. Pero esa acusación, además de ambigua, no tiene mucho sentido a la vista del contenido bastante pragmático de su programa electoral, en el que no se perciben las quimeras que suelen caracterizar a los partidos populistas.

En un sistema político como el mexicano cuyos dos grandes partidos (PRI y PAN) han dado muestras de estar afectados de corrupción y de una incapacidad manifiesta para sacar a México del atraso y de la pobreza y desigualdad crónicas, prometer, por ejemplo, que se luchará contra las prácticas corruptas y la pobreza no es populismo, sino un imperativo moral, además de un objetivo político.

Por otra parte, acusar a AMLO de populista, cuando en los EE.UU. se tiene a Trump, no deja de provocar sonrojo en la opinión pública mexicana, aunque algún analista, como Jorge Castañeda, ha escrito recientemente sobre la victoria de AMLO un articulo con el llamativo título "México ya tiene su propio Trump" (https://www.project-syndicate.org/commentary/mexico-presidential-election-winner-versus-trump-by-jorge-g--castaneda-2018-07)

Compararlo con Chávez, como algunos hacen para descalificarlo, tampoco se sostiene, entre otras cosas porque México no es Venezuela (no es un petroestado, su economía está mucho más diversificada que la venezolana y la presencia del sector privado es muy significativa), sin contar con que la trayectoria política de AMLO está en las antípodas de la del comandante venezolano.

En todo caso los retos de AMLO son inmensos. Pero si es capaz de centrarse en dos o tres grandes objetivos, implementados a través de políticas públicas concretas (la lucha contra el hambre y la pobreza o la puesta en marcha de un sistema fiscal más progresivo), y no dedicarse a perseguir objetivos imposibles (como cambiar el sistema económico o alterar el posicionamiento de México en el concierto internacional), tal vez AMLO pueda pasar a la historia como el presidente que redujo la pobreza y que fue capaz de devolver la esperanza a los mexicanos y su confianza en la política.

Su gran desafío será volver a cohesionar a un país profundamente polarizado por las políticas neoliberales implementadas sin alma ni sensibilidad social por los dos grandes partidos (PRI y PAN) que han estado gobernando México en los últimos treinta años. El fuerte apoyo recibido de amplias y diversas capas sociales puede ayudarle a ello.

Como dice el escritor Jorge Volpi en el artículo “Otro México”, ha "ganado el México de los jóvenes, los desfavorecidos y los derechos humanos, y ha sido derrotado el de las élites, la desigualdad y la corrupción"
(https://elpais.com/elpais/2018/07/02/opinion/1530529282_084575.html).

Es un retrato más bien poético de lo ocurrido, contrarrestado con otros más prosaicos que plantean dudas sobre las posibilidades reales del cambio prometido por AMLO (ver el artículo de David Pavón-Cuéllar, “Incertidumbre de la izquierda en México”) 

http://michoacantrespuntocero.com/incertidumbre).

Sea como fuere, veremos si López Obrador (AMLO) y MORENA serán capaces de cumplir, en los seis años que tienen por delante, con las enormes expectativas de cambio que anidan hoy en la sociedad mexicana. Es ésta, sin embargo, una sociedad de más de cien millones de habitantes, marcada por el escepticismo después de haber visto pasar muchos gobiernos con grandes promesas de transformaciones sociales, pero que en la práctica han dado lugar a resultados poco satisfactorios en la reducción de la desigualdad y la pobreza, y en la mejora de las condiciones de vida del conjunto de la población.

Quizá eso explica, ante la victoria de AMLO, el contraste entre la esperanza de los más desfavorecidos, el entusiasmo de los más jóvenes, la desconfianza y el recelo de la desencantada izquierda y las dudas e incertidumbre de las élites económicas.