CINCUENTA   AÑOS   DE   LA ESCUELA   DE   INGENIEROS   AGRÓNOMOS   EN   CÓRDOBA

(versión ampliada del artículo publicado en el Diario Córdoba el 08/05/2018)

En los primeros años d ye 1960, cuando España avanzaba en su década desarrollista, se pone en marcha el proyecto de creación de una escuela de ingenieros agrónomos en Andalucía, región agrícola por antonomasia.

La elección de Córdoba se debió sin duda al empeño de su impulsor, el ingeniero agrónomo José Ruiz Santaella (1904-1997), natural del municipio cordobés de Baena. Su trayectoria como agregado agrícola en la embajada española en Alemania en los años 1940, y su prestigio profesional, le avalaban a la hora de hacer su propuesta ante el correspondiente ministerio.

Entonces, sólo existía la escuela de agrónomos de Madrid, como ocurría con la mayoría de las escuelas de ingeniería, y una recién creada escuela de Agrónomos en Valencia (que inició su actividad en el cuso 1960-1961). Crear otra escuela en la periferia era un proyecto osado, pero no carente de fundamento.

A finales de los años 1950 y principios de la década de 1960, el gobierno español había emprendido ya una política de modernización de la agricultura que, con criterio descentralizador y con un objetivo eminentemente práctico y empírico, se basaba en varios pilares.

Un pilar estaba formado por la política de concentración parcelaria, dirigida a las áreas de minifundio. Otro, por la política de colonización y transformación de zonas regales a través del INC (luego convertido en IRYDA), que permitió extender el regadío en las regiones latifundistas de secano sin alterar la estructura de la propiedad. El tercer pilar era la creación del Servicio de Extensión Agraria para llevar las nuevas técnicas de modernización agrícola directamente a los agricultores a través de oficinas de extensión asentadas en los territorios rurales, y a cuyo frente solía estar un ingeniero agrónomo. El cuarto pilar era la puesta en marcha de los primeros cimientos de un sistema de investigación agraria, a través de los diversos laboratorios que formarían más tarde la red de centros del INIA.

Todas esas políticas fueron financiadas con fondos internacionales (sobre todo, del Banco Mundial), gracias a los acuerdos de España con los EE.UU. tras dos décadas de aislamiento internacional.

La creación, tras la de Valencia, de otra Escuela de Ingenieros Agrónomos fuera de Madrid era, por tanto, un proyecto acorde con los nuevos tiempos del régimen de Franco, pero necesitaba del apoyo político y de los recursos económicos que lo financiara. Y ahí se produce un hecho a destacar, y que siempre me lo recordaba mi abuelo cuando comencé a estudiar Agrónomos.

Me refiero a la contribución que hicieron los propios agricultores a través de una derrama especial en su cuota a las entonces Hermandades de Labradores y Ganaderos. Esa cuota extraordinaria sirvió para contribuir parcialmente a la financiación del proyecto de la Escuela de Agrónomos y para que el gobierno de entonces decidiera ubicarla en la capital de la provincia de Córdoba, justo donde existía ya un incipiente centro de investigación agraria en los terrenos de la finca Alameda del Obispo (centro conocido en la ciudad como la Granja del Estado).

El proyecto se aprobó en 1963 y se puso en marcha en 1968. Para el primer claustro de profesores, Ruiz Santaella recurrió entonces a ingenieros agrónomos ya experimentados (funcionarios de la delegación de agricultura de Córdoba) y a jóvenes recién titulados de la escuela de Madrid y de la de Valencia.

Con esa combinación de veteranía y juventud echó andar la ETSIA, cuya primera promoción saldría en 1973, erigiéndose, junto a la Facultad de Veterinaria, en uno de los pilares sobre los que se asentará la futura Universidad de Córdoba. Años más tarde, en 1989, se ampliaría su oferta docente al incorporar la titulación de ingeniería de Montes, convirtiéndose desde entonces la ETSIA de ayer en la ETSIAM de hoy, plenamente integrada en el sistema público universitario.

En estos cincuenta años, los más de 6.000 egresados de la Escuela han renovado las estructuras funcionariales de las administraciones agrarias (tanto en el ámbito nacional como regional) y trasladado al sector privado una red cualificada de expertos y científicos bien formados y preparados para afrontar los retos del proceso de modernización en sus diversas fases.

La  Escuela ha sabido adaptar sus enseñanzas a los cambios que se han producido en el sector agroalimentario y forestal  y en el medio rural, así como a las demandas de la sociedad y a los retos del cambio científico y tecnológico.

Inicialmente, era una enseñanza orientada sobre todo a la formación de ingenieros agrónomos preparados para impulsar el desarrollo productivo del sector agrario a partir de los avances tecnológicos de la Revolución Verde de los años 1960 y 1970. Era ésta una revolución técnico-científica en el campo de la mejora vegetal, con importantes crecimientos productivos en determinados cultivos, como los cereales, gracias a las investigaciones desarrolladas en centros internacionales de investigación como el CIMYT de México, financiado por la Fundación Rockefeller y dirigido por el científico N. Borlaug, Premio Nobel de la Paz en 1970.

Más tarde en los años finales del siglo XX, se pasaría a unas enseñanzas más diversificadas, en las que lo agrario, lo forestal, lo rural y lo medioambiental tenían que ir de la mano para responder a los nuevos retos del desarrollo sostenible y la multifuncionalidad.

Desde el comienzo del actual siglo XXI, los retos se han ampliado, con el imparable avance de las nuevas tecnologías, la biotecnología, la cibernética, los big data,… que han revolucionado el modo de gestionar la agricultura y los espacios rurales. La emergencia de nuevos problemas como el cambio climático o la calidad y seguridad de las producciones alimentarias constituye otro desafío para la profesión de los ingenieros agrónomos y de montes.

A esos nuevos retos da respuesta la ETSIAM desde el campus universitario de Rabanales, ofreciendo una formación polivalente y cualificada a través de departamentos interfacultativos en los que se combina docencia e investigación y en un marco de creciente internacionalización.

Para ello colabora estrechamente con otras instituciones especializadas en el campo de la transferencia e investigación agraria, forestal y de desarrollo rural (como el IFAPA de la Junta de Andalucía o los centros del CSIC). En el caso de los dos institutos del CSIC ubicados en Córdoba (IAS e IESA), cabe señalar que, en su creación allá por la década de 1990, tuvieron un papel decisivo profesores de la ETSIA que apostaron por la colaboración institucional.

Asimismo, fue decisiva la participación de profesores de la ETSIA en la creación del ISEC (Instituto de Sociología y Estudios Campesinos) en los años 1980, un instituto universitario orientado a difundir las ideas de la Agroecología como reacción a los efectos negativos ya percibidos sobre el medio ambiente y la sostenibilidad de las explotaciones campesinas, del modelo agroquímico de la citada Revolución Verde.

Además, fiel a su espíritu originario de ser un escuela con una clara vocación de servicio a la sociedad, la ETSIAM ha mantenido una intensa relación con entidades públicas y privadas del sector agroalimentario y forestal, buscando sinergias con ellas y enriqueciendo con la actividad práctica la formación de sus estudiantes (denominaciones de origen, cooperativas, bodegas, almazaras, industrias agrarias, grupos de desarrollo rural,...)

Son cincuenta años de enseñanza de calidad, de investigación de excelencia y de compromiso social, que llenan de satisfacción a los alumnos que hemos pasado por sus aulas, y llenan de orgullo al sector agrario y forestal y a la propia ciudad de Córdoba, cuyo Jardín Botánico no habría sido posible sin la participación de los profesores de la Escuela.

Hoy, en un mundo cada vez más abierto y competitivo, una ETSIAM plenamente integrada en el campus de Rabanales de la UCO se esfuerza por ofrecer una enseñanza de calidad sabiendo que tiene que competir con otras escuelas y universidades dentro y fuera de España para atraer buenos alumnos y seguir estando en la vanguardia de la investigación científica. Ese es el reto que tiene por delante y en el que deberá concentrar sus esfuerzos y recursos en las próximas décadas.

DE   #MÁSTERES   Y   #POLÍTICOS    

Otra    lectura   

(versión ampliada del artículo publicado en el Diario Córdoba el 21/04/2018)      

En memoria de Miguel Manaute,

quien fuera Consejero de Agricultura

de la Junta de Andalucía (1982-1990)

con sólo bachillerato elemental.

Aún recuerdo cuando, al comienzo de los años 1980, no pocos empresarios agrícolas se escandalizaban al ver cómo el presidente de la Junta de Andalucía (Rafael Escuredo) nombraba Consejero de Agricultura a Miguel Manaute, pequeño parcelista de El Arahal (Sevilla), sin estudios superiores que le avalaran.

Se preguntaban ¿cómo era posible que al frente de una Consejería tan significativa para Andalucía se pusiera a una persona iletrada con sólo bachillerato elemental, y no a un ingeniero agrónomo de prestigio? Luego, resultó que Manaute supo rodearse de un excelente equipo de técnicos y funcionarios, ingenieros, sociólogos y economistas, con capacidad más que sobrada para poner las bases de lo que es hoy la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de esta Comunidad Autónoma.

Traigo esto a colación con motivo del debate sobre el falso máster de Cristina Cifuentes y el asunto de los políticos que han “inflado” sus CV, e incluso falseado, en una carrera frenética por no sentirse descalificados ante la opinión pública si no muestran tener una licenciatura o un máster de postgrado. Dado que se ha escrito y hablado lo suficiente sobre ambos asuntos, no es mi propósito abundar más en ello, pero sí analizarlos desde una perspectiva que, en mi opinión, no ha sido tratada, y sobre la que expongo algunas reflexiones.

La "titulitis", como patología

En una sociedad, como la española de hoy, en la que crece el porcentaje de la población que tiene título universitario, es bueno que también lo tengan los que se dedican a la política, reflejando mejor la realidad social que representan. Pero no me parece acertado ni tampoco conveniente magnificar la importancia de los títulos universitarios en la política, ya que eso puede tener efectos perversos.

Está claro que tener un título académico no es garantía de buen político. Pero la realidad es que criticamos cuando se produce el nombramiento de un cargo político que no reúne títulos suficientes, y menospreciamos su experiencia en otras áreas, incluida la de la propia política.

El problema de la “titulitis” entre los políticos puede explicarse por varios factores, de los que me centro en dos de ellos. El primero, de efectos negativos, es la fuerte presión que los políticos reciben de la opinión pública, en el sentido de que si un político no tiene un título universitario, no se le considera capaz de ejercer eficazmente su actividad. Con la extensión generalizada de las licenciaturas, le exigimos incluso tener un máster para poder considerarlo capaz de desarrollar su tarea política. Se da la paradoja de que en una actividad, como la política, en la que no se pide ningún título académico para acceder a ella, es donde estamos ahora exigiendo que los políticos tengan títulos superiores (y a ser posible de postgrado) para recibir reconocimiento social.

Esta presión es uno de los factores que incitan a los políticos a sacarse másteres (y si es con buenas calificaciones, mejor) sin disponer de tiempo suficiente para dedicarle el esfuerzo que eso requiere. Para ello aprovechan las facilidades que ofrecen algunas universidades en los programas de postgrado, más preocupadas por captar alumnos (y hacer caja con el elevado coste de las matrículas), que por el rendimiento, calidad y excelencia del programa.

El otro factor explicativo, éste de carácter positivo, está relacionado con el deseo de aprender y mejorar su formación que muchos políticos sienten cuando ocupan cargos públicos de cierta relevancia y comprueban sus carencias en determinadas materias. Este sentimiento se da sobre todo en personas que desde muy jóvenes están en la política y que, debido a su temprana y plena dedicación a esta actividad, no han completado sus estudios o los han abandonado justo al terminar el bachillerato o en medio de una licenciatura.

En estos casos, resulta loable su afán por mejorar la formación, su inquietud por prepararse mejor para el desempeño de sus tareas políticas. No es criticable, por tanto, que se matriculen en cursos de especialización o másteres de postgrado, siempre que dediquen el esfuerzo y el tiempo que ello les exige. El problema está, como en la situación antes analizada, en que no disponen del tiempo necesario para realizar un estudio universitario de postgrado con la intensidad y dedicación que se les exige a los alumnos, y entonces buscan la fórmula de poder compatibilizarlo con su actividad política, aprovechando su influencia o redes clientelares con el mundo académico y las mencionadas ventajas que ofrecen algunas universidades.

El resultado de todo ello es doble. De un lado, aumenta la degradación de la actividad política, que se ve contaminada por la corrupción en un tema, como éste de la formación, tan sensible a la opinión pública y donde se supone que rigen los criterios del mérito y el esfuerzo. De otro lado, produce una degradación de nuestro sistema universitario, al ofrecer su cara más gris ante la falta de rigor y seriedad de algunas universidades en la concesión de títulos de postgrado por los que cobran elevadas tasas académicas y cuyos requisitos relajan cuando en ellos se matricula algún profesional muy ocupado o un político de cierta relevancia.

Catarsis

La indignación está servida y el daño está ya hecho. Sólo confío en que esto sirva de catarsis en un triple sentido.

En primer lugar, espero que la opinión pública rebaje su presión sobre los políticos respecto a la exigencia de títulos académicos como vía del reconocimiento social para ejercer su actividad, y valoremos más la experiencia y capacidad. Tener un título no es garantía de nada en el ámbito de la política. Se puede ser un excelente político sin tener másteres o títulos de postgrado; basta con saber escuchar la opinión de los expertos y rodearse de un buen equipo técnico en el desempeño de sus responsabilidades públicas, además, por supuesto, de ser capaz de tomar decisiones, que es la principal tarea de un político.

En segundo lugar, confío en que, tras esta catarsis, los políticos no “inflen” sus CV de manera innecesaria, sino que sólo reflejen en ellos sus verdaderos méritos, unos méritos que no tienen por qué estar relacionados con la posesión de un título de máster, sino con las capacidades adquiridas por su experiencia en otras esferas profesionales.

Y en tercer lugar, espero que todo esto sirva para que el sistema universitario ponga orden en sus estudios de postgrado, estableciendo los controles necesarios para garantizar la calidad y la excelencia de unos títulos por los que las universidades cobran elevadas tasas, pero que, en no pocos casos, dejan mucho que desear.